PANDEMIA, VACANCIA Y DERRAME EN PERÚ

Aníbal García Fernández*

Desde el 28 de julio de 2021 a enero de 2022 el gobierno de Pedro Castillo ha visto pasar más de diez ministros cesados, dos cuestiones de confianza sobre un primer ministro, una moción de vacancia en su contra. A este breve balance entre el Congreso y el Ejecutivo se suma un referéndum en contra de una Constituyente aspecto fundamental para la administración de Castillo.

Por si fuera poco, a la atención a la pandemia, la caída de varios indicadores económicos y el crecimiento de la deuda se suma el ataque a gasoductos y un derrame petrolero por parte de Repsol en las costas peruanas.

“Fallas estructurales” y pandemia

Hacia diciembre de 2021 Perú sumaba más de 200 mil muertes, más de 2 millones de contagios y más de 54 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas en un país de 32.9 millones de habitantes. Tras dos años de pandemia, sigue siendo el país que tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo. La CEPAL mostró en un estudio que Ecuador y Perú tuvieron más exceso de mortalidad en sus municipios que otros países de Nuestra América.

El estudio de CONCYTEC, Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en Perú, concluyó que son las condiciones estructurales del país las que influyeron en la alta mortalidad. Destacan el bajo presupuesto a salud, que es 3.16% del PIB, 29 camas UCI por millón de habitantes. Se suma el hacinamiento, falta de planeación urbana y un transporte público precario, pero el elemento más relevante es quizá la informalidad. En 2019, Perú registró 12.4 millones de trabajadores en el sector informal, hacia 2020 según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aumentó a 15.2 millones.

En algunos sectores etarios de Perú ya comienza a aplicarse la tercera dosis y aunque los fallecimientos y contagios continúan, provocados en su mayoría por la variante omicrón, no tiene los mismos efectos. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar la falta de acceso equitativo a vacunas y las fallas del sistema COVAX.

Vacancia contra Castillo

En la Constitución peruana de 1993 la moción de vacancia está estipulada en el artículo 113. Esta ley permite al Congreso iniciar juicio político para destituir al presidente de la República con al menos el 20% de los congresistas, 26 de 130. De ser admitido, se requiere que 52 congresistas (40%) admita el juicio político por incapacidad moral.

En diciembre de 2021, el Congreso metió la moción de vacancia contra Pedro Castillo aprovechando la Constitución fujimorista aduciendo, sin pruebas, “lavado de activos, tráfico de influencias” y por “generar inestabilidad económica”. La vacancia pretendía aprovechar un momento político en el congreso en el que no le era favorable al Presidente. Sin embargo, la vacancia no pasó. En votación parlamentaria Castillo permaneció en su mandato por 76 votos en contra de la vacancia (provenientes del partido de Castillo, Perú Libre, junto al Partido Morado, Acción Popular, Juntos por Perú y la Alianza para el Progreso, salvo dos votos en contra), 46 a favor y 4 abstenciones. Los partidos de Fuerza Popular, en dónde está Keiko Fujimori, Avanza País, donde milita Hernando de Soto y Renovación Popular no lograron el 20% requerido.

Sin embargo, la estrategia política y mediática en contra del gobierno no se limita a la vacancia, sino en bloquear en el congreso la posibilidad de cambios en Perú. En primer lugar, está la enmienda a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano que establece que toda iniciativa de reforma constitucional que sea puesta a consulta popular tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso. Con 72 votos a favor, el 22 de enero de 2022 el congreso bloqueó la posibilidad de convocar a un referéndum para modificar la constitución fujimorista. Castillo podría acudir al Tribunal Constitucional para resolver el conflicto y lograr el referéndum, parte constitutiva de la democracia participativa y del proyecto de nación.

El otro frente político que pretende obstruir el Congreso es la reglamentación de la cuestión de confianza, figura jurídica que permite al Ejecutivo cerrar el Congreso si obstruye sistemáticamente iniciativas gubernamentales. El gobierno de Castillo no tiene solamente el referéndum, tiene por delante un paquete de reformas como la tributaria y financiera, con la cual se pretenden recaudar 3 mil millones de dólares al año. Esta reforma es crucial en un momento en que Perú y América Latina ven subir la deuda externa (eterna), altos niveles de inflación y presión fiscal. Esta reforma incluye un impuesto minero (sector estratégico con bajas tasas de impuestos), mayores contribuciones fiscales para aquellas personas que ganen más e impuestos para servicios de streaming.

El gobierno de Castillo requiere de una bancada y estructura partidaria que le permita respaldo para la aprobación de la reforma. Sin embargo, la bancada de Perú Libre está fracturada entre un sector afín a Castillo y otro a Vladimir Cerrón, presidente del partido que tiene una causa judicial abierta por supuesta organización criminal y cohecho pasivo cuando fue gobernante del departamento de Junín. Más allá de aspectos institucionales, las protestas y movilización popular serán también una carta a favor del gobierno.

