Tiempos de pandemia y de crisis de la civilización capitalista

Sin duda, la pandemia nos ha enfrentado a la naturaleza profundamente inhumana del orden social capitalista.

Gabriela Roffinelli

Mucho se ha escrito en estas semanas acerca de la pandemia del COVID-19 y de sus correlatos económicos, políticos y sociales. Sin duda, la pandemia nos ha enfrentado a la naturaleza profundamente inhumana del orden social capitalista. La pregunta es si la constatación de la barbarie a la que estamos siendo arrastrados alcanzará para movilizarnos y aplicar el “freno de emergencia”, como alertaba W. Benjamin.

La pregunta es si la constatación de la barbarie a la que estamos siendo arrastrados alcanzará para movilizarnos y aplicar el “freno de emergencia”

Si bien, por ahora, nos falta mucha información acerca del origen del COVID-19, es seguro que la pandemia es producto de la crisis capitalista: a) de las décadas de políticas de ajuste que han desmantelado los servicios públicos de salud y de investigación médica y farmacológica en la gran mayoría de los países (donde los hubo, claro está) y b) de la expansión de relaciones sociales de producción, distribución y consumo regidas por las exigencias de valorización del capital, no por mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, sino basadas en su creciente explotación.

La mayoría de los países, donde se desmantelaron y mercantilizaron los servicios de salud pública, tuvieron poca capacidad de reacción frente a la pandemia, dado el precario estado de los centros de salud: falta de camas, respiradores, mascarillas, guantes y, fundamentalmente, la reducción de las plantillas del personal de la salud.  Se multiplican en varios países los testimonios desgarradores de médico/as y enfermero/as que nos dicen, por ejemplo, que ante la falta de respiradores “elegimos a quién tratar y quién no, según la edad y las condiciones de salud”.  Y todavía no tenemos casi información acerca de cómo se desarrolla el COVID-19 en sociedades como las africanas con sistemas de salud inexistentes, sin infraestructuras básicas, cuyas poblaciones padecen años de desnutrición crónica y de convivencia con enfermedades, como la malaria, el sida, la tuberculosis y otras enfermedades tropicales. La ONU estima que el coronavirus podría ocasionar en esa región hasta 300 mil muertos y arrastrar a 27 millones a la pobreza extrema.

Situación que se agrava, además, por el desmantelamiento de la investigación médica pública que ha quedado en manos de laboratorios privados, es decir bajo criterios de rentabilidad no bajo criterios de bien público. Los oligopolios de la industria farmacéutica no tienen interés en realizar investigaciones no rentables sobre las enfermedades infecciosas que, hasta ahora, afectaban mayormente a los pobres del continente africano y asiático.

En EUA, de las 18 grandes compañías farmacéuticas, 15 han abandonado por completo el campo de la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.  Se orientan a campos más rentables, como las medicinas para el corazón, los tranquilizantes adictivos y los tratamientos para la impotencia masculina. (Davis, La Jornada 13/04/20).

Pero decíamos al comenzar, la pandemia se consecuencia del desmantelamiento de los servicios públicos de sanidad y del abandono de las investigaciones médicas en pos de su mercantilización, pero también de la propia mundialización de las relaciones de producción capitalista, que encierran una dinámica de destrucción (no solo por guerras) que pone en peligro los fundamentos naturales de la vida humana en el planeta.   

Por un lado, las prácticas productivas se hacen cada vez más con base en el despojo del medio ambiente, con la contaminación del aire, el agua potable, los suelos, el calentamiento global, la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad que multiplican las catástrofes mal llamadas “naturales”: sequias, inundaciones, incendios incontrolables, huracanes, etc. etc. Por otro lado, la mundialización capitalista multiplica, no sólo la circulación de capital y mercancías, sino también de enfermedades, de virus y de bacterias a una velocidad inusitada y, como señalan los biólogos Lewontin y Levins, si el sistema público de salud de una nación ya ha sido diezmado por el ajuste estructural de la economía, entonces la explicación completa de la epidemia incluye al virus y al Banco Mundial.

En estos días, el FMI pronostica que la crisis global económica del coronavirus será la más profunda desde la Gran Depresión.  Según su presidenta, Georgieva “hoy, el mundo teme el peor derrumbe económico en 80 años, en una crisis sanitaria y económica a la vez, que afecta al lado de la oferta y de la demanda, y que ha castigado a todas las grandes potencias. Una crisis como ninguna otra”.

En los artículos publicados en la anterior edición de Nuestra América XXI y en el Observatorio de COVID-19 de CLACSO, compañeros del GT de Crisis y Economía Mundial, como Katz, Guillén, Gambina, Días Carcanholo, Rojas y Arrizabalo, entre otros, señalaban con abundantes datos que la actual crisis mundial no la produjo la pandemia, sino que ésta adelantó la crisis en curso, cuyas raíces se encuentran en los límites históricos que enfrenta el capital global para su valorización.  Asimismo, se pone en evidencia que entraron en crisis las políticas de liberalización del orden capitalista, llamadas neoliberales, que fueran la respuesta de las clases dominantes ante la crisis de rentabilidad de los grandes capitales a fines de los años 60 y comienzos de los 70.

¿Cómo será el día después de la pandemia? Los representantes del establishment económico mundial proponen una mayor intervención del Estado para paliar la crisis. La editorial del Financial Times pide “reformas radicales”. Y, en el Washington Post, McArdle pide: “Subsidiar todo”.  ¿Pero es factible pensar en un cambio de rumbo pos pandemia en el sentido de reeditar estrategias fiscales redistributivas? Resulta legítimo preguntarse si los poderes dominantes del capital mundial, regidos por lógica de superar los problemas de rentabilidad, ¿estarían dispuestos “por buena voluntad” a la aplicación de políticas distributivas? O ¿sólo están pidiendo un salvataje para las grandes empresas (frente a sus competidoras chinas) como aconteció durante la crisis de 2007/2008?

La crisis del capitalismo no es una crisis económica, financiera y sanitaria coyuntural, sino una crisis del sistema en su conjunto.  Una crisis civilizatoria de sociedades que se constituyen sobre relaciones sociales regidas por la lógica de los negocios, por la maximización de la rentabilidad del capital.  En palabras de Marx, de sociedades en donde individuos recíprocamente indiferentes constituyen su nexo social a través del dinero.

En estos días, el modelo de sociedad capitalista por antonomasia, Estados Unidos, muestra imágenes dramáticas de fosas comunes con miles de muertos y una total desaprensión por el cuidado de los pobres que no pueden pagar los servicios de sanidad.   Al mismo tiempo, la principal potencia imperialista, como parte de sus criminales intentos por lograr su recomposición económica y política en la hegemonía mundial, profundiza su presencia militar en Nuestra América, envía tropas a las fronteras de Venezuela y mantiene el bloqueo criminal contra Cuba. En contraste, la isla envía médicos a Italia, España, Haití y muchos otros países.

La crisis se descargará sobre las poblaciones laboriosas, que sufriremos, aún más, la explotación laboral, la desocupación, la marginación, el deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de derechos sociales y el despojo de nuestros bienes comunes. En estas semanas asistimos a reducciones de salarios, suspensiones masivas, aumento del desempleo, aumento de los índices de pobreza e indigencia a nivel global. Es posible que muchos gobiernos pretendan afianzarse, en una clara deriva conservadora, con más control social a través de la tecnología, pero también con fuerzas represivas en las calles.

Las rebeliones populares, no es que sigan latentes, sino que se mantienen pese a las mayores dificultades con el aislamiento preventivo

Pero nada es definitivo. Las rebeliones populares, no es que sigan latentes, sino que se mantienen pese a las mayores dificultades con el aislamiento preventivo, como los episodios en Argentina de protestas de trabajadores frente a los despidos de empresas y de  movilizaciones en demanda de alimentos para asistir a los comedores populares, en Italia o España los trabajadores que se niegan a trabajar sin las medidas de protección básicas o en Colombia con las protestas de los trabajadores informales en reclamo de apoyos económicos por parte del gobierno. Y seguramente irán en aumento frente a la magnitud de la crisis en curso.

La crisis (económica y sanitaria) hace palpable que nos encontramos ante el abismo capitalista.   Hoy más que nunca, socialismo o barbarie.

Ante las salidas gatopardistas de las clases dominantes, urge la acción organizada e independiente de los de abajo en pos de una vida digna para las grandes mayorías.  La crisis (económica y sanitaria) hace palpable que nos encontramos ante el abismo capitalista.   Hoy más que nunca, socialismo o barbarie.

Gabriela Roffinelli, argentina, coordinadora del GT de Crisis y Economía Mundial. Miembro de SEPLA y FISyP.

O coronavirus e a crisis economia no Brasil

Marcelo Diaz-Carcanholo

O momento econômico pelo qual passa a economia mundial nesse exato momento é extremamente complicado. Vários analistas já afirmam até com dados estatísticos bastante robustos que se trata de uma profunda recessão mundial, uma das maiores pelas quais a economia capitalista já passou, atingindo todas as partes do globo. Isto implica uma redução do nível de atividade econômica com redução de empregos, renda, aumento do desemprego com consequências sociais que podem levar, em algumas situações e regiões, a um verdadeiro caos social. 

uma redução do nível de atividade econômica com redução de empregos, renda, aumento do desemprego com consequências sociais que podem levar, em algumas situações e regiões, a um verdadeiro caos social

O primeiro que temos que pontuar a respeito é que o coronavírus não é propriamente a causa dessa crise. Evidentemente ela estoura a partir da Covid-19, do aparecimento do novo coronavírus, mas antes do estouro dessa pandemia, a economia mundial já estava na iminência do estouro da nova fase da crise. A razão disso é que ela estava superacumulada em títulos financeiros com uma produção real da economia que não acompanhava esses direitos de apropriação representados por esses títulos, ou seja, o chamado estouro da bolha financeira já era esperado há algum tempo.

Por onde iria estourar e qual seria o fator detonador era uma discussão conjuntural. O que vemos agora é que esse fator detonador foi justamente a pandemia da Covid-19, mas ela não é propriamente a causa da crise econômica.

Algumas instituições, especificamente o FMI, mas não apenas, estão prevendo uma recuperação da economia mundial apenas para o ano que vem se, e somente se, a pandemia for controlada ou existir algum sucesso no seu controle nos próximos seis meses, ou seja, o próprio FMI reconhece que se ocorrer algum tipo de descontrole na pandemia nesse momento, de meados de 2020, nem em 2021 a economia mundial se recuperaria.

Essa análise do FMI é extremamente otimista. Vários outros analistas veem que, por melhor que seja o controle dessa pandemia, mesmo em 2021 a economia mundial ainda vai ter sérios problemas para se recuperar, isso basicamente pela razão que detona a crise, ou seja, o forte acúmulo de títulos financeiros, direitos de apropriação sobre uma produção que, mesmo que volte a crescer em algum patamar a partir de 2021, ainda não o fará nas taxas requeridas para fazer frente a esse direito de apropriação dos títulos financeiros.

Para que fosse possível uma retomada consistente da economia mundial em 2021 seria necessário, por um lado, que a produção voltasse a níveis que já não vemos há muitos anos, pelo menos desde antes do estouro da crise de 2007 e 2008, e, ao mesmo tempo, uma massa desses títulos financeiros superacumulados fosse queimada pela desvalorização em função da própria crise. A combinação desses dois fatores seria o único cenário possível para que a economia pudesse voltar a ter algum crescimento consistente a partir de 2021, o que não parece plausível.

O Brasil, nesse cenário todo, se encontra duplamente complicado justamente pelo fato de ser uma economia dependente.

O Brasil, nesse cenário todo, se encontra duplamente complicado justamente pelo fato de ser uma economia dependente. Portanto, ele sofre o reflexo dessa recessão mundial, o que significa dizer que com a redução da renda mundial, as nossas exportações tendem a cair abruptamente, em um cenário já de forte restrição da demanda agregada.

Por outro lado, a grande incerteza do mercado financeiro tende a fazer com que ocorra uma corrida ao dólar em todo mundo, ainda mais em países periféricos e com forte propensão a crises cambiais como é o caso da economia brasileira, o que significa que ela ainda vai sofrer uma fuga de capital talvez mais acelerada do que a que já vivemos.

Portanto, a economia brasileira tem um impacto mais do que aprofundado nesse cenário de profunda recessão mundial. Além dos determinantes estruturais – o fato de que estamos inseridos subordinadamente na divisão internacional do trabalho – existem fatores conjunturais em função das estratégias de desenvolvimento liberais que vêm sendo implementadas no país há algumas décadas, agravadas por políticas econômicas em muitos dos casos pró-cíclicas.

No atual cenário da crise pandêmica, se por um lado a política econômica do Brasil para tentar responder a essa crise dá alguns sinais de comportamento anticíclico, como por exemplo, o Banco Central afrouxando mecanismos de reserva compulsória, ou até instrumentos mais diretos de aumento da liquidez. Entretanto, esse aumento da oferta de liquidez para o sistema financeiro não é repassado para a ponta do crédito de capital, justamente porque a elevada incerteza da economia aumenta a preferencia pela liquidez do sistema financeiro.

Nesse ambiente, os bancos tendem a racionar o crédito, portanto retendo essa liquidez em seus ativos, e quando parte desses recursos é direcionada para crédito, eles são direcionados com altas taxas de juros, o que torna inviável qualquer tipo de plano de investimento produtivo mais alavancado na produção real. Portanto, este mecanismo da política monetária se torna ineficaz em função do elevado grau de incerteza na economia que restringe o crédito no sistema bancário.

Outra ação propalada pelo governo para tentar combater essa crise diz respeito a tímidas iniciativas de garantir algum tipo de renda ou benefício principalmente para trabalhadores informais e também para algumas empresas menores, no intuito de manter o pouco de atividade que resta delas e o nível de emprego a elas associado. Mas essas medidas são muito tímidas, tanto em termos de valor, para ficar em um exemplo mais atual, o benefício de R$ 600 para os trabalhadores informais, algo extremamente tímido tanto pelo seu valor, o correspondente a cerca de US$ 115, algo em torno a 60% do salário mínimo do país, como por sua duração, apenas por três meses para trabalhadores e trabalhadoras que não têm nenhuma forma de renda nesse momento em que a atividade econômica está beirando o colapso.

Trata-se, portanto, de um mecanismo extremamente insuficiente pelo valor, pela temporalidade, e pelo seu caráter restrito porque não atinge a todos os indivíduos, todos os trabalhadores e trabalhadoras que são atingidos por essa paralisia da atividade econômica. 

Outro indicador das contradições na sinalização da política econômica do governo, que deveria ser anticíclica para promover a volta da renda, da demanda, do emprego e, portanto, da atividade econômica, é a sinalização muito clara que se dá por parte não só do Legislativo, mas com apoio muito forte do Executivo, de redução de salários, por exemplo, do funcionalismo público.

A proposta apontada é de forte redução dos salários do funcionalismo público, algo em torno de até 20% do total do rendimento bruto, por um período que se prolongaria até 2024, sob a falsa alegação de que se trataria da única maneira que o governo teria de poupar recursos para poder atuar com gastos públicos e beneficiar aqueles trabalhadores mais pobres.

Além disso, aprovou-se uma medida que permite às empresas privadas reduzirem a jornada de trabalho concomitantemente aos salários enquanto suas atividades não forem retomadas nos patamares anteriores à crise. A promessa do governo de complementar o restante dos salários é insuficiente, na medida em que possui um limite muito baixo e não atinge grande parte dos setores produtivos mais precários.

Timidez no enfrentamento da crise e volúpia na imposição do custo do ajuste para a classe trabalhadora. Esta é a marca do governo brasileiro.

O que se vê atualmente na economia brasileira é uma resposta tímida do governo aos efeitos da COVID-19 de aprofundamento da crise. Ainda que a política econômica (monetária e fiscal) de curtíssimo prazo seja anticíclica, o governo já sinaliza para a necessidade de aprofundar o ajuste fiscal e as reformas estruturais no médio e longo prazo, para financiar o crescimento da dívida pública que decorreria dessa atuação. Timidez no enfrentamento da crise e volúpia na imposição do custo do ajuste para a classe trabalhadora. Esta é a marca do governo brasileiro.

