ARGENTINA:EL GOBIERNO ACORDÓ CON EL FMI

 Julio C. Gambina*

Al final se develó la incógnita y entre el 28 de enero del presente año y la siguiente semana se cancelan 1.100 millones de dólares al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses.

Eso ocurre porque se acordó con los negociadores del FMI un “préstamo de facilidades extendidas”, con 10 años de duración, cuyo primer vencimiento será dentro de 4 años y medio, o sea, a mediados del 2026, con cancelación prevista hasta el 2031. Es decir, el stand by de Mauricio Macri del 2018 con vencimiento en el 2024, se transforma en otro préstamo por idéntico monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) con vencimiento en 2031. La hipoteca continúa.

Se alude a DEG, cuya cotización involucra a varias monedas de circulación internacional, en un tiempo en que el dólar viene devaluándose. Eso implica entonces que hacen falta más dólares para pagar los DEG desembolsados por el FMI. Los montos a devolver son mayores que los 44.500 millones de dólares de la cotización al 2018. Todo ello supone una mayor exigencia para devolver el préstamo del FMI.

El acuerdo

Lo acordado deberá ser tratado en el Congreso Nacional y en el Directorio del FMI. Todavía falta para suscribir el acuerdo final y ahora viene el debate local y en el organismo internacional.

El supuesto es de tratamiento y aprobación rápida, antes de los vencimientos de febrero y marzo, imposibles de cancelar sin desembolsos del FMI. La convocatoria del gobierno apunta a lograr el apoyo parlamentario del oficialismo y de la oposición.

Lo previsible será el voto de rechazo de la izquierda, que podrá extenderse a otros sectores políticos con diversas argumentaciones. Es un debate que juega en la disputa electoral hacia el 2023.

Según lo informado por el ministro Martín Guzmán, una vez suscripto los acuerdos, con los memorándums técnicos correspondientes, el FMI desembolsará trimestralmente, previa revisión de que se cumplen con el “esquema de políticas macroeconómicas” y las “medidas de política económica” comprometidas, de mediano plazo, las que apuntan a la estabilización duradera de la economía local.

En buen romance, el FMI auditará cada trimestre la evolución económica local y si da el acuerdo se efectivizan los desembolsos, y si no, se cae el acuerdo. El FMI se convierte en fiscal de la economía local. Claro que el acuerdo se presenta como un logro en defensa de la decisión soberana para mantener la senda del crecimiento de la producción y del empleo.

Lo acordado es un programa por 2 años y medio, es decir, el tiempo que resta para cancelar el stand by del gobierno Macri.

El FMI se compromete a desembolsar el equivalente de los vencimientos, incluido lo ya cancelado con el FMI en este tiempo, algo más de 5.000 millones de dólares, según dijo Guzmán. Según lo informado habría una meta de acrecentar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares, los que pueden integrarse con esos fondos recuperados desde el FMI.

Los compromisos apuntan a bajar el déficit fiscal a -2,5% del PBI en 2022 (el Presupuesto sugería -3,3%); bajar a -1,9% en 2023 y a -0,9% en 2024, sin precisar detalles, solo señalando una “moderada” intervención sobre el crecimiento del gasto y una “mejora” en la administración recaudatoria. Se trata de ver las planillas en concreto sobre el ajuste por gastos e ingresos.

Es un tema de alarma en materia de ajuste fiscal. Se compromete el gobierno a reducir el financiamiento del BCRA al tesoro hasta prácticamente eliminarlo hacia 2024, con reducción de las emisiones monetarias y fortaleciendo el mercado de capitales en moneda local, cambiando el balance de la deuda pública en divisas a pesos.

Se informó que no habrá reformas laborales o previsionales, ni aliento a privatizaciones, aunque se continua con el plan de reducir subsidios por servicios públicos.

La apuesta es a crecer productivamente sobre la base de exportaciones y que se generen suficientes divisas para hacer frente a los compromisos que se asumirán.

En síntesis, se aprueba la continuidad de los compromisos del Estado, aun cuando el Jefe de Gabinete habló de la “irresponsabilidad” del gobierno Macri en la suscripción del préstamo. El ministro Guzmán aludió al “fracaso” de las políticas comprometidas y que el dinero se usó para cancelar deuda y fugar capitales. Aun cuando se alude a las múltiples causas de la inflación, las medias enunciadas siguen el rumbo de la estabilización y el ajuste.

Argentina vuelve a perder otra oportunidad de investigar a fondo el endeudamiento y para actuar en consecuencia en el rechazo de la deuda ilegal, ilegitima, fraudulenta y odiosa. La campaña por el rechazo al acuerdo con el FMI, la suspensión de pagos y auditoría deberá profundizar su campaña para esclarecer los efectos del acuerdo favorable a legitimar una deuda odiosa que hipoteca recursos públicos alejando soluciones demandas por la sociedad empobrecida.


* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, presidente de la FISyP, miembro de la dirección colectiva de SEPLA.

ELECCIONES, ACUERDO CON EL FMI Y AJUSTE EN ARGENTINA

Gabriela Roffinelli*

Elecciones legislativas en Argentina

En Argentina el pasado 14 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas de medio turno (2019-2023), en las que se renovaron un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Se impuso la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, por un margen de casi el 10% a nivel nacional, sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández celebró haber evitado una derrota mayor de la esperada, considerando los resultados de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) realizadas dos meses antes.

El Frente de Todos evitó la crisis gubernamental que se avecinaba; el presidenciable en 2023, Mauricio Macri anticipaba triunfante -durante los comicios- que Juntos por el Cambio “iba a ayudar a que la transición sea lo mejor posible”. El oficialismo recuperó votos con respecto a las PASO, principalmente, en la provincia de Buenos Aires, por lo que se mantiene como primera fuerza en Diputados, aunque no alcanzaron para retener el quórum propio en el Senado.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU) hizo una muy buena elección, con un 6% de los votos se posicionó como tercera fuerza a nivel nacional y obtuvo cuatro diputados: uno por la provincia de Jujuy, dos por la provincia de Bs. As. y uno por la ciudad de Buenos Aires. Y en varios distritos del conurbano bonaerense con un 8 y 10% del apoyo de los electores obtuvo varios concejales. Evidentemente, parte de la base electoral del kirchnerismo se inclinó por la izquierda, desilusionada con gobierno de Alberto Fernández que no ha cumplido con sus promesas electorales de reactivar la economía, recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

La ultraderecha liberal se destacó como la novedad ya que obtuvo un 5% de apoyo a nivel nacional.  Destacándose el 17% de Ciudad de Buenos Aires y el 6% de provincia de Bs. As. obtenidos por las listas encabezadas por los economistas ultraliberales Javier Milei y José Luis Espert respectivamente. La ultraderecha liberal son una fuerza colectora de votantes de derecha de JxC y de votos bronca ante la elevada inflación (52,1% interanual) en curso. No obstante, todo hace prever que votarán en sintonía con JxC en el Congreso.

