El Gobierno Colombiano: Aporofobia y Misoginia

Otra masacre en Antioquia, Colombia, en medio de protestas que piden  acciones al Gobierno Duque
Fuente: France24

Consuelo Ahumada*

El gobierno de Iván Duque sigue generando todo tipo de controversias, que se suman a las resultantes de su política errática y sumisa en el ámbito internacional, su desconocimiento del Acuerdo Final con las antiguas FARC y el asesinato sistemático de líderes/as sociales y excombatientes.
En los inicios del mes de marzo, en poco menos de dos semanas, se produjeron dos graves episodios de violación de derechos humanos y desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y del derecho internacional y nacional.

El bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero

Danna Lizeth Montilla fue la primera identificada de las víctimas del bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero en la vereda Buenos Aires, Calamar, Guaviare, el 3 de marzo. Según datos documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos y por medios independientes, un número indeterminado de menores habría muerto en este operativo.
Los niños y niñas que allí perecieron eran “máquinas de guerra”, señaló el Ministro de Defensa, después de que se produjo la denuncia. Con ello pretendió justificar la orden de bombardear que se dio desde el Gobierno Nacional, a sabiendas de que había allí menores reclutados.

La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes


Es una explicación acorde con la que dio un Ministro de Defensa anterior cuando se conoció otro bombardeo en zona rural del departamento del Caquetá, en agosto 2019, que dejó 8 niños y niñas muertos. En una denuncia en el Congreso que se produjo en esa ocasión, se supo también que el Ejército remató a algunos niños y niñas que quedaron vivos después del bombardeo, mientras huían del mismo.
El Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, es una región de ganaderos dedicados a expandir su actividad a punta de deforestar la selva y de otros negocios ilícitos que desarrollan en connivencia con el Estado. Los dirigentes políticos de la región están comprometidos a fondo con el proyecto de extrema derecha del actual mandatario. Junto con el departamento del Meta, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Es también el territorio donde opera Gentil Duarte, el más importante disidente de las antiguas FARC.
Danna Lizeth era una adolescente de 16 años, estudiante de décimo grado de secundaria y oriunda de una vereda cercana a donde fue el bombardeo. Al parecer fue reclutada cuando se desplazaba entre las viviendas apartadas de sus familiares, buscando una mejor conexión de internet para proseguir sus estudios.
En efecto, los últimos chats encontrados en su teléfono celular evidencian su deseo de hacerlo. En una conversación con un profesor, le pide su ayuda para matricularse en un colegio de San José del Guaviare, capital departamental, mientras atendía clases vía whatsapp, tal como venía haciéndolo durante toda la pandemia. Poco tiempo después, el profesor la reportó ante las autoridades como posible víctima de reclutamiento.
En una región tan desprotegida y peligrosa, la presencia social del Estado, su oferta de educación y de servicios básicos, es mínima. La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados y de organizaciones criminales. En 2020 alertó sobre la situación en 14 municipios de Guaviare y Meta. Pero el gobierno no hizo nada al respecto. Según datos regionales, entre 1985 y 2020, los NNA víctimas del conflicto armado en el Guaviare fueron 25.531 y en el Meta 70.470.
En las veredas el riesgo de reclutamiento asecha a diario, tal como lo relató el papá de Danna Lizeth para un medio local: “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”. Le perdió la pista en diciembre pasado y tuvo que reclamar su cadáver desmembrado en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Yeimi Sofía Vega tenía 15 años y desde hacía dos había salido de la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Según se supo, “La mamá estaba durmiendo y la niña se le escapó. Después la llamó y le dijo que se iba a buscar nuevas oportunidades para ser alguien en la vida”. Cursó hasta tercero de primaria, el último grado de estudio allí disponible. Luz Amparo, su mamá, también encontró su cadáver en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Ni Danna Lizeth ni Yeimi Sofía pudieron llegar a ser “alguien en la vida”. Tuvieron mínimas oportunidades, al igual que la mayor parte de las niñas en esta y otras regiones olvidadas: trabajar en una finca, ser reclutadas por grupos armados o conseguir marido.
Por ello, la respuesta del ministro es desalmada y cínica. Según múltiples tratados internacionales, los NNA son sujetos de especial protección frente a su reclutamiento y utilización ilegal en la guerra por cuenta de los actores armados, desde un enfoque de protección integral.
El Estado debe brindar las garantías para prevenir el reclutamiento. Pero en cambio los bombardea. Como señaló Jim McGovern, influyente representante demócrata de EEUU y defensor de la paz en Colombia: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado […] no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”.

Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

El caso Yineth Bedoya versus el Estado

Cuando todavía persistía la indignación frente al bombardeo y la respuesta del gobierno, se presentó otra infamia que vino a ahondar la herida. El lunes 15 de marzo fue convocada la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para el caso de Jineth Bedoya. En un hecho insólito, el representante del gobierno colombiano, Camilo Gómez, al frente de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, recusó a seis de los siete jueces por supuesta falta de imparcialidad y prejuzgamiento. Se retiró de la audiencia y pidió su cancelación.
Los hechos que provocaron la audiencia son bien conocidos, no solo en Colombia sino en el mundo entero. En mayo del 2000, como periodista del periódico El Espectador, Jineth investigaba las actividades delincuenciales de distintas organizaciones, incluidos los paramilitares, en alianza con miembros de la Policía, en la cárcel Modelo de Bogotá. Por ello la periodista recibía constantes amenazas contra su vida y la de su mamá.
En medio de esta situación, fue convocada a la sede de la cárcel para una entrevista, pero se trató de una trampa. Cuando llegó, fue secuestrada a la entrada, en frente de los guardias y de una patrulla de la Policía. Después fue llevada a un paraje rural y fue objeto de violación masiva y de delitos atroces por paramilitares. “Me mataron pero seguiré levantando mi voz”, señaló durante la audiencia la valiente periodista.
A pesar de ser hechos plenamente probados, en más de veinte años la investigación del gobierno no llegó a los autores intelectuales del atropello, entre ellos un reconocido general de la Policía. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recurrió entonces a la CIDH.
Una vez más, como ha sucedido en diversas ocasiones ante las Naciones Unidas y otros organismos, en lo que tiene que ver con atropellos y violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Iván Duque hizo el ridículo internacional. La Corte rechazó las recusaciones y ordenó la continuación inmediata de la audiencia. El representante del gobierno tuvo que regresar a la misma, aunque apenas reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado.
El mensaje del gobierno en los dos episodios referidos es contundente y ratifica dos verdades. La primera, su carácter marcadamente fascista, que desconoce, incluso, los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. La segunda, su práctica sistemática de misoginia y aporofobia. Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

* Colombia, GT Geopolítica, integración y crisis del capitalismo y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE.

El Legado De Las Mariposas*

Consuelo Ahumada**

República Dominicana. Mariposas luchadoras: las hermanas Mirabal – Resumen  Latinoamericano
Foto: Resumenlatinoamericano

Hace 60 años, el 25 de noviembre de 1960, aparecieron torturadas y asesinadas en el fondo de un barranco las hermanas Mirabal. El responsable fue Rafael Leónidas Trujillo, “el benefactor”, quien gobernó República Dominicana con puño de hierro durante tres décadas, en persona o mediante sus agentes serviles. Sin duda, fue una de las más sanguinarias dictaduras del Caribe, entre todas las que contaron con el respaldo incondicional de Washington. Cometió múltiples atropellos y crímenes contra la población. Con todo el poder del Estado y las fuerzas militares puestos a su servicio, persiguió, encarceló, torturó y desapareció a sus oponentes. Dejó más de 50.000 muertos, incluidas las víctimas de la llamada Masacre del Perejil, perpetrada en 1937 contra miles de inmigrantes haitianos, hombres y mujeres, que vivían en extrema pobreza.

la era Trujillo también exhibió un despliegue inaudito de atropellos contra las mujeres. El tirano y sus secuaces se ensañaron en especial con las niñas. Miles fueron acosadas, torturadas, violadas, prostituidas, compradas, vendidas, utilizadas para intercambio de favores y/o asesinadas, independientemente de su clase social.