Marcelo Diaz-Carcanholo: Brasil, GT Crisis y Economia Mundial, professor de Economia na Universidade Federal Fluminense.

La crisis económica global del “Coronavirus y América Latina”

Arturo Guillén

La pandemia del coronavirus se expande por todo el mundo y junto con ella se profundiza la crisis económico-financiera global. La pandemia fue solamente el detonador de la crisis económica, no su causa de fondo. En realidad, el capitalismo arrastra desde hace medio siglo una tendencia al estancamiento, que se profundizó con la gran crisis de 2007-2008. Las políticas monetarias de tasas de interés cero y de programas no convencionales de flexibilización cuantitativa (Qe), salvaron al capitalismo de caer en una depresión, pero no lograron modificar el carácter anémico de la inversión productiva. La Gran Recesión de 2008-2009 cedió su lugar al Gran Estancamiento. Y al mantenerse intacto un régimen de acumulación dominado por las finanzas, se desbordó una especulación irrefrenable en las bolsas de valores y en los mercados financieros. La montaña de capital ficticio acumulada durante los últimos 10 años y financiada en gran medida con deuda, estalló como un globo. La pandemia atrapó al capitalismo con los dedos en la puerta.

La crisis económica se desenvuelve en dos planos: en la esfera financiera y en la esfera productiva. Ambas se retroalimentan. En el plano financiero, la crisis arrancó con el crac bursátil en febrero de este año, el cual hizo perder a las bolsas alrededor de 30% de su valor en unos cuantos días; rápidamente se transformó en una crisis de liquidez que puede empujar a la insolvencia a muchas corporaciones altamente endeudadas y/o muy afectadas por el confinamiento, por el práctico cierre de las fronteras y por el trastocamiento de las cadenas globales de valor (CGV). Particularmente han resultado afectados las líneas aéreas, la industria automotriz y de autopartes, el turismo y los servicios. 

La recesión en las actividades productivas se ha desparramado como la espuma en toda la economía mundial. La recesión es una realidad que se despliega con inusitada rapidez en todos los países desarrollados y pronto envolverá, quizá con más fuerza y durabilidad, a los países subdesarrollados de las periferias. El economista K. Rogoff, quien si bien se identifica con el mainstream, es un estudioso de las crisis económicas, señaló que está recesión será más profunda que la Gran Depresión de los años treinta. El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, pronosticó que la tasa de desempleo en los EUA llegará al 20%, el doble de la alcanzada en el pico de la Gran Recesión de 2007-2008). Tan sólo en cuatro semanas las solicitudes de seguro de desempleo llegaron a más de 21 millones.

La mayoría de los gobiernos y bancos centrales de los países desarrollados actuaron con rapidez y han implementado programas monetarios de Qe para inyectar liquidez y evitar, de esa forma, la casi inevitable ola de quiebras empresariales. La  Reserva Federal de EUA instrumentó un paquete por 700 mil millones de dólares para la compra de todo tipo de obligaciones. Medidas similares aunque en montos menores, fueron aprobadas por el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Y en forma inusitada –dado que durante las últimas décadas los gobiernos habían sido renuentes a usar la política fiscal como mecanismo contracíclico– el Congreso estadounidense lanzó un plan de estímulos fiscales por 3 billones de dólares, el cual incluye apoyos a corporaciones en problemas y familias, subsidios acrecentados de desempleo y recursos para contener la pandemia.

La crisis pilla a América Latina en una circunstancia en la que varios países de la región ya se encontraban en recesión o en franco proceso de desaceleración económica. Por su condiciones de subdesarrollo, dependencia y extrema desigualdad, las periferias del sistema seguramente resentirán con más fuerza, tanto la propagación de la pandemia como la crisis económico-financiera. A ello, habría que agregar que 30 años de neoliberalismo, con su cauda de privatizaciones y restricción del gasto público, diezmaron sus sistemas de salud y de seguridad social.

Las perspectivas para 2020 anuncian una tragedia. Aunque pronosticar  escenarios en el marco de la incertidumbre radical que vive el mundo, es una tarea difícil y engañosa, lo apuntado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe revela la gravedad de la crisis. Este organismo augura un decrecimiento del PIB mundial de -3% en 2020, 6 puntos porcentuales menos que el registrado en 2019 (2.9%) y 3 puntos por debajo de la caída del PIB registrada durante la Gran Recesión. Para América Latina la situación sería peor, con una tasa negativa de -5.2%.

A los choques de oferta y de demanda causados por las medidas de distanciamiento social, en el caso latinoamericano se agregan el desplome de las exportaciones, tanto primarias como manufactureras; el deterioro de los términos de intercambio; el desplome de las remesas de los trabajadores migrantes; y la salida de capitales tanto de los inversionistas externos como de las élites internas.

Como consecuencia de la recesión y de la ruptura de las CGV, el panorama del comercio exterior es aún más sombrío que el de las economías internas. La Organización Mundial de Comercio estima que el volumen del comercio mundial en 2020 caerá entre el 13 y el 32%, lo que obviamente pone en jaque el modelo primario-exportador y maquilador  adoptado por los países latinoamericanos desde la crisis de la deuda externa. En cuanto a los flujos de capital, la UNCTAD estima que los ingresos por inversión extranjera directa se reducirán entre un 5 y un 15%, mientras que las reinversiones se encogerán como consecuencia de la recesión. Y por lo que respecta a los flujos de cartera a los países emergentes, el Instituto de Finanzas Internacionales registra una disminución de 83 mil MD hasta marzo de este año. A ello hay que agregar la irrefrenable fuga de capitales de las élites latinoamericanas hacia bancos extranjeros y paraísos fiscales.

Frente a este panorama la pregunta obligada es qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos para financiar la lucha contra la  pandemia en medio de sistemas de salud deteriorados y desarticulados, así como para aplicar programas de recuperación económica exitosos. Desde los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial), la respuesta es la tradicional del recetario neoliberal: utilizar las líneas de financiamiento del FMI e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo, aprovechando se dice, el bajo nivel de la tasa de interés. Este camino mil veces recorrido y fracasado, en mi opinión, debería ser evitado, salvo que los recursos externos fueran otorgados bajo esquemas de auténtica cooperación para el desarrollo sin condicionalidad ninguna. Tampoco convendría utilizar las reservas internacionales para proteger los tipos de cambio en un entorno de incertidumbre radical. Los llamados a levantar, desde los países de las periferia una moratoria de la deuda externa, no deberían ser desestimados.

Por supuesto que la superación de la epidemia y el retomar el camino de un desarrollo inclusivo, exigirá mayores recursos y una mayor participación del Estado. Ello generará irreductiblemente déficit presupuestales. Por lo mismo, debería abandonarse, al menos mientras dure la emergencia, la práctica de construir superávit primarios para pagar el servicio de la deuda. Deberían implementarse, asimismo, mecanismos novedosos de endeudamiento interno, como la propuesta (ver Bresser Pereira, https://www.facebook.compereira) de que los gobiernos emitan “coronabonos”, los cuales serían comprados por el banco central, en una suerte de flexibilización cuantitativa. Los peligros inflacionarios serían irrelevantes en el contexto depresivo en que nos encontramos. Los retos actuales exigen de América Latina gobiernos más activos e imaginativos que abandonen la rutina de las recetas ortodoxas convencionales, las cuales nos empujarían a una nueva “década perdida”.

Arturo Guillén. México, GT Crisis y Economía Mundial, Profesor-investigador de la UAM-I.

LA DISPUTA POR EL MODELO DE SALUD EN MÉXICO: ENTRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y LA NUEVA EPIDEMIA DEL COVID-19

Zaida Vázquez Peralta

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue acompañada de la ejecución inmediata de algunas medidas dirigidas a cumplir una de las promesas “eje” de su campaña, el combate a la corrupción. Durante su conferencia matutina del 15 de enero de 2019, hizo un llamado a combatir el huachicoleo en la compra de medicinas y reiteró su negación a hacer negocios al amparo del poder público. Una primera acción que se llevó a cabo fue la de consolidar (concentrar) las compras desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que implicó un cambio en el modelo de adquisiciones como mecanismo para combatir la corrupción y el tráfico de influencias en las grandes compras de medicamentos e insumos.

En este marco se desarrolla el problema del desabasto de medicamentos, que ha mostrado las resistencias políticas que enfrenta el Estado para realizar transformaciones en un sector social que fue profundamente mercantilizado, añadiéndose a ello la emergencia global del COVID-19 que presiona sobre un sector salud precarizado, sobre las finanzas estatales y un tejido público debilitados durante la etapa neoliberal.

Desarrollo del desabasto de medicamentos

A partir de mayo de 2019 se presentaron denuncias y protestas ante la falta de medicamentos. Según el Primer Informe sobre el Desabasto de Medicamentos, realizado por la plataforma No al Huachicol de Medicinas, había un total de 916 denuncias detalladas y corroboradas por desabasto concentradas en CDMX, Estado de México y Veracruz. Al ISSSTE le correspondían 48.68% y al IMSS el 25.11% de los casos. Los cuatro padecimientos más afectados fueron la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el VIH. Se señala que algunas causas del desabasto fueron los cambios en los modelos de compra y negociación para evitar abusos de poder, corrupción, conflictos de interés de farmacéuticas, y que incidieran en disminuir los precios, mejorar la calidad y la eficacia terapéutica.

En septiembre, la revista Proceso en su edición 2239, documentó que el desabasto de medicamentos en el Hospital 20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México para los niños con cáncer había sido detonado por las clausuras en plantas de Laboratorios Pisa y de su filial SAFE que elaboran el fármaco metotrexato, mismas que suministran casi la mitad de la demanda del sector público. Corporación que elevó sus ventas, sólo en el mercado privado, en más del 100% en los últimos 5 años. Las autoridades hallaron el incumplimiento de normas sanitarias, irregularidades operativas, prácticas monopólicas, manipulación y chantaje, licitaciones desiertas, sobreprecios y confabulación. El gobierno respondió con la compra internacional de emergencia de metrotexato a la firma francesa Mylan y acordó suministros con Teva desde Brasil y Argentina. El precio de compra subió sólo en 3% con respecto al precio nacional. El cierre de plantas coincidió con un problema de suministro de medicamentos a escala mundial que continúa hasta la fecha.

En los medios de comunicación se mostraron las acciones contra Pisa como un golpeteo contra las empresas del sector, sin embargo, este proceso se desencadenó por un curso orgánico de sucesos. Primero, en abril de 2019 se descubrió en Jalisco un brote de infección en la nutrición parenteral. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) responde, después de una investigación, clausurando siete de sus 17 plantas por contaminación. Después, la muerte de un niño en Puebla que recibía metrotexato, reveló las malas prácticas de manufactura y el vencimiento del certificado para operar que tuvo como consecuencia el cierre de otra planta, acelerando la crisis del metrotexato. La respuesta de Pisa que fue, más bien, un contragolpe, no se hizo esperar, e incumplió un contrato con el Hospital Infantil, reteniendo 36 000 frascos de metotrexato que ya se tenían disponibles (argumentando que se habían confiscado) [https://cutt.ly/nr49MrD].

El desenlace coloca en el debate un tema fundamental: la conveniencia de que empresas privadas con carácter monopólico concentren el abastecimiento de medicamentos que son de vital importancia para el tratamiento del cáncer, y que deben formar parte de una estrategia de seguridad social y nacional.

Para noviembre, la SHCP declaró que sí había metotrexato, que nunca hubo desabasto y aseguró que la causa fue la falta de “una comunicación apropiada entre administradores y médicos”. Responsabilizó directamente a los institutos de violar el derecho a la salud y comenzó una evaluación a los directores de administración de institutos y hospitales. En ese período se suscitaron 3 renuncias, entre ellas la del administrador del Hospital Infantil (coludido presuntamente con Pisa), y la destitución del director del Instituto de Neurología meses después. Revelándose probables escenarios de escasez inducida por los proveedores. Desde el inicio, el desabasto fue atribuido por los opositores al resultado de un supuesto recorte del gasto en salud –lo que fue, más claramente, un estancamiento debido a reestructuraciones del gasto total y a compromisos presupuestarios, 2,5% del PIB en 2018 y 2019 [https://n9.cl/pfda] –, errores en la concepción de la nueva estrategia para combatir la corrupción y, en general, atribuido al mal diseño de la política pública.

Los conflictos, pese al abastecimiento internacional de medicamentos, no han cesado. Los problemas han derivado en juicios de amparo por desabasto contra el Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) otorgados a familias de niños con cáncer, algunos apoyados por el equipo jurídico del PRD en la CDMX. Se han desprestigiado las compras de medicamentos en el exterior al difundirse en medios como El Universal que son medicamentos “precalificados” o “piratas”. Además, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC), alertó de un posible incremento del 25% en los precios de los medicamentos para este año, debido al aumento de los inventarios de las empresas nacionales. La apuesta del gobierno ha sido la compra de medicamentos a fabricantes, sin intermediarios ni condicionamientos comerciales, fracturando una cadena de circulación y valorización innecesarias. Así, el desabasto reciente ha sido a causa de los contratos con intermediarios que actúan entre el sector público y el sector privado [https://n9.cl/mh6q].

Emergencia del COVID-19

En estas circunstancias, llega la pandemia de coronavirus a México, cuyo riesgo de muerte por contagio se eleva con la edad y en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Lo que tiene efectos, tanto en los países de altos ingresos, por su perfil epidemiológico y etario, como en los países de ingresos medios, donde la preeminencia del perfil crónico, como México, ha sido arrastrada por la extensión de la obesidad (72.5%) y la diabetes (13.1%), según cifras del Health at a Glance 2019 de la OECD, elevando la predicción de afectados graves a un 7%. Para el 24 de marzo las cifras ascienden a 405 contagios y 5 decesos, inicia la fase 2 de mitigación con 5 casos de transmisión comunitaria, aunque ya se habían anticipado medidas propias de esta fase. Se intensifican las acciones de “sana distancia” y “quédate en casa”. A nivel mundial, la cifra asciende a 414,000 contagios y a 18,500 muertes en 185 países. Italia es el país con mayor número de decesos.

Las medidas tomadas por el gobierno mexicano no han escapado al clima de confrontación política. Una de las críticas lanzadas ha sido la tibieza o la poca seriedad en la fase de contención, con ausencia de medidas drásticas de confinamiento para prevenir la epidemia y la desconfianza de que el sector salud pueda garantizar los recursos humanos, materiales y organizativos, idea que se reactivó con la protesta de enfermeras y denuncia de médicos residentes de algunos hospitales el 24 de marzo, por no disponer de los insumos más elementales y de capacitación para enfrentar la contingencia. Posicionando nuevamente el problema del abastecimiento, el cual se desenvuelve entre el indudable desmantelamiento del sector salud y la intensiva explotación del personal, la corrupción y la operación política.

Las estrategias seguidas por el gobierno -aprendidas de las experiencias previas y del apoyo recibido por China-, han sido reconocidas por la OMS, al haber actuado antes que otros países con relación al peso relativo de contagiados y decesos y por su sistema de vigilancia epidemiológica [https://cutt.ly/Stnoqg4]. Se han enfocado en minimizar los impactos y mantener un equilibrio entre la contención, con una alerta temprana, y conservando actividades generales aunque en retiro paulatino, conscientes de la fragilidad social causada por la precarización del trabajo, la pobreza y la inevitable dependencia de actividades productivas, comerciales y servicios esenciales para garantizar la reproducción de la vida y que de no garantizarse pudieran derivar en una crisis mayor que la causada por la epidemia.

“El crecimiento controlado” del contagio para hacerlo asimilable a las capacidades del sector salud ha sido reprochado como parte del “eficientismo” neoliberal. Por un lado, como si fuese técnicamente posible evitar en absoluto los contagios y sus consecuencias, por otro, como si lo fuese evadir las condiciones reales en las que recibió la economía, las finanzas públicas, el sector salud y el mercado laboral el gobierno en turno.