Según información oficial la participación del electorado alcanzó el 71%, cinco puntos más que en las primarias, con lo que se convierten -a excepción de 200- en unas de las más bajas participaciones electorales desde 1983. Más de 10 millones de empadronados no se presentaron a votar, siendo el voto obligatorio. Al ausentismo se le sumaron cerca de 1,1 millón de votos en blanco o impugnados. A diferencia de 2019, cuando fueron las elecciones presidenciales, se evidencia que el descontento social –que arrastra varios años de crisis económica- no se canalizó a través de la contienda electoral.

El ajuste del Fondo

En la noche de las elecciones, mientras se conocían los resultados electorales, a través de un mensaje grabado Alberto Fernández convocó a la mayoría parlamentaria la oposición de derecha y a los representantes del FdT– a apoyar el acuerdo con el FMI.  Anunció que enviará al Congreso en los primeros días de diciembre un programa económico de varios años que denominó: “Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable”.  Este programa –del que todavía se desconoce su contenido concreto– “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente».  Pero está claro que el FMI no tiene intenciones de flexibilizar sus exigencias, no aceptó prorrogar los plazos de repago 20 años, ni eliminar la sobre tasa que cobra por el excesivo endeudamiento.

Desde el Frente de Todos insisten en que el acuerdo con el Fondo se realizará “preservando el crecimiento económico y la inclusión social”.  Pero en concreto el gobierno busca un acuerdo para pagar una deuda fraudulenta que financió la fuga de capitales (como denunció el Banco Central  https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/) y la campaña presidencial del Ingeniero Macri

(https://www.infobae.com/politica/2020/07/28/un-asesor-de-trump-revelo-).

Por ahora no se conocen los detalles del acuerdo con el FMI (las negociaciones son secretas), pero lo que está claro es la injerencia del organismo en la formulación de la política económica del gobierno actual y de los futuros –sean del color que sean–; la que se reducirá a la implementación de las consabidas recetas de ajuste: déficit fiscal (recortes en educación, salud, viviendas, infraestructura, etc.), liberar el mercado cambiario y devaluar, aumentar las tarifas de los servicios públicos y la puesta en marcha de las contrarreformas estructurales: reforma laboral, previsional y tributaria, que supongan más recursos para que el Estado pueda comenzar a pagar en 2026 los U$S 45 mil millones pendientes. No por casualidad, el ex ministro de economía del macrismo, Nicolás Dujovne expresó: “lo mejor que hicimos fue dejarles al Fondo Monetario Internacional”.

El gobierno intenta convencer de que, una vez cerrado el acuerdo con el Fondo, vendrán inversiones y un rebrote de la economía que se derramará sobre todos los sectores. Pero según información del periódico Ámbito (26-11-2021) que pudo “reconstruir de distintas fuentes al tanto de las conversaciones, el Fondo, como es habitual en sus recetas, exige un pronto tránsito al superávit fiscal vía ajuste y un acelerado ritmo de acumulación de reservas para garantizar el repago de la deuda. Así, le advierte al Gobierno que una reactivación económica rápida iría a contramano de esa premisa”.  Un crecimiento del PBI mayor al 2,5%, para el Fondo, impulsaría las importaciones y ralentizaría la recuperación de las reservas.  Es decir, ajuste, devaluación y estancamiento económico es lo que promueve el FMI para los próximos años.

La organización popular la única alternativa a los ajustes fondomonetaristas

A 20 años de la crisis del 2001, se profundiza la pobreza (40%), el desempleo y la precarización laboral. Los salarios pierden poder adquisitivo por cuatro años consecutivos, según revelan cálculos del CIFRA-CTA la caída de los salarios es mayor que hace 20 años “mientras entre el Tequila y 2001 la participación de los sueldos en el ingreso bajó del 40% al 35% y luego volvió al 40%, ahora viene de desplomarse en seis años del 52% al 40%”

(https://www.baenegocios.com/columnistas/El-metaverso-feliz-del-Fondo-Monetario-que-no-ajusta-20211111-0178.html).

El ajuste fondomonetarista sólo agudizará aún más los niveles de pobreza, indigencia, precarización laboral y desempleo, sólo augura tiempos sombríos y de incertidumbre para quienes vivimos de nuestro trabajo.  Es un Déjà vu con la crisis social de hace 20 años. Pero si algo nos ensañaron las movilizaciones del 2001, es que la respuesta a los problemas sociales sigue transitando por la organización y la lucha solidaria, soberana y transformadora de las y los trabajadores y de todas las y los oprimidos que resisten en las calles, los barrios, los sindicatos, los territorios y las organizaciones populares a las permanentes embestidas del capital sobre el presente y futuro de los pueblos.


* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, coordinadora.

LA TRAMPA DE LA DEUDA EN ARGENTINA Y SU ACTUAL RENEGOCIACIÓN

Lucas Castiglioni[*]

Francisco Cantamutto*

Fuente: Radio Gráfica

La COVID-19 no solo implicó una pandemia, sino que trajo aparejada una crisis global de dimensiones históricas, que incluyó serios problemas para las deudas soberanas. En la Argentina este marco se combina con una crisis en curso desde 2018, marcada en especial por la renegociación de deuda. Presentamos aquí los principales rasgos de la situación de endeudamiento del país, para detenernos en especial en las negociaciones con el principal acreedor externo, el Fondo Monetario Internacional.

La situación actual

La presidencia de Mauricio Macri representó un hito en la historia de la deuda argentina. En el corto período que va de 2015 a 2019, (i) aumentó la deuda pública total; (ii) se incrementó el peso de la deuda en relación al PBI; (iii) se tomó más deuda en moneda extranjera; (iv) la nueva deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera; (v) y después de 15 años se volvió a establecer un Acuerdo Stand By con el FMI (en junio y en octubre de 2018 se firmó un programa de préstamos que por 57.100 mdd, de los cuales se giraron poco más de 44.000 mdd).

Este cuadro de situación configuró un apretado cronograma de pagos durante los primeros años de la presidencia de Alberto Fernández. Ya desde tiempos previos a la pandemia, el gobierno argentino inició tratativas para la renegociación de la deuda externa con los diferentes acreedores, en aras de reponer la sostenibilidad de la misma. En tal sentido, envió un proyecto de ley que fue aprobado con apoyo de todo el Congreso, a excepción de la izquierda trotskista. La lógica propuesta era que los pagos de deuda fueran compatibles con el crecimiento de la economía, y la generación de superávit fiscal y externo. Esta lógica no se vio alterada cuando estalló la pandemia, a pesar de las urgencias que impuso. De hecho, en 2020 se alcanzó acuerdo con los acreedores privados, y en 2021 se logró una extensión de los plazos con el Club de París.