Ataques a ductos y el derrame de Repsol

Al finalizar 2021, la empresa estatal Petroperú, informó de un segundo ataque contra gasoductos en la provincia de Loreto. El ataque fue al oleoducto Norperuano – ONP. Dicho ataque derivó en una fuga en la Amazonía peruana afectando a varias comunidades en donde el derrame de petróleo se extendió. Desde 2014 se han registrado 29 actos de sabotaje.

El desastre mayúsculo fue en la costa peruana. La empresa Refinería La Pampilla, filial de Repsol YPF, anunció el derrame de 6 mil barriles de petróleo tras la erupción en la isla de Tonga y por no activar protocolos de seguridad. El derrame afectó a 21 playas del litoral peruano y se extendió por 50 kilómetros. Las investigaciones apuntan a negligencia de Repsol y, por lo tanto, a acciones legales por daño ambiental (alrededor de 35 millones de dólares, menos el 2% de sus ingresos en 2021) que impedirá actividades pesqueras en la zona afectada.

La empresa Refinería La Pampilla produce el 70% del petróleo que se refina en Perú, en 2021 tuvo ingresos superiores a los 2 mil millones de dólares y tiene 32 infracciones por no realizar monitoreo de residuos.            En el directorio de la empresa se evidencia la “puerta giratoria” común en este tipo de empresas. Destaca Elena Conterno Martinelli, exministra de la Producción en el segundo gobierno de Alan García. Actualmente directora de las financieras Scotiabank y Crediscotia.

Gianna Macchiavello Casabonne, fue abogada en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Transportes y fue viceministra de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por último, José Luis Ibarra Bellido, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), recibió en 2015 un reconocimiento de la Marina de Guerra del Perú, justamente es la Marina la que tiene entre sus facultades identificar las causas y autores del derrame.

Hacia finales de enero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su renuncia al presidente, en espera de ser aceptada. El principal problema, según medios locales, es por la inconformidad con Castillo por la jubilación del Comandante General de la Policía Nacional de Perú (PNP), Javier Gallardo.

Este tipo de renuncias se tornan comunes en el mandato de Castillo que se enfrenta a un congreso en contra, a su partido con problemas internos, a una derecha que busca constantemente su dimisión, problemas con las cúpulas policiales y militares. Entre eso, una pandemia que no da tregua y el mayor derrame de petróleo en los últimos años.

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* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global. Candidato a doctor del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

FINANCIAMIENTO DE EE.UU. A MÉXICO EN TIEMPO DE LA 4T

Aníbal García Fernández*

Fuente: Borroka Garaia

De acuerdo con la caracterización de Loreta Tellería sobre seguridad publicada en NA XXI, núm. 55, las amenazas son identificadas no sólo contra Estados, sino contra el ser humano. Tellería menciona que, además de guerras de carácter convencional, nos encontramos ante el surgimiento de guerras híbridas que avanzan hacia la militarización de la seguridad.

En el caso de México, la militarización de la agenda de seguridad fue mucho más evidente desde la aplicación de la Iniciativa Mérida (IM) en 2007, que en sus cuatro grandes pilares, promovió el “Estado de derecho” y la “Frontera del siglo XXI” para ampliar la presencia estadounidense hasta Guatemala y militarizar al país. Esta agenda se complementa con las reformas sociales, económicas y políticas. En ese sentido, la IM cumple con los objetivos de los manuales de contrainsurgencia (FM 3-24 MCWP 3-33.5, 2204, “Insurgencies and countering insurgencies”) en los que se destaca que el elemento de la seguridad es esencial para la construcción del Estado de derecho, pues “para tener éxito en contrarrestar una insurgencia, el gobierno de la nación anfitriona debe desarrollar sus sistemas legales y de resolución de conflictos, incluidas las fuerzas policiales, los sistemas judiciales y las instalaciones penales” (Department of Army, idem.).

Tras la militarización de la IM, es evidente que el Estado de derecho impulsado por las reformas estructurales y la conformación de un Estado de contrainsurgencia forman parte de la agenda de seguridad. Estos aspectos, no serían posibles sin la asistencia militar y para el desarrollo brindada por EE.UU., por ello, como mencionó Fernando Carmona, retomando a J. Silva Herzog, “en toda la historia de México como nación, se observa un fantasma, el fantasma de EE.UU.”.

Asistencia militar

Según el portal de USAID Explorer (consultado en mayo, 2021), México es el tercer país que recibe asistencia militar y económica en Nuestra América, sólo por detrás de Colombia y Haití. La asistencia militar a México está conformada por el Departamento de Defensa, de la Armada, de Justicia (bajo programas antinarcóticos y de asistencia judicial), Departamento de Estado, el Departamento del Suelo Patrio, de la Fuerza Aérea, el Ejército y la USAID. Estas instituciones han otorgado financiamiento por 241 millones de dólares entre 2018-2020. El 98% del financiamiento lo tiene el Departamento de Defensa y se encuentra concentrado en la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (238 millones) y en la Oficina Antinarcóticos (7.8 millones).