La contingencia aparece como la coartada para exigir al gobierno la radicalización de ciertas medidas y el desmonte urgente de una precarización antípoda del cuidado público de la salud, exacerbando la coyuntura las demandas ultra humanistas en la izquierda?, a la par de la mezquindad de la derecha al acecho de la primera señal que anuncie la crisis sanitaria. Otra exigencia ha sido el test masivo, usado en Corea del Sur en menos del 1% de su población, que muestra su inutilidad si no se garantiza el aislamiento total, sólo posible por el control estatal de la movilidad y el disciplinamiento social, y de una economía que lo propicie. Aprovechado, además, para el despliegue del autoritarismo en algunos países.

Los riesgos se incrementan con el eventual? traslado del epicentro de la pandemia a Estados Unidos y las restricciones que puedan derivar de las relaciones comerciales con éste y en las fronteras compartidas; asimismo por la incertidumbre provocada por la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso. Aunque se hayan tomado medidas cautelosas, los resultados no están asegurados; además de las contradicciones entre lo dispuesto oficialmente y su ejercicio real. El sector salud y el farmacéutico serán espacios de confrontación y legitimación durante el sexenio. Esta tendencia se confirma con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI a finales del año pasado. Los cambios que amenazan los intereses creados en el sector salud serán respondidos con resistencias organizadas y sabotajes desde los propios espacios de poder corporativo e institucionales que ocupan estas empresas y los grupos políticos vinculados a ellas, pudiendo detonar mayor confusión mediática y presión social.

El tamaño de las resistencias es, desde luego, equiparable, al tamaño de las expectativas y ganancias que se ponen en riesgo. Ir en sentido inverso o frenar un modelo de salud que iba en caída libre hacia la privatización y el lucro, será interpretado como una disputa de poder; y en efecto, lo es. Sin embargo, algunos cambios en el sector seguramente se verán postergados por la urgencia de paliar la pandemia y garantizar la estabilidad. Los esfuerzos se concentrarán aquí y en sus consecuencias. El proceso de cambio no será sencillo, quedará sujeto a las condiciones internacionales y al desarrollo de las contradicciones entre la nueva política de salud y las estrategias de quienes buscan bloquear un proyecto y se resisten a dejar de utilizar al sector salud como un espacio de acumulación de capital.

Zaida Vázquez Peralta: México, economista, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Políticas de Salud Pública o la Salud Pública en Nuestra América

Sistemas Universais de Saúde guiados pela APS: melhor resposta a esta e outras crises!

Patty Fidelis de Almeida* e Lígia Giovanella**

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Sistemas Universais de Saúde guiados pela APS: melhor resposta a esta e outras crises!

No momento em que a atenção mundial se volta à emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e às respectivas estratégias de enfrentamento, o tema das políticas e sistemas de saúde ocupa centralidade nas agendas governamentais, nos meios de comunicação e na sociedade civil de forma geral. Qual o modelo de proteção social e de sistema de saúde capaz de oferecer respostas mais efetivas, salvar vidas e minimizar os danos provocados pela pandemia?

a crise global provocada pela Covid-19, em suas múltiplas dimensões, expõe de maneira inequívoca a responsabilidade dos Estados pela saúde de suas populações na perspectiva do direito universal à vida!


Muita ênfase tem sido dada à aquisição de equipamentos necessários à manutenção da vida em casos de maior gravidade, construção de hospitais de campanha, entre outras medidas, absolutamente fundamentais e justificáveis para o salvamento imediato de muitas vidas. Soma expressiva de recursos vêm sendo mobilizada, sobretudo em países desenvolvidos, para o enfrentamento da pandemia, revelando de forma inequívoca a face mais perversa do capitalismo global, expressa na disputa predatória por insumos e equipamentos de saúde.
Na Região das Américas e aqui destacamos com maior ênfase os países sul-americanos, a partir da primeira década do século XXI, em contextos de redemocratização e assunção de governos progressistas, foi empreendido um conjunto de reformas sobretudo direcionadas à revitalização da Atenção Primária à Saúde (APS), em uma abordagem abrangente, reafirmando princípios de Alma-Ata (Giovanella e Almeida, 2017, Atenção primária integral e sistemas segmentados de saúde na América do Sul. Cad. Saúde Pública [online]. 2017, vol.33, suppl.2, e00118816). Não obstante, na maior parte dos países as reformas não lograram superar desafios originados pela herança de modelos de APS focalizados e, sobretudo, da segmentação dos sistemas de saúde, geradores de profundas iniquidades sociais.
Em que pese a permanência de problemas estruturais, países da Região experimentaram novas formas de operar os cuidados em saúde por meio da expansão de equipes multiprofissionais, com atuação territorial e esforços para a conciliação entre ações preventivas, promocionais e assistenciais na APS. Ainda que internacionalmente sejam reconhecidos os benefícios de sistemas de saúde sustentados por uma APS de qualidade (WHO – World Health Organization. Primary Health Care – Now More Than Ever. The World Health Report 2008. Geneva: WHO; 2008), em geral, caracterizada por seus atributos de essenciais (acesso/primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação) no contexto de países europeus, as experiências sul-americanas talvez representem a mais ampla incorporação do componente familiar, comunitário e cultural à APS por meio, sobretudo, da atuação de agentes ou trabalhadores comunitários de saúde às equipes.

O enfrentamento da pandemia tem revelado a distribuição desigual e desumana dos serviços de saúde, latente na promíscua relação entre sistema público e privado, raras vezes enfrentadas pelas políticas de saúde na Região


Mais recentemente, em editorial do The Lancet (Haines et al., 2020, National UK programme of community health workers for COVID-19 response. The Lancet, March 24, 2020, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30735-2) tais experiências, com destaque à brasileira, foram reconhecidas e instadas a compor o National Health Service incialmente para lidar com as vulnerabilidades advindas da pandemia, mas com potencial para provisão de efetivo suporte social e cuidados continuados em saúde.
Não é irrelevante o fato de que, milhares de equipes de APS permaneçam atuantes nos múltiplos territórios conformando a rede mais capilarizada de serviços de saúde em diversos países, com enorme potencial para enfrentamento da pandemia, a despeito das inúmeras tentativas de desmonte com a emergência de governos de ultradireita na Região. Nesse sentido, a crise global provocada pela Covid-19, em suas múltiplas dimensões, expõe de maneira inequívoca a responsabilidade dos Estados pela saúde de suas populações na perspectiva do direito universal à vida!
Nos parece que, um sistema universal de saúde com forte base em uma APS abrangente, cujo componente familiar e comunitário tende a ser enfraquecido quanto mais as políticas de saúde se direcionam ao mercado, agora, mais que nunca, é um imperativo ético em defesa da vida. A capilaridade, inserção territorial e vínculo com as pessoas são características essenciais dos serviços e equipes de APS que, neste momento, as habilitam a realizar vigilância em saúde nos territórios, com apoio ao isolamento social, educação em saúde, notificação e acompanhamento cotidiano, à distância, dos casos em cuidado domiciliar; a apoiar grupos vulneráveis, seja por sua situação de saúde e ou social, articulados a iniciativas comunitárias e intersetoriais; e, sobretudo, promover a continuidade dos cuidados rotineiros à população em geral, que não pode ser esquecida evitando-se à desassistência a outros problemas de saúde e salvando vidas.
Esta é uma emergência sanitária e humanitária de longa duração, no mínimo de médio prazo, e não se resolverá com medidas pontuais. O enfrentamento da pandemia da Covid-19, para além da garantia de cuidado individual, exige uma abordagem coletiva, comunitária, territorializada, vigilante, cotidiana e somente uma rede baseada na atenção primária de orientação familiar e comunitária pode desenvolver estas ações.
O enfrentamento da pandemia tem revelado a distribuição desigual e desumana dos serviços de saúde, latente na promíscua relação entre sistema público e privado, raras vezes enfrentadas pelas políticas de saúde na Região. O que dizer da desigual disponibilidade de leitos de terapia intensiva a beneficiários do sistema público e do sistema privado? No Brasil, por exemplo, a oferta de leitos privados para uso por beneficiários de seguros privados de saúde é quatro vezes maior do que aquela disponível para os usuários do Sistema Único de Saúde, que apesar de acesso universal não regula o conjunto da oferta de serviços no país.
Diversos são os projetos em disputa no âmbito das políticas de saúde. Sistemas de saúde fundados no mercado como o dos EUA mais uma vez mostram sua inefetividade, ineficiência e iniquidades. A maior economia mundial já soma o maior número de mortes no mundo, afetando de forma desproporcional negros e latinos. Continuar no caminho do recrudescimento das políticas de mercantilização e privatização da saúde em curso em diversos países sul-americanos, alinhadas aos governos de ultradireita e suas “necropolíticas” (Mbembe, 2003. Necropolitics. Public Culture 1 January 2003; 15 (1): 11–40. doi: https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11) levará a consequências ainda mais drásticas com aumento de sofrimento e mortes precoces.

Movimentos sociais em base a valores de solidariedade têm se multiplicado. Associar-se a estes movimentos fortalece os serviços locais de APS de base comunitária, amplia as possibilidades de controle da pandemia


Este é um momento de inflexão, as escolhas de hoje terão consequências para o futuro não apenas para nossos sistemas de saúde, mas também para as nossas sociedades. A crise põe a nu e esgarça as profundas desigualdades. Movimentos sociais em base a valores de solidariedade têm se multiplicado. Associar-se a estes movimentos fortalece os serviços locais de APS de base comunitária, amplia as possibilidades de controle da pandemia e pode contribuir para que possamos sair desta crise com um sistema de saúde mais integral.
O enfrentamento desta e de outras crises e a manutenção da vida cotidiana que segue, nos conclama, mais uma vez, sustentados por valores democráticos e de solidariedade, à defesa de sistemas públicos universais de saúde, modulados a partir de redes integradas de serviços de saúde coordenadas pela APS, com fortalecimento da autoridade sanitária local e da participação social.

*Brasil, Pesquisadora e professora do Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Brasil. pattyfidelis@id.uff.br
** Brasil, Pesquisadora Sênior da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz, Brasil. ligiagiovanella@gmail.com

ENTRE LA CRISIS Y LA PANDEMIA: LA ENCRUCIJADA DEL PARAGUAY

Sociedad de Economía Política del Paraguay

Foto: Revista Crisis

Una crisis estructural

En el año 2008 estallaba la crisis financiera en el sistema inmobiliario de los Estados Unidos, con las denominadas hipotecas sub prime, haciendo temblar las bases del ya extinto “estado de bienestar” al extenderse sus efectos sobre el resto de la economía mundial, en especial sobre Europa y los países más débiles de la unión, como España, Grecia y Portugal, con desastrosas consecuencias para la población más vulnerable, mientras las políticas económicas se direccionaban al rescate del sistema financiero. Los efectos de esta crisis no llegaron a la región sino hasta el 2013, en donde la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional dejó entrever la debilidad estructural de las economías latinoamericanas dependientes de la renta.

Lejos de superarla, los coletazos de esta crisis se sienten hasta hoy. En el año 2019 la economía mundial registró el crecimiento más bajo de toda la década, siendo apenas del 2,3% según datos del Banco Mundial, resultado también de las disputas geopolíticas entre las dos economías más importantes del mundo: China y Estados Unidos. Las proyecciones de los organismos internacionales indicaban una modesta aceleración económica, de apenas 2,5% esto antes de que estallara la pandemia del Covid–19 en China, poniendo, una vez más, en jaque a la economía mundial, echando por tierra todos los pronósticos de recuperación de la actividad económica global.

La economía paraguaya no es la excepción, altamente vinculada al mercado internacional, entraba en recesión técnica en el segundo trimestre del 2019, en donde el PIB cayó un 3% entre abril y junio, acumulando una caída del 2,8% al cierre del primer semestre del año pasado como resultado de factores climáticos y la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos que desplazó la producción de soja paraguaya en varios de los mercados de destino.

Para el año 2020 las estimaciones no son nada favorables al sector agroexportador, por un lado, el precio de la soja continúa a la baja, llegando a su precio más bajo de los últimos 10 meses, cotizando en el mercado de Chicago a tan solo USD 301,90 por tonelada, mientras que, por el otro, la zozobra embarga al sector ganadero tras la cancelación de varios contratos de exportación a Holanda y Suiza, dos de los destinos principales de exportación de la carne, como resultado de la pandemia.

En esta coyuntura recesiva, la sociedad paraguaya en general y los trabajadores en particular lidian con la declaración de pandemia realizada por la OMS el pasado 11 de marzo, que ha evidenciado las profundas deficiencias de los sistemas sanitarios a nivel mundial, deteriorados como resultado de la mercantilización de la salud.

Recesión y Pandemia: efectos en la economía paraguaya

A los efectos de una organización social excluyente y groseramente desigual como es la sociedad paraguaya, se añaden los impactos de la pandemia sobre la población trabajadora, tanto en términos socioeconómicos como sanitarios. La declaración de cuarentena ha impactado negativamente en el sector informal de la economía en el que se emplea el 71% de la fuerza de trabajo de la Población Económicamente Activa (PEA), que asciende a aproximadamente 5.024.421 individuos. (EPH, 2019)

La vulnerabilidad de este gran sector de la población es resultado de históricas políticas de flexibilización laboral y del nulo interés por parte del Estado paraguayo de garantizar los derechos laborales de la población trabajadora; y esto se evidencia en el hecho de que el país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en peor calidad de empleo según el Banco Mundial. La cobertura de seguridad social apenas alcanza al 17% de la PEA, lo que pone al descubierto la inseguridad e inestabilidad que envuelve a la clase trabajadora.

La pandemia y la imposición de cuarentena sólo develó y exacerbó las condiciones de explotación a las que se exponen los trabajadores, pues mucho antes de imponerse esta medida sanitaria, trabajadores de la importadora A.M. Reguera ya denunciaban el no pago de sus salarios desde hacía 3 meses. A este tipo de denuncias se añaden, aquellas realizadas en un contexto de crisis sanitaria, en donde cientos de trabajadores son obligados a trabajar aglomerados, en medio de amenazas y en precarias condiciones, exponiendo sus vidas y las de sus familias; siendo los trabajadores de las maquilas los más expuestos. Registrándose en menos de dos semanas más de 600 denuncias por despidos injustificados según el Ministerio del Trabajo y un total de 1.492 personas han quedado sin empleo tan sólo durante este periodo de cuarentena, según informa la Dirección General de Empleo. A la situación de precariedad e inseguridad laboral se añade la perversa especulación con los precios de alimentos de la canasta básica y bienes de primera necesidad, que según la SEDECO han aumentado sus precios hasta un 50% y sin que, hasta el momento, se hayan aplicado medidas que protejan a los sectores más vulnerables.

La crisis desatada por la expansión del COVID 19, ha mostrado en los diferentes países, múltiples debilidades y vulnerabilidades en distintas dimensiones. En Paraguay, entre estas fragilidades está la situación alimentaria de la población, y detrás de esto, el sistema de producción agropecuario vigente.

Los datos en torno a la situación alimentaria previa a la crisis, ya eran alarmantes: más de 2 millones de personas en situación de pobreza y por tanto, con dificultades para cubrir una buena alimentación; 840.000 personas que pasan hambre; altos índices de desnutrición, así como de obesidad, dan cuenta de una alimentación insuficiente y de baja calidad, con decreciente proporción de alimentos frescos, reemplazados por productos industriales, de menor calidad nutricional.

Detrás de esta situación está el modelo productivo agroexportador, que ha recibido el apoyo del sector empresarial y del Estado en las últimas décadas, para la producción de commodities de exportación, como la soja y maíz transgénicos, además de la ganadería para exportación de carne. Al destinarse la mayor parte de los recursos del país a los agronegocios, entre ellos la tierra, agua, capital público y privado, se ha desatendido e incluso atacado a la pequeña agricultura, la campesina e indígena que, a pesar de producir diversidad de alimentos demandados por la población, se ha reducido territorialmente a solo un 6 % de la superficie agrícola del país.