La reestructuración con los acreedores privados de junio de 2020 supuso canjear 65.533 mdd por nuevos bonos, con una extensión de los plazos de maduración, una leve quita de capital y la reducción de las tasas de interés. Entre los bonos reestructurados se encontraban el bono a 100 años de 2017 y dos correspondientes al acuerdo con los fondos buitre de 2016, los tres cuestionados en la justicia. En relación a la deuda oficial con el Club de París, en junio de este año se alcanzó un entendimiento por 2.437 mdd para el pago parcial durante el 2021 y una reapertura en 2022 supeditada al desenlace del arreglo con el FMI.

Siempre en la búsqueda de mayores plazos y menores tasas de interés, al momento de escribir esta nota está en proceso de firma de un nuevo acuerdo con el FMI. En ninguna de estas instancias, la dimensión histórica de la presente crisis formó parte de las negociaciones, ni la co-responsabilidad de los acreedores en sus operaciones de crédito, ni la dudosa legalidad de los instrumentos utilizados.

Las renegociaciones con el FMI

A pesar de que el propio FMI reconoció la no sostenibilidad de la deuda en 2020, jamás abandonó las pretensiones de renegociación. Durante ese año, no había vencimientos con el organismo, de modo que pudo desplazarse del centro de la escena, alegando la necesidad de un mayor sacrificio de los acreedores privados. A pesar de ello, la quita lograda fue un tercio más baja de lo que el FMI sugería. En 2021, aun con la crisis sanitaria, económica y social en curso, el organismo reanudó sus pretensiones, esta vez con vencimientos por casi 4.000 mdd en el último tramo del año.

El acuerdo Stand By de 2018 supone una responsabilidad por partida doble, tanto en el gobierno argentino de Cambiemos como en el organismo. En lo local, se pactó un acuerdo para el cual no había acto administrativo ni mandato legal habilitante, ni opinión de factibilidad por parte del Banco Central o la oficina de Presupuesto del Congreso, todos argumentos legales que cuestionan su validez. El FMI, por su parte, no solo excedió la cuota habilitada para el país, sino que prestó cuando todas las condiciones observables indicaban que los fondos serían fugados del país, alimentando así la crisis cambiaria. Se violaba así el Estatuto del organismo, cuestión que no se resolvió en ninguna de las revisiones técnicas que permitieron la continuidad de llegada de fondos hasta agosto de 2019. Fue un préstamo récord, el mayor brindado a un solo país, suponiendo casi dos tercios de la cartera de crédito del FMI, habilitando más fondos que para todos los países para atender la pandemia.

Se trató de un gesto de apoyo político de parte de Estados Unidos al gobierno de Macri, que, aun así, perdió las elecciones. Sin embargo, no debe entenderse esto como una inversión fallida: en los hechos, la negociación en curso valida esta cuantiosa e ilegal deuda de manera tal que logró efectivamente condicionar los años venideros a los designios políticos de los acreedores. En tal sentido, y a pesar de la evidencia reunida, que incluye estudios del Banco Central de la Argentina y denuncias de parte del propio Procurador nacional, la negociación sigue su curso hasta el presente.

Evitando el escrutinio público, el acuerdo con el FMI no se somete a discusión, a pesar de tener elecciones legislativas nacionales entre septiembre y noviembre del presente año. Según trascendió en la prensa local, se firmaría un cambio del SBA a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a 10 años, con 4 o 5 años de gracia y con una reducción de la tasa de interés del 4,05% al 1,05%. Este tipo de programa del FMI implica no solo revisiones del organismo y consolidación fiscal (se espera lograr el equilibrio fiscal para 2025), sino también reformas estructurales. Para el caso argentino, aparentemente involucraría (a) reforma impositiva (para “incentivar la inversión”), y (b) flexibilización laboral. Así, se abandonaron pretensiones de quitas o reconocimientos de co-responsabilidad, así como considerar en los arreglos de la deuda a los objetivos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la plena garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Las únicas concesiones serían una reducción de los sobrecargos por el préstamo por encima de la cuota y que se dejaría abierta la posibilidad de que la Argentina acceda a un nuevo tipo de acuerdo en caso de que se habilitara alguno con mejores condiciones en las próximas reuniones del organismo. Argentina, al ser un país de ingresos medios, no ha accedido a las medidas de alivio de deuda establecidas entre el FMI, el Banco Mundial y el G20. Recientemente, el FMI aprobó la emisión de Derechos Especiales de Giro para otorgar liquidez a los países ante la crisis. En el marco de un nuevo acuerdo en ciernes, el gobierno argentino utilizará estos fondos no para lidiar con la pandemia, sino para pagar vencimientos de deuda del país con el propio FMI. Un verdadero contrasentido.

Vale recalcar que el FMI no actúa aislado. Tanto los acreedores privados como los Estados que integran el Club de París han instado a un acuerdo, amenazando con potenciales problemas en caso de no avanzar. Llamativamente, entre los actores interesados en la firma del acuerdo también debemos incluir a China, que condicionó posibles inversiones a un entendimiento dentro de los marcos del organismo. De modo que la Arquitectura Financiera Internacional continúa operando sin tregua sobre la delicada situación argentina.

Reflexiones finales

Durante la pandemia, la deuda soberana creció como un problema en todos los países de la periferia. Argentina no es una anomalía, sino apenas un caso particularmente sensible por ser una economía de tamaño medio y muy endeudada. En este sentido, la reestructuración con los acreedores privados en 2020 no propuso un cambio significativo de las reglas de juego, sino que “permitió ganar tiempo”. Un esquema similar buscar replicar el gobierno nacional en la actual renegociación con el FMI: un acuerdo de facilidades extendidas. En ambas negociaciones no hay una discusión ni de la Arquitectura Financiera Internacional, en general, ni de la posición internacional de la Argentina, en particular. No se aprovecharon instancias de investigación del endeudamiento, no se buscó construir un club de deudores ni tampoco se apeló a las razones de la situación de crisis marcada por la pandemia para renegociar la deuda. A pesar de que el gobierno cuestione el ciclo de endeudamiento previo, las deudas están siendo negociadas sin dejar de cumplir.

Este camino conducirá necesariamente a que el país persista en su actual inserción externa -debido a la urgencia por obtener divisas para los pagos-, así como el relegamiento de necesidades sociales –debido a la urgencia por obtener excedente fiscal-. Las promesas de cambio estructural y mejora de la distribución del ingreso no son compatibles con el pago de la deuda.


[*] Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, FISyP.

