COLOMBIA: CRISIS Y REBELIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Carolina Jiménez Martín* 

Izquierda Revolucionaria - Colombia: levantamiento de la juventud contra la  violencia policial y la crisis capitalista
Fuente: Izquierda Revolucionaria

En lo corrido del año 2021 tres acontecimientos han signado de modo significativo las dinámicas y trayectorias sociales y políticas en Colombia: 1. La crisis social profundizada por la emergencia sanitaria del COVID-19; 2. La movilización social abierta simbólicamente el 28 de abril; y 3. Los debates en torno a la implementación del Acuerdo de Paz.

Emergencia sanitaria COVID-19: Gestión gubernamental y crisis social

Los efectos sociales y económicos de la pandemia en Colombia han sido brutales. Según datos oficiales del DANE la pobreza monetaria creció un 7% alcanzado al 42,5% de la población y la pobreza monetaria extrema se incremento en un 6% agobiando al 15,1% del total nacional. Esto nos arroja que el 57.6% de los y las colombianas viven en condiciones de pobreza. Estas cifras, aunadas a las de las personas en condición de vulnerabilidad, nos indican que el 73% de la población del país vive en condiciones precarias.

Lo anterior guarda estrecha relación con la explotación y precarización de la fuerza de trabajo. Según datos del DANE se registra un tasa de desempleo del 14,2% (3,4 millones de personas); ocupación 51,7% (20,8 millones) y 16 millones en inactividad. De la población empleada el 49% lo hace en condiciones de informalidad.

Estas cifras tienen un correlato con el índice de GINI por ingresos. Colombia, registra un índice  de 0,53 en 2019, cifra que nos ubica como el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Brasil. En lo corrido del siglo XXI países como Bolivia, Paraguay, Argentina y Salvador presentan tasas de variación porcentual entre -29% y -20% respectivamente, para el caso colombiano solo se registra una variación del 3%.  

Pese al impacto dramático que ha tenido la emergencia sanitaria en la vida del grueso de la población, el Gobierno de Iván Duque ha tenido una gestión regresiva y represiva. Aunque se activaron algunas medidas sociales dirigidas a las clases populares, éstas ciertamente han sido insuficientes y precarias. En contraste se impulsaron políticas que favorecieron a los grandes conglomerados económicos, especialmente los financieros (alivios y aumento de liquidez), lo cual explica el crecimiento de sus ganancias.

Ante la incapacidad de impulsar una política social que garantice condiciones de vida digna para todas y todos, y en respuesta a las demandas de los grandes conglomerados económicos; el gobierno optó por flexibilizar el confinamiento y permitió una reapertura sin condiciones de bioseguridad para las clases trabajadoras. El saldo en términos de muertes y contagios es dramático; desde la declaración de la pandemia se reportan casi 5 millones de infectados y 124.000 muertes. Ubicándonos en el ranking de los 10 países más afectados en el mundo.

En medio de estas difíciles circunstancias el presidente radicó en el mes de abril una propuesta de reforma tributaria la cual aumentaba los impuestos a las clases populares vía ampliación del IVA y la reducción del monto de ingresos anuales para la declaración de renta. En el mismo sentido, presentó una reforma a la salud que privatizaba a un más un servicio altamente mercantilizado. Estos proyectos de ley impulsaron el estallido social abierto el 28A.

En el mes de Julio el Gobierno radicó dos proyectos de ley que no generan márgenes efectivos para reducir la desigualdad, resolver la pobreza e impulsar la reactivación económica. El nuevo proyecto de reforma tributaria, aunque menos regresivo que el anterior, no transforma las condiciones tributarias del país, mantiene una orientación asistencialista y altamente focalizada e incluso reduce el porcentaje de hogares que serían beneficiarios del pírrico ingreso solidario.