El resultado de la acción del sector privado y el apoyo estatal, ha sido una enorme producción de commodities exportados, y una reducida producción de alimentos para el mercado interno. Por tanto, ante la debilitada producción nacional, se recurrió a la importación, legal e ilegal, de rubros básicos como el tomate, locote, cebolla, ajo, papa, zanahoria, naranja, sandía, mamón, en proporciones que aumentan cada año. La soberanía y seguridad alimentaria ha desaparecido del Paraguay, dando paso a una cada vez mayor dependencia externa para alimentarnos.

Con la pandemia instalada y la suspensión de varias actividades por la política de aislamiento social, esta escasez de alimentos rápidamente empieza a reflejarse en el aumento de precios. En tan solo 10 días, los precios de varios rubros escalaron, situación observada principalmente en los supermercados: la cebolla aumentó 148 %, la papa 138 %, la naranja 58 % y el tomate 6 %.  El gremio de supermercados y el Ministerio de Agricultura culparon de la situación a los importadores, mientras que éstos trasladaron la responsabilidad a los supermercados. Sin embargo, nadie reconoce el problema de fondo, la total dependencia de la producción extranjera para nuestra alimentación, y la falta de políticas públicas para la agricultura campesina.

La situación se puede agravar mucho más, de acuerdo a cómo evolucione la epidemia. Algunos medios mencionaron que Brasil ha reducido sus exportaciones frutihortícolas, quedando solo la producción argentina como opción. De agravarse la situación de la pandemia en la región, una hambruna y un mayor deterioro de la calidad alimentaria de la población, no están lejos de nuestro horizonte.

¿Quién pagará los costos de la crisis?

El 23 de marzo, en una nota publicada por ABC Color, Martin Cuadro, presidente de la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay (AIAP), ante la paralización de las actividades en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus que vive el país, ha informado que su gremio ya no cuenta con recursos para cubrir los salarios del mes de abril. Cuadro, señaló que se “avecinan tiempos difíciles” y que urge “definir un plan de ayuda con el Gobierno para la gente y que las empresas no lleguen a una situación de quiebra” y así asistir a los 10.000 trabajadores de la industria maquiladora de autopartes. El presidente de la AIAP agregó “que es una situación compleja que exige la solidaridad de todos, de forma a afectar lo menos posible a los trabajadores del rubro”.

La rama autopartista es la principal de todas en el sector maquilador, en ella se encuentran 16 maquiladoras, con una inversión acumulada de USD 62,085 millones estas empresas absorben a 3,824 trabajadores y registra un volumen de exportación de los últimos tres años que asciende a los USD 991 millones (MIC, 2018/2019; BCP, 2019). THN, Yazaki, Sumidenso, Fujikura y Leoni Wiring System concentran el 80% de la inversión y el 66% de los trabajadores de la rama, lo que significa que alrededor del 80% del valor de las exportaciones de la rama vana a parar a estas empresas, o sea, USD 792 millones.

El sector maquilador es de toda la economía nacional la que más beneficios fiscales recibe, se encuentra exento de todo tipo de impuestos y pagan un “Tributo Único del uno por ciento (1%) aplicado sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo” (CEMAP, 2017). Cuentan además con la posibilidad de importar insumos y maquinarias sin impuestos, tampoco pagan el 10% a la ganancia como los demás sectores, frente al 35% de impuestos a las ganancias que podrían pagar en países como Brasil, Paraguay representa un verdadero paraíso fiscal para estas empresas. Teniendo en cuenta que el valor agregado en el país ronda el 35%, o sea USD 277 millones, el impuesto que estas empresas pagaron en los últimos tres años fue de solo USD 2,7 millones. Por tanto, las ventajas fiscales que el gobierno da a estas empresas son bastante generosas.

Estas cinco empresas se dedican a la producción de arneses eléctricos o sistemas de cables eléctricos para automóviles. Para verificar la capacidad que tienen de pagar los salarios de sus trabajadores, hemos estimado el costo que representa el salario del mes de abril a cada una según la cantidad de empleados, para luego analizar el desempeño de los grupos empresariales a quienes pertenecen para saber realmente si estas no pueden o no quieren pagar la cuenta de la que implica esta crisis sanitaria.

THN, instalada 2012 en ciudad de Itaugua, declaró una inversión de USD 9,3 millones y una ocupación de 726 trabajadores, provee a su matriz THN Brasil y destinan su producción fundamentalmente a marcas coreanas como Hyundai y Kia (MIC, 2018; THN, 2020). THN es una empresa que cuenta con plantas en China, Filipinas, Paraguay y Brasil y se dedica exclusivamente a la producción de sistemas de cableados automotrices.

Según Bloomberg, en el año 2019, la empresa generó a nivel mundial ingresos netos de USD 4 mil millones sin contar las actividades accionarias, asumiendo un promedio de salario mínimo de G. 2.192.839 equivalente a US$ 331, por lo que el salario de los 726 trabajadores representa un aproximado de 240 mil dólares mensuales.

Otra de las empresas destacadas es Yazaki Paraguay SRL, que opera desde 2013 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, de capital japonés y con matriz en Brasil, declaró una inversión inicial de USD 3,3 millones y 529 trabajadores. Haciendo el mismo cálculo, el salario del mes de abril representaría un gasto de 175 mil dólares, según el reporte anual del 2018 de Yazaki, sus ventas netas ascendieron a unos USD 17 mil millones.

Por su parte, Sumidenso Paraguay SRL, es otra de las importantes de esta rama, con una inversión inicial de USD 4,4 millones y ocupa a 800 personas, esta empresa de capital brasileño instalada en la ciudad de Capiatá, también produce arneses eléctricos que destina a Sumidenso Do Brasil. Sumidenso es la filial del sector automotriz de la japonesa Sumitomo Corporation, que distribuye los sistemas de cableados a marcas como Honda, Yamaha, Fiat, Toyota, Nissan y Mitsubichi. Según su reporte financiero anual, en el año 2019, Sumitomo Corporation registró un lucro anual de USD 320 mil millones, mientras que los activos totales ascendieron a 7,9 billones de dólares. El salario del mes de abril de los ochocientos trabajadores de la maquiladora Sumidenso suma apenas USD 264 mil.

Asimismo, Fujikura Automotive Paraguay es una empresa del grupo japonés Fujikura, ubicada en Ciudad del Este, la planta maquiladora que exigió una inversión de USD 30 millones, emplea a 1.071 trabajadores. Esta es la maquiladora autopartista que según registros oficiales mayor fuerza de trabajo ocupa en el país, el costo que representa para la empresa el salario de abril seria de USD 354 mil. Las ganancias del grupo que provienen en un 21% del sector autopartista, 26% del negocio de la electrónica, 1% de sector inmobiliario y en 50% de sus actividades en energías y telecomunicaciones, ascendieron en 2019 a USD 710 mil millones.

Por último, la empresa Leoni, instalada en 2015, de capital alemán y matriz en Brasil, que también elabora cableados eléctricos, con inversión declarada de USD 4 millones emplea a 400 trabajadores. Los ingresos netos del grupo Leoni en 2018 fueron de 73 millones de euros, unos 79 millones de dólares, cuando el salario del mes de abril de los 400 trabajadores seria apenas de unos 132 mil dólares.

Teniendo en cuenta todas las exenciones fiscales que reciben estas empresas, los volúmenes de ganancia que generan anualmente los grupos a quienes pertenecen, además de la suspensión del pago de los servicios como agua y luz decretada por el gobierno en los días pasados, el gremio autopartista tiene las condiciones suficientes para cumplir con su rol de empleador y garantizar el pago de salarios a todos los trabajadores, no solo el mes de abril sino todo el tiempo que dure la crisis sanitaria.

La apelación del sector a la ayuda por parte del gobierno, realizada por la AIAP con la amenaza de que los trabajadores de estas empresas se encuentran en riesgo de perder sus puestos invita a pensar que este sector no quiere asumir el costo de la crisis y más bien hacer que esta se pague con dinero público, afectando una vez más a quienes menos tienen.

El sector privado reproduce el discurso de solidaridad siempre y cuando no les toquen el bolsillo, tras varios años de condiciones fiscales extremadamente “solidarias”, es momento que estas empresas compartan un poco de todo aquello que se llevan del país.

¿Qué propone el gobierno?

El Ejecutivo presentaba el 24 de marzo el proyecto de Ley que declara el estado de emergencia sanitaria en el país. Este proyecto, aprobado por ambas cámaras y que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo por el presente ejercicio fiscal, se compone de varios aspectos, por un lado, la asignación de subsidios a la población vulnerable para proteger el consumo durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento, y por el otro, el grupo de medidas económicas de contención de la crisis, las cuales guardan inquietante similitud con las sugeridas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), resultado de una encuesta realizada por el gremio a unos 375 empresarios de diversos rubros referidos al comercio y a los servicios, quienes proponen como medidas de contingencia la habilitación de líneas de crédito a corto plazo, reducción de los impuestos, mora en pago de impuestos, exoneración de multas por pago fuera de tiempo y de los intereses que corresponden, eliminación de los plazos para la presentación de los impuestos, la facilidad, postergación o mora en el pago de los servicios básicos, establecer la legislación sobre Trabajo en Casa, reducción de la “burocracia” para la importación y exportación, subsidios para las MIPYMES, moratoria general por 90  días en todos los vencimientos y pagos a realizar por las empresas, reducción del costo de los servicios públicos en un 50% y la moratoria en el pago a IPS, así como la exoneración de multas en IPS, mora y exoneración de multas en bancos, financieras, casas de crédito, etc., subsidio estatal a empleados en zonas de riesgo, refinanciación de créditos, préstamos de entes públicos y privados a largo plazo, revisión de las normativas laborales, moratoria en aumento de salarios tanto públicos como privados, eliminación de “beneficios desmedidos” a funcionarios públicos y atención diferenciada a las MIPYMES.

Es importante recordar que el sector de los servicios que incluye servicios a los hogares, telecomunicaciones, comercio, intermediación financiera, hoteles y restaurantes,  culminó el 2019 con un desempeño positivo, registrando un incremento interanual del 4,2% y cerrando el tercer trimestre del 2019 con un crecimiento acumulado del 2,9%, siendo el único sector que mantuvo un desempeño positivo durante el anterior ejercicio fiscal, según refiere el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay.

Para sostener las medidas propuestas, el Ejecutivo goza de facultades extraordinarias que le permiten redireccionar los fondos aprobados en el PGN 2020 para destinarlos a las entidades que así lo requieran en el contexto de la crisis sanitaria. Para ello, se contempla la suspensión del pago de bonificaciones a trabajadores del sector público. Asimismo, se aprueba al Ejecutivo la contratación de empréstitos hasta USD 1.600 millones elevando el déficit fiscal al 5% y la deuda externa a USD 8.829,4 millones; equivalentes al 22% del PIB a precios corrientes del año 2019; superando, además, las Reservas Internacionales cuyo saldo a diciembre de 2019 fue de USD 8.494,4 millones, según el Banco Central del Paraguay.

La Sociedad de Economía Política viene denunciando el carácter insostenible del endeudamiento externo, así como la escasa voluntad política por parte del gobierno para exigir mayor contribución para el desarrollo a aquellos sectores que obtienen ganancias extraordinarias, como la banca que sólo en el año 2019 reportó utilidades netas de USD 464 millones, el sector de los agronegocios y por supuesto, el de las maquilas que en el año 2019 exportó por un valor de USD 722.652.168 millones, siendo además el sector que mayores beneficios obtiene por parte del gobierno, y cuyas condiciones de acumulación, teniendo en cuenta los beneficios de una economía, como la paraguaya, con un grado de liberalización escandalosa, les permite asumir parte del costo de la crisis. Sin embargo, el plan del gobierno pretende hacer recaer el peso para sostener este paquete de medidas de emergencia sobre la clase trabajadora, en general, y sobre las empresas y trabajadores públicos en particular, quienes en definitiva terminarán pagando los costos de la crisis como resultado de la estructura de un régimen tributario que beneficia a quienes más ganancias obtienen; pues no es un dato menor que de los cinco grandes contribuyentes tan sólo uno haya pagado el Impuesto a la Renta Personal en el año 2019, y que en este ejercicio fiscal se verán beneficiados con la ley de emergencia, que les permite posponer el pago de los impuestos por las utilidades obtenidas el año pasado y en donde el Estado dejará de percibir ingresos derivados del IRACIS, IRAGRO e IRP, al que se la añade el elevado grado de evasión fiscal por parte de grandes contribuyentes.

El impacto económico de esta crisis se resentirá al menos durante los próximos 15 años, como ya lo reconocía Benigno López, ministro de Hacienda; significando en el corto plazo el congelamiento de los salarios en el sector público por al menos 4 años, incluyendo el postergado aumento salarial al magisterio.

Consideramos que los recursos necesarios para enfrentar la difícil coyuntura económica y social no pueden ser obtenidos únicamente sacrificando a las empresas públicas, que ya vienen soportando procesos de descapitalización, y sobre los trabajadores, que constituyen el sector más vulnerable. Urge por tanto, la reestructuración de la deuda externa, siendo además, este el momento preciso, para imponer aranceles a aquellos sectores que mayores ganancias obtienen y que hoy, no quieren asumir parte del costo de una crisis que afecta sobre todo a quienes menos tienen.

En suma, las deficiencias del sistema de salud pública, así como la vulnerabilidad, precariedad e inseguridad laboral de la clase trabajadora para afrontar los desafíos en el marco de una crisis sanitaria mundial, es absoluta responsabilidad del sistema económico vigente y de los sucesivos gobiernos que lo han gestionado, en detrimento siempre, de los más vulnerables.

Sociedad de Economía Política del Paraguay

¿Por Qué El Coronavirus Podría Provocar Una Supernova Capitalista?

No hay un árbol mágico de dinero: los «paquetes de rescate» tienen como objetivo rescatar un sistema podrido, y no funcionarán

Por John Smith

No hay un árbol mágico de dinero: los «paquetes de rescate» tienen como objetivo rescatar un sistema podrido, y no funcionarán

“Los rendimientos globales más bajos en 500 años de historia registrada. $ 10 billones de bonos con tasa negativa. Ésta es una supernova que explotará algún día «, tuiteó Bill Gross, el «rey de los bonos» hace cuatro años (Robin Wigglesworth y Joel Lewin, “Bill Gross advierte sobre una pila de bonos de rendimiento negativo de $10 billones de dólares”, Financial Times, junio 10, 2016).

Este día se ha acercado. El capitalismo enfrenta ahora la crisis más profunda en sus varios siglos de existencia. Ha comenzado una depresión mundial que ya está devastando las vidas de cientos de millones de trabajadores en todos los continentes. Las consecuencias para los trabajadores y personas pobres en Asia, África y América Latina serán aún más extremas que para los que viven en Europa y América del Norte, tanto con respecto a las vidas perdidas por el coronavirus como con la amenaza a su existencia para los miles de millones de personas que ya viven en extrema pobreza. El capitalismo, un sistema económico basado en el egoísmo, la codicia y la competencia violenta, revelará más claramente que nunca que es incompatible con la civilización.

El capitalismo enfrenta ahora la crisis más profunda en sus varios siglos de existencia. Ha comenzado una depresión mundial que ya está devastando las vidas de cientos de millones de trabajadores en todos los continentes.

¿Por qué la supernova -la explosión y muerte de una estrella- es una metáfora adecuada de lo que ahora podría estar a punto de desarrollarse? ¿Por qué podría el coronavirus, un organismo con un diámetro del milésimo de tamaño de un cabello humano, ser el catalizador de tal cataclismo? ¿Y qué podemos hacer los trabajadores, los jóvenes y los desposeídos del mundo para defendernos y «dar a luz un mundo nuevo de las cenizas del viejo», en palabras del himno laboral de Estados Unidos, Solidaridad para Siempre?