** Argentina, IIES UNS-CONICET, SEC.

Política y medioambiente en Neuquén (Argentina): los varios “rostros” de la economía neuquina

Orietta Favaro*

Neuquén: Contaminación de los ríos - Argentina Ambiental
Fuente: ArgentinaAmbiental

Como se viene afirmando en otros artículos de esta publicación, Neuquén desenvuelve una economía de tipo “enclave” que determina una fuerte dependencia para su desarrollo de las regalías hidrocarburíferas, con un desbalance en relación a otras actividades productivas como la agropecuaria y la industria manufacturera.
La baja de la extracción de petróleo y gas, a partir de la desregulación del sector energético, con el gobierno de Carlos Menem, generó una serie de dificultades para el estado neuquino. Las expectativas de la provincia y del estado nacional, frente a la crisis energética de Argentina se centraron en una formación geológica de la cuenca neuquina: Añelo, denominada Vaca Muerta (en territorio mayoritariamente de los mapuce).
El conocimiento de la existencia de este recurso apareció citado en un estudio de la Fundación Bariloche, el que señala que YPF había perforado un área Vaca Muerta; la formación Vaca Muerta fue descubierta por el geólogo estadounidense Charles Edwin, en 1931, en la ladera de la sierra del mismo nombre en la cuenca neuquina y Los Molles, entre los años 1960-70 en el marco de una nueva clasificación de los hidrocarburos y la emergencia del “shale oíl y el shale gas”. Se trata de roca sedimentaria de grano fino, conformada por capas que se fueron depositando una sobre otras, denominada roca madre, donde se alojaron los hidrocarburos. Su extracción implicaba tecnología y valores que la hacían inviable.
Dice Giuliani, et al (2015) que en 1997 se inauguró la era shale en el mundo, cuando se realizó la primera fractura hidráulica, y en el 2005 comenzó esta explotación en los EE.UU. Se publicaron los informes de esa experiencia y se aseguró que en Argentina existía el recurso. Hacia 2013, se ubica al país con ese bien potencial, detrás de China y cuarto en el mundo, liderados por Rusia (Giuliani, Adriana; Fernández, Néstor, et al, “La explotación en Vaca Muerta y el impacto socioeconómico en la provincia de Neuquén”, 2015).
La superficie de Vaca Muerta tiene 30 mil km2 (Departamento de Añelo), en la que tiene una activa participación YPF, que se asoció con Chevron (2013), dando lugar a los hechos por todos conocidos en momentos de la firma del convenio en el Legislativo provincial. Además del negocio para las empresas, se encuentra siempre presente el tema de la crítica por el método utilizado, denominado fracking (fracturación hidráulica) (Giuliani, Adriana; Fernández, Néstor, et al, op. cit.). Se trata de una técnica que obliga a perforar hasta 5000 metros en vertical, después varios km en horizontal. Se inyecta gua con arena y aditivos químico a gran presión. Ello hace que la roca se fracture y el hidrocarburo se libera a la superficie.
El crecimiento que se venía dando en 2019, frenado por los efectos negativos en las inversiones de la macroeconomía y luego el parate total por la pandemia del COVID-19, fijaba un máximo de 700 etapas de fractura por mes. A mayo del corriente año, se produjeron más de 1000 fracturas en petróleo y menos en gas, por los altos precios del Brent que llegó a estar por encima de los 70 U$S, más allá de las retenciones y otras variables, siguen siendo un mejor precio que en el mercado interno. El crudo Brent es el petróleo de indicación en el mercado europeo y una de las tres principales referencias para los inversores en petróleo (Más +Energía, 14/06/2021).
El megaproyecto de extracción no convencional se realiza básicamente, dentro de la cuenca neuquina y hubo una gran expectativa de parte de los gobiernos últimos, tanto de Cristina Fernández, como de Mauricio Macri. Dos años atrás, el porcentaje de explotación de Vaca Muerta era escaso y el país seguía dependiendo de la importación del bien (Acacio, Juan y Wyczykier, Gabriela, “Expectativas públicas y conflictos sociales en torno a los hidrocarburos no convencionales en Argentina: algunos apuntes sobre Vaca Muerta”, en Izquierdas, 2020, N° 49).
La cadena de valor de la explotación del recurso se organiza antes de la perforación hasta la refinería y pasa por ductos, insumos y plantas tratadoras de residuos. Se necesita de grandes inversiones e infraestructura, se articulan capitales nacionales y trasnacionales, en un entramado empresarial que se puede graficar en anillos: grandes operadores, empresas multinacionales y Pymes. Las diez petroleras con mayor cantidad de km2 en el primer anillo son: Total, Exxon, Shell y Vista Oíl and Gas. Entre las seis firmas nacionales se destaca YPF, que concentra la mayor porción de superficie explotada y la que más inversiones aportó (Bianco, Cecilia; Cabrera Cristiansen, Fernando; Martine, Esteban y Alvarez Mullally, Martín, La basura del fracking en Vaca muerta (Informe, en Izquierda diario- Taller Ecológico y OPSur, 2021).
En este contexto, se dan críticas y estudios que cuestionan no sólo el fracking en sí mismo como técnica de perforación, sino también se reactualiza permanentemente el problema de los derrames. Según Martine, Esteban, 2021, Neuquén. La basura del fracking en Vaca Muerta: un desastre ambiental exorbitante”, en Izquierda diario, 10/01/2021), es extensa el área de desechos tóxicos sin tratar. Las plantas de la Compañía de Saneamiento Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), en Neuquén (capital), tienen 44 has de un metro de altura y en Añelo, ocupan 46 has, repletas de material tóxico que provoca daños al ambiente y a las personas. Es una empresa que cobra millones, pero el único “tratamiento” que realiza es depositar residuos en piletones. Si bien fue denunciada la situación, entre otros, por una asociación de abogados, OPSUR, investigadores del tema como Svampa y Viale, la situación continúa. COMARSA ocupa ilegalmente tierras fiscales que recibió en cesión de las autoridades provinciales y municipales de Neuquén, en el Parque Industrial de Neuquén (PIN, de 17 has), a 4 km del centro de la ciudad. Debía irse en el 2017, nunca lo hizo y sí en cambio recibió otras 29 has en el departamento de Añelo, hechos que fueron denunciados por la población afectada, en particular el pueblo mapuce.
No sólo nunca se cerró la planta del PIN, sino que siguió ingresando recortes contaminados, depositados en las piletas sin impermeabilizarlas, a un promedio de 5/6 camiones por día. Lo grave de lo expuesto, es además, que la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, renovó a COMARSA las licencias ambientales, afirmando que está funcionando bien: el principal recaudador es el MPN. Según los autores mencionados, el principal recaudador en el 2015 de la campaña de Macri, fue el presidente de Treater S.A., otro de los basureros petroleros radicados en Añelo; tampoco nunca dijo nada, el Ministro de Ambiente Sergio Bergman. El discurso de estos órganos de gobierno comenzaron a cambiar desde el 2019, por ello, las denuncias se giran a la Nación. Las empresas que transportan residuos peligrosos a las piletas son, entre otras, YPF SA; PAN AMERICAN ENERGY, SCHELL, CHEVRON, TECNPETROL, PAMPA ENRGIA (Martine, Esteban, La izquierda diario, 10/01/2021).
En los estudios de evaluación ambiental, se muestra el peligro de la combinación químico + radiactivos cuyos efectos –en residuos que no son manejados adecuadamente– produjeron derrames (una de la más importante fue la del área Bandurria Sur, 2018, YPF), con enormes consecuencias en las napas de aguas. Parte de los residuos son generados por las etapas de fractura, el fracking, una de las principales características de los pozos no convencionales.
Dice Fernando Castro que “entre el 2016 y el 2019 hubo un aumento del 83% en el volumen de desechos sólidos, en su mayoría, por la perforación de pozos convencionales. Mientras en el primer año se registraron 175.225 metros cúbicos (m3), en el último de los períodos fueron 321.500 m3 en ese rubro. En el mismo lapso, se pasó de registrar 28.754 m3 de residuos líquidos a 1.706.221 m3, un enorme impulso que tiene que ver con la aplicación de las nuevas normativas provinciales que obligaron a las empresas a declarar de un modo más preciso el agua de retorno de los pozos y el tratamiento al que se someten estos desechos” (Más +Energía, 11/06/2020).
En este orden, las compañías, petroleras que operan en Vaca Muerta utilizan miles de metros cúbicos de agua, recurso clave del fracking, del río Neuquén, Limay y el Colorado en menor escala. El negocio está en el precio del canon que pagan de adelanto anual según necesidades declaradas por las empresas; es decir, el agua tiene precio. El valor pasó de $ 3.62 a $ 4.90 por metro cúbico declarado. Una compañía debe pagar a la provincia el 50% de canon de agua “cada enero, siempre que superó los 500 mil pesos…” (Ibíd). Es decir, el agua vale, hay valores máximos para cada aporte de río; las modalidades de control son declaraciones juradas anuales (sic).