Por su parte, el proyecto de presupuesto general de la nación advierte, entre otros, sobre dos asuntos. En primer lugar, representa una caída frente a su participación del PIB (22,7%). Esta cifra contrasta con años anteriores (2004 proporción del PIB fue de 26,5%, y en 2018 del 24,3%); el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones porcentaje que invierte la tendencia a la baja que se venía presentando (Gobiernos de Pastrana 9,5% del PIB, de Uribe 7,3% y en Santos 5,9%). En segundo lugar, implica un incremento porcentual del 10% destinado al servicio de la deuda, pasando del 6,4 a 6,5 del PIB; el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones.

Paro y rebelión social en Colombia

El 28A miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, expresaron su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. La movilización tuvo un intenso despliegue durante los meses de mayo y junio.

Sin duda los triunfos más significativos y abarcantes son aquellos referidos a la ampliación y fortalecimiento de la organización social y comunitaria, la comprensión de amplios sectores sociales populares de las causas y razones de la crisis, las redes de articulación, los debates nacionales y las asambleas populares sobre las transformaciones requeridas, la crisis de legitimidad de la fuerza pública y el desvelamiento de la doctrina antidemocrática y contrainsurgente con que el Estado repele el derecho legítimo a la protesta.

Entre las ganancias parciales se destacan: el retiro de los proyectos de ley de reforma tributaria y de salud, la renuncia del ministro de Hacienda, la decisión de la Corte Constitucional de revivir las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, algunos alivios tributarios para micro y pequeñas empresas, ciertos programas de política social acordados con mandatarios locales, anuncios de apoyo financiero para las matriculas de estudiantes de universidades públicas, entre otros asuntos. 

Ahora bien, la movilización estuvo empañada por la violación sistemática de los DDHH. Según el registro de la ONG Temblores entre el 18 de abril y el 26 de junio (https://www.temblores.org/comunicados) se identifican 44 homicidios cuyo presunto agresor es la fuerza pública, 4687 casos de violencia policial, 2005 detenciones arbitarias, 82 victimas de agresión en los ojos, 28 victimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 228 casos de disparos con armas de fuergo por parte de la policía y hasta el 22 de junio permanecían activos 77 mecanismos de Búsqueda Urgente.

Pese a lo anterior, es posible afirmar que este Paro Nacional refleja que asistimos a un proceso acumulativo de fuerzas y de comprensiones y aprehensiones sociales frente a la construcción de un proyecto político de país diferente en el que queremos y merecemos vivir. El camino recorrido es importante, pero demanda la profundización del trabajo organizativo y de la deliberación colectiva y territorial. Solo estos procesos podrán fortalecer y profundizar las dinámicas y procesos constituyentes en curso.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

Surtidos 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz asistimos a un caleidoscopio de asuntos que arroja una multiplicidad lecturas sobre las transformaciones vividas. Aunque el balance de la implementación, apegado a lo efectivamente acordado, es desolador. También, se han desplegado una serie de procesos, entre ellos las grandes movilizaciones sociales de 2019 y 2021, que parecen indicar la configuración de un nuevo momento de comprensión y organización social. 

La crisis de la implementación es evidente. Los informes alertan sobre retrasos, dilaciones e incumplimientos frente a lo acordado; situación que ha valido justas caracterizaciones como La Paz pospuesta y La Paz negada.

Pese a lo anterior, existen múltiples voces, especialmente de jóvenes, campesinos, mujeres y víctimas del conflicto, que incluso en medio de la crisis social y humanitaria que padecen, apuestan por seguir caminando en la construcción del horizonte de transformación social que se abrió con la firma de la Paz. De ahí que una de las consignas de la movilización sea el cumplimiento de lo Acordado.

Ahora bien, esto se enfrenta a las rigideces y acciones reaccionarias de la fracción más guerrerista y conservadora del bloque en el poder encarnada en la figura del expresidente Álvaro Uribe. Éste sigue negando la existencia del conflicto armado, rechazando el Acuerdo de la Habana y desconociendo cualquier responsabilidad frente a los hechos de violencia. Así lo hizo explicito en el grotesco encuentro que sostuvo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el pasado 16 de agosto.

El escenario es complejo y dilucida un debate electoral para el 2022 que podría sumar a los esfuerzos transformadores impulsados en este momento de rebelión social.


* [i] Colombia, GT Crisis y Economía mundial, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. 