Pero la era Trujillo también exhibió un despliegue inaudito de atropellos contra las mujeres. El tirano y sus secuaces se ensañaron en especial con las niñas. Miles fueron acosadas, torturadas, violadas, prostituidas, compradas, vendidas, utilizadas para intercambio de favores y/o asesinadas, independientemente de su clase social. La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, da buena cuenta de todas estas prácticas. Por lo demás, ha sido un comportamiento típico de dictadores tropicales, de gamonales andinos con poder y de paramilitares, tal como lo evidencian los relatos de las víctimas del conflicto armado colombiano
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, fueron entusiastas luchadoras contra la tiranía. Pero también denunciaron todo tipo de violencia contra las mujeres. Su asesinato tuvo un impacto significativo en el país y en el mundo. Pocos meses después, Trujillo murió en un atentado.
Para preservar la memoria de las hermanas Mirabal, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe reunido en Bogotá en 1981, estableció el 25 noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una decisión que fue ratificada por la Asamblea General de la ONU en 1999.
En el mundo de hoy, el legado de las mariposas está más vigente que nunca. No es otro que la lucha contra la tiranía y sus atropellos, por la defensa del Estado de derecho y la democracia, por la conquista de la igualdad y los derechos de la mujer y contra la violencia de género. En el auge del descontento social en América Latina durante los últimos años, con particular intensidad en contra de los estragos del neoliberalismo, por la justicia social y por la defensa de la vida, la lucha feminista ha estado en primer plano.
Lo cierto es que el desarrollo tecnológico sin precedentes que ha experimentado la humanidad en este siglo convive con sociedades profundamente patriarcales, machistas y excluyentes. Por ello el avance en las luchas feministas no puede sorprender. En medio de la movilización social de Chile de finales de 2019 tuvo un impacto enorme “Un violador en tu camino”, dramatización que denuncia la violencia y el feminicidio y se difundió velozmente por las redes sociales en el mundo entero, sin distingo de etnia, religión, idioma o condición social. Allí se expresa con claridad la conexión existente entre el Estado opresor/represor, el capitalismo y el patriarcado. También debe destacarse la enorme acogida y las múltiples versiones del canto feminista originado en México, pero hoy latinoamericano, Vivir sin miedo. Ambas son expresiones de la movilización y toma de conciencia de las mujeres, en cuanto al carácter profundamente político de su lucha por la igualdad y en contra de la violencia de género.
No puede dejarse de lado que Latinoamérica es la segunda región, después de África, en donde se registra un mayor número de feminicidios por año. Según datos de la Cepal, de los 25 países con la tasa más alta de estos, 14 están en la región, donde en sólo dos de cada 100 casos los agresores son encarcelados. Pero además durante la pandemia se viene registrando un incremento significativo de la violencia contra la mujer y los feminicidios. Aparte del aumento exorbitante del trabajo del cuidado y del deterioro significativo de sus condiciones económicas y sociales, por ser un sector muy vulnerable, particularmente golpeado por la informalidad y el desempleo.
La subordinación de la mujer en la sociedad moderna tiene raíces históricas. En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, F. Engels rebate las concepciones religiosas prevalecientes sobre el punto y señala que dicha subordinación fue el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas que llevó al establecimiento de la sociedad de clases. La nueva organización social, correspondiente al matrimonio monogámico, se basó en el predominio del hombre y la subordinación de la mujer y su fin expreso fue la procreación de los hijos cuya paternidad fuera indiscutible para garantizar la herencia, una vez apareció la propiedad privada, que reemplazó al comunismo primitivo, en el cual la mujer tuvo un papel preponderante. Este modelo alcanzó su pleno desarrollo en la sociedad capitalista
Desde entonces, pero en especial a partir de la Edad Media, el papel de la religión ha sido y sigue siendo decisivo en el reforzamiento de estos valores patriarcales y machistas y en la construcción de estereotipos en torno a la mujer, sus supuestos valores, cualidades, obligaciones, sentimientos, debilidades, limitaciones, culpas.

La erradicación de la violencia contra la mujer está muy lejos de alcanzarse. En primer lugar, porque siguen prevaleciendo esos valores arcaicos que la legitiman y la justifican.