Fuente: https://ovacen.com/fracking-fracturacion-hidraulica/

El fracking, permite que los hidrocarburos atrapados en la formación fluyan hacia la superficie. Se observan las cuatro capas en la que sucesivamente se extrae gas metano de carbón, gas convencional, petróleo convencional y el shale gas/ tight oil, por ello, para arribar a este recurso no convencional, se hace en pozos horizontales.
El Observatorio Petrolero Sur (OPS), el Taller Ecologista y el Frente de Izquierda, entre otros, presentaron un informe cuestionando el accionar de la Subsecretaria de Ambiente de Neuquén. Sobre las graves irregularidades que registró una de las empresas encargadas de tratar los residuos hidrocarburíferos, COMARSA, en Vaca Muerta, respondió el organismo neuquino, reconociendo que hubo anomalías. Del informe se desprende también, en función de la denuncia, que suspendió la utilización de hornos por la emisión de humo oscuro, aunque la empresa no respetó esa sanción y puso en peligro a la población contaminando el aire con dioxinas y material particulado.
Pero el dato más relevante es que «los gobiernos provinciales, municipales y nacionales tuvieron conocimiento cabal de los graves hechos de contaminación registrados. Lejos de poner un límite, favorecieron el accionar de la empresa, por acción y omisión«. Los autores del informe confirmaron que COMARSA tuvo un trato preferencial por parte de las oficinas gubernamentales. Es decir, los residuos sólidos semisólidos y parte de los líquidos son tratados en basureros petroleros. Las basuras, además de contener los químicos utilizados en todo el proceso de perforación y fractura, suelen traer sustancias alojadas en el subsuelo, como metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio y arsénico) o materiales radiactivos de origen natural (uranio, torio, radio y radión) (Río Negro, 10/06/2021).
En definitiva, la defensa y protección del territorio, llevó a la criminalización de la protesta y los vecinos, productores rurales, comunidades mapuce, se movilizan y bloquean calles, realizan acciones judiciales tendientes a impedir el avance destructivo del fracking, cuestionando las acciones de las empresas hidrocarburíferas y solicitando a los gobiernos (provincial y nacional) –sin éxito– el cuidado del medioambiente.

Vista de los piletones de residuos de COMARSA en el PIN, cercano a la ciudad de Neuquén. Fuente: OPSur, 17/12/2020

* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Cehepyc/Clacso. Docente de Posgrado e investigadora del IPEHCS (Instituto Patagónico de Estudio de Humanidades y Ciencias Sociales)-CONICET, UNCo. Neuquén, Argentina.

ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA– ESNA

Fuente: encuentrosindical.org

En este primero de mayo, desde el ESNA convocamos a la mayor unidad de las trabajadoras y los trabajadores para confrontar con la ofensiva capitalista en un marco de profundización de la crisis capitalista en tiempo de pandemia por el COVID19. La pandemia cobra vidas, especialmente de los más empobrecidos, de las y los explotadas/os. La burguesía transnacionalizada aprovecha el momento para incrementar la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Destruyen la vida humana y la Naturaleza. Un claro ejemplo son los laboratorios transnacionales, que sobre la inversión pública privatizan las vacunas y acumulan gigantescas ganancias y valorización de sus capitales, al tiempo que los países imperialistas y enriquecidos acumulan y concentran dosis, condenando a los pueblos del mundo al olvido, el contagio y la muerte. Es la cara del capitalismo contemporáneo.

Por eso desde el ESNA luchamos por construir unidad de las trabajadoras y los trabajadores para construir una estrategia en contra de la ofensiva del capital. Estos nos devuelven el ajuste y la reestructuración del teletrabajo y la economía de plataforma, lo que contribuye a una mayor precariedad laboral, baja de los salarios, desempleo y subempleo, junto a la profundización de la discriminación hacia las mujeres, la juventud y potenciando la pobreza.

En ese rumbo exacerban la agresión imperialista sobre sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua y cualquier intento de construir alternativa en contra y más allá del capitalismo. En ese rumbo aumentan el gasto militar y la especulación para sostener la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista en desmedro de los pueblos, al tiempo que destruyen el planeta. Necesitamos construir nuestra estrategia, no solo contra el neoliberalismo, sino contra el orden capitalista y sus mecanismos de explotación y opresión.

Nuestra lucha reivindicativa necesita contactar con otras manifestaciones de la lucha de clases, para articular la acción política y social contra la iniciativa política de la dominación.

Por eso, desde el ESNA sustentamos la autonomía y la libertad sindical del movimiento obrero y popular en la lucha por la recuperación de los ingresos populares, el salario, las jubilaciones y toda forma de asistencia social que cubra las necesidades de reproducción de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo debemos luchar contra toda forma de ajuste y reaccionaria reestructuración de las relaciones sociales y construir poder para una transformación de la realidad en la perspectiva de la eliminación del sistema de explotación y saqueo.

Exigimos la Suspensión inmediata de las patentes y proponemos una democratización del acceso a la vacunación en la región y en el mundo, al tiempo que saludamos los esfuerzos cubanos en el desarrollo de la vacuna SOBERANA y sus recurrentes campañas solidarias internacionales. Desde el ESNA nos pronunciamos en solidaridad con las luchas de los pueblos por la soberanía y en contra del imperialismo y el capitalismo.

¡Viva la unidad de la clase obrera mundial!

 ¡Viva el día internacional de las trabajadoras y los trabajadores del mundo!

