Bettina Mueller**
El año 2021, en cuanto a demandas en el Sistema Internacional de Arbitraje entre Estados e Inversores (ISDS por sus siglas en inglés) contra países de la región, está en el puesto No. 1 (¡), junto con el año 2003. En ambos años la región recibió 25 demandas de arbitraje por parte de inversores extranjeros. Perú sigue siendo el país más demandado de la región en 2021 con 6 demandas, triste título que ya «ganó» en 2020. Le sigue México con 3 demandas. Es también el primer año en el cual se concreta una demanda ISDS en relación a las medidas contra Covid-19. En total, desde la primera demanda contra un país latinoamericano en 1996 hasta el 31 de diciembre 2021 se han registrado 328 demandas ISDS contra países de ALC. (véanse los reportes sobre el régimen de protección de inversiones en Chile y Perú (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/2021).
A continuación, presentamos una descripción breve de las últimas demandas registradas desde noviembre de2021: 2 contra Perú, 2 contra Guatemala, 1 contra México y 1 contra Ecuador.
Codelco vs. Ecuador.
El 24 de Diciembre, la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) mandó una solicitud de demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI, por sus siglas en inglés) con el fin de iniciar procedimientos arbitrales contra el Estado ecuatoriano en relación a un proyecto minero de explotación de cobre en el Noreste del país -el proyecto Llurimagua. Según Codelco, Ecuador incumplió con los acuerdos para desarrollar y explotar la mina en conjunto con la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI). Se trata de la primera demanda contra Ecuador ante el CIADI luego de su vuelta a este centro de arbitraje a mediados de 2021. Cabe mencionar que el Tratado Bilateral de Inversión invocado, entre Chile y Ecuador, fue denunciado y terminado en 2018. Debido a la cláusula de remanencia aún se pueden llevar adelante demandas 10 años más, usando este tratado. No se conoce el monto reclamado por Codelco.
Enagás Internacional S.L.U. vs. Perú.
Se trata de la segunda demanda de la empresa energética Enagás contra el Estado peruano. La primera demanda, registrada en 2018, fue vinculada a la paralización de la concesión para construir el Gasoducto del Sur Peruano, en cooperación con la empresa brasilera Odebrecht, involucrada en múltiples demandas por corrupción en relación al Lava Jato peruano. En esta oportunidad se trata de una pelea por la ‘repatriación’ de 160 millones de euros de dividendos, correspondientes a Enagás por su participación en la empresa estatal Transportadora del Gas de Perú (TgP) con el 28,9% y en la Compañía Operadora de Gas (COGA), entidad responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP, con el 51%. Poder transferir este dinero fuera del país también les es importante a los dueños y mayores accionistas de Enagás para que reciban sus dividendos, entre ellos fondos de inversión como Millennium Capital, BlackRock o Covalis Capital. No se conoce el monto reclamado por Enagás.
VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS vs. Perú.
La corporación constructora francesa VINCI está demandando al Estado peruano en relación a una concesión para la construcción, operación y el mantenimiento de la autopista Línea Amarilla que obtuvo su subsidiaria local Lima Expresa. La Municipalidad de Lima busca anular dicha concesión, alegando corrupción y chantaje en el proceso de licitación y una vinculación al Lava Jato peruano, mientras que VINCI sostiene que estos acontecimientos tuvieron lugar previo a su obtención de Lima Expresa en 2016. A esto se suma una disputa por el aumento del peaje en la autopista, frenada por la justicia en enero 2020, decisión luego revocada en 2021, lo que llevó a un aumento efectivo del peaje de 3,5%. La misma corporación está actualmente llevando adelante una demanda contra Chile en relación a las restricciones de viaje impuestas por el Estado debido a la pandemia que afectaron las ganancias del Aeropuerto de Santiago de Chile para cuya operación VINCI tiene una concesión. No se conoce el monto reclamado por VINCI (https://icisd.worldbank.org).
Grupo Energía Bogotá S.A.E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. vs. Guatemala
Es la segunda demanda de la empresa eléctrica colombiana Grupo Energía Bogotá contra el Estado guatemalteco. La primera se registró en noviembre 2020. Las dos demandas están relacionadas a un plan de construcción y expansión de líneas de transmisión energética y de subestaciones que experimentaron demoras en su finalización. Según la empresa, el gobierno guatemalteco no quiso pagar por ciertas demoras y gastos extras. A pesar de esto, fuentes periodísticas informan sobre un presunto acuerdo en cuanto a una prórroga del contrato para extender la fecha límite de la finalización del proyecto al 2024. No se conoce el monto reclamado por el inversor (htpps://www.valoranalitik.com/2021/05/06).
Libre Holding, LLC vs. México
La empresa estadounidense L1bre Holding demanda al Estado mexicano por la cancelación de una concesión de suministro de taxímetros en Ciudad de México luego de la elección de una nueva Jefa de Gobierno. La misma disputa ya había llevado a otra demanda en 2020 por Espíritu Santo (https://icsid.worldbank.org). Fue en 2016 que la empresa Lusad, de la cual Espíritu Santo y L1bre son dueños, recibió una concesión para proveerles taxímetros digitales y una aplicación a 138.000 taxis en la capital mexicana para competir con servicios como Uber. Según la Jefa de Gobierno electa en 2018, Claudia Sheinbaum, el proceso de licitación fue «un negocio privado y corrupto», ya que solo hubo tres días para que se presentaran otras empresas, sumado a que Lusad no cuenta con mucha experiencia en el emprendimiento que prometía realizar. Además, la Agencia Digital de Innovación Pública ya estaba desarrollando una aplicación similar, razón por la cual los servicios de las empresas privadas al parecer eran prescindibles. Según un artículo en la revista Proceso, 10 de junio de 2019, L1bre y Espiritu Santo invirtieron alrededor de 70 millones de dólares en el proyecto, previo a la rescisión del contrato y exigen cerca de 2.400 millones de dólares en compensación, el equivalente al valor del negocio según Goldman Sachs. No hay documentos oficiales que validen estos datos.
Energía y Renovación Holding, S.A. vs. Guatemala
El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que se desconoce a razón por la demanda de la empresa panameña Energía y Renovación contra Guatemala. Se supone que tiene un vínculo con las protestas de comunidades indígenas locales que han generado las plantas hidroeléctricas San Mateo y San Andrés y la línea de transmisión eléctrica del Norte (https://www.oas.org/anual 2018), y da cuenta del hecho de que la construcción de las plantas y diques afectó los cursos de agua de ríos y afectó sensiblemente el acceso al agua de las comunidades aledañas. Las protestas fueron recibidas por Energía y Renovación al igual que por el gobierno guatemalteco con violencia y represión. Hay varias demandas de las comunidades afectadas en cortes locales. No se sabe, si la demanda presentada está vinculada a dichos procedimientos. Tampoco se conoce el monto demandado por la empresa.
Boletín no. 4 del Trasnacional Institute sobre el tema.
** Alemania, investigadora del Trasnational Institute (TNI) de Holanda.
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