Las luchas de las mujeres por la paz en Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Miles de mujeres marcharon en Bogotá en favor de la paz | Proceso de paz |  EL UNIVERSAL - Cartagena | EL UNIVERSAL - Cartagena
Fuente: El Universal

Este 8 de marzo se conmemora más de un siglo de luchas feministas en contra del capitalismo patriarcal y en procura de la construcción de una organización social que garantice la producción y reproducción de la vida en condiciones dignas y realmente democráticas.
Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. Algunas de ellas asociadas al ejercicio de derechos individuales que han permitido quebrar ciertas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Otras han desvelado la violencia descarnada que la estatalidad capitalista ejerce sobre la sociedad y han conducido al reconocimiento de una multiplicidad de crímenes de Estado. De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.

Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. […] De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.


Pese a la importancia de estos triunfos, aún permanece un sistema de prácticas y relaciones sociales que reproducen cotidianamente violencias y desigualdades basadas en género. Es por ello que entrado el siglo XXI una de las expresiones más fuertes y potentes de la movilización social y popular sea precisamente la del movimiento feminista.
En Colombia uno de los campos más potentes de las luchas de las mujeres ha estado asociado al de la búsqueda de la paz. Esto se explica, entre otras razones, por el carácter estructurador de la guerra sobre la vida social en su conjunto y por los impactos diferenciales que ésta ha tenido sobre la vida de hombres y mujeres. El horizonte de la disputa no se circunscribe solamente al fin de la confrontación armada sino al de superar las condiciones sociales, políticas y económicas que le dieron origen y la alimentaron durante toda la mitad del siglo XX y lo corrido del XXI.

Acuerdo de paz y el enfoque de género

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado en 2016 entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el Estado es el acontecimiento social y político más importante en la historia reciente del país. A través de éste se buscó poner fin a una guerra de más de siete décadas y sentar las bases para la transformación social de Colombia. Este Acuerdo ha sido reconocido por diferentes actores y fuerzas de la comunidad nacional e internacional como uno de los Pactos de Paz mejor logrados del mundo.
Una de las características más valoradas de este Acuerdo es justamente la existencia de enfoques transversales, destacándose entre ellos el enfoque de género. En efecto, la mesa de Conversaciones de la Habana reconoció, por una parte, que la guerra había tenido impactos diferenciales sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y los hombres; y, por la otra, que entre las condiciones de reproducción de la guerra se encontraba un orden social que permitía la desigualdad social estructural entre hombres y mujeres. Este reconocimiento se deriva de la fuerza que cobró el movimiento de mujeres por la paz, así como las elaboraciones iniciales del feminismo insurgente desarrollado por las guerrilleras de las FARC-EP.
Por tanto, cada uno de los puntos del Acuerdo incluye acciones y políticas orientadas a superar las violencias, desigualdades y exclusiones de las que son víctimas las mujeres. Entre otras se destacan:
Punto 1 y 4. Reforma rural integral y cultivos de uso ilícito: Las mujeres campesinas e indígenas son víctimas de las siguientes brechas “Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica” (OXFAM, 2017. Radiografía de la desigualdad, https://ww.oxfan.org). De ahí que se acordó: Acceso a tierras y titulación a mujeres rurales; línea de crédito especial; modelo de desarrollo territorial con enfoque de género; programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con acceso a mujeres; estímulos para la creación de organizaciones de economías solidarias de mujeres.
Punto 2. Participación política: Las mujeres son víctimas de una alarmante sub- representación política. Según datos de ONU-MUJERES “las mujeres son el 52% de la población, sin embargo, son tan solo el 12 % de quienes ocupan cargos elección popular (el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso)” (ONU Mujeres, 2016. Liderazgo y participación política, https://colombia.unwomen.org). Por lo tanto, se acordó: Reforma política que procure en la equidad de género en términos de representación política; programas de formación y promoción de liderazgos políticos de mujeres; mayor financiación a partidos políticos que promuevan la equidad de género, entre otros asuntos.
Punto 3 y 5. Fin del conflicto y sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición: El conflicto armado ha tenido un impacto dramático sobre las mujeres “Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018) las mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875 […].  El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM […]. La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018 […] llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que: Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)” (CINEP, 2018. Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado. (https://www.nocheyniebla.org). De ahí que se acordó: Programas de integrales de seguridad y protección para mujeres, sistema de prevención de alertas tempranas con enfoques de género, programas de acompañamiento psicosocial a mujeres victimas, investigaciones en la jurisdicción especial de paz con enfoque de género que conduzcan al reconocimiento de afectaciones diferenciadas de la violencia sobre las mujeres.
Como se puede apreciar el AFP impulsó una serie de medidas que buscaban, por un lado, cerrar brechas y generar condiciones sociales, económicas e institucionales para garantizar una vida digna para las mujeres; y, por el otro, impulsar un reconocimiento y comprensión social sobre los factores que sostienen y reproducen la guerra, entre los cuales se destaca, el sistema patriarcal.
Ahora bien, pese a la potencia descrita es lamentable el incumplimiento del que es objeto lo acordado. El Estado colombiano, especialmente en su expresión ejecutiva, se ha empeñado en cerrar las posibilidades para caminar en este escenario de transformación social y ha apelado sistemáticamente al ejercicio de la violencia para contener los avances logrados.