Dado en Nuestra América, el 1 de mayo del 2021

OFENSIVA CAPITALISTA CONTRA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Fuente: elhistoriador.com.ar

Hugo Blasco*

El avance del capital sobre el trabajo que viene operando desde la década de los ’70 se ha dado sin pausa hasta la actualidad.

No es que antes de esa fecha no existiera la pretensión de las clases dominantes de imponerse sobre los sectores asalariados. La lucha de clases viene desde tiempos remotos.

Sin embargo, la clase trabajadora, en general, supo enfrentar los proyectos capitalistas con mucha inteligencia, con sus propios elementos teóricos, con mucha organización y capacidad de lucha. Todo esto no exento de contradicciones y debilidades muchas veces a raíz de adhesiones a proyectos políticos reformistas. Pero si comparamos la realidad de las y los trabajadores de aquel entonces con la actualidad notaremos profundas diferencias.

En aquella Argentina los sectores asalariados participaban prácticamente del 50% del Ingreso nacional, con niveles de ocupación altos y una legislación laboral que protegía al trabajador en forma importante.

Los sindicatos contaban con altísima afiliación con las consecuencias políticas, organizativas y económicas que ello significaba. Todo esto en un marco político social sumamente dinámico, politizado, donde las disputas políticas eran muy importantes hacia afuera y hacia adentro de las organizaciones sindicales.

Tengamos en cuenta el escenario mundial y regional. La victoria del pueblo vietnamita sobre el imperialismo yanqui, los procesos de descolonización, la lucha del pueblo palestino, entre otros ejemplos. Por otra parte, en Nuestramérica se daban procesos políticos muy intensos como resultado de la lucha de los pueblos.  Tal el caso del gobierno de Salvador Allende en Chile y siempre presente la referencia ineludible de la Cuba revolucionaria.

En esas circunstancias los sectores sindicales burocráticos no pudieron impedir la irrupción de expresiones combativas, democráticas, clasistas al interior de los sindicatos a las que intentaron neutralizar ejerciendo violencia en numerosas oportunidades contra compañeras y compañeros contando en no pocas ocasiones con la complicidad del Estado.

La violenta ofensiva de los sectores capitalistas más importantes del mundo, con la participación activa de los EEUU, en los planos político, económico, militar, y en estrecha relación con las oligarquías locales se expresó en la seguidilla de procesos de desestabilización política y la implantación de dictaduras en casi todo el territorio latinoamericano.

Quizás la primera experiencia neoliberal mundial haya sido la chilena a partir del golpe llevado a cabo contra Allende por parte de las Fuerzas armadas comandadas por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. A escala planetaria el modelo neoliberal fue impulsado contemporáneamente por Ronald Reagan y Margaret Tatcher en EEUU y Gran Bretaña, respectivamente, entre los más destacados.

En nuestro país la dictadura genocida que asumió el poder total el 24 de marzo de 1976 tuvo como objetivo principal la reconversión del capitalismo argentino acorde los nuevos vientos que soplaban en el mundo.

Las clases y sectores dominantes recurrieron a las fuerzas armadas para eliminar cualquier tipo de oposición a la implementación de sus planes económicos. En tal sentido es importante señalar que más del 60 % de las y los desaparecidos eran integrantes de conducciones gremiales, juntas internas, delegados. Los sindicatos eran un enemigo a disciplinar y el terror era uno de los métodos utilizados.

Sin embargo, es el movimiento obrero uno de los principales opositores a la dictadura, hecho no muy reconocido en general.

Las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en la Argentina, que tuvo sus mayores expresiones a partir de 1976 y durante la década de los ’90 (gobierno de Carlos Menem), son de una gravedad enorme atento a que nunca fueron eliminados sus principales lineamientos y a que contó y sigue contando con defensores e impulsores.

En este punto es importante destacar el “efecto pedagógico” de la dictadura y algunas de sus principales consecuencias: la exacerbación del individualismo, la negación de lo colectivo, la meritocracia, la insolidaridad, el sálvese quien pueda. Y en ese sentido una de las principales víctimas es el sindicalismo. No es casual la merma importante en los niveles de afiliación a los sindicatos en un contexto de estigmatización sistemática.

Por otro lado muchos sectores sindicales fueron y son funcionales a los intereses patronales constituyéndose en meros reguladores del conflicto. Lo que da prestigio es aparecer como dirigentes “prudentes”, “realistas”, “modernos” que no dudan en convertirse en sindicalistas empresarios llegando en algunos casos a ser patrones de sus propios afiliados.

En un mundo cada vez más desigual e injusto el rol de las organizaciones gremiales es fundamental en la defensa de los intereses de la clase trabajadora.

Lamentablemente vemos con preocupación conductas muy negativas por parte de importantes sectores de la dirigencia sindical. Están los sectores históricamente claudicantes y conciliadores, oficialistas de todos los oficialismos para quienes las y los compañeros son una carga molesta en la medida que reclamen, exijan o pretendan disputarles la conducción.

Pero también hay otros sectores que en épocas de gobiernos del mismo signo partidario renuncian a su rol de representantes de trabajadores para convertirse en meros apéndices sindicales del gobierno.

Estas últimas descripciones revelan la realidad de una parte mayoritaria del sindicalismo argentino que justifica cualquier política gubernamental. El resultado de las acciones de estos grupos es la indefensión de las y los trabajadores ante la consumación de violaciones a sus legítimos derechos.

Se impone entonces la necesidad imperiosa de replantearse un sindicalismo independiente del Estado, las patronales y los partidos políticos.

La independencia y unidad de clase es lo que posibilitará llevar adelante las iniciativas políticas que nos permitan, desde nuestra condición de trabajadoras y trabajadores, ser protagonistas de un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad.


* Coordinador de la Corriente Sindical Carlos Chile, La Chile, en la Argentina. Integra la Coordinación continental del Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, y es Secretario general de la Federación Judicial Argentina, FJA.

Argentina: la lucha feminista. Los Derechos sociales se conquistan en las calles

Gabriela Roffinelli*

Fuente: Sabes.cl

El próximo 8 de marzo, habrá movilizaciones –con limitaciones impuestas a raíz de la pandemia– de una cantidad innumerable de agrupaciones, gremios y colectivos feministas en el mundo entero contra la precarización de la vida, los feminicidios, el acoso, la violencia patriarcal, por la legalización del aborto, por la igualdad de derechos laborales y en todos los órdenes de la vida.
Particularmente, en Argentina el 8 de marzo se festejará la reciente promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Resultado de la incansable lucha de las mujeres en contra del aborto clandestino, unos 450 mil por año que han cobrado miles de vidas, mayormente, de mujeres y niñas que provienen de familias trabajadoras y pobres. Exponiendo que el acceso a la salud sexual y reproductiva de calidad está marcado por una dramática desigualdad de clases.