Para encontrar respuestas a estas preguntas, debemos entender por qué la «crisis financiera global» que comenzó en 2007 fue mucho más que una crisis financiera, y por qué las medidas extremas tomadas por los gobiernos del G7 y los bancos centrales para restaurar un mínimo de estabilidad, en particular, la «política de tasa de interés cero», descrita por un banquero de Goldman Sachs como «el crack de cocaína para los mercados financieros, ha creado las condiciones para la crisis actual (Henny Sender, 2009,»En Wall Street: un tónico que funciona demasiado bien», Financial Times, diciembre 23).

I.- Los “problemas de salud subyacentes” del capitalismo global

La primera etapa de una supernova es la implosión, análoga a la disminución a largo plazo de las tasas de interés que comenzó mucho antes del inicio de la crisis sistémica en 2007, que se aceleró desde entonces, y que cayó a un precipicio justo cuando el coronavirus comenzó su alboroto al inicio de enero de 2020.

La caída de las tasas de interés es fundamentalmente el resultado de dos factores: la caída de las tasas de ganancia y la hipertrofia del capital, es decir, su tendencia a crecer más rápido que la capacidad de los trabajadores y los agricultores para suministrarle la sangre fresca que necesita para vivir. Como dijo Marx, en El capital (vol. 1, Londres, Penguin, p. 342) «la única fuerza impulsora del capital [es] el impulso de valorizarse a sí mismo, de crear plusvalía … el capital es trabajo muerto que, como un vampiro, solo vive absorbiendo trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo absorbe.»

Estos dos factores se combinan para formar un círculo fatal de asombroso poder destructivo. Examinemos sus vínculos más importantes:

Muchas cosas enmascaran y contrarrestan la caída de la tasa de ganancia, convirtiendo a ésta en una tendencia que solo se revela en tiempos de crisis, de las que la más importante ha sido el cambio de producción de Europa, América del Norte y Japón para aprovechar las mayores tasas de explotación disponibles en países de bajos salarios.

La caída de la tasa de ganancia se manifiesta en una creciente renuencia de los capitalistas a invertir productivamente; cada vez invierten más es en marcas, propiedad intelectual y otras actividades parasitarias y no productivas (John Smith, 2017, The Global Economy-crisis or recovery?, https:// http://www.researcggate.net).

Esta huelga de inversión capitalista de larga duración se ve amplificada por el cambio global de producción -aumentando las ganancias al recortar los salarios en lugar de construir nuevas fábricas y desplegar nuevas tecnologías. Esto permite enormes márgenes de ganancia, turbo-cargando la acumulación de vastas riquezas para las cuales los capitalistas no tienen un uso productivo; de ahí la hipertrofia del capital.

Esto, a su vez, da como resultado una disminución de las tasas de interés -a medida que los capitalistas compiten entre sí para comprar activos financieros, suben su precio, y los flujos de ingresos que generan caen-; por lo tanto, caen las tasas de interés. La caída de las tasas de interés y el aumento del valor de los activos han creado lo que es, para los inversionistas capitalistas, el círculo virtuoso definitivo: pueden pedir prestadas grandes sumas para invertir en activos financieros de todo tipo, lo que infla aún más su «valor».

Por lo tanto, la caída de las tasas de interés tiene dos consecuencias fundamentales: la inflación de las burbujas de activos y la acumulación de montañas de deuda. “El efecto combinado de la política de la Fed de una tasa cero de los fondos de la Reserva Federal, flexibilización cuantitativa y compra masiva de instrumentos de deuda a largo plazo aparentemente está haciendo que el mundo sea seguro -por ahora- para la madre de todos los «carry trades» y para la madre de todas las burbujas globales de activos altamente apalancadas.”  (Nouriel Roubini, 2009, «La madre de todos los «carry trades» se enfrenta a una quiebra inevitable», Financial Times, noviembre 1, 2009).

De hecho, estas son las dos caras de la misma moneda: por cada deudor hay un acreedor; cada deuda es un activo de otra persona. Las burbujas de activos podrían desinflarse (si aumenta la productividad) o bien explotarán; el crecimiento económico podría, con el tiempo, erosionar las montañas de deuda, o de lo contrario se derrumbarán.

Desde 2008, la productividad se ha estancado en todo el mundo y el crecimiento del PIB ha sido menor que en cualquier década desde la Segunda Guerra Mundial, resultando en lo que Nouriel Roubini ha llamado «la madre de todas las burbujas de activos», mientras que la deuda agregada (la deuda total de los gobiernos, corporaciones y hogares), que ya era monumental antes del colapso financiero de 2008, ha duplicado su tamaño desde entonces.

El crecimiento de la deuda ha sido particularmente pronunciado en los países del Sur global. La deuda total de los 30 más grandes de ellos alcanzó los $ 72.5bn en 2019 -un aumento del 168% en los últimos 10 años, según datos del Banco de Pagos Internacionales. A China le corresponden $ 43bn, frente a los $ 10bn de hace una década. En resumen, mucho antes del coronavirus, el capitalismo global ya tenía «problemas de salud subyacentes»; ya estaba en cuidados intensivos.

El capitalismo global -que es más imperialista que nunca antes, ya que es más parasitario y más dependiente de los ingresos de la super-explotación en los países de bajos salarios- se dirige inexorablemente a la supernova, hacia el estallido de las burbujas de activos y al derrumbe de las montañas de deudas. Todo lo que los bancos centrales imperialistas han hecho desde 2008 ha sido diseñado para posponer el inevitable día del ajuste de cuentas. Pero ahora ha llegado ese día.

Los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se consideran el refugio más seguro y el punto de referencia final con el que se valora toda otra deuda. En épocas de gran incertidumbre, los inversores abandonan invariablemente los mercados de valores y se dirigen a los mercados de bonos más seguros, por lo que a medida que los precios de las acciones caen, los precios de los bonos -también conocidos como «valores de renta fija»- aumentan. Mientras lo hacen, el ingreso fijo que generan se traduce en una tasa de interés decreciente. Pero no sucedió eso el 9 de marzo, cuando, en medio de la caída de los mercados bursátiles, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se dispararon. Según un operador de bonos, «estadísticamente hablando, [esto] solo debería suceder cada pocos milenios» (Tommy Stubbington y Colby Smith, 2020, “Los veteranos de la inversión intentan familiarizarse con los mercados ‘quebrados’,” Financial Times, marzo 20, 2020). Incluso en el momento más oscuro de la crisis financiera mundial, cuando Lehman Brothers (un gran banco comercial) se declaró en quiebra en septiembre de 2008, esto no sucedió.

La causa inmediata de este pequeño ataque al corazón fue la escala de destrucción de activos en otros mercados de acciones y bonos, lo que provocó que los inversores se apresuraran a convertir sus inversiones especulativas en efectivo.

Para satisfacer sus demandas, los administradores de fondos se vieron obligados a vender sus activos más fáciles de intercambiar, negando así su condición de refugio seguro, y esto obligó a los gobiernos y a los bancos centrales a tomar medidas extremas y disparar sus «grandes bazucas», es decir, los multibillonarios paquetes de rescate en dólares -incluida una promesa de imprimir dinero sin límite para garantizar el suministro de efectivo a los mercados- (The Economist, 2020, “¿Por qué se ha agigantado la fontanería financiera de Estados Unidos?”, marzo 19, 2020) .  Pero este evento también proporcionó una premonición de lo que está por venir. A final de cuentas, los billetes de dólar, tal como los certificados de bonos y las acciones, son solo pedazos de papel. A medida que miles de billones más ingresan al sistema, los eventos en marzo de 2020 acercan el día en que los inversionistas perderán la fe en el efectivo en sí -y en el poder de la economía y el Estado que la respalda. Entonces habrá llegado el momento de la supernova.

II. La negación del imperialismo por la izquierda y su creencia en el “árbol mágico de dinero”

La gama de la izquierda en los países imperialistas -el ala liderada por Jeremy Corbyn del Partido Laborista en el Reino Unido; la variada tripulación de keynesianos de izquierda como Ann Pettifor, Paul Mason, Yanis Varoufakis; los partidarios de Bernie Sanders en Estados Unidos- están unidos en dos cosas: todos reconocen, en un grado u otro, que el saqueo imperialista de colonias y neo-colonias sucedió en el pasado, pero niegan que el imperialismo continúe definiendo de alguna manera significativa las relaciones entre países ricos y pobres (John Smith, 2019, “Imperialismo detrás de una taza de café”, NA XXI, núm. 35, septiembre).  

Y esta izquierda cree en una u otra versión del «árbol mágico de dinero”, en otras palabras, ven la disminución de las tasas de interés a niveles negativos, no como una luz roja intermitente que muestra la gravedad de la crisis, es decir, no como la fase de implosión de una supernova, sino como una luz verde para pedir dinero prestado para financiar el aumento de la inversión estatal, el gasto social, un «New Deal» Verde e incluso una mayor ayuda exterior. De hecho, no hay un árbol mágico de dinero. El capitalismo no puede escapar de esta crisis, sin importar cuántos billones de dólares pidan prestados los gobiernos o impriman los bancos centrales. Los neoliberales rechazaron el pensamiento mágico, ahora lo abrazan: esto muestra el alcance de su pánico, pero no hace que el pensamiento mágico sea menos fantástico. Los trillones que gastaron después de 2007-8 compraron una década más de vida-zombi para su vil sistema. Esta vez tendrán suerte si obtienen 10 meses, o incluso 10 semanas, antes de que comience la fase de explosión de la supernova.

Coronavirus: catalizador del cataclismo

La pandemia de coronavirus ocurrió en el peor momento posible: el crecimiento en la eurozona se había reducido a cero; gran parte de América Latina y África subsahariana ya estaban en recesión; el efecto estimulante de las grandes donaciones de impuestos de Trump a las corporaciones estadounidenses se estaba desvaneciendo; la guerra comercial entre Estados Unidos y China estaba causando graves interrupciones en las cadenas de suministro y amenazaba con enredar a la Unión Europea; y decenas de millones de personas se unieron a protestas masivas en docenas de países de todo el mundo.

Las tasas de interés ahora están en niveles altamente negativos -pero no si usted es Italia y enfrenta un enorme aumento en su relación deuda/PIB, no si es una corporación endeudada que intenta refinanciar sus deudas, no si es un «mercado emergente». Desde el 9 de marzo, las tasas de interés corporativas se han disparado; de hecho, pocas corporaciones pueden pedir dinero prestado; a cualquier precio. Los inversionistas se niegan a prestarles.

Las corporaciones enfrentan ahora una crisis crediticia, ¡en medio de las tasas de interés negativas mundiales! Es por eso que el Banco Central Europea decidió pedir prestados €750 mil millones de estos mismos inversionistas, y usarlo para comprar los bonos corporativos que estos mismos inversores ahora se niegan a comprar, y por qué la Reserva Federal de los Estados Unidos está haciendo lo mismo en una escala aún mayor. El destino de Italia (y de la Unión Europea) ahora depende de la voluntad del Bundesbank de reemplazar a sus acreedores privados. Su negativa a hacer esto sería la etapa final de la agonía de la muerte de la Unión Europea.

Durante las dos semanas intermedias de marzo, los gobiernos imperialistas anunciaron planes para gastar $4.5 billones en el rescate de sus propias economías en bancarrota. Una cumbre en línea de emergencia del G20 (las naciones imperialistas del G7 más una docena de naciones «emergentes», incluidas Rusia, India, China, Brasil e Indonesia) el 26 de marzo, declaró que «estamos inyectando más de $5 billones a la economía global (Cumbre de Líderes del G20, declaración sobre el COVID-19, 26 de marzo de 2020). Estas palabras son engañosas; ¡por «global» en realidad quieren decir «doméstico»! La respuesta de la «izquierda» en los países imperialistas es aplaudir y decir, ¡tuvimos la razón todo el tiempo! ¡Hay un árbol de dinero mágico después de todo! -aparentemente sin darse cuenta de que esto es exactamente lo que sucedió después de 2008: la socialización de la deuda privada. O que, a diferencia del post-2008, esta vez no funcionará.

Sin embargo, a medida que los gobiernos imperialistas movilizan tardíamente y monopolizan los recursos médicos para enfrentar la crisis del coronavirus en sus propios países, han abandonado a los países pobres a su suerte. La izquierda en los países imperialistas (o podríamos decir la «izquierda imperialista», para abreviar) también ha ignorado el hecho de que no hay nada en estas inyecciones de efectivo de emergencia para los pobres del Sur global. Si eres un «mercado emergente», ¡vete a la mierda y únete a la cola para un rescate del FMI! Al 24 de marzo, 80 países estaban en esta cola, esperando recibir una parte de su capacidad de préstamo de $1 billón. Esto suena como mucho dinero, y de hecho lo es, pero, como Martin Wolf, corresponsal económico en jefe del Financial Times, señala, «las brechas financieras externas agregadas de los países emergentes y en desarrollo probablemente sean mucho mayores que la capacidad de préstamo del FMI» (Martin Wolf, 2020, “Esta pandemia es un desafío ético”, Financial Times, marzo 24, 2020).

Además, como sugiere Wolf, el propósito de los préstamos del FMI es ayudar con las «brechas de financiamiento externo», en otras palabras, rescatar a los acreedores imperialistas, no a los pueblos de las naciones deudoras; e invariablemente vienen con condiciones duras y humillantes que se suman a la carga aplastante que ya está presionando a los pueblos de esos países. En este sentido, son como los grandes rescates gubernamentales de capital privado en los países ricos, pero sin agregar nada para financiar los pagos de asistencia social o reemplazar parcialmente los salarios. El objetivo de estas últimas medidas es comprar la docilidad de la clase trabajadora en las naciones imperialistas, ¡pero no tienen intención de hacerlo en África, Asia y América Latina!

El 24 de marzo, las Naciones Unidas emitieron un llamamiento por $2 mil millones para combatir la pandemia de coronavirus en África, Asia y América Latina. Este dinero, que la ONU espera recaudar en los próximos nueve meses, es 1/80 del presupuesto anual del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), y menos de 1/2000 de los $4.5 billones que planean gastar para mantener vivas sus propias economías capitalistas. También es menos de 1/40 del dinero que los inversionistas imperialistas han sacado de los «mercados emergentes» durante las primeras tres semanas de marzo, «la mayor salida de capital jamás registrada», según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El máximo alcance del alivio de los efectos colaterales de la epidemia de coronavirus en los pueblos de los países pobres de África, Asia y América Latina fue señalado por el presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien después de que terminó la cumbre del G20 dijo que su junta está preparando un paquete de rescate valorado en «hasta $160 mil millones» repartidos en los próximos 15 meses, una fracción minúscula de las pérdidas económicas que la próxima depresión mundial impondrá a los pueblos de los absurdamente llamados «mercados emergentes».

“Tenemos un deber revolucionario que cumplir”:

Leonardo Fernández, médico cubano en Italia

¿Entonces, qué debe hacerse? En lugar de aplaudir el rescate de las grandes corporaciones, deberíamos expropiarlas. En lugar de respaldar una moratoria temporal sobre los desalojos y la acumulación de atrasos en el alquiler, debemos confiscar bienes inmuebles para proteger a los trabajadores y las pequeñas empresas. Éstas y muchas otras luchas para afirmar nuestro derecho a la vida sobre los derechos de los capitalistas a su propiedad, son para el futuro cercano.

En este momento, la prioridad es hacer lo que sea necesario para salvar vidas y derrotar al coronavirus. Esto implica extender la solidaridad a aquellos que son más vulnerables a la pandemia (personas sin hogar, prisioneros, solicitantes de asilo que soportan «ambientes hostiles») y a los desposeídos y víctimas del imperialismo en los barrios marginales y campos de refugiados del Sur global. Raghuram Rajan, ex-gobernador del Banco de la India, señala que «a la espera de una cura o una vacuna confiable, el mundo necesita combatir el virus en todas las partes en que se presente a fin de relajar las medidas en cualquier lugar». ( Raghuram Rajan, 2020, “Los países ricos no pueden ganar la guerra contra el coronavirus solo”, Financial Times, marzo 20, 2020). The Economist está de acuerdo: «Si se deja que covid-19 asole el mundo emergente, pronto se extenderá de nuevo al rico» (The Economist, 2020, “Covid-19 podría devastar a países pobres”, The Economist, marzo 26, 2020, https://ww.economist.com). 

