Camila Andrea Galindo*
Los primeros meses del 2022 han avizorado cuáles serán las reivindicaciones que para las mujeres en este año tendrán más fuerza en nuestro país. El 2022 en Colombia es un año electoral a dos niveles: legislativo y presidencial, contexto que se debe tener en cuenta en el análisis. Además del contexto electoral (habrá elecciones de presidente y del poder legislativo), en el país se afronta una crisis económica y social enmarcada en el recrudecimiento de la violencia y el incumplimiento reiterado del Acuerdo de Paz. Es en este contexto en el que las mujeres colombianas persistimos en nuestras reivindicaciones de respecto y garantía de derechos fundamentales como la vida, la decisión sobre nuestros cuerpos, participación política y protesta social.
Los feminicidios en Colombia
En primer lugar, quisiera destacar la permanente reivindicación por el derecho a la vida de las mujeres en un país donde se presentan múltiples amenazas. En Colombia durante el año 2021 se cometieron 622 feminicidios y 350 tentativas de feminicidio según el Observatorio Feminicidios Colombia, siendo el mes de junio el que registra mayor número: 62 casos. Es aberrante pensar que 62 mujeres fueron asesinadas en razón de su género en un mes en nuestro país.
En este contexto las reivindicaciones son múltiples: a) se exige en primer lugar la correcta tipificación de este crimen por parte de las autoridades, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de feminicidio 1761 de 2015 en donde se tipificó el feminicidio como delito autónomo y lleva el nombre de Rosa Elvira Cely, mujer víctima de feminicidio cuyo caso “expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta.” (Agatón, 2018, https://www.elespectador.com/article-745519); b) avanzar en la correcta investigación, judicialización y sanción en contra de los responsables de estos hechos; y, c) tomar eficazmente las medidas de prevención.
Ahora bien, en este punto se hace necesario evidenciar el riesgo, que se ha visto aumentado en los últimos años, de las lideresas sociales y las mujeres defensoras de Derechos Humanos. El Programa Somos Defensores registró entre enero y junio de 2021 484 liderazgos afectados por diferentes tipos de agresiones, de ellos 143 correspondían a mujeres, evidenciando un aumento del 14% en las agresiones contra las mujeres.
Despenalización del aborto
El 21 de febrero de 2022, la marea verde tomó a Colombia. Luego de un intenso litigio estratégico promovido por organizaciones de mujeres, la Corte Constitucional en un fallo histórico avanzó en la despenalización del aborto, permitiéndolo de forma libre hasta la semana 24 y posterior a este tiempo su realización queda sujeta a las tres causales antes permitidas. Las tres causantes reconocidas en Colombia previamente para la realización del aborto sin que fuera un delito son: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre.
Si bien este es un gran e importante avance, la reivindicación no se agota allí, sino que, por el contrario, se abren por lo menos dos escenarios de disputa. El primero de ellos, es la materialización y cumplimiento del fallo en la medida de que permanece la objeción de conciencia, entre otras barreras, para acceder a la prestación de este servicio por parte de las entidades públicas de salud; el segundo de ellos se presenta en la opinión pública debido a que la desinformación y la carga política e ideológica han acaparado los titulares de prensa, la sociedad colombiana aun no comprende las implicaciones del fallo y, en un contexto electoral, se ha aprovechado para enaltecer propuestas como referendos contra el aborto, entre otras.
Participación política de las mujeres en Colombia
La violencia hacia las mujeres que ejercen liderazgo social es preocupante y ha venido en aumento en los últimos años. El 2022, reiteramos, es un año electoral en Colombia y se requiere prestar atención sobre las garantías que las mujeres tienen para su participación política, tanto como candidatas a los diferentes estamentos como electoras en los mismos.
En cuanto a las barreras para el acceso a la participación política, la violencia sigue ocupando uno de los primeros lugares: según la Misión de Observación Electoral entre 2017 y 2020 se evidenció “un crecimiento constante del número de afectaciones en contra de los roles de liderazgo ejercidos por mujeres”, llamando la atención sobre el incremento de hechos contra lideresas en tanto se confirma “la tendencia creciente de violentar a las mujeres que ejercen roles de liderazgo y representación”.
A pesar de este contexto, las listas para las elecciones legislativas como las del Pacto Histórico o las del movimiento “Estamos Listas” evidencian el interés de las mujeres por seguir disputándose estos espacios políticos para la construcción y materialización de propuestas a favor de los derechos de las mujeres. Ahora bien, preocupa que sectores de la derecha y reconocidos como antiderechos, implementan estrategias de utilitarismo de mujeres como candidatas en sus listas para cumplir con los requisitos de paridad.
En este contexto electoral también se requiere destacar las elecciones de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, mecanismo producto del Acuerdo de Paz, que fueron pensadas como una forma de garantizar la representación política de 16 territorios reconocidos por ser fuertemente golpeados por la violencia, y en esa medida garantizar una representación política de las víctimas en el congreso. Se espera que este también sea un escenario en el que las mujeres víctimas puedan participar; sin embargo, en lo corrido del año se han hecho evidentes múltiples riesgos en estas elecciones tanto para quienes se han postulado como en general para el desarrollo de este ejercicio electoral en estos 16 territorios.
Garantías para la protesta social
El 2022 inició con un aumento del salario mínimo de 10%; sin embargo, los productos de la canasta básica presentan un aumento de casi un 20% en estos primeros meses del año. Esta crisis económica repercute en la crisis social en Colombia en donde ya se había anunciado que para el 2021, eran “2,4 millones los hogares que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias en el país comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario” (https://www.portafolio.co/economia, 25 de marzo de 2021).
Es así como en un año en donde desde su inicio se ha evidenciado el recrudecimiento de los conflictos económicos y sociales, junto con el aumento de la violencia en los territorios, el diagnóstico apunta a que la movilización social jugará un papel trascendental como expresión del inconformismo de la población colombiana.
Recordando la aun impune y desproporcionada respuesta por parte de la fuerza pública hacia el Paro Nacional del 2021, la reivindicación se torna hacia las garantías para la protesta social y, en especial en el caso de las mujeres, por la no violencia sexual y de género en el marco de la protesta social y el rechazo a las judicializaciones y estigmatizaciones en contra de nuestras compañeras. En el Paro Nacional del 2021 se documentaron “69 casos de violencias basadas en género ejercidas contra las mujeres, entre los cuales 17 fueron violencias sexuales, 27 fueron violencia física acompañada de hostigamientos, 24 violencias simbólicas que incluyeron acoso sexual” según la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas.
En conclusión, el 2022 inició con un logró bastante importante para la reivindicación de los derechos de las mujeres en Colombia con la despenalización del aborto; sin embargo, en un país que afronta una grave crisis económica y social, los retos aún son bastantes, en especial para garantizar la vida y las garantías fundamentales para el desarrollo social, político y económico de las mujeres.
* Colombia, GT Crisis y economía mundial. Abogada e investigadora defensora de Derechos Humanos, con maestría en Derecho Administrativo.
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