Mateo Crossa*
En memoria de Elia Yadira Rodríguez López
No cabe duda que la pandemia arrecia en América Latina en un contexto de profunda ofensiva conservadora dirigida por el poder corporativo. No cabe duda tampoco que, salvo en Cuba, las oligarquías de América Latina junto con el sonriente consentimiento estadounidense, aprovechan el desastre sanitario para fortalecer los cimientos de una arquitectura económica y política basada en la precarización social, el desempleo, la falta de apoyo básico, la violencia, el terror estatal y la militarización. A pesar de los dimes y diretes que los medios de comunicación comerciales tratan de realizar para encubrir la situación tan difícil que recorre los diferentes rincones de nuestros países, no hace falta mucha maestría para darnos cuenta de que lo último en la lista de prioridades de la clase política y los sectores empresariales dominantes es el bienestar de la población pobre, campesina, indígena y trabajadora.
Décadas de ofensiva neoliberal nos traen hoy a un escenario en el que los gobiernos de la región se han convertido en guardianes del gran capital, desvinculados en su totalidad de las necesidades básicas de los pueblos.
Uno de los casos que, hoy como ayer, ha sido ejemplar para entender la agenda del poder en América Latina es el de Honduras. En este país centroamericano, bastión del intervencionismo estadounidense en América Latina y baluarte de la agenda neoliberal en Centroamérica impulsada por la fuerza desde Washington en los años 80, hoy ve las cifras de infección y muertes crecer con una estructura de salud pública destruida por las políticas de privatización. La escasez de equipo y personal médico para enfrentar la pandemia en Honduras se hace evidente una vez más, justamente a un año de que este país se vio envuelto en una ola de manifestaciones populares que evidenciaban la precariedad del sistema de salud pública en el país.
Las muertes que ha causado y siga causando la pandemia en este país, son responsabilidad directa del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) por no haber entablado diálogo y no haber escuchado los reclamos de los médicos hace exactamente un año
Al no haber sido respondidas las demandas de los médicos más que con muerte, persecución, represión y oídos sordos, no podemos más que responsabilizar a la clase política de los efectos que ya ha tenido y seguirá teniendo esta pandemia en Honduras. Las muertes que ha causado y siga causando la pandemia en este país, son responsabilidad directa del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) por no haber entablado diálogo y no haber escuchado los reclamos de los médicos hace exactamente un año, quienes demandaban un alto al desmantelamiento del sector salud. En lugar de enfrentar la pandemia en un contexto de negociación y conciliación con el personal médico para fortalecer el sistema público de salud hondureño, el país llega a este escenario totalmente desarmado, como bien lo ha señalado el sociólogo Eugenio Sosa:
«Honduras tiene 9.5 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes, con una cobertura de 0.4 habitantes. Ninguno de los 18 departamentos tiene el indicador mínimo establecido por estándares internacionales que es de 25 médicos por cada 10 mil habitantes. En el caso de las enfermeras es aún más bajo. Es de 2 por cada 10 mil habitantes y 8 auxiliares de enfermería por cada 10 mil habitantes. Lo que recomienda la OMS es de 50 enfermeras por cada 10 mil habitantes.En Honduras el derecho a la salud no va más allá de una buena idea constitucional.»
Esta precariedad del sector de salud pública es tan sólo un espejo de la realidad que envuelve al país entero, donde las cifras previas a la pandemia situaban a casi la mitad de la población debajo del umbral de pobreza (número que aumentará a tres cuartas partes de la población según datos del BCH); donde el 58% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal según datos del BM, viviendo al límite, sin recibir seguro de salud ni prestaciones alguna; donde la tasa de subempleo (ingreso insuficiente y tiempo de trabajo insuficiente) alcanzó el año pasado 62.8% de la población ocupada
Pandemia, precarización y la militarización
La pandemia alcanza a este país después de más de una década de profunda crisis política iniciada con el golpe de Estado en 2009 y extremada luego del fraude electoral en 2017 que impuso de manera ilegítima al actual presidente JOH. Terror estatal, militarización y paramilitarización han sido las fórmulas bajo las cuales opera el Estado en este país que se ha convertido en una gran fosa de mujeres, campesinos, indígenas y sindicalistas asesinados, incluidas figuras de la emblemática y digna resistencia del pueblo hondureño como Bertha Cáceres.
El primordial interés que sostiene al actual gobierno que se ha visto cuestionado diariamente por estallidos sociales que irrumpen en todos los rincones del país, es el interés de la oligarquía terrateniente, financiera e industrial agrupada en las grandes asociaciones empresariales que siempre han dado la espalda a la necesidad nacional para obtener el beneplácito estadounidense. En esta agenda, lejos está el bienestar, la integridad y la salud de las y los ciudadanos. Por esto, no es casualidad que Honduras haya visto un éxodo sin precedentes de millones de personas, incluidos niños y madres, que abandonan sus hogares, no en busca del American Way of Life, sino para sobrevivir.
Todos los días sale el edulcorante mediático a decirnos que el modelo de desarrollo hondureño basado en las exportaciones y las inversiones extranjeras traerá prosperidad, bonanza y empleo. Todos los días salen las asociaciones empresariales a invitar a los grandes capitales transnacionales a venir a Honduras y aprovechar los recursos naturales y la barata mano de obra para invertir en este país en el que se les garantizan las óptimas condiciones para hacer negocio.
Honduras ha visto un éxodo sin precedentes de millones de personas, incluidos niños y madres, que abandonan sus hogares, no en busca del American Way of Life, sino para sobrevivir.