La pandemia de coronavirus es solo la prueba más reciente de que no necesitamos tanto Servicios Nacionales de Salud, sino un Servicio Global de Salud. El único país que está actuando según este imperativo es la Cuba revolucionaria. Ya tienen más de 28,000 médicos que brindan atención médica gratuita en 61 países pobres -más que los países del G7 combinados- y 52 en Italia, 120 más en Jamaica, y está ayudando a muchos otros países a prepararse para la pandemia. Incluso el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro en Brasil, que el año pasado expulsó a 10,000 médicos cubanos, calificándolos de terroristas, ahora les ruega que regresen (Ben Norton, 2020, “En medio de una pandemia de coronavirus, Brasil de Bolsonaro suplica por los médicos cubanos, luego de expulsarlos” https://thegrayzone.com/2020/03/17/coronavirus-brazil-cuban-doctors-bolsonaro/.

Para vencer al coronavirus debemos emular el internacionalismo médico de Cuba. Si queremos derrotar esta pandemia, debemos unirnos con sus médicos revolucionarios y su pueblo revolucionario y debemos prepararnos para hacer lo que hizo Cuba para hacer posible este internacionalismo; en otras palabras, debemos reemplazar la dictadura del capital con el poder del pueblo trabajador.

La supernova del coronavirus convierte la revolución socialista en los países imperialistas y en todo el mundo en una necesidad, una tarea práctica urgente, una cuestión de vida o muerte si la civilización humana va a sobrevivir y si la destrucción capitalista de la naturaleza, de la cual la epidemia de coronavirus es simplemente el último síntoma, debe ser finalizada.

Argentina En Los Días Del Coronavirus

La pandemia le ha dado la oportunidad al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de presentarse como un jefe de estado responsable

Por Daniel campione

La pandemia le ha dado la oportunidad al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de presentarse como un jefe de estado responsable, que toma sus decisiones con alcance y tiempo adecuados, colocado en la cúspide en una cadena de mandos “piramidal”. Optó por la línea más dura en las restricciones a la ciudadanía, con ampliación de las facultades de inspección y control del aparato estatal y mayores funciones de vigilancia para las fuerzas de seguridad.

El coronavirus ha cambiado las prioridades. La renegociación de la deuda aparecía como primer objetivo del gobierno y después de realizada ésta se trazarían las grandes líneas de política económica. Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

 El gobierno al principio pareció contar con el beneplácito general. Esto fue alterado por los grandes empresarios, que comenzaron a presionar por el regreso a la actividad, incluso con medidas de provocación como despidos masivos. Mientras tanto los precios de los alimentos y de los insumos sanitarios aumentan. Las entidades financieras incluso se permiten ignorar las normas que les imponen dar crédito a bajo interés.

Se elaboran proyectos legislativos que tienden a gravar con impuestos a las grandes fortunas, a modo de compensación, así sea en mínima medida, de la regresividad del sistema tributario. La respuesta por parte del gran capital es rápida y contundente, hasta circuló alguna convocatoria a la “rebelión fiscal”.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos. Le dio el control de la calle a las fuerzas policiales, lo que comprende un intento de legitimar a esas policías que tienen más de aliadas del delito organizado que de protectoras de la seguridad ciudadana.  El gobierno no ha ampliado la injerencia de las organizaciones sociales en la atención y abastecimiento de los barrios populares, no les otorga participación en los indispensables controles de precios, no ha estimulado lo suficiente que la economía popular atienda necesidades sanitarias y de producción de alimentos. No ha sancionado con dureza las acciones represivas de la policía.

El “negocio de la salud” se apresta a lucrar a pleno al compás del avance de la enfermedad. Apenas el ministro de Salud insinuó colocar bajo control estatal a la sanidad privada, los empresarios de la atención sanitario exigieron y lograron garantías de no habrá políticas con esa orientación.

Frente a ese conjunto de situaciones, una perspectiva de izquierda impondría avanzar en el sentido opuesto:

-Que el sector público asuma la dirección de todo el sistema de salud, con participación de los trabajadores de la salud en su gestión. Esto debe ir acompañado con políticas de reconversión industrial hacia la producción de respiradores, instrumental médico, elementos de protección, etc.

-Control popular de precios en la cadena de producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza, insumos sanitarios y cualquier otro bien necesario para atender las necesidades más urgentes.

–El abastecimiento de alimentos para todo tipo de comedores debe realizarse con la participación de las organizaciones populares, tomando también parte en la producción de alimentos y artículos sanitarios.

-Asunción por las organizaciones populares del cumplimiento del aislamiento, en especial en los barrios carenciados en los que las deficiencias de las viviendas y la falta de servicios requieren medidas diferentes para cumplir la cuarentena.

-Transferir al Estado, con control de los trabajadores, a las empresas que despidan personal, aumenten sus precios en violación del congelamiento, o acaparen bienes provocando desabastecimiento.

-Nacionalización de los bancos con una concepción de servicio público para la actividad financiera.

-Establecimiento de impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas y sanciones especiales a los que han realizado fuga de capitales u otras maniobras de evasión.

-Suspensión por tiempo indeterminado del pago de la deuda externa y formación de comités de investigación para el rechazo de la deuda ilegítima u “odiosa”.

-Retiro de las fuerzas armadas de las calles, cualquiera sea el motivo de su actuación. Sanciones graves a policías o gendarmes que cometan cualquier acto de abuso.

En las próximas semanas tendremos que tomar parte en una fuerte puja en torno a cómo se instrumente la continuidad de las políticas de salud pública y sobre quiénes se descarguen las consecuencias de la crisis. Asimismo será una pugna por darle a las fuerzas represivas el máximo de control sobre las personas, con la menor fiscalización posible de esas facultades. La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero, etcétera.

La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero

Un punto focal para las luchas y los debates en el futuro cercano es qué mundo emergerá cuando se supere la pandemia. Esa vuelta a la “vida normal” nos debe conducir al cuestionamiento radical del estado de cosas aceptado como habitual.  Vivimos en una profunda anormalidad, edificada sobre la base del avance devastador del capital a escala mundial y la paralela expansión del consumismo, el productivismo, la destrucción de los bienes comunes, la superexplotación y precarización de los trabajadores. Esto último se propone como parte de una reorganización ultratecnológica de la producción que sirva como excusa del arrasamiento de los derechos obreros.

Habrá varias líneas de disputa con las clases dominantes y sus aparatos de hegemonía. Para mencionar tres: a) Si la “suspensión” de las rebeliones populares dejará lugar a un nuevo ciclo de vigorosas protestas o continuará el impasse. b) Si las dirigencias políticas logran aparecer como “estadistas” o quedan desprestigiados como gestores de una catástrofe. c) En el consenso genérico en que el mundo post Covid-19 será distinto, si da lugar a un cuestionamiento activo de los daños múltiples y crecientes que el capitalismo le infiere a toda la humanidad o se retomará la acumulación de ganancias sin límites ni reparos.

La decisión sobre esos puntos y muchos otros, se jugará en los tiempos posteriores, inmediatos y no tanto, al final de la pandemia. El escenario de la lucha de clases está abierto para la disputa.

Los Estados Unidos en la lona


James Martín Cypher

Supuestamente, en las doctrinas cristianas, hay siete pecados “mortíferos”: el peor de ellos el pecado de la vanidad.  Nos dicen que la soberbia aparece antes de la caída.  Además, los teólogos declaran que podemos entender el engreimiento, la arrogancia, el  ensoberbecimiento, como indicadores del pecado más mortífero. Siendo así o no, es cosa notable e indiscutible en ambos  que la llamada cultura estadounidense está anclada en la vanidad nacionalista —las vastas innstituciones del aparato militar son las más elevadas en la opinión pública ciudadana.

De hecho, el militarismo, cosa omnipresentemente tangible para definir el ámbito de la política exterior de los EE.UU. está en este mismo momento, ausente —mejor dicho borrado— en la percepción de la nación entre sus súbditos.  Es decir, el propósito de la política exterior de los EE.UU. es “proyectar poder” por medio de su arsenal naval, aéreo y espacial; pero, siendo así, la ciudadanía es convencida de todo lo contrario —la “misión” de las fuerzas armadas es el mantenimiento de la paz y la “defensa” de la nación frente las fuerzas malvadas.  Ser parte del sistema que ostenta tal poder por encima de cualquier enemigo es cosa del gran orgullo que proporciona el Pentágono para los contribuyentes. Ser poblador del país que ostenta su superpotencia unipolar es el métrico común para medir a los otros 180 países de mundo y declarar —sin duda alguna— que los EE.UU. es, por mucho, el mejor país del mundo, siendo así la principal esperanza y la mejor oportunidad para todas las edades. Es decir, el espíritu del triunfalismo inmerecido es, a fin de cuentas, lo que define algo que, comúnmente, es entendido por el concepto del “carácter nacional”.

La vanidad nacionalista está tan enraizada que cualquier hecho que va a indicar lo contrario —es decir, un hecho fácilmente aceptado a lo largo del mundo— no entra en la concepción de la elite de poder y mucho menos entre la población  de los de abajo. Sin parar, los norteamericanos gritan a los cuatro vientos que son habitantes del “país más rico del mundo” mientras que no cuentan para nada los indicadores que niegan su “éxito” material —como la mortalidad de infantes (ocupando el lugar número 55 vs. Corea con el lugar número 11) o como la esperanza de vida (ocupando el lugar número 43 vs. Corea con el lugar número 11). Sin duda alguna, los EE.UU,  es el país número uno al respecto de la tasa de inequidad entre sus pares de la OCDE (Brian Keeley, 2015, Income Inequality, Paris: OECD: 34).  

El  muy extraño concepto del “excepcionalísimo norteamericano” prevalece: es “la única nación indispensable”,  como  reivindicó H. Clinton en un discurso frente a los veteranos de la Legión Americana (con dos millones de miembros) el 31 de agosto de 2016 —eco de las palabras exactas del Presidente Obama  en la Academia de la Fuerza Área (23 de mayo de 2012).  El concepto está tan enraizado en el entorno mental de sus pobladores que todo que indica que los EE.UU. estén en una fase de decadencia creciente no lo pueden aceptar. Esto exhibe el gran calado de la soberbia para cimentar el orden establecido.

¿Ahora un Nocaut?

Ahora mismo el Tío Sam, y no por primera vez,  ha caído sobre la lona. El devastador golpe de la Gran Depresión le dejaba así. Esta vez ha sido aplastado por una herida que se ha infligido él mismo. Ahora quedó postrado por una situación que ni pudiera imaginar ni resolver dadas su autoestima y su autoimagen insuperable autoconstruidas por su ideología de grandeza.

En el curso de unos cuantas semanas ha sido revelado al mundo entero que este esplendor es cosa desvencijada: su supuesto “sistema” de salud no funciona, no está ni cerca del de Corea —país que, apenas, fue uno de los más subdesarrollos. Es decir, a fines de abril de 2020 en Corea del Sur los muertos por causa del coronavirus fueron registrados como  menos que uno por cada 100,000 personas, mientras que —para la única superpotencia— la cifra fue de once. Ahora en los EE.UU. ser el número uno es mostrar más de 55,000 cadáveres y alrededor de 1,000,000 casos de enfermos (datos del 26 de abril de 2020).  A pesar de su torpeza y descuido, en  cuanto al bien público de salud, todavía —en términos relativos— EE.UU. está aún lejos del desastre italiano (con 40 por cada 100,000)  o del español (con 45), para no hablar de Francia (con 30); pero el de  EE.UU. es muy inferior al de Alemania (con 5) o China  (“Coronavirus Map,” New York Times 20 de abril de 2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html.)  Para colmo de males, hay 90 países que tienen menos muertos por cada cien mil personas  que los EEUU  (Joshua Cohen, “How Accurate is Trump’s Claim?”, https:// www.forbes.com, 4 de abril).  

Pero, como nos dicen en el Pentágono: “no contamos a los enemigos caídos” (ni a los civiles eliminados por ser “daños colaterales”).  Ahora bien, no hay prisa para determinar la causa de la muerte de miles y miles de ciudadanos que han  perecido en sus departamentos rancios y/o los que han mordido el polvo en sus casas descompuestas —algunos son incluidos en las cifras arriba, per la mayor parte no se incluyen porque no se hacen pruebas a los muertos.

En este caso nos enfocamos en los que diariamente viven al margen de la sociedad —los millones que permanecen en los ubicuos tráileres descompuestos en las quebradas del campo o en las sórdidas pensiones en los tugurios urbanos. Alrededor de 76 millones de personas no tienen seguro médico o tienen un seguro que no cubre gran cosa; claro, son de la clase trabajadora —una clase que no existe ni conceptualmente en un país oficialmente sin clases. Oficialmente no son, para nada, “enemigos” (por lo menos si no son gente sin papeles desde América Latina). Pero, los hechos hablan.

Los caídos son los que viven en la precariedad creciente —incluyendo los que tienen pensiones miserables gracias al programa de Ingreso Seguro Suplementario (SSI) o los ingresados en  SSDI (programa para los obreros  deshabilitados). Gran número de estos seres son ancianos y/o gente con condiciones médicas “pre-existentes” —totalmente vulnerables al virus. Pero, incluimos en esta categoría los sin techo (unos 568,000 en 2019), los desempleados y los que viven en la economía informal. Otro grupo sumamente vulnerable son los prisioneros: otra vez los EE.UU. lleva el codiciado galardón dado que es el país número uno en presos (con 2.3 millones encarcelados). Todos estos seres son vulnerables y están cayendo —pero no hay cifras confiables para medir el horror

Lo poco que podemos afirmar es que la situación es mucho peor de la que nos indican las cifras difundidas. Al mismo tiempo, la crisis es una oportunidad: en este caso los neoliberales que han luchado por décadas para destruir los sindicados industriales ya están enfocados en los asalariados del Estado —con 33% sindicalizado vs. 6% en el sector privadoA pesar del hecho de que la pandemia ha puesto a la sociedad en un proceso de caída, el Senado se negó a ayudar a los gobiernos estatales y municipales. La esperanza de la mayoría ultraderecha de la Cámara Alta es forzarlos a la quiebra.  En tal caso un solo juez derechista tendría el poder de suspender los contratos colectivos y romper lo poco que queda de la columna vertebral obrera.    

Los efectos económicos 

Es probable que el país bajo la batuta del Tío Sam sea el país número uno, entre sus pares, en la ruina total. En Europa hay muchos programas ya establecidos y unos nuevos para proteger a los desempleados por la pandemia. Pero en los EE.UU., desde hace mucho, el afán de las elites del poder —incluyendo el gobierno neoliberal del Presidente Obama— ha estado enfocada como un láser a las tácticas designadas para destruir a la clase trabajadora organizada. (James Martín Cypher, 2012, “Las burbujas del siglo XXI ¿El fin del sueño americano,” Estados Unidos más allá de la Crisis, México, CLACSO-Siglo XXI: 316-338). Con esto y con el hecho de que las políticas neoliberales en Europa nunca han llegado a las forzadas por la rabia derechista estadunidense, hay que reconocer que en 2020  queda muy poco  del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt.  

Todavía, sin embargo, aún existe el programa social más central: Medicare (Seguro Social) cuenta con más de 69 millones de participantes. Hay otros como: (1) el programa limitado y corto para unos desempleados; (2) el programa para mantener al sector de agribusiness, conocido como SNAP, cuyo proposito es facilitar la compra de comestibles para los más pobres; este programa beneficia a 40.6 millones; (3) el programa para familias muy pobres con niños, que se llama TANF, es recibido por alrededor de 1% de la población; y (4) el programa de póliza médica pública, conocido como Medicaid que da apoyo a 70.6 millones.