Dentro de la Agencia de Cooperación, hay 17 subprogramas entre los que destacan dos. El primero tiene por objetivo apoyar programas de entrenamiento y equipo para las fuerzas armadas del país receptor. “Los equipos del país trabajan a través de los Comandos de combate geográficos del Departamento de Defensa (COCOM)”. Este curso comenzó en 2018 y tuvo financiamiento por 55.3 millones de dólares. El otro subprograma es un crédito otorgado “para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa y servicios de diseño y construcción”. El crédito fue por 169 millones. Un aspecto por destacar es que la oficina Antinarcóticos, ha bajado su financiamiento desde 2010 cuando otorgó 104 millones de dólares tan sólo ese año y entre 2018 y 2019 México recibió 7.8 millones para “capacitación y equipo, para combatir el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional”.

Hay tres cursos que tuvieron las fuerzas de seguridad mexicanas, que son relevantes: Sección 333 Fomento de la capacidad de los asociados, 744 entrenados; Educación y entrenamiento militar internacional, 127; Fiscalización Internacional de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, 113 y Programa de becas de lucha contra el terrorismo, 26 personas entrenadas, según la base del Securitiy Assitance Monitor. Este tipo de cursos, no son exclusivos de México, se amplían en Nuestra América, muchos, realizados en la ex escuela de las Américas ahora Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), en el cual, los cursos también los decide el Comando Sur para que tengan concordancia con las estrategias de seguridad regional.

Asistencia económica

La asistencia económica o para el desarrollo implica a más agencias y Departamentos del gobierno estadounidense, como el Departamento de Energía, de Estado, Trabajo, Justicia, Agricultura, Comercio, la USAID, entre otros. Sin embargo, es la USAID, la que se lleva más del 88% del financiamiento, unos 147.5 millones de dólares entre 2018-2020.

Dentro de la USAID hay varios subprogramas, pero en el caso de México, como en otros de la región, destaca el Buró de América Latina y el Caribe como uno de los que concentra el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones y ONG diversas. Este Buró concentró casi la totalidad del financiamiento (99%) con 146.1 millones de dólares. A continuación, se destacan algunas asociaciones, no por el monto de financiamiento sino por la importancia que tienen para los objetivos de la IM y las redes de poder que establecen entre agencias, organismos, instituciones y actores políticos.

Management Systems International recibió 38.6 millones para el apoyo directo o indirecto a nivel estatal y federal del programa PROJUST. Este programa, que ha tenido varias versiones y continuidad desde 2005, tiene el objetivo de ayudar para pasar el «punto de no retorno» en reformas del sistema de justicia, y, por lo tanto, “contribuir a los esfuerzos más amplios del gobierno de los EE.UU. y del de México para mitigar los conflictos, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”. Esta empresa también fue contratada para el programa “PRODERECHO” y “Rule of Law III”. Este es quizá uno de los rubros más importantes pues permitió actualizar los sistemas judiciales, la creación de la fiscalía y tiene también intercambios y preparación de jueces y fiscales, como el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien fue a un curso del FBI (shorturl.at/emCFM).

“Enterprise-Non United State Other” tiene catorce programas entre los que destaca el financiamiento al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para apoyar el sistema nacional anticorrupción, el cual fue financiado con 485,888 dólares. A su vez, el IMCO es donante de México Evalúa, asociación que recibió de la USAID 85,679 dólares entre 2018-2020.

El IMCO concatena en su consejo directivo al grupo de empresarios mexicanos que se beneficiaron de la política neoliberal en los últimos 35 años y a los principales opositores al gobierno actual. Destacan Antonio del Valle (Grupo Kaluz) y Valentín Diez Morodo (Grupo Modelo), vinculados a través de Orbia antes MEXICHEM; Antonio Purón socio de McKinsey, en donde también está Adrián Lajous Vargas, ex director de PEMEX (1994-1999). Están presentes Eugenio Clariond de ENERGEX y miembro de los Grupo Cuprum, Grupo Cleber y Grupo Fultra; Gabriela Hernández de General Electric, Alejandro Ramírez de CINEPOLIS, Emilio Carrillo de Southern Cooper Corporation, que a su vez forma parte de Grupo México. No faltan Roberto Newell de Wal-mart de México, ligado a Banco Finterra y ligado al Wilson Center, think tank en el que también está Luis de la Calle, miembro del IMCO. Destacan también Maria Amparo Casar (Nexos y CIDE) y Claudio X. González (Kimberly Clark), miembros de Mexicanos contra la corrupción (MCC) formada por este último (https://tinyurl.com/vdymdy7k).

Mexicanos contra la corrupción tiene vínculos con “Nexos”, “México ¿Cómo vamos?”, “Causa en Común” (que recibió 50 mil dólares de EE.UU. en 2019) y colabora con Borde Político, otra asociación con financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED). [https://bit.ly/3c3DNwR].

