Zaida Vázquez Peralta
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue acompañada de la ejecución inmediata de algunas medidas dirigidas a cumplir una de las promesas “eje” de su campaña, el combate a la corrupción. Durante su conferencia matutina del 15 de enero de 2019, hizo un llamado a combatir el huachicoleo en la compra de medicinas y reiteró su negación a hacer negocios al amparo del poder público. Una primera acción que se llevó a cabo fue la de consolidar (concentrar) las compras desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que implicó un cambio en el modelo de adquisiciones como mecanismo para combatir la corrupción y el tráfico de influencias en las grandes compras de medicamentos e insumos.
En este marco se desarrolla el problema del desabasto de medicamentos, que ha mostrado las resistencias políticas que enfrenta el Estado para realizar transformaciones en un sector social que fue profundamente mercantilizado, añadiéndose a ello la emergencia global del COVID-19 que presiona sobre un sector salud precarizado, sobre las finanzas estatales y un tejido público debilitados durante la etapa neoliberal.
Desarrollo del desabasto de medicamentos
A partir de mayo de 2019 se presentaron denuncias y protestas ante la falta de medicamentos. Según el Primer Informe sobre el Desabasto de Medicamentos, realizado por la plataforma No al Huachicol de Medicinas, había un total de 916 denuncias detalladas y corroboradas por desabasto concentradas en CDMX, Estado de México y Veracruz. Al ISSSTE le correspondían 48.68% y al IMSS el 25.11% de los casos. Los cuatro padecimientos más afectados fueron la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el VIH. Se señala que algunas causas del desabasto fueron los cambios en los modelos de compra y negociación para evitar abusos de poder, corrupción, conflictos de interés de farmacéuticas, y que incidieran en disminuir los precios, mejorar la calidad y la eficacia terapéutica.
En septiembre, la revista Proceso en su edición 2239, documentó que el desabasto de medicamentos en el Hospital 20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México para los niños con cáncer había sido detonado por las clausuras en plantas de Laboratorios Pisa y de su filial SAFE que elaboran el fármaco metotrexato, mismas que suministran casi la mitad de la demanda del sector público. Corporación que elevó sus ventas, sólo en el mercado privado, en más del 100% en los últimos 5 años. Las autoridades hallaron el incumplimiento de normas sanitarias, irregularidades operativas, prácticas monopólicas, manipulación y chantaje, licitaciones desiertas, sobreprecios y confabulación. El gobierno respondió con la compra internacional de emergencia de metrotexato a la firma francesa Mylan y acordó suministros con Teva desde Brasil y Argentina. El precio de compra subió sólo en 3% con respecto al precio nacional. El cierre de plantas coincidió con un problema de suministro de medicamentos a escala mundial que continúa hasta la fecha.
En los medios de comunicación se mostraron las acciones contra Pisa como un golpeteo contra las empresas del sector, sin embargo, este proceso se desencadenó por un curso orgánico de sucesos. Primero, en abril de 2019 se descubrió en Jalisco un brote de infección en la nutrición parenteral. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) responde, después de una investigación, clausurando siete de sus 17 plantas por contaminación. Después, la muerte de un niño en Puebla que recibía metrotexato, reveló las malas prácticas de manufactura y el vencimiento del certificado para operar que tuvo como consecuencia el cierre de otra planta, acelerando la crisis del metrotexato. La respuesta de Pisa que fue, más bien, un contragolpe, no se hizo esperar, e incumplió un contrato con el Hospital Infantil, reteniendo 36 000 frascos de metotrexato que ya se tenían disponibles (argumentando que se habían confiscado) [https://cutt.ly/nr49MrD].
El desenlace coloca en el debate un tema fundamental: la conveniencia de que empresas privadas con carácter monopólico concentren el abastecimiento de medicamentos que son de vital importancia para el tratamiento del cáncer, y que deben formar parte de una estrategia de seguridad social y nacional.
Para noviembre, la SHCP declaró que sí había metotrexato, que nunca hubo desabasto y aseguró que la causa fue la falta de “una comunicación apropiada entre administradores y médicos”. Responsabilizó directamente a los institutos de violar el derecho a la salud y comenzó una evaluación a los directores de administración de institutos y hospitales. En ese período se suscitaron 3 renuncias, entre ellas la del administrador del Hospital Infantil (coludido presuntamente con Pisa), y la destitución del director del Instituto de Neurología meses después. Revelándose probables escenarios de escasez inducida por los proveedores. Desde el inicio, el desabasto fue atribuido por los opositores al resultado de un supuesto recorte del gasto en salud –lo que fue, más claramente, un estancamiento debido a reestructuraciones del gasto total y a compromisos presupuestarios, 2,5% del PIB en 2018 y 2019 [https://n9.cl/pfda] –, errores en la concepción de la nueva estrategia para combatir la corrupción y, en general, atribuido al mal diseño de la política pública.
Los conflictos, pese al abastecimiento internacional de medicamentos, no han cesado. Los problemas han derivado en juicios de amparo por desabasto contra el Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) otorgados a familias de niños con cáncer, algunos apoyados por el equipo jurídico del PRD en la CDMX. Se han desprestigiado las compras de medicamentos en el exterior al difundirse en medios como El Universal que son medicamentos “precalificados” o “piratas”. Además, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC), alertó de un posible incremento del 25% en los precios de los medicamentos para este año, debido al aumento de los inventarios de las empresas nacionales. La apuesta del gobierno ha sido la compra de medicamentos a fabricantes, sin intermediarios ni condicionamientos comerciales, fracturando una cadena de circulación y valorización innecesarias. Así, el desabasto reciente ha sido a causa de los contratos con intermediarios que actúan entre el sector público y el sector privado [https://n9.cl/mh6q].