El próximo 8 de marzo, habrá movilizaciones –con limitaciones impuestas a raíz de la pandemia– de una cantidad innumerable de agrupaciones, gremios y colectivos feministas en el mundo entero


El tratamiento de la Ley del aborto era una de las promesas de campaña del actual presidente Alberto Fernández, pero ante la profundización de la crisis económica y sanitaria manifestó públicamente su intención de postergarla para el 2021: “no es el momento”. Pretendía evitar abrir un frente de disputa con sectores aliados a su gobierno cercanos al Papa Bergoglio, quién justo antes de que se abriera el debate en la cámara de diputados expresó “el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios”. Sólo la presión popular obligó al presidente a cumplir con su promesa electoral en su primer año de mandato.
Desde 1921 el código penal reconocía el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, pero la implementación de ese derecho sólo se ha realizado de forma excepcional, después de sortear muchos obstáculos. El 8 de marzo de 1984, finalizada la dictadura militar, se realizó la primera marcha en favor de la legalización del aborto y de ahí continuaron ininterrumpidamente los encuentros, campañas y movilizaciones. En los años 90 se realizó la primera presentación de un proyecto de ley. Sin embargo, recién en 2015, el debate ganó fuerza en favor de la aprobación de la mano de las protestas en contra de los feminicidios, que dio lugar al movimiento Ni una menos. Se comenzó a denunciar las múltiples caras de la violencia de género, entre la que se encuentra la de negar el derecho a la interrupción del embarazo a niñas y mujeres abusadas sin recursos económicos en los hospitales públicos, obligándolas a gestar y parir, muchas veces, poniendo en riesgo sus vidas.
La conquista de la legalización del aborto constituye un valioso aprendizaje para las nuevas generaciones acerca de que los derechos sociales se conquistan con la organización popular y otorga fuerza a las miles de mujeres de Nuestra América que luchan en pos de que el aborto deje de ser clandestino y penalizado en sus países.
Al mismo tiempo, proliferan las manifestaciones contra los feminicidios frente a la “¿inoperancia?” de las instituciones del Estado. Sólo en los primeros 23 días del 2021, en Brasil se registraron alrededor de 50 víctimas de feminicidio, una media de cuatro mujeres muertas por día. Entretanto en Colombia, durante las dos primeras semanas del 2021, 18 mujeres fueron asesinadas. En México un promedio de 10 mujeres diarias son víctimas de feminicidio. Y en Argentina, en los primeros 40 días del año ya se registraron 44 casos de feminicidios a razón de una mujer cada 22 horas. El confinamiento impuesto por la pandemia implicó un aumento significativo de la violencia contra las mujeres. Indudablemente, el rechazo a los feminicidios, los abusos y la violencia de género será uno de los motivos convocantes centrales para este 8 de marzo en toda la región.

recién en 2015, el debate ganó fuerza en favor de la aprobación de la mano de las protestas en contra de los feminicidios, que dio lugar al movimiento Ni una menos


En toda Nuestra América se advierte que las luchas feministas avanzan con fuerza contra la discriminación, la desigualdad y la violencia de género y seguramente se lograrán en el mediano plazo importantes mejoras en las condiciones de vida de las mujeres. Es cierto, que el feminismo no implica necesariamente posiciones anticapitalistas y mucho menos socialistas, no obstante, las luchas feministas que apuesten a terminar de raíz con las múltiples opresiones y desigualdades reinantes tendrán que articularse con la vida social, es decir con el corazón de las relaciones sociales — relaciones de explotación y dominación de seres humanos y naturaleza— que conforman nuestras sociedades capitalistas periféricas.
Como señala Ellen Meiksins Wood “el capitalismo podría sobrevivir a la erradicación de todas las opresiones específicas de las mujeres por su condición femenina, mientras que, por definición, no podría sobrevivir a la erradicación de la explotación de clase” (Democracia contra capitalismo, 2000). Esto significa que el orden social capitalista se nutre de múltiples opresiones: de género, étnicas, culturales y otras muchas, sin embargo, no tiene necesidad estructural específica de ellas para su reproducción.
Estamos atravesando tiempos históricos de gran incertidumbre. La pandemia del coronavirus expuso una de las caras más duras de la crisis civilizatoria a la que nos arrastra el capitalismo contemporáneo. Pese a las múltiples advertencias acerca de la proliferación de las enfermedades virales, los países no estuvieron preparados para enfrentar la pandemia porque la salud de millones de personas no depende de criterios humanitarios, sino de las “furias del interés privado”, de los negocios de las corporaciones. Que “como en cualquier esfera de la producción, lo único que importa es producir plusvalor, apropiarse, en el producto del trabajo, de determinada cantidad de trabajo impago” (Marx, El Capital Tomo III, pág. 247).
Asimismo, no estamos ante una crisis económica coyuntural más, una etapa previa a un gran “reinicio” de prosperidad, como promete Klaus Schwab Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. Estamos ante una crisis estructural que el capital viene arrastrando desde la década de los 70s del siglo pasado y que se manifiesta con todo dramatismo en la degradación de las condiciones sociales de vida para la gran mayoría de los pueblos y de la clase trabajadora (Samir Amin, Más allá del Capitalismo Senil, 2003).
Lo excepcional del momento histórico que atravesamos nos recuerda la exhortación de la revolucionaria alemana-polaca Rosa Luxemburgo frente a la Primera Guerra Mundial: “aquí el capitalismo descubre su cabeza de cadáver, aquí confiesa que su derecho a la existencia ha caducado, que la continuación de su dominación ya no es compatible con el progreso de la humanidad” (La crisis de la socialdemocracia “El folleto de Junius”). Rosa comprende dramáticamente que la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad no es “civilización o barbarie”, sino “socialismo o barbarie” porque la civilización moldeada por el capitalismo no ofrece alternativa humanista posible, sólo en una civilización construida sobre las bases del socialismo es posible un futuro para la humanidad. Por tanto, urge que las múltiples luchas por la emancipación del género, como así también, por la igualdad social, por los derechos democráticos, contra la devastación ecológica, por la autodeterminación y muchas otras confluyan con la meta socialista por la emancipación humana.

* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, co-coordinadora. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Miembro de SEPLA.