En estos días en que la pandemia acecha al país, las cámaras, consejos y asociaciones empresariales urgían al gobierno que se abriera la economía para echar a andar la máquina de amasado de ganancias, lo que ellos llaman la “apertura inteligente”, en lugar de garantizar una renta básica que permitiera a la población resguardarse, cuidarse y no exponerse. Por esto es que el doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, afirmó que “se impuso el criterio económico por encima del científico” para evidenciar que una vez más predominó el interés privado sobre el público, porque la “apertura inteligente” en nada resolverá las necesidades apremiantes de la ciudadanía.
La seguridad que el estado hondureño ofrece al gran capital se mide con cañones y fuerza represiva. Así lo demuestra un reporte de Radio Progreso, donde se expone que desde 2010 el presupuesto para salud ha visto una significativa disminución, mientras que el presupuesto para defensa ha experimentado un incremento exponencial que coloca a este país como el caso con mayor gasto público en defensa nacional de Centroamérica; en otras palabras, el estado de bienestar se agota en detrimento de un estado de seguridad nacional.
Prospera Roatán: enclave del siglo XXI
Mientras el sistema de salud se colapsa por el avance de la pandemia y mientras cientos de personas salen a protestar a las calles en la cuarentena porque cunde el hambre, la brutal violencia contra líderes sociales sigue a la orden del día: El 18 de julio de 2020, individuos desconocidos vestidos con indumentaria militar, se llevaron de sus casas a cuatro activistas garífunas Snider Centeno, Milton Martínez, Alberth Tomas y Suami Aparicio, todos miembros la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que encabeza un digna resistencia contra la apropiación privada de tierras comunales de los pueblos garifunas.
Al mismo tiempo, la política de apertura económica y entrega del territorio nacional a grandes capitales no cesa de avanzar a pasos acelerados. El pasado 6 de mayo se inauguró la ciudad modelo (ZEDE) irónicamente llamada “PROSPERA” en la isla de Roatán. Bajo un esquema emanado del pensamiento ultraconservador y una línea claramente neocolonial, este proyecto se pone en marcha por medio de un fondo de inversión de nombre “Pronomos Capital” a cargo del multimillonario Petyer Thiel y el ultraneoliberal Patri Friedam que busca operar en la isla del caribe hondureño bajo el amparo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras (2013).
Según la página oficial de Prospera Roatán, este proyecto “permite un nuevo modelo de desarrollo económico que es sostenible localmente e integrado globalmente” el cual va a operar “sujeto a la legislación internacional para establecer las instituciones legales, administrativas y reguladoras semi-autónomas de la jurisdicción”. Prospera Roatán operará bajo un régimen de total excepcionalidad concedido por las ZEDES, al margen de regulaciones nacionales, cuyo objetivo fundamental será el atraer inversión para la creación de una zona residencial de viviendas temporales. En otras palabras, un enclave turístico basado en la apropiación privada del territorio nacional por parte de corporaciones trasnacionales que no pagarán impuestos y sólo se vinculará al mercado nacional al integrar un ejército precario de trabajadores para los servicios turísticos.
desde 2010 el presupuesto para salud ha visto una significativa disminución, mientras que el presupuesto para defensa ha experimentado un incremento exponencial
La creación del “Prospera Roatán” bajo el amparo de las ZEDES inaugura una nueva fase del largo proceso de apertura y apropiación privada del territorio nacional que caracteriza a la historia económica de este país. Desde los enclaves mineros, pasando por los enclaves bananeros hasta los enclaves maquileros, la historia hondureña (y centroamericana) está atravesada por el predominio neocolonial de capital estadounidense que se ha apropiado históricamente de este territorio istmeño para aprovechar de sus recursos naturales y su mano de obra barata. Ahora, bajo esta nueva embestida a la soberanía nacional inaugurada con “Prospera Roatán” se producirá, como denuncia la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), “una especie de tabula rasa en materia legal, que se puede convertir fácilmente en nuevas formas de tiranía”. Al denunciar la política de despojo que se promueve con las ZEDES y la creación de Prospera Roatán, OFRANEH le quita el velo al discurso emprendedor bajo el cual se justifica este proyecto y claramente expone el fondo del problema:
“Por supuesto que Honduras se merece algo mucho mejor […] la versión ZEDE con su tercerización de justicia y seguridad, tal vez confiera cierta seguridad para los inversionistas, pero no para los ciudadanos de Honduras, sometidos a una dictadura civil. Conceder el beneficio de la duda a los inversionistas se puede equiparar a una total confianza a un gobierno de mano dura manejado por presuntos criminales.”
Mientras que abajo, el pueblo hondureño vive sometido a la letalidad de la pandemia con un sistema de salud quebrado, al desempleo, a los bajos salarios, a la militarización y a la violencia estatal, arriba la clase política, las asociaciones empresariales y el capital extranjero aprovechan el estado de excepción para negociar el reparto del país a los dueños del dinero. El proyecto de venta del territorio nacional que se legalizó con las ZEDES y se materializa con Proyecto Roatán, parece ser el listón de inauguración que el capital anuncia, en medio de la pandemia, para profundizar su proyecto neocolonial que sin duda alguna pretende abarcar la totalidad del territorio hondureño y convertirse en punta de lanza para el país y para Centroamérica.
*México, GT Crisis y Economía Mundial, postoctorante del Instituto de Geografía, UNAM.
Nuestra América XXI 