Entonces, podemos decir —palabras más, palabras menos— que alrededor de una tercera parte de la población estaba recibiendo un apoyo (o más) desde el Estado, siempre a regañadientes, en enero de 2020. A veces, unos receptores de los programas limitados a los más afligidos son empleados de unas de las empresas más grandes del mundo —como Walmart.  Es decir, en ciertas ocasiones los programas de préstamos públicos han sido usados para complementar a los salarios, abultando así la tasa de ganancia,  mientras que las empresas pueden pagar migajas a sus miles y miles de trabajadores. 

Llegando a algunos de los peores días de la pandemia, por forma, se venían gestando nuevos subsidios para los fondos de cobertura, los bancos transnacionales y una gama amplia de agiotistas a lo largo del país. Es decir, una repetición de los programas de rescate que fueron usados por el Presidente Obama en la crisis de 2008-2010, ahora gastando $2.75 billones (a fines de abril 2020) vs. $700 mil millones en inyecciones en la crisis anterior. 

Pero, por encima de los billones tirados a los que menos lo necesitan, se ha registrado un giro sorpresivo: el dedicado neoliberal Presidente Trump con su equipo de fanáticos en el Senado, han emprendido políticas fiscales de ayuda directa para la clase trabajadora —sobre todo, hay un pago de $1,200 a la mayoría de los adultos  y quinientos dólares para los niños (dejando en alto y en seco a los alumnos de las universidades). Es realmente muy poco pero, por el lado de la política, es buena táctica frente a la elección presidencial. Pero no solo eso: por primera vez en condiciones de crisis económica se han extendido las políticas de desempleo —ahora con condiciones flexibles hasta que algunos en la economía informal pudieran recibir un estipendio semanal hasta el 31 de julio de 2020.  Los de la economía formal pueden recibir su póliza de desempleo por 26 semanas más un pago extraordinario de $600 dólares semanales hasta fines de julio, gracias al programa novedoso creado por el gobierno federal.  A veces los obreros afectados (más de 26.5 millones en la calles hasta fines de abril) pueden recibir un apoyo total por encima de su salario normal —cosa inconcebible y odiado entre los senadores derechistas.

Los efectos neoliberales han estado tan presentes que los 50 estados ya no puedan procesar los pedidos inesperados de los que tienen derecho a estos fondos: los responsables para difundir los fondos públicos del desempleo son los Estados. Después de un mes del anuncio del programa “Apoyo Pandémico de Desempleo” en el Estado de Florida, por ejemplo, no han procesado más de 14% de los pedidos de los 850,000 obreros calificados para el programa (P. Mazzei y S. Tavernise, “Where Unemployment is Hard to File” New York Times, April 24, 2020: A10). 

El Presidente Trump, presentándose  cómo un “amigo” de  la clase trabajadora, ha intentado  blindarse con estas políticas baratas de apoyo popular.  Si no fuera poco, aún los afectados pueden renegociar o demorar su renta o hipoteca porque los Republicanos han presionado a los dueños y bancos de aceptar tal trato.

Es un mundo, entonces, en donde todas las cosas parecen estar invertidas. Pero, en el mismo momento, no lo es: de la plata emitida desde Washington en marzo y abril de 2020, parece que casi 80% se destina a los acaudalados. Es decir, de los $2.75 billones en apoyos federales directos solamente $552 mil millones son dirigidos a los obreros: en paralelo, los préstamos del Banco Central son estimados en $2.8 billones (cantidad que puede hincharse fácilmente hasta $4.8 billones).  Debemos recordar que las grandes empresas nacionales —después del crac de 2008 hasta 2020— dedicaron 90% de sus ganancias acumuladas  (en total $7.8 billones) para recompras de acciones y repartos de dividendos  (en vez de invertir en maquinaria y entrenamiento de obreros  y/o en I+D).  Ahora tenderán la mano al Tío Sam. Llegando a 2021, después de la elección, ¿quién va a pagar por los platos rotos?  No se requiere mucha imaginación para contestar.

* Estados Unidos, Profesor Emérito de Economía. Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), México.

LA PANDEMIA COVID 19 AGRAVA LA CRISIS CAPITALISTA

Foto: Alainet

Julio C. Gambina

El coronavirus y sus impactos, como las políticas para confrontarlo, evidenciaron los problemas económicos de la economía mundial, los que vienen de lejos.

Una señal fue en 1999 la debacle de la “nueva economía” de las empresas “punto.com” y la batalla de Seattle, proceso desplegado hasta el 2001. Fue entonces, con el episodio de las “torres gemelas” que se desencadenó una respuesta desde el Estado, a caballo de la ampliación del crédito y el gasto militar. El propio Estado capitalista, difusor de las políticas neoliberales, acudió al Estado para sustentar la lógica del capital. Fueron mecanismos económicos y políticos que se adoptaron para superar la caída de la actividad económica y renovar las formas de dominación mundial.

El límite se presentó en 2007 como crisis hipotecaria, ampliada en 2008 con la caída de Lehman Brothers y la recesión mundial del 2009. La respuesta supuso una gigantesca intervención estatal con emisiones millonarias en el capitalismo desarrollado para hacer viable el funcionamiento del sistema. Junto a la emisión se procesó una inmensa desregulación bancaria, dando lugar a la emergencia de los actuales Fondos de Inversión, la “banca en las sombras”, que administran activos fijos y financieros del capital transnacional, por montos superiores a los PBI de los principales Estados nacionales del capitalismo mundial.

La coyuntura de crisis mundial 2007/09 fue el comienzo del fin de las políticas liberalizadoras instrumentadas a la salida de la crisis de los 60/70, las que se iniciaron como ensayo en el Cono Sur de América bajo dictaduras genocidas sustentadas en el terrorismo de Estado. La forma de salida de esa crisis es lo que se denominó “neoliberalismo”, en cuanto corriente hegemónica de la política económica en el sistema mundial. En simultáneo a ese proceso de emergencia neoliberal, China se incorporó fuertemente al sistema mundial desde la modernización operada desde 1978.  Ahora estamos en pleno despliegue de una crisis mundial del neoliberalismo, con la novedad que se discute quien hegemoniza el nuevo orden mundial, y por eso la guerra comercial entre EEUU y China, o las respuestas nacionalistas y proteccionistas de Trump o del Brexit, de Bolsonaro y varios regímenes derechistas.

Por eso, más allá de cualquier análisis, la “retórica proteccionista” en tiempos de transnacionalización de la economía responde a la crítica de la globalización construida por más de cuatro décadas desde el ensayo sudamericano del terrorismo de Estado. Tanto EE.UU. como el Reino Unido, entre muchos, pretenden barajar y dar de nuevo, pero como actúan otros, especialmente China y sus alianzas, se transforma en una lucha que se juega a varias bandas. Claro que también intervienen en el debate quienes imaginan espacio para la restauración de las políticas keynesianas, hegemónicas entre 1930 y la instalación de la lógica hegemonizada por el neoliberalismo. En ese sentido se inscribe la campaña demócrata de Bernie Sanders en EE.UU., o la prédica del laborista James Corbyn en Inglaterra, tanto como los postulados que emanan desde el Vaticano, con los diálogos entre el Papa Francisco y el Nobel 2001 Joseph Stiglitz. El reciente Grupo de Puebla, que se asienta en la nueva dinámica de los procesos políticos en México y Argentina, transitan por esta referencia intelectual y de proyecto político. Menos visible resulta la voluntad alternativa, anticapitalista, con límites muy importantes para instalar un sentido común global favorable a una expectativa de transición sistémica por la transformación social.

Disputa del orden

No solo hay dimensión política de esta disputa hegemónica, sino que transcurre sobre un trasfondo de innovación tecnológica y de las formas que asumen las relaciones sociales de producción, especialmente entre el capital y el trabajo, y muy en particular, el papel o función que asume el Estado, no solo en cada país, sino en la articulación de capacidad global de subordinación y domesticación desde la institucionalidad mundialmente construida desde los Organismos Internacionales, las Naciones Unidas y sus agencias, el G20, entre otros. La recesión en curso estimula y acelera aspiraciones dominantes para revertir derechos sociales e inducir nuevas formas de gestión y explotación de la fuerza de trabajo, caso del “teletrabajo” o el despliegue de las economías de plataforma, el acelerado proceso de utilización de la inteligencia artificial y otras formas de la llamada economía del conocimiento.

La pandemia desató con diferente ritmo, políticas pasivas, al estilo EE.UU., Gran Bretaña o Brasil, entre los más destacados, que ante el agravamiento fueron modificando y avanzaron en políticas de aislamiento de las personas y baja de la actividad económica, las que involucran a más de la mitad de la población mundial, e impactan en la reducción de la producción, afirmando un destino recesivo. Dice la titular del FMI: “el crecimiento global en 2020 caerá por debajo del nivel del año pasado”. Sigue diciendo que “La prioridad número uno en términos de respuesta fiscal es garantizar gastos de primera línea relacionados con la salud para proteger el bienestar de las personas, cuidar a los enfermos y frenar la propagación del virus” (Kristalina Georgieva. Blog del FMI, 4 de marzo del 2020).

No hay que confundirse. El FMI no viró hacia el keynesianismo, sino que, como en ocasiones anteriores, los sectores dominantes acuden al Estado para resolver los problemas del capitalismo. En todo caso, el temor subyacente es el despliegue del conflicto ante la pérdida de empleo, la caída de los ingresos populares, el empobrecimiento, etc. Son opiniones vertidas por el FMI ante la necesidad de ampliar el gasto en salud, disminuido por la lógica de las privatizaciones impulsada desde el neoliberalismo. La ausencia de camas, respiradores, infraestructura hospitalaria e insuficiente material para la seguridad del personal afectado a la salud, evidente ahora con el COVID19, expresa el resultado de una lógica orientada al mercado y a un gasto público privilegiando un rumbo para la militarización.

Por eso destaca en la coyuntura la política de derecho a la salud propiciada en Cuba desde el comienzo de la revolución en 1959, e incluso la capacidad de confrontación contra el coronavirus desde la planificación estatal en China. Nuevamente está en debate el sentido del accionar estatal, en favor de qué intereses en particular. El Estado capitalista desde la crisis del 1930 interviene para sostener al orden capitalista, tal como se evidencia en las gigantescas emisiones de salvataje de estas horas en EE.UU., Europa o Japón. Lo que también habilita a pensar en el sentido de un Estado para la transición, en el camino de la experiencia cubana y si se quiere, con matices, de la situación en China. Todo un tema para discutir en la coyuntura y la perspectiva del futuro a la salida de la pandemia.

Así como se discute el Estado, se habilita el debate sobre el impacto del modelo de producción sobre la Naturaleza. Al parar la producción mundial en varios territorios, producto del “aislamiento” o cuarentenas de la población para evitar contagios, ocurrió una disminución en la generación de gases contaminantes, claro que ello no elimina la concentración tóxica en el medio ambiente.

La menor contaminación por cierres parciales o totales de las producciones nacionales nos hace pensar en la potencialidad de aminorar el efecto de la crisis ecológica. Claro que no debemos engañarnos con «cielos limpios» por el paro de la producción, ya que se trata de un fenómeno solo temporal, y puede recrudecer si todo vuelve a la «normalidad» luego de las cuarentenas o aislamiento. La amenaza ambiental es el modelo productivo sustentado en energía no renovable y con objeto de ganar y acumular, puesto en evidencia con la pandemia del coronavirus. Es bueno pensar que el ambiente mejora si no es afectado por formas de producción que deterioran la naturaleza y, por ende, nuestra vida.

Julio C. Gambina: Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política UNR. Presidente alterno de la SEPLA e integrante del GT Crisis y Economía Mundial de CLACSO.

Los migrantes mexicanos en estados unidos frente al Covid 19 y el nuevo proyecto de nación en México

El nuevo gobierno de López Obrador en 2018 promete un Nuevo Proyecto de Nación con democracia, soberanía, empleo, bienestar y seguridad para todos, pero enfrenta la deuda nacional más grande de la historia del país de 11 billones de pesos

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna

La doble pandemia mundial, sanitaria y económica, tiene impactado a todo el planeta y cuestiona toda la institucionalidad de los países en el manejo de sus sistemas de salud, de la economía, del empleo y de la capacidad de reproducción económica, social, energética y ambiental con equidad y sustentabilidad en todos ellos. México no es la excepción y la doble pandemia viene a profundizar los daños de la enorme destrucción que provocaron los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018 destruyendo el mercado interno y la capacidad masiva de generación de empleo con la desaparición de las políticas públicas de desarrollo regional y sectorial apostando que con las privatizaciones y la apertura a la inversión extranjera y las exportaciones como motores de crecimiento se llegaría al desarrollo del país. En los hechos, este modelo de la muerte aniquiló el mercado interno, el empleo, la cohesión regional y la paz en todo el país en beneficio de un reducido grupo oligarca beneficiado de esas políticas que le ha permitido controlar más del 80% de la riqueza nacional.

  El nuevo gobierno de López Obrador en 2018 promete un Nuevo Proyecto de Nación con democracia, soberanía, empleo, bienestar y seguridad para todos, pero enfrenta la deuda nacional más grande de la historia del país de 11 billones de pesos (50% del PIB nacional), la quiebra de las finanzas públicas por un estructura fiscal regresiva, una enorme informalidad de 57% de la PEA, 52 millones de pobres, 8 millones de “Ninis” y más de 250 mil asesinatos, 80 mil desaparecidos y 40 mil desplazados por las violencias y megaproyectos. Que impiden hasta ahora que AMLO avance en el Nuevo Proyecto de Nación y se rarifique el mismo proyecto económico neoliberal con orientación asistencialista hacia ancianos y jóvenes con un mayor gasto social y explica la caída del crecimiento económico del país en menos 0.7% en 2019 y la gran vulnerabilidad económica, presupuestal y en salud de todo el gobierno para enfrentar los impactos de las pandemias sanitaria y económica en México.

 Ante los impactos del neoliberalismo y del TLC en México, la migración internacional a Estados Unidos se convirtió en una “válvula de escape” temporal a los problemas económicos, sociales e institucionales del país, a las consecuencias de ese modelo económico desde 1982 y el funcionamiento del TLC por más de 25 años, la expulsión de mexicanos crece de 800 mil a 11 millones de finales de los años 70s al año 2007, reduciendo las tensiones del mercado laboral y las contradicciones sociales con la transferencia de más de 475 mil millones de dólares en los últimos 40 años, que han beneficiado a más de 1.6 millones de hogares y la construcción de más de 30 mil proyectos comunitarios por parte de 2300 Clubes de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos. Todo lo anterior sin que el gobierno mexicano se preocupara por políticas públicas de desarrollo económico, migración y derechos humanos que incidieran en las causas estructurales de los flujos migratorios. Las políticas migratorias fueron parciales, reactivas y tardías, formando parte de las políticas de seguridad del Estado mexicano. Sin considerar las causas estructurales de los mismos, ni los derechos humanos de todos los migrantes que salían, llegaban, transitaban y retornaban a México. El nuevo gobierno mexicano en 2018 y ahora, enfrenta el doble reto de construir y aplicar una nueva estrategia de desarrollo nacional, soberana, con empleo, con equidad y seguridad humana para todos y, al mismo tiempo, incluir una política de Estado sobre desarrollo integral, migración y derechos humanos que responda a las siete dimensiones migratorias del país como espacio de origen, destino, tránsito, retorno, desplazamientos, asilo y refugio.