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal.

Mujeres y luchas sociales en Colombia

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal. Una de las fuerzas sociales que sostuvo las manifestaciones durante varios meses fue precisamente la de las mujeres y, entre ellas, las más jóvenes.
Su activa participación en las movilizaciones denota que las luchas feministas caminan simultáneamente en un horizonte disruptivo de las desigualdades y violencias basadas en genero, como en el impulso hacia la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales que garantice una vida digna para todas y todos, de ahí la potencia anticapitalista de las mareas moradas y verdes que recorren Nuestra América.

* Colombia, GT Crisis y Economía mundial, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).

Recrudecimiento De La Guerra y Disputas Por La Verdad Histórica En Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Foto: IzquierdaWeb

Dos acontecimientos, antagónicos en su significado social y político, han orientado el debate colombiano en las primeras semanas de agosto. Por una parte, se registra un recrudecimiento de la guerra que se expresa dramáticamente en las recientes masacres de las últimas semanas de agosto que cobraron la vida de 21 jóvenes en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Samaniego (Nariño) y Cali (Valle del Cauca). Y por la otra, en la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso abierto por manipulación de testigos.
El primer suceso es resultado de un escalamiento de la violencia a través del cual se pretende contener militarmente la conflictividad social; y, el segundo, expresa ganancias parciales, no por eso menos importantes, en la búsqueda de justicia y la verdad histórica sobre el desarrollo de la guerra en Colombia.

Recrudecimiento de la guerra

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado entre el Estado colombiano y la otrora insurgencia de las FARC-EP tiene entre sus propósitos fundamentales poner fin de manera definitiva al conflicto interno armado. De ahí, que estableció un conjunto de normas y programas de política pública que ayudarían a resolver las causas que dieron origen y dinamizaron la guerra.
Entre los elementos referidos al fin de conflicto se estableció un acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales (numeral 3.4 del AFP). Este acuerdo generaría las condiciones materiales y judiciales para combatir estructuras paramilitares y mafiosas y de este modo garantizar la vida de los liderazgos sociales y la desmilitarización de sus territorios.

surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP


Sin embargo, surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP en condición de reincorporación. La profundización de la crisis humanitaria en regiones como el Pacífico y el Catatumbo que ha generado el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas. La ejecución de 40 masacres en lo corrido del 2020; así como el aumento de amenazas y actos de violencia contra poblaciones comprometidas con el proceso de construcción de paz.
Los hechos más dramáticos los hemos vivido recientemente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Valle y Nariño en donde se han ejecutado seis dolorosas y repudiables masacres que han cobrado la vida de decenas de niños, jóvenes y liderazgos sociales: 1. El 29 de abril en Mercaderes (Cauca) fue asesinado un líder social junto con su esposa, hijo y nieta. 2. El 19 de julio en Tibú (Norte de Santander) fueron asesinados siete campesinos, entre ellos dos dirigentes de la organización ASCAMCAT. 3. El 11 de agosto en Cali (Valle del Cauca) fueron asesinados cinco jóvenes (14 y 16 años de edad) victimas del conflicto armado. 4. El 15 de agosto en Samaniego (Nariño) fueron asesinados ocho estudiantes universitarios. 5. El 17 de agosto en Ricaurte (Nariño) fueron asesinados tres niños de la comunidad indígena Awa. 6. El 22 de agosto en Tumaco (Nariño) fueron asesinados seis jóvenes.
Estas masacres se han desarrollado en territorios que se encuentran bajo el control de grupos mafiosos y paramilitares. Son territorios con un carácter estratégico debido a su configuración espacial, presencia de economías ilegales y un importante acumulado de luchas populares. De ahí que deban ser “neutralizados” y ordenados bajo los vectores de la guerra.
El significado social y político del recrudecimiento de la guerra es claro: la pretensión de acallar la fuerza social que lucha por la construcción de la paz y el reforzamiento de un disciplinamiento militar de la vida de las comunidades y los territorios estratégicos para los grupos económicos mafiosos.


Disputas por la justicia y la verdad histórica

El pasado tres de agosto la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso que adelanta por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La importancia de esta decisión judicial radica, entre otras cosas, en que involucra los testimonios de un ex paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente Uribe y a su hermano Santiago de conformar grupos paramilitares responsables de múltiples masacres contra comunidades en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Entonces, aunque la detención preventiva no refiera de manera directa a la responsabilidad de Álvaro Uribe en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, si ha permitido posicionar en la discusión nacional la existencia de vínculos entre una fracción del bloque en el poder, representada por el uribismo, con estructuras armadas responsables de los hechos más atroces de la guerra en Colombia. De ahí el significado político de la decisión de la CSJ.
La trascendencia de lo señalado permite entender las posiciones reaccionarias y de ataques a la Corte, así como las propuestas de reforma a la justicia y de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por parte de diversos representantes del partido político Centro Democrático, entre ellos el mismo presidente Iván Duque.
El significado social y político de este hecho es claro: Es la posibilidad de que la sociedad colombiana conozca, vía decisiones judiciales, el vínculo que ha existido históricamente entre la clase política y económica con las estructuras paramilitares. Esto es que se diluciden las dinámicas bajo las cuales opera y se reproduce el carácter contrainsurgente de una fracción importante del bloque en el poder.

Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia.

Interregno entre la paz y la guerra

El carácter antagónico de los acontecimientos descritos se inscribe, en todo caso, en la unidad sistémica y contradictoria de un régimen político autoritario que es combatido por las luchas de los sectores subalternos que propugnan por una ampliación democrática.
Este antagonismo, se inscribe en el escenario actual, en lo que Jairo Estrada denomina el interregno entre la guerra y la paz, esto es:
Producir —exacerbar— la guerra significa reabrir a plenitud la posibilidad de darle un tratamiento militar (o de acuerdo con la lógica militar) a la conflictividad social y de clase que le es inherente al orden social existente; es pretender ponerle una impronta al proceso político general que aún se encuentra indefinido, pues vivimos en ese interregno que hay entre una guerra que no termina de morir y una paz que no termina de nacer. Los sectores más extremistas de las clases dominantes saben que ese es su escenario más propicio; es el que les ha permitido sustentar el proceso de acumulación en el despojo, y el régimen político en el disciplinamiento social que genera el ejercicio estructural de la violencia (Jairo Estrada [2020], “Elementos para el análisis de la coyuntura a dos años del gobierno de Iván Duque”. Revista Izquierda, no 88. Ediciones espacio crítico. https://revistaizquerda.com).
Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia. Este contexto, reclama con fuerza, la vitalidad y capacidad de un movimiento popular que, aunque golpeado, tiene en su haber unos aprendizajes y acumulados de sus luchas históricas por la paz y el derecho a una vida digna.

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, Profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Junta Directiva de la SEPLA.