El interés imperialista por promover el “Estado de derecho”, autonomizar al sistema judicial y a las fuerzas armadas, forma parte de un proyecto de seguridad en clave militarizada que se conjuga con reformas estructurales. La tendencia hacia la guerra híbrida (Andrew Korybko) obliga a replantear los elementos que conforman la militarización de la seguridad y dar luz a otros fenómenos como la asistencia para el desarrollo que contribuye a la formación de estructuras sociales y políticas.

Estos aspectos, de carácter estratégico y de seguridad, atentan contra el ser humano, toda vez que implican un alto costo social, desempleo, pobreza, desaparecidos, desplazados, y graves atentados como los golpes de Estado en Bolivia, Honduras o Brasil.

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* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global, estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Pedro Castillo; “No lo veían porque no lo querían ver”

Anibal García Fernández^*

Fuente: El comercio Perú

Como la historia de Garabombo el invisible, de Manuel Scorza, así llegó Pedro Castillo a la primera vuelta electoral de abril, dando la sorpresa a propios y extraños. El triunfo de Castillo trae a Perú un aire de renovación en todo sentido, tanto para las izquierdas como para la población que ha vivido más de veinte años de un modelo neoliberal que acentúa brechas, profundiza contradicciones, pero, sobre todo, reproduce la condición dependiente de este país andino.
Estas elecciones fueron una muestra del racismo, clasismo, de las divisiones internas entre los tantos “Perús realmente existentes”: el de la sierra, la selva y la costa, el del norte y el sur rebelde, el del campo y la ciudad. Este texto tiene dos objetivos: salirse del discurso de la “sorpresa” del triunfo de Castillo, pues no lo es, y un acercamiento general al plan del partido Nuevo Perú.

Del pizarrón a la “Casa de Pizarro”
Pedro Castillo, nació en Cajamarca, fue miembro de las “Rondas Campesinas”, organización comunitaria campesina, formadas desde hace cuatro décadas y reconocidas por el estado peruano. Fue maestro de primaria desde 1995 (con estudios de psicología educativa) y, sobre todo, líder sindical magisterial, uno de los sindicatos históricos más fuertes de Perú. Castillo logró, contra viento y marea, estar en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto. Con una votación cerrada, Castillo consiguió 50.12% de los votos frente al 49.87% de Keiko.
Con sombrero, montado a caballo, sin presencia en las redes sociales pero con amplia difusión en la radio y ante una pandemia que en Perú ha costado más de 190 mil muertes, en un país con 32.6 millones de habitantes, Castillo mostró que la cercanía con la gente y el trabajo con las bases valen más que la publicidad en facebook y twitter; que ante una pandemia, la campaña electoral permite estar y ver la profundidad de la crisis y sus repercusiones en las familias. La presencia de Castillo y su partido Nuevo Perú no es nueva para millones de peruanos y peruanas que viven en la sierra.
El “maestro” protagonizó una de las huelgas magisteriales más importantes en 2017, un año después otro líder aymara, Walter Aduviri ganó la elección departamental de Puno, uno de los departamentos con historia de luchas sociales y estratégico, pues es frontera con Bolivia y por ahí se efectúan intercambios comarcales relevantes para la región andina, además de actividades mineras. Zenón Cuevas, otro líder social ganó el departamento de Moqueagua y Valdimir Cerrón (médico neurocirujano formado en Cuba y líder del partido Nuevo Perú, del que forma parte Castillo), ganó la gobernación de Junín.
Fueron las provincias y municipios del Perú profundo los que anunciaron, años atrás dos aspectos: la fuerte crisis política, económica y de representación de los partidos e instituciones de “Lima la horrible”; por otro lado, el triunfo de Castillo en Perú no se explica únicamente por el desgaste y crisis exacerbada por la crisis sanitaria sino por la amplia organización construida en los departamentos serranos, donde Castillo obtuvo la mayoría de votos.
Por lo tanto, es un outsider para aquellos que no voltean a ver a los dos millones de ronderos organizados en varios departamentos de la sierra, de un sindicato magisterial movilizado que ha sobrevivido a las crisis recurrentes de Perú desde la década de los ochenta, y de un partido que ha logrado concatenar las distintas demandas sociales, encausarlas y establecer un programa nacional-popular. Tal es el nivel de desconocimiento e invisibilización, que la cadena de medios CNN no tenía una foto de Castillo para mostrar en el conteo de votos de la primera vuelta. [https://cutt.ly/hn8mYez]