En los presupuestos 2019 y 2020 el gobierno federal y el Congreso castigaron y excluyeron las partidas más importantes para los migrantes mexicanos como el Fondo de Apoyo Migrante, el Fondo para Fronteras y el Programa 3×1. Con ello se ratificaba que los migrantes no han sido, ni son prioridad de ningún gobierno en 50 años. Ni del Poder Legislativo, ni Judicial, ni de los gobiernos estatales, y tampoco para ninguno de los partidos políticos. Pese a que en los últimos veinte años las organizaciones migrantes junto con organizaciones de la Sociedad Civil de México, Estados Unidos y Centroamérica, académicos, iglesias y otros actores hemos hecho múltiples propuestas de programas y políticas públicas de desarrollo, migración y derechos humanos para los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, sin ningún resultado.

Ahora que la pandemia sanitaria agrava los daños de la pandemia económica mundial del desempleo y que el gobierno anuncia mayor gasto social hacia los sectores más vulnerables del país y crece la confrontación con las cupulas empresariales que exigen condonaciones fiscales y que se endeude el gobierno para que se les rescate como se hizo en 1982 y 1994. Cuando se anuncian 30 días más de “cierre” económico del país y 45 días para la reactivación gradual de las actividades, los sectores micro- empresariales, pequeños y medianos exigen una estrategia de apoyo económico, las cupulas empresariales refuerzan su estrategia de chantaje para que se les rescate con deuda pública y llegan a plantear, incluso, abiertamente luchar por quitar al gobierno federal actual. Nadie se preocupa por 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 12 millones nacidos en México y 6 millones en situación de indocumentados, 25% de toda la población mexicana en situación de pobreza y gravemente afectados ya por 22 millones de desempleados y la falta del acceso al servicio de la salud. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos y Congresos estatales, ni los empresarios beneficiados de los 475 mil millones de dólares de remesas enviados   en los últimos cuarenta años (36.4 mmd en 2019), se preocupan por ellos, por los impactos de la doble crisis en nuestras comunidades en Estados Unidos y México. No hay ninguna política pública de apoyo a los 4 millones de migrantes retornados a México de 2008 a 2018. Siguen siendo invisibles, ausentes de la Agenda Pública Nacional, de los programas y de los presupuestos, aunque se les vuelve a llamar “héroes” en el discurso oficial.

  Por todo lo anterior, nos comunicamos a toda la Nación mexicana de 165 millones de personas, 127 millones en México y 38 millones en la Unión Americana, al gobierno mexicano en sus tres niveles, a los tres Poderes, al sector empresarial y a la Sociedad Civil Transnacional para exigir la inclusión de los migrantes mexicanos como ciudadanos con derechos plenos en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos que viven en México. No es posible seguir soportando un extractivismo creciente de su trabajo y el de sus familias para seguir manteniendo al país y las obligaciones de inversión pública en infraestructura del gobierno mexicano enviando masivamente remesas familiares y colectivas, cuando nuestras comunidades en Estados Unidos sufren los impactos sanitarios de la pandemia y los severos impactos económicos con escaso apoyo del gobierno de ese país y sin ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano para nuestras comunidades de origen y de información, capacitación y apoyo en las comunidades de destino. Ante esta situación planteamos el siguiente Manifiesto a la Nación Mexicana en su conjunto, en particular, a los actores institucionales responsables de la conducción del país y de su población, incluso, más allá de sus fronteras, el Ejecutivo Federal y el Congreso, los Ejecutivos estatales y sus Congresos:

1.- Los migrantes mexicanos deben dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, excluidos de los derechos económicos, sociales y políticos de que gozan los ciudadanos en México, en general. Deben dejar de ser considerados como “cajeros automáticos” que financian las obras públicas en sus comunidades de origen y colaboran en las votaciones, ahora de forma virtual, para fingir que participan en una inexistente democracia transnacional.

2.- La reducción y exclusión presupuestal de los Fondos y Programas Migrantes en los PEF 2019 y 2020 marcan una ruptura histórica del Estado mexicano con la comunidad migrante en Estados Unidos y sus miles de comunidades en México. Se requiere un cambio a fondo en todo el Estado mexicano, que reconozca el aporte económico, financiero, social y cultural en el mantenimiento del país por más de 40 años y que ahora deben formar parte central en el diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores económicos y sociales frente a los impactos de la doble pandemia, tanto en nuestras comunidades de origen como de destino. Más allá de programas emergentes para superar la doble pandemia y para que todo siga igual, nosotros planteamos que la “Economía de Guerra” que requiere actualmente el país debe ir más allá para fortalecer el empleo, la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno, el consumo y bienestar popular en forma estructural. Además, debe incluir a las comunidades migrantes transnacionales con sus necesidades y demandas específicas, deben formar parte del cimiento de la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación con visión transnacional, que los integre con necesidades, con demandas, con propuestas y potencialidades hasta ahora no aprovechadas. Ahora que el fundamentalismo del mercado neoliberal está aplastado mundialmente por la contundencia de la doble pandemia, reconocido por el Fondo Monetario Mundial, por el Banco Mundial, la OCDE, la ONU y hasta por China, Estados Unidos y la Unión Europea que están estableciendo crecientemente políticas keynesianas de reactivación económica con mayor inversión pública, endeudamiento coyuntural, programas masivos de empleo, estímulos fiscales y transferencias  de ingresos, México debe romper la jaula neoliberal, superar la evasión fiscal de las grandes corporaciones, fortalecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, seguir apoyando el ingreso y consumo popular masivo, pensar incluso en establecer el ingreso universal a toda la población, fusionando y reduciendo la dispersión de programas sociales. Todo ello con una profunda Reforma Fiscal que posibilite el apoyo a todos los sectores económicos y sociales vulnerables ante la doble pandemia y el financiamiento de la nueva estrategia de desarrollo nacional con soberanía, democracia, equidad y sustentabilidad para todos, con un sistema impositivo en el cual paguen más quien gana más y revierta la precariedad e injusticia del sistema actual que tolera la evasión de los multimillonarios, su exportación de miles de millones de dólares y reduce el aporte fiscal al mundo del trabajo, los sectores medios, los migrantes y sus remesas.

Ratificamos varias propuestas de programas y políticas públicas que hemos hecho en los últimos años al gobierno mexicano, al Congreso y al Senado, sin ningún resultado hasta ahora, y agregamos en principio propuestas de acción inmediata ante los impactos de la doble pandemia en la comunidad migrante transnacional mexicana y acciones de política pública a mediano plazo como parte de la construcción del Nuevo Proyecto de Nación.

  1. Propuestas emergentes ante la doble contingencia:
  2. Constitución de un grupo multidisciplinario, intersectorial y transnacional que analice los impactos de la doble pandemia sobre las comunidades migrantes mexicanas y las comunidades migrantes de otros países que transiten y radiquen en nuestro país y busque y construya una estrategia de apoyo integral para ellos durante la etapa COVID19 y después de ella.
  3. Que la estrategia de salud binacional sea una prioridad central aprovechando toda la experiencia tenida de Ventanillas de Salud en los 50 Consulados en Estados Unidos, la experiencia de las clínicas comunitarias, la Iniciativa de Salud para las Américas de la Universidad de Berkeley y nuevas propuestas que existen ahora en California, Illinois y Nueva York, entre otras.
  4. Que la UNAM, el Politécnico, la UAM, la ANUIES y Conacyt establezcan una plataforma virtual de consultas médicas y apoyo psicológico masivas para la comunidad mexicana (y latina en general) en Estados Unidos que informe sobre el COVID19, sobre su prevención, su contención y manejo ahora y en la etapa postCOVID19.
  5.  Que Relaciones Exteriores y los gobiernos estatales con mayor intensidad migratoria promueva una campaña del cuidado de las remesas familiares y el consumo familiar frente al COVID 19 y sus secuelas en 2021 y posteriormente en comunidades de origen y destino de migrantes.
  6. Que se establezca un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar con riesgo compartido para pequeños proyectos familiares. Esto se puede realizar mediante el actual Programa de Microcréditos para el Bienestar de la Secretaría de Economía con créditos de hasta 20 mil pesos ofrecido ante la contingencia del COVID 19.
  7. Que se restablezca el Fondo de Apoyo Migrante (FAM) adecuado a las nuevas condiciones del país, de los impactos de la doble pandemia, pero, que no sea menor que los apoyos que ofrece el gobierno federal y de la Ciudad de México a la población vulnerable actualmente y a microempresarios.
  8. Que las oficinas estatales de atención al migrante, coordinadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaria de Salud mediante los 50 Consulados en Estados Unidos promuevan el retorno planeado (cuando sea posible) con las orientaciones y guías sanitarias necesarias, desde las salidas en comunidades de destino, en frontera y comunidades de origen, para evitar un aumento y descontrol del COVID en estas comunidades que rebase la capacidad de actuación de los sistemas de salud estatales. Se debe incluir un paquete de información familiar de integrantes, edades, situación de salud, educativa, calificaciones y experiencia laboral, etc.
  9. Que los sistemas de salud estatales con mayor migración internacional establezcan el “Sistema Centinela Estatal” de monitoreo del COVID 19 en las fronteras y las regiones de mayor intensidad de migración de retorno preparando los equipos técnicos adecuados para su acción durante la tercera etapa del COVID 2019 y sus secuelas.

3.2 Propuestas estructurales

  1. Una política de Estado sobre la generación de 1.5 millones de empleos al año (durante cinco años) mediante políticas públicas de desarrollo sectorial y regional con énfasis en el desarrollo rural, por su triple capacidad de fortalecer la soberanía alimentaria nacional, los impactos multiplicadores en el conjunto de la economía del país y la gran capacidad de generar empleos.
  2. Una Reforma Fiscal Integral que permita que México eleve la recaudación fiscal del 17 al 30% del Producto Interno Bruto como lo hacen la mayoría de los países de la OCDE a que pertenece México. Esta Reforma necesaria para enfrentar los impactos de la doble pandemia y financiar la política de empleo de Estado y el nuevo proyecto de desarrollo económico soberano, equitativo y sustentable, sólo puede hacerse con un enfoque progresista de que paguen más quienes ganan más como sucede en los países con mayor bienestar como los países Nórdicos y Alemania, donde la doble pandemia ha tenido menos daños.
  3. Asegurar el control social, fiscalización y transparencia plena en todas las dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, erradicando la corrupción y rapiña de los recursos públicos de esos tres niveles de gobierno y de los tres Poderes, que son en gran medida responsables del desmantelamiento que sufre actualmente el país frente a los impactos de la doble pandemia.
  4. Que se analicen, valoren y actualicen todas las propuestas que se han hecho desde la Sociedad Civil Transnacional en los últimos diez años en México sobre políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos, especialmente el Programa Especial de Migración de 2014 y las propuestas que ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Políticas Migratorias en 2019 y 2020. Que se deseche el engaño de que las remesas generan desarrollo, 40 años en México lo refutan. Se requieren políticas públicas de desarrollo regional y sectorial con enfoque de empleo y los presupuestos necesarios para incidir en las causas estructurales de la migración generando 1.5 millones de empleos al año, permanentes y bien remunerados. Para ello, además, que la Secretaría de Hacienda considere las variables de intensidad migratoria internacional y recepción de remesas como nuevos criterios de asignación presupuestal y otorgamiento de trato fiscal preferente como se ha hecho con las zonas de exportación petroleras y se hace con las entidades con grandes corporaciones mineras actualmente.
  5. Con los impactos de la doble pandemia en Estados Unidos con 22 millones de desempleados a mediados de abril, son previsibles mayores deportaciones y migración de retorno que las que se dieron durante la crisis económica de 2007-2018(4 millones), por ello, replanteamos la necesidad de que el gobierno de México priorice su actuación hacia la migración de retorno bajo cuatro ejes centrales: Atención de salud, empleo, educación de menores e integración familiar y comunitaria.
  6. Proponemos como una propuesta base de apoyo al regreso forzado y “voluntario” de los migrantes mexicanos y sus familias, sujeta a nuevas propuestas, enriquecimiento y adecuación a las condiciones de los diferentes sectores de migrantes retornados, las diferentes condiciones de los estados y las distintas etapas del país bajo COVID etapa 2, etapa 3 y PostCOVID y reconstrucción económica, social e institucional de nuestras comunidades transnacionales, las siguientes acciones:
  7. Construir con los diferentes actores transnacionales, en particular organizaciones migrantes y el gobierno mexicano en sus tres niveles el Retorno Planeado Transnacional con todo el apoyo informativo en guías y controles sanitarios, apoyo en salud mental y respaldo básico de ingreso y bienestar.
  8. Mejorar y fortalecer los controles sanitarios en las fronteras con los registros completos de salud y situación demográfica y socioeconómica, particularmente de deportados, para establecer un sistema de apoyo hacia ellos que articule a los gobiernos fronterizos, el gobierno federal y los gobiernos estatales en origen, canalizando los apoyos necesarios para su reintegración comunitaria.
  9. Establecimiento de plataformas virtuales estales entre Universidades y gobiernos para la consulta y asesoría médica sobre el COVID 19 y posteriormente sobre las enfermedades crónico-degenerativas, el cuidado de la salud y apoyo emocional a las familias migrantes con énfasis en ancianos.
  10. Valorar privilegiar la extensión del Programa 2×1(que funciona actualmente sólo en Zacatecas) a los demás estados o restablecer el Programa 3×1 con énfasis en clínicas comunitarias y centros geriátricos integrales. Aprovechar los aportes del Programa Binacional de Salud, la Iniciativa de Salud de las Américas y el Programa Ibiza de la Dra. Xochitl Castañeda de la Universidad de Berkeley.
  11. Analizar las diferentes propuestas de seguro de salud y vida binacional, con orientación popular no depredadora, para revertir la falta de acceso al sistema de salud de la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ver la propuesta del Dr. Scott Robinson de la UAM-Iztapala de dedicar un 2% del envío de remesas para ese seguro, ver las propuestas de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) con su propuesta de construcción del Banco Migrante y la Fundación Mariana Trinitaria, entre otras.
  12. Apoyo a la reinserción laboral de los migrantes y sus familias con políticas de desarrollo estatal y municipal y regional con enfoque de empleo.
  13. Apoyo a la regularización legal de los infantes nacidos en Estados Unidos hijos de mexicanos y a la reinserción escolar de ellos y jóvenes retornados, simplificando la revalidación de estudios y superando trabas burocráticas actuales.
  14. Apoyo a la reintegración familiar y comunitaria mediante todos los apoyos federales, estatales y municipales de programas de apoyo social y psicoemocional. Integrar a las instituciones de educación superior como aliado estratégico con sus recursos humanos, programas de extensión universitaria y servicio social.
  15. Apoyo a la certificación laboral y académica adquirida en el exterior con la participación de la Secretaría del Trabajo, de Economía, Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Educación, organizaciones empresariales e instituciones educativas.
  16. Acceso a la capacitación laboral y educativa con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, Secretaría del Bienestar, organizaciones empresariales, ONGs, el CONACYT y la ANUIES.
  17. Diseñar programas especiales de apoyo para niñas, niños y jóvenes retornados o de ingreso por vez primera al país de origen mexicano.
  18. Diseñar programas de apoyo especial para mujeres retornadas con énfasis en salud física y emocional, empleo, capacitación e integración familiar.
  19. Específicamente, diseñar un Programa de Atención Integral para Migrantes de Retorno de la Tercera Edad, quienes durante más de 40 años mandaron remesas al país y ahora regresarán en mayor cuantía, viejos, enfermos, sin pensión y con el estigma actual de que pueden ser portadores del COVID 19 y no se les debe dejar entrar al país, los estados y comunidades de origen. La Reforma Fiscal urge en el país para superar la confrontación, la desigualdad y la inequidad. En particular, la doble pandemia debe hacernos compartir que la salud y el bienestar de todos son prioridad central: con salud se puede todo, sin ella nada. Ello significa potenciar al sistema nacional de salud, fortalecerlo como sistema de acceso universal para todos, en particular, para los ancianos que desde el exterior con su trabajo y sacrificio mantuvieron a flote a México y ahora envejecidos, expulsados por la precariedad, contingencia y xenofobia en Estados Unidos, el país tiene la deuda histórica de recibirlos, cuidarlos y apoyarlos como mínima reciprocidad hacia ellos.

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna: México, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.