En el mundo de hoy, el fundamentalismo religioso, tanto protestante como católico, insiste en afianzar todavía más esos mitos, como parte de la agenda de la extrema derecha global. Una agenda marcada por supremacismo blanco, racismo, xenofobia, homofobia, uso de las armas, guerra, odio a la diferencia, destrucción de la naturaleza y mayor exclusión económica y social. Basta ver el peso que tuvieron estas concepciones en las elecciones de países como Brasil y Colombia.
La erradicación de la violencia contra la mujer está muy lejos de alcanzarse. En primer lugar, porque siguen prevaleciendo esos valores arcaicos que la legitiman y la justifican. En algunos países ha habido avances importantes en el terreno legal para prevenir y castigar las múltiples formas de violencia contra la mujer y los feminicidios. La movilización social ha sido fundamental, pero todavía falta mucho por hacer.
En segundo lugar, porque el neoliberalismo, como expresión más voraz del capitalismo, despoja a las mujeres, en particular a las más pobres, de las mínimas garantías para atender el trabajo del cuidado, que histórica y tradicionalmente se le ha atribuido. Reformas sucesivas y regresivas en el campo laboral y de seguridad social, como las impuestas por el gobierno colombiano en medio de la pandemia, dificultan cada vez más la perspectiva de la igualdad de la mujer en el trabajo y la sociedad.

* Una primera versión de este artículo se publicó en el portal las2orillas.co Bogotá, 25 de noviembre 2020.
** Colombia, GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales y GT Geopolítica, integración y crisis del capitalismo. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia.

El perverso papel del gobierno de Colombia en la crisis regional

Consuelo Ahumada

Fuente: Vanguardia

El pasado 27 de mayo la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la llegada al país de una unidad especializada de su Ejército, cuya misión se prolongaría por varios meses. De acuerdo con el Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, será una oportunidad para ratificar el compromiso de los dos países en la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la paz regional y el respeto a la soberanía.

  Sin embargo, ninguno de estos tres objetivos corresponde a la realidad.  La presencia de las tropas extranjeras busca incrementar el asedio a Venezuela y desestabilizar la región. Se atenta de manera grave en contra de la soberanía nacional, por cuanto Washington, sin el menor recato, se inmiscuye de manera abierta en los asuntos internos de los dos países andinos.

   Debe recordarse que a finales de la década del 80 Colombia se convirtió en el eje de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, que se concretó precisamente en el Plan Colombia. A partir del siglo XXI, en la medida en que surgieron y se consolidaron los gobiernos de izquierda en la región, se estrechó todavía más la relación entre los dos países, en especial cuando George Bush ocupó la Casa Blanca (2001-2008) y Álvaro Uribe Vélez gobernó a Colombia (2002-2010).

   Tiempo después, la negociación y firma del Acuerdo Final con las FARC (2013-2016) y la reconciliación con los países vecinos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos provocaron alivio en la región, por cuanto por fin se superaría la “narcotización” de la política internacional de Colombia, para centrarse en cambio en la superación del prolongado conflicto armado. De ahí el amplio respaldo internacional que recibió el acuerdo, incluso del presidente Barack Obama.

  No obstante, desde el año 2018, cuando se produjo el retorno del uribismo al poder con el triunfo electoral de Iván Duque, Colombia retomó la senda anterior. Este cambio coincidió con dos procesos relacionados y contrapuestos. El primero, la llegada de Donald Trump a la presidencia (2017) y el consecuente ascenso y fortalecimiento de la causa de la extrema derecha mundial. El segundo, el declive de los gobiernos alternativos de la región, en especial en Brasil (2015-2016) y Argentina (2015). En este nuevo contexto, el mandatario colombiano ha puesto todo su esmero en convertirse en principal aliado de Washington en el continente.  

   Tan pronto llegó Duque al poder, Trump le ordenó la reanudación de la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Debe recordarse que el país empezó a fumigar con glifosato desde 1984, pero estos cultivos se incrementaron año tras año, como lo corroboran diversos estudios nacionales e internacionales. La medida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Santos la suspendió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que así lo ordenó. En medio de muchas tensiones y presiones, la Corte estableció que no se reanudarían las aspersiones hasta que se garantizara la protección al derecho a la salud y el ambiente, en el marco de dicha actividad. Pero de manera explícita, el gobierno expresó que no puede cumplir con estos requisitos y ha reanudado la fumigación. Esta medida atenta contra el punto 4 del Acuerdo de paz, que privilegia la erradicación manual.

 Pero mientras se persigue a los campesinos cultivadores de coca, la elite gobernante colombiana se debate en múltiples escándalos de corrupción, particularmente por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Tal es el doble estándar que mantiene la Casa Blanca en desarrollo de su estrategia contra el narcotráfico en Colombia.