Nuevo Perú

En toda la campaña electoral Castillo habló de un referendum constituyente, mencionó la necesidad de una reforma agraria que retome la que llevó a cabo Juan Velasco Alvarado en 1969, propuso políticas económicas de industrialización que pugnen por recuperar la soberanía nacional, manifestó la necesidad de poner un alto a corporaciones y ampliar las relaciones internacionales peruanas con países diversos. También abordó la lucha contra la corrupción “desde arriba”, una de las demandas populares más importantes en un país que ha visto presidentes destituidos por un poder legislativo preponderante en la crisis política e institucional peruana.
Estas menciones de Castillo tienen una base potente en el “Ideario y programa del partido Nuevo Perú”, [https://n9.cl/kkxte] el cual merece una reflexión por su alcance político y económico. El programa consta de once capítulos entre los que destaca “Sobre la naturaleza del partido” en el que mencionan que Perú Libre es una organización de “izquierda socialista, democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista”.
Para este partido, ser de izquierda significa “ser defensor del medio ambiente, luchar a favor de la paz mundial y poner cualquier avance tecnológico o social al servicio de la humanidad”. Bajo la consigna de “no más pobres en un país rico” hacen una serie de propuestas en cada capítulo: nueva constitución política, nuevo régimen económico del Estado, nueva escuela pública con orientación hacia la liberación, nueva salud pública, política de transporte y medios de comunicación, política agraria ligada a la seguridad nacional, política medioambiental, política laboral, de derechos humanos, justicia, anticorrupción y sobre el papel de la mujer.
En términos nacionales, Nuevo Perú menciona la necesidad de un Estado Plurinacional, aspecto fundamental en un país tan diverso y con alrededor de 40 lenguas indígenas. Pone también la necesidad de nacionalizar el sector minero, gasífero, petrolero y el sector de comunicaciones. En lo referente a la deuda externa, problema común de Nuestra América, propone la renegociación y pondera la deuda social del Estado con trabajadores.
En política exterior, pretende la integración de Perú a UNASUR y critica a la OEA. Un aspecto llamativo es lo relativo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, definido como “centro de control comercial para ejercer control jurídico comercial sobre las naciones”. Ante esto, proponen crear un Centro de Solución de Disputas de la UNASUR o los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) como centros de arbitraje.

¿Qué esperar tras el triunfo?

La nueva constituyente es quizá el aspecto más importante y según expresó Castillo en campaña, debería estar organizada por 60% de organizaciones sociales y 40% por partidos políticos. Sin embargo, el nuevo congreso tras las elecciones de junio estará bajo control de las derechas (90 curules) y con 36 congresistas de Perú Libre y cuatro de Juntos por Perú. Como en anteriores experiencias, Castillo se enfrentará a un Congreso con capacidad para quitar presidentes, con control de las derechas y enquistado en la actual Constitución fujimorista.
Ganar las elecciones es un gran paso para el pueblo peruano, el siguiente reto será la toma de protesta, conformar el gabinete, con un partido político que no logra tener los suficientes cuadros y por lo tanto se valdrá de alianzas con otras fuerzas de izquierda. El nuevo gobierno tiene de su lado la fuerza social para detener cualquier revés que intente la derecha, el congreso, sectores golpistas de las fuerzas armadas y el imperialismo estadounidense, que tiene diez bases de empleo militar y policial, así como una escuela policial regional en Cusco y que se negará a perder, pues forma parte de su poder hegemónico.
Sin duda es un triunfo relevante para la región y desfonda al furibundo Grupo de Lima y a la PROSUR. Podría dar nuevos vientos a la Alianza del Pacífico (junto con México y a la espera de elecciones en Chile) y a la UNASUR, necesaria en momentos tan críticos, pues Nuestra América necesita hoy más que nunca de integración y cooperación regional para salir juntos de la crisis múltiple del capitalismo monopolista cada vez más financiarizado.

* México, GT “Crisis y economía mundial” y GT “Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global”. Estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Biden Y El Gabinete Golpista Sobre Nuestra América

Anibal García Fernández*

Foto: Alainet

Según la Rand Corporation, de 1975 a 2018 fueron transferidos 47 billones (trillones en inglés) de dólares de la clase trabajadora estadounidense al 0.1% más rico, el cual controla el 20% de la riqueza de Estados Unidos. El país que gobernó Trump terminó 2019 con 34 millones de pobres y hacia diciembre de 2020 con poco más de 10 millones de desempleados, afectando más a la población afrodescendiente, hispana y asiática. Para 2021, The Economist estima que alrededor de 11 millones de inquilinos no podrán pagar el alquiler derivado de la larga crisis económica a la que se suma la que deja la pandemia.
En este panorama se llevaron a cabo elecciones el 3 de noviembre. El 14 de diciembre el decimonónico colegio electoral, conformado por 538 compromisarios, eligieron a Joe Biden como el próximo presidente, quién asumirá el 20 de enero de 2021, año en que el FMI pronosticó un crecimiento del PIB en 3.1% para EE.UU. (ver NA XXI, no. 49).
Cierto tipo de analistas liberales, consideran “un cambio” relevante con la llegada de Biden al poder. Sin embargo, para Nuestra América hay algunas continuidades que muestran la política imperialista hacia la región. Por lo tanto, es necesario conocer esas continuidades en la conformación del gabinete y nexos con el sector privado para desmontar la idea de cambio y visibilizar los intereses de la élite de poder que tendrá la administración Biden.