Neuquén en Años De Crisis: Corrimiento De Las Fronteras Agrícolas e Hidrocarburífera

Fuente: Vaconfirma

Orietta Favaro*

La provincia de Neuquén desde los años 1980 desarrolla una economía de enclave y se sostiene, básicamente, en los hidrocarburos que alentaron el crecimiento de la actividad económica, pero con escasas relaciones intersectoriales y vinculaciones con el hinterland productivo. Sin embargo, cuando se inicia como provincia en 1958, hubo un intento a seguir un modelo desarrollista. Así, la denominada región Comahue, fue objeto de numerosos estudios técnicos y de grandes proyectos; entre otros, la hidroelectricidad, los gasoductos y el petróleo, en el contexto de políticas nacionales de planificación con el Consejo Nacional de Desarrollo Económico (Conade) y en ámbito local, con el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade). El estado neuquino ejerció una fuerte intervención, con ciertas políticas planificadoras y benefactoras, por lo menos con claridad hasta la aplicación del neoliberalismo en Argentina de la mano de Carlos Menen (PJ).
Según el Censo Nacional de 2010, Neuquén tenía 550.344 habitantes, segunda provincia de la Patagonia, luego de Río Negro y décimo octava en el país. Se calcula –porque no se pudo concretar el Censo Nacional de octubre pasado– que tiene actualmente, 664.055 personas.
Las regalías, la coparticipación federal y los aportes no reintegrables transferidos por el Estado Nacional fueron importantes siempre, pero significativos a partir de los años 1980. La renta por la explotación de los recursos energéticos que captura la administración estatal vía regalías le permitió a la provincia y al partido que gobierna la misma desde 1963, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), generar políticas que en momentos beneficiaron y otros perjudicaron a la sociedad neuquina, en constante crecimiento demográfico.
A los empleados públicos hay que sumarle los contratados, la tercerización en varios servicios y los beneficiarios de planes sociales, además de destinar gran parte del presupuesto a crear cargos en la gestión pública. Es de destacar que el partido provincial tuvo como constante, la tensión entre negociar, apoyar u oponerse, a los gobiernos nacionales; estrategia denominada por el hijo de las cuatro veces gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, Luis como “neuquinización” del federalismo.
El problema principal de la economía de enclave es la absorción de poca mano de obra, intercambios con otros sectores irrelevantes y beneficios que fluyen fuera de la región dentro de la lógica de las grandes empresas multinacionales (Díaz y Giuliani, 2008 Petróleo y economía neuquina, Educo).

El problema principal de la economía de enclave es la absorción de poca mano de obra, intercambios con otros sectores irrelevantes y beneficios que fluyen fuera de la región


De todos modos, la euforia extractiva que caracterizó toda la década de los noventa no fue acompañada por la explorativa ni tuvo en cuenta el horizonte de reservas. A fines de esos años, comenzaba a preocupar la existencia de las mismas en la cuenca neuquina. Con la reforma de la Constitución Nacional y luego la de Neuquén (2006), ya que en está último, se establecía que los recursos mineros y su concesión pasarían a la provincia. Reaparecían dos problemas, por una parte, la preocupación cuando bajaba el barril de petróleo y se empezaba a visualizar el problema energético en Argentina y, por otra, volvía a instalarse el tema de la necesidad de diversificar la economía neuquina, establecida en la nueva Constitución.
Así, surgieron varios proyectos de transformación de la economía, entre ellos, el más importante fue el Plan 2020 (1997), que implicaba “[…] un giro en la tradicional prédica del MPN de crear industrias a partir del petróleo y el gas en la provincia, para pasar a impulsar un modelo de tipo agroindustrial” (Bilder, Zambón y Giuliani, 1998 “Las políticas neoliberales y la crisis de la provincia del Neuquén”, Realidad Económica, IADE). La interna del partido anuló la posibilidad. Este año, nuevamente quedó planteado en el poder legislativo la necesidad de crear un fondo anticíclico. Las regalías acumuladas a octubre, en millones de pesos, fueron para Neuquén de 31.242 ((Bilder, Zambón y Giuliani, 1998 “Las políticas neoliberales y la crisis de la provincia del Neuquén”, Realidad Económica, IADE). La solución pareció que venía de la mano del yacimiento de Vaca Muerta, una formación geológica de la cuenca neuquina, que tuvo repercusión internacional referida a su potencial como yacimiento no convencional, precisamente en el contexto de la crisis energética de Argentina. El conocimiento de la existencia de este recurso data de un estudio de la Fundación Bariloche, señalando que YPF había perforado Vaca Muerta y Los Molles en los años 1960/70, pero en ese momento no existía tecnología ni precios que hicieran viable su extracción. Como recién el shale en el mundo se inauguró en 1997 y en el 2005 en EEUU (Texas), comenzó a difundirse datos sobre el tema (Giuliani, Fernández, Hollman y Ricotta, 2014, “La explotación de Vaca Muerte y el impacto socio-económico en la provincia de Neuquén”, en http://revistas.unlp.educ.ar/CADM)).
La explotación de este bien implicaba fracking, es decir, fracturación hidráulica, cuyo riesgo es mayor por ser una zona sísmica y por la contaminación de las aguas del área; la superficie total de Vaca Muerta es 30.000 km2 e YPF (hasta el 2014), tenía una participación de16.000 km2. El principal emprendimiento es desde del 2013 en asociación con Chevron en Loma Campana. La empresa Total, junto con Shell, Exxon Mobil, Pan American Energy, son entre otras, las que estuvieron trabajando en la zona de Añelo, un departamento NE de Neuquén donde se encuentra el yacimiento.
Añelo, es una pequeña población, que creció al ritmo de Vaca Muerta con todas las carencias posibles, en materia de vivienda, salud y educación, entre otras. En estos momentos, el yacimiento y sus inversiones son críticos y afectan en su conjunto el presupuesto de la provincia de Neuquén. Jorge Sapag -hijo de Elías, el eterno senador del MPN y sobrino de Felipe- del MPN, que tuvo dos períodos consecutivos en el gobierno neuquino (2007-2015), se vio enfrentado con la reducción de las regalías, vinculado al tema del precio del barril de petróleo y nuevamente, emergió el tema de cambios en la matriz productiva. Así, el Poder Legislativo aprobó el Plan Productivo Provincial que, por un lado colocaba nuevas zonas bajo riego, y, por otro, apuntaba al agregado de valor para comercializar. Durante su gestión se creó Gas y Petróleo (GyP S.A.) la compañía petrolera de la provincia que tenía como objetivo dinamizar los hidrocarburos y realizar estudios sobre el shale gas (Observatorio Petrolero Sur, “Neuquén y el eterno retorno de la diversificación”, 2016).

Los corrimientos de las fronteras

Las expectativas fueron muchas y los resultados pocos. La extracción de hidrocarburos entre 1999-2006, fue un momento en el cual el petróleo registró un descenso del 30% mientras que el gas cayó un 10%. Con ese marco, por un lado, se efectuó la explotación de yacimientos no convencionales y, por otro, la ganadería en corral o feedlot, en detrimento de la cría extensiva. Es necesario aclarar que, como bien dice algunos estudios locales, el desarrollo de esta última modalidad “[…] en Neuquén es una consecuencia del avance de la soja en la Pampa Húmeda, que produjo el desplazamiento de la frontera ganadera hacia zonas marginales. Por ello, se multiplican los cultivos de maíz y otras especies para colocar forrajes en la zona y aumentar el número de cabezas de ganado bovino, criado en corral” (Observatorio Petrolero Sur, “Neuquén y el eterno retorno de la diversificación”,2016). Hacia 2016, se destinaba alrededor de 15 has. a esta cría. Pero también es importante explicar que se extendió la frontera hidrocarburífera, no sólo en Neuquén