Emergencia del COVID-19
En estas circunstancias, llega la pandemia de coronavirus a México, cuyo riesgo de muerte por contagio se eleva con la edad y en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Lo que tiene efectos, tanto en los países de altos ingresos, por su perfil epidemiológico y etario, como en los países de ingresos medios, donde la preeminencia del perfil crónico, como México, ha sido arrastrada por la extensión de la obesidad (72.5%) y la diabetes (13.1%), según cifras del Health at a Glance 2019 de la OECD, elevando la predicción de afectados graves a un 7%. Para el 24 de marzo las cifras ascienden a 405 contagios y 5 decesos, inicia la fase 2 de mitigación con 5 casos de transmisión comunitaria, aunque ya se habían anticipado medidas propias de esta fase. Se intensifican las acciones de “sana distancia” y “quédate en casa”. A nivel mundial, la cifra asciende a 414,000 contagios y a 18,500 muertes en 185 países. Italia es el país con mayor número de decesos.
Las medidas tomadas por el gobierno mexicano no han escapado al clima de confrontación política. Una de las críticas lanzadas ha sido la tibieza o la poca seriedad en la fase de contención, con ausencia de medidas drásticas de confinamiento para prevenir la epidemia y la desconfianza de que el sector salud pueda garantizar los recursos humanos, materiales y organizativos, idea que se reactivó con la protesta de enfermeras y denuncia de médicos residentes de algunos hospitales el 24 de marzo, por no disponer de los insumos más elementales y de capacitación para enfrentar la contingencia. Posicionando nuevamente el problema del abastecimiento, el cual se desenvuelve entre el indudable desmantelamiento del sector salud y la intensiva explotación del personal, la corrupción y la operación política.
Las estrategias seguidas por el gobierno -aprendidas de las experiencias previas y del apoyo recibido por China-, han sido reconocidas por la OMS, al haber actuado antes que otros países con relación al peso relativo de contagiados y decesos y por su sistema de vigilancia epidemiológica [https://cutt.ly/Stnoqg4]. Se han enfocado en minimizar los impactos y mantener un equilibrio entre la contención, con una alerta temprana, y conservando actividades generales aunque en retiro paulatino, conscientes de la fragilidad social causada por la precarización del trabajo, la pobreza y la inevitable dependencia de actividades productivas, comerciales y servicios esenciales para garantizar la reproducción de la vida y que de no garantizarse pudieran derivar en una crisis mayor que la causada por la epidemia.
“El crecimiento controlado” del contagio para hacerlo asimilable a las capacidades del sector salud ha sido reprochado como parte del “eficientismo” neoliberal. Por un lado, como si fuese técnicamente posible evitar en absoluto los contagios y sus consecuencias, por otro, como si lo fuese evadir las condiciones reales en las que recibió la economía, las finanzas públicas, el sector salud y el mercado laboral el gobierno en turno.
La contingencia aparece como la coartada para exigir al gobierno la radicalización de ciertas medidas y el desmonte urgente de una precarización antípoda del cuidado público de la salud, exacerbando la coyuntura las demandas ultra humanistas en la izquierda?, a la par de la mezquindad de la derecha al acecho de la primera señal que anuncie la crisis sanitaria. Otra exigencia ha sido el test masivo, usado en Corea del Sur en menos del 1% de su población, que muestra su inutilidad si no se garantiza el aislamiento total, sólo posible por el control estatal de la movilidad y el disciplinamiento social, y de una economía que lo propicie. Aprovechado, además, para el despliegue del autoritarismo en algunos países.
Los riesgos se incrementan con el eventual? traslado del epicentro de la pandemia a Estados Unidos y las restricciones que puedan derivar de las relaciones comerciales con éste y en las fronteras compartidas; asimismo por la incertidumbre provocada por la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso. Aunque se hayan tomado medidas cautelosas, los resultados no están asegurados; además de las contradicciones entre lo dispuesto oficialmente y su ejercicio real. El sector salud y el farmacéutico serán espacios de confrontación y legitimación durante el sexenio. Esta tendencia se confirma con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI a finales del año pasado. Los cambios que amenazan los intereses creados en el sector salud serán respondidos con resistencias organizadas y sabotajes desde los propios espacios de poder corporativo e institucionales que ocupan estas empresas y los grupos políticos vinculados a ellas, pudiendo detonar mayor confusión mediática y presión social.
El tamaño de las resistencias es, desde luego, equiparable, al tamaño de las expectativas y ganancias que se ponen en riesgo. Ir en sentido inverso o frenar un modelo de salud que iba en caída libre hacia la privatización y el lucro, será interpretado como una disputa de poder; y en efecto, lo es. Sin embargo, algunos cambios en el sector seguramente se verán postergados por la urgencia de paliar la pandemia y garantizar la estabilidad. Los esfuerzos se concentrarán aquí y en sus consecuencias. El proceso de cambio no será sencillo, quedará sujeto a las condiciones internacionales y al desarrollo de las contradicciones entre la nueva política de salud y las estrategias de quienes buscan bloquear un proyecto y se resisten a dejar de utilizar al sector salud como un espacio de acumulación de capital.
Zaida Vázquez Peralta: México, economista, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
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