Cierto tipo de analistas liberales, consideran “un cambio” relevante con la llegada de Biden al poder. Sin embargo, para Nuestra América hay algunas continuidades que muestran la política imperialista hacia la región.

El gabinete del sector privado

Biden ha expresado su interés en “restaurar el papel del hegemón del capitalismo mundial”. Como señaló Carlos Fazio, en otras administraciones demócratas, esto ha sido al margen de la ONU y el derecho internacional (La Jornada, 30 de noviembre, 2020). Para llevar a cabo esta restauración, Biden ha conformado un gabinete que “haría historia” por su diversidad; sin embargo, casi todos son viejos conocidos de la política.
En el Departamento de Estado estará Anthony Blinken, quien pasó por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y miembro del Council on Foreign Relations (CFR). Ha sido señalado porque apoyó el uso de la fuerza militar en Irak, Siria y Libia. Es cofundador de la empresa consultora WestExec Advisors que, según The Intercept, ha beneficiado el acercamiento entre el Silicon Valley y el Departamento de Defensa.
Avril Haines será la primera Directora de Inteligencia Nacional. Asesora de Obama entre 2013 y 2015. Fue asesora adjunta de la CIA y consejera del Comité de Relaciones Exteriores del Senado entre 2007 y 2008, cuando Biden lo presidía. Ha defendido el uso de “técnicas de interrogatorio mejorado” (tortura) y fue la responsable del uso de drones en Pakistán, Somalia y Yemen.
Jake Sullivan será asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Fue asesor de Biden cuando fue vicepresidente y trabajó con Hilary Clinton. Es partidario del “uso de herramientas no militares” para separar a China, Rusia y Cuba de Venezuela. La continuidad más sólida entre el establishment estadounidense es derrocar al gobierno de Caracas, empleando una batería de sanciones económicas, bloqueos, incursiones militares, propaganda, lawfare, entre otras.
Alejandro Mayorkas será el primer latino y migrante en ser Secretario de Seguridad Interna. Nacido en La Habana fue secretario adjunto de Seguridad Nacional entre 2009 y 2013. Es considerado el “arquitecto” del programa de protección de deportación a jóvenes migrantes, DACA.

Biden ha conformado un gabinete que “haría historia” por su diversidad; sin embargo, casi todos son viejos conocidos de la política.

En el aspecto económico destacan Janet Yellen, quien fuera titular de la Reserva Federal. Está propuesta para ser la Secretaria del Tesoro, siendo la primera mujer en dirigirlo desde que Alexander Hamilton fuera su primer titular en 1789. Yellen fue la encargada de normalizar la política monetaria de la FED tras la crisis financiera de 2008. Como subsecretario del Tesoro estará Adewale Adeyemo (nacido en Nigeria). Es miembro del CSIS y experto en temas de estrategia comercial y política macroeconómica y geopolítica, además es presidente de la Fundación Obama y miembro de Aspen Strategy Group y del Golden State Opportunity Foundation. Más importante aun para Nuestra América, es asesor político de BlackRock (BR), uno de los fondos de inversiones más grande del mundo y con amplia presencia en varios países de América Latina. BR fue uno de los grandes financiadores de campañas demócratas y republicanas. En 2020 invirtió 670,839 dólares en financiamiento de campañas electorales, según Open Secrets y se suman a los montos dados por sus CEO.
Como Representante de Comercio de EE.UU. estará Katherine Tai, abogada de asuntos de comercio. De ser aprobada por el congreso, sería la primera mujer con ascendencia asiática en ocupar el puesto en el marco de una guerra comercial, por recursos estratégicos con China, y la disputa por mercados en Nuestra América y África.
Por último, destaca Juan González. Asesor de campaña de Biden con quien lleva más de diez años trabajando. Es colombiano, especialista en RRII y escribe constantemente en Foreign Policy. Estudió en la American School Foundation. En 2004 trabajó en el Departamento de Estado, oficina Colombia y coincidió con Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y otros políticos. González fue pieza clave para el ingreso de Colombia a la OCDE y la firma del TLC con EE.UU. Trabajó junto con Thomas Shannon, Arturo Valenzuela y Dan Restrepo, arquitectos de la política exterior de Obama hacia América Latina, o sea, los responsables directos de los vínculos golpistas en Nuestra América.