 ¿Qué busca entonces Estados Unidos con su presencia militar en Colombia? Claramente, se trata de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela y de propiciar un conflicto en el vecindario. Por su parte, el gobierno de Duque quiere también asestarle un golpe definitivo al Acuerdo de paz, ya de por sí bastante debilitado durante su mandato, y frenar cualquier posibilidad de negociación con el ELN.

   El referente inmediato de la llegada de las tropas estadounidenses a Colombia hay que buscarlo en el tratado suscrito el 30 de octubre de 2009 por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que provocó un malestar generalizado en la región. Los gobiernos progresistas predominantes en ese entonces en el sur del continente avanzaban en un proyecto de seguridad propio, la Unión de Defensa Suramericana. Se buscaba precisamente romper con el tutelaje de la OEA y de Washington en esa materia.

  La preocupación de la región no era infundada. El acuerdo autorizaba el uso de 7 bases militares y del territorio colombiano por tropas, naves y aviones militares del Pentágono. Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado de Colombia se había pronunciado, señalando que este no tenía ningún fundamento en tratados anteriores ni en la Constitución. Señaló que incluía todo tipo de concesiones unilaterales: a los militares y mercenarios y a sus familiares y acompañantes se les otorgaba inmunidad ante delitos o crímenes atroces en territorio colombiano. Un año después, el Acuerdo fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional.  No obstante, hay una presencia real de tropas gringas y asesores militares en Colombia.

    En lo que respecta a la estrategia contra Venezuela, reforzada en los últimos dieciocho meses, Colombia ha desempeñado un papel prioritario. Los episodios de agresión, maquinados con el Departamento de Estado, han sido múltiples, pero todos han fracasado. El más grave de ellos fue la incursión militar del pasado 3 de mayo, cuando se produjo un intento de desembarco militar en la costa de la Guaira. 

    En noviembre del año pasado se conoció una conversación privada entre el actual Embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, y la recién designada Canciller de Colombia, Claudia Blum. Como podía esperarse, esta grabación causó conmoción durante unos días, pero finalmente no trascendió, y los dos funcionarios conservaron su cargo público. Los medios se centraron en algunos asuntos de importancia menor, como el carácter ilegal de las grabaciones y las críticas al desorden del Departamento de Estado. 

  Sin embargo, asuntos esenciales quedaron por fuera del escándalo. Francisco Santos le expresa a la Canciller que es necesario desarrollar una agenda estratégica para sacar a Maduro de Venezuela, que él ya armó: «Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso». Y agrega: “Me toca inventarme cosas para que ellos tengan en la cabeza otra vez a Venezuela”. Señala la necesidad de mantener las acciones encubiertas en este país “para generar miedo y apoyar a la oposición que está muy sola y desgastada”.

  La reciente publicación del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump, viene a ratificar el papel de Colombia en el cerco a Venezuela. Washington quiere asegurarse el control del petróleo venezolano y, para hacerlo, ha contemplado todas las opciones, incluida la militar. Sería “cool” invadir a Venezuela, señala Trump, de acuerdo con el testimonio de Bolton. 

  Pero no podemos dejar de lado tampoco el ataque a Cuba. En su estilo imperial, el pasado 13 de mayo el Departamento de Estado la incluyó en su lista de países que apoyan el terrorismo. El motivo que adujo para hacerlo fue no haber atendido la solicitud del gobierno colombiano para que extraditara a los dirigentes del ELN integrantes de la delegación de paz, con motivo del repudiable atentado de este grupo en la Escuela de Cadetes de Bogotá.

 Con esta medida, incitada por la administración de Duque, Trump desconoció los protocolos suscritos por el Estado colombiano, la guerrilla y los países garantes, Cuba y Noruega, para el caso de que se diera una ruptura de la negociación. En otro acto vergonzoso, el Comisionado de Paz de Colombia celebró el “espaldarazo” recibido de la Casa Blanca, cerrándose así cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto armado con el ELN.

 El Presidente Duque viene trabajando en esa línea frente a Cuba y Venezuela, en consonancia con Washington y contando con la OEA de Almagro, como lo muestran los eventos de las últimas semanas. Entretanto, las tropas gringas están ahí. El conflicto regional que se pretende azuzar representa un peligro real.

Consuelo Ahumada: Colombia, GT Geopolítica, integración regional y sistema mundial y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas ACCE y Vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI).