Aníbal García Fernández*
Desde el 28 de julio de 2021 a enero de 2022 el gobierno de Pedro Castillo ha visto pasar más de diez ministros cesados, dos cuestiones de confianza sobre un primer ministro, una moción de vacancia en su contra. A este breve balance entre el Congreso y el Ejecutivo se suma un referéndum en contra de una Constituyente aspecto fundamental para la administración de Castillo.
Por si fuera poco, a la atención a la pandemia, la caída de varios indicadores económicos y el crecimiento de la deuda se suma el ataque a gasoductos y un derrame petrolero por parte de Repsol en las costas peruanas.
“Fallas estructurales” y pandemia
Hacia diciembre de 2021 Perú sumaba más de 200 mil muertes, más de 2 millones de contagios y más de 54 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas en un país de 32.9 millones de habitantes. Tras dos años de pandemia, sigue siendo el país que tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo. La CEPAL mostró en un estudio que Ecuador y Perú tuvieron más exceso de mortalidad en sus municipios que otros países de Nuestra América.
El estudio de CONCYTEC, Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en Perú, concluyó que son las condiciones estructurales del país las que influyeron en la alta mortalidad. Destacan el bajo presupuesto a salud, que es 3.16% del PIB, 29 camas UCI por millón de habitantes. Se suma el hacinamiento, falta de planeación urbana y un transporte público precario, pero el elemento más relevante es quizá la informalidad. En 2019, Perú registró 12.4 millones de trabajadores en el sector informal, hacia 2020 según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aumentó a 15.2 millones.
En algunos sectores etarios de Perú ya comienza a aplicarse la tercera dosis y aunque los fallecimientos y contagios continúan, provocados en su mayoría por la variante omicrón, no tiene los mismos efectos. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar la falta de acceso equitativo a vacunas y las fallas del sistema COVAX.
Vacancia contra Castillo
En la Constitución peruana de 1993 la moción de vacancia está estipulada en el artículo 113. Esta ley permite al Congreso iniciar juicio político para destituir al presidente de la República con al menos el 20% de los congresistas, 26 de 130. De ser admitido, se requiere que 52 congresistas (40%) admita el juicio político por incapacidad moral.
En diciembre de 2021, el Congreso metió la moción de vacancia contra Pedro Castillo aprovechando la Constitución fujimorista aduciendo, sin pruebas, “lavado de activos, tráfico de influencias” y por “generar inestabilidad económica”. La vacancia pretendía aprovechar un momento político en el congreso en el que no le era favorable al Presidente. Sin embargo, la vacancia no pasó. En votación parlamentaria Castillo permaneció en su mandato por 76 votos en contra de la vacancia (provenientes del partido de Castillo, Perú Libre, junto al Partido Morado, Acción Popular, Juntos por Perú y la Alianza para el Progreso, salvo dos votos en contra), 46 a favor y 4 abstenciones. Los partidos de Fuerza Popular, en dónde está Keiko Fujimori, Avanza País, donde milita Hernando de Soto y Renovación Popular no lograron el 20% requerido.
Sin embargo, la estrategia política y mediática en contra del gobierno no se limita a la vacancia, sino en bloquear en el congreso la posibilidad de cambios en Perú. En primer lugar, está la enmienda a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano que establece que toda iniciativa de reforma constitucional que sea puesta a consulta popular tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso. Con 72 votos a favor, el 22 de enero de 2022 el congreso bloqueó la posibilidad de convocar a un referéndum para modificar la constitución fujimorista. Castillo podría acudir al Tribunal Constitucional para resolver el conflicto y lograr el referéndum, parte constitutiva de la democracia participativa y del proyecto de nación.
El otro frente político que pretende obstruir el Congreso es la reglamentación de la cuestión de confianza, figura jurídica que permite al Ejecutivo cerrar el Congreso si obstruye sistemáticamente iniciativas gubernamentales. El gobierno de Castillo no tiene solamente el referéndum, tiene por delante un paquete de reformas como la tributaria y financiera, con la cual se pretenden recaudar 3 mil millones de dólares al año. Esta reforma es crucial en un momento en que Perú y América Latina ven subir la deuda externa (eterna), altos niveles de inflación y presión fiscal. Esta reforma incluye un impuesto minero (sector estratégico con bajas tasas de impuestos), mayores contribuciones fiscales para aquellas personas que ganen más e impuestos para servicios de streaming.
El gobierno de Castillo requiere de una bancada y estructura partidaria que le permita respaldo para la aprobación de la reforma. Sin embargo, la bancada de Perú Libre está fracturada entre un sector afín a Castillo y otro a Vladimir Cerrón, presidente del partido que tiene una causa judicial abierta por supuesta organización criminal y cohecho pasivo cuando fue gobernante del departamento de Junín. Más allá de aspectos institucionales, las protestas y movilización popular serán también una carta a favor del gobierno.
Ataques a ductos y el derrame de Repsol
Al finalizar 2021, la empresa estatal Petroperú, informó de un segundo ataque contra gasoductos en la provincia de Loreto. El ataque fue al oleoducto Norperuano – ONP. Dicho ataque derivó en una fuga en la Amazonía peruana afectando a varias comunidades en donde el derrame de petróleo se extendió. Desde 2014 se han registrado 29 actos de sabotaje.
El desastre mayúsculo fue en la costa peruana. La empresa Refinería La Pampilla, filial de Repsol YPF, anunció el derrame de 6 mil barriles de petróleo tras la erupción en la isla de Tonga y por no activar protocolos de seguridad. El derrame afectó a 21 playas del litoral peruano y se extendió por 50 kilómetros. Las investigaciones apuntan a negligencia de Repsol y, por lo tanto, a acciones legales por daño ambiental (alrededor de 35 millones de dólares, menos el 2% de sus ingresos en 2021) que impedirá actividades pesqueras en la zona afectada.
La empresa Refinería La Pampilla produce el 70% del petróleo que se refina en Perú, en 2021 tuvo ingresos superiores a los 2 mil millones de dólares y tiene 32 infracciones por no realizar monitoreo de residuos. En el directorio de la empresa se evidencia la “puerta giratoria” común en este tipo de empresas. Destaca Elena Conterno Martinelli, exministra de la Producción en el segundo gobierno de Alan García. Actualmente directora de las financieras Scotiabank y Crediscotia.
Gianna Macchiavello Casabonne, fue abogada en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Transportes y fue viceministra de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por último, José Luis Ibarra Bellido, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), recibió en 2015 un reconocimiento de la Marina de Guerra del Perú, justamente es la Marina la que tiene entre sus facultades identificar las causas y autores del derrame.
Hacia finales de enero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su renuncia al presidente, en espera de ser aceptada. El principal problema, según medios locales, es por la inconformidad con Castillo por la jubilación del Comandante General de la Policía Nacional de Perú (PNP), Javier Gallardo.
Este tipo de renuncias se tornan comunes en el mandato de Castillo que se enfrenta a un congreso en contra, a su partido con problemas internos, a una derecha que busca constantemente su dimisión, problemas con las cúpulas policiales y militares. Entre eso, una pandemia que no da tregua y el mayor derrame de petróleo en los últimos años.
* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global. Candidato a doctor del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
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