Continuidades hacia América Latina

Aunque Trump y varios medios internacionales hegemónicos, mencionaron que América Latina no importaba, lo cierto es que el Trumperialismo (https://www.celag.org/publicacion/trumperialismo/) le dio continuidad a algunas políticas hacia la región: continuó deportando migrantes, amplió el muro del odio con México, continuó con la guerra híbrida sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, profundizó las relaciones de dependencia con México, renovando el TLCAN, amplió la presencia de las empresas estadounidenses en la región y tuvo como objetivo detener la entrada de Rusia y China.
Biden, que en ocho años como vicepresidente con Obama, visitó 16 veces América Latina ha declarado que el objetivo para la región es fortalecer la democracia, combatir la corrupción y el cambio climático, promoviendo energías renovables y aumentar la presencia del capital estadounidense en la región y contener a Rusia y a China.
En un informe de CELAG (https://cutt.ly/WhCGi84) se sugieren cambios y continuidades con mayor detalle. Para terminar, es necesario un breve recuento de la Administración Obama, de la cual participó Biden y varios de sus miembros de gabinete.
En tiempos de su vicepresidencia, Biden instigó o por lo menos supo del golpe infame contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009 (en donde estuvo implicado Tomas Shannon); el intento de golpe contra Correa en Ecuador (2010); de la remoción de Lugo en Paraguay en 2012 (en donde estuvo Liliana Ayalde como embajadora de EE.UU.); del golpe judicial y parlamentario contra Dilma en Brasil en 2014 (de nuevo con Liliana Ayalde como embajadora tras la salida de Tomas Shannon); y de las constantes sanciones y ataques contra Venezuela.
Los procesos golpistas de la década anterior, que tuvieron como objetivo, la supuesta “restauración de la democracia” tienen detrás la lucha contra la corrupción y el lawfare (https://cutt.ly/5hDDURG). De nuevo, la corrupción forma parte de los objetivos de Biden.
Serán claves los puestos dentro del Departamento de Estado, sobre todo los relacionados a América Latina, los cambios en las embajadas, así como las publicaciones de think tanks (CSIS, CFR, Atlantic Council) pues la administración Biden dependerá más de las decisiones de especialistas y burócratas repartidos en todo el aparato institucional estadounidense. Tras cuatro años de Trumperialismo (¡con 74 millones de votos!), EE.UU. profundiza sus divisiones económicas, socio-raciales, políticas y de clase.

*México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global. Estudiante del doctorado en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Perú, los Ríos Profundos de su Crisis*

Aníbal García Fernández**

Imagen: infobae

Al tiempo en que el gobierno golpista boliviano salía tras un aplastante triunfo electoral-popular y tras el sí al plebiscito constituyente en Chile, en Perú se fraguó un golpe de Estado contra el presidente Martín Vizcarra. Golpe que ha dejado dos muertos y marchas que profundizan la larga crisis política peruana.
Hay que considerar algunos aspectos políticos del Perú contemporáneo, pues se enfrenta a un largo periodo de crisis institucional, de una crisis del sistema de partidos que se suma a la crisis sanitaria y económica. La crisis de ahora, como la de los últimos treinta años tiene a los escándalos de corrupción como el motivo de la moción de vacancia y encarcelamiento de presidentes. Como varios analistas apuntan, el fujimorismo, y la constitución creada en 1993, post autogolpe, son clave para entender los ríos profundos por los que navega la crisis peruana. Desde 1992 en adelante, Perú ha transitado de presidente en presidente, con acusaciones de corrupción, vinculados a la mega causa Odebrecht-Lava Jato y también a desfalcos en las provincias, disoluciones del congreso, encarcelamiento de expresidentes y una amplia lucha popular de diversos sectores, en contra del congreso, presidentes y las instituciones de justicia.

Los acuerdos políticos entre la clase política peruana, conducidos por intereses económicos y la protección política por actos de corrupción, en tiempos preelectorales, podrían explicar por qué se amplió el voto para la vacancia.

Desde 1990 Perú ha vivido un autogolpe de Estado (1992), los Vladivideos (videos caseros de corrupción filmados por Vladimiro Montesinos en la década de los noventa), la renuncia desde Japón de Fujimori (2001), un gobierno de transición con Valentín Paniagua (2000-2001) y la detención de Fujimori (2005). Desde el 2001 a la fecha, han pasado cinco presidentes, todos acusados de corrupción. Han abierto procesos judiciales y encarcelado a Alejandro Toledo (2001-2006, preso en EE.UU.). A Álan García (2006-2011) se le abrió proceso judicial por corrupción ligado a Odebrecht (cometió suicidio en abril de 2019 sin pisar la cárcel). Ollanta Humala (2011-2016) ha sido encarcelado en 2017 y vinculado al caso Lava Jato. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció por los Kenjivideos (videos de Kenji Fujimori, hijo de Alberto), en donde se le vinculó a corrupción por el caso Lava Jato. En 2019 la justicia peruana ordenó 39 meses de prisión preventiva y cumple arresto domiciliario. Por último, Martín Alberto Vizcarra (2018-2020) a quien el congreso impuso una segunda moción para declarar “la permanente incapacidad moral”, debido a pagos ilícitos que habrían recibido sus empresas constructoras en la provincia de Moqueagua.

Vacancia contra Vizacarra

La primera moción contra Vizcarra fue en 2019 y en septiembre del mismo año, Vizcarra disolvió el congreso, medida que contó con amplia aprobación popular (84% de aprobación), según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos.
Sin embargo, en la segunda vacancia se logró destituir a Vizcarra. El 2 de noviembre la moción de vacancia pasó en el congreso con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El 10 de noviembre, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el pleno del congreso destituyó al presidente por “permanente incapacidad moral”, basándose en las denuncias por supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la provincia de Moqueagua entre 2011 y 2014.
¿Qué sucedió entre los partidos políticos para que en ocho días se pasaran de los 60 votos a los 105 votos a favor? Los acuerdos políticos entre la clase política peruana, conducidos por intereses económicos y la protección política por actos de corrupción, en tiempos preelectorales, podrían explicar por qué se amplió el voto para la vacancia.
Las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular otorgaron veinte y dieciocho votos respectivamente. Se sumaron los catorce votos del evangélico Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), los quince de Fuerza Popular, partido fujimorista, doce votos del partido Unión Perú (partido al que pertenece Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta) y seis votos más del Frente Amplio, partido izquierdista. Esta composición en el congreso, que fue renovado apenas en 2019, deja claro que la recomposición de las fuerzas políticas es amplia, que la mayoría son de derecha y centro-derecha, con la mínima presencia del Frente Amplio y muestra la debilidad política de Vizcarra, político sin partido, ni alianza, con cierta popularidad por su lucha contra la corrupción, popularidad que cayó con las acusaciones.
La propuesta para ocupar el cargo temporalmente fue del empresario agrícola Manuel Merino del partido Acción Popular. Tras amplias protestas populares, dos muertos a manos de la policía y violenta represión, Merino dejó el cargo sin apoyo popular, ni de su partido y, sobre todo, con el descontento de las Fuerzas Armadas, que miran al cuarto presidente pasar en tres años.

La democracia postfujimorista es un proyecto que ha dejado pobreza, inestabilidad para el conjunto de la ciudadanía, un sistema de partidos débil, con políticos que anteponen sus intereses y de ahí la incapacidad de constituirse como referentes de cambio.

Tras la salida de Merino y con 97 votos a favor y 27 en contra, Francisco Sagasti (ex funcionario del Banco Mundial y con vínculos viejos con la golpista National Endowment for Democracy) del Partido Morado, logró la mayoría en el Congreso para ocupar el cargo de presidente hasta las elecciones de abril de 2021. La coalición partidaria que lo acompaña es amplia. En la Vicepresidencia está Mirtha Vásquez del Frente Amplio, Luis Roel, de Acción Popular y Matilde Fernández de Somos Perú. Quedan en oposición política Fuerza Popular y Unión por el Perú.
Si algo deja de experiencia esta última década en el congreso peruano, es que las coaliciones son débiles, las alianzas frágiles y las caídas rápidas. Todo ello, acelera los tiempos políticos en la carrera presidencial en el que las candidaturas internas de los partidos ya comenzaron desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Destacan figuras políticas como George Forsyth, ex futobilista y empresario, Julio Guzmán economista y político del Partido Morado, Keiko Fujimori de Acción Popular, hija del expresidente Alberto, y Verónika Mendoza del Frente Amplio.

La democracia postfujimorista

El trasfondo de la larga crisis política peruana que, dicho sea de paso, se acompaña de un modelo económico que tiene al 70% de su población en la informalidad, con altas tasas de exclusión social y sin acceso a servicios de salud, está en el modelo construido desde 1992. Dicho modelo incluye el neoliberalismo a la peruana (https://cutt.ly/EhgVdb6), un conflicto armado, una constitución nacida del fujimorato y una clase política en descomposición crónica, lo mismo que el sistema de partidos y el poder judicial.
La democracia postfujimorista es un proyecto que ha dejado pobreza, inestabilidad para el conjunto de la ciudadanía, un sistema de partidos débil, con políticos que anteponen sus intereses y de ahí la incapacidad de constituirse como referentes de cambio.
En este sentido, se esgrimen varios escenarios a futuro. Uno es la continuidad de las debilidades institucionales que ha permitido la acumulación de capital y despojo de las últimas tres décadas, debilidad que se agrava en el contexto actual de pandemia y crisis económica del capitalismo.
El otro escenario es la posibilidad de cambio por la vía electoral. El Frente Amplio está ante una posibilidad histórica de canalizar el descontento social y promover “la segunda urna”, como ya ha mencionado Verónika Mendoza, para votar por una Asamblea Constituyente que permita modificar de fondo el rumbo del país. O ganar las elecciones y promover la constituyente. En este sentido, el referente chileno es clave, pues ambos, guardando distancias, tienen constituciones nacidas de regímenes autoritarios.
Esta posibilidad de cambio sólo será posible si las fuerzas populares logran también coincidir en un proyecto político. La llamada “generación del bicentenario” (constituida por jóvenes), ya ha demostrado que la calle, la protesta y la organización, son los espacios políticos por excelencia para presionar por un modelo de Estado diferente. Es ahí donde florece, amarillito, flor de retama

* In memoriam a Ricardo Melgar Bao
** México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global, estudiante de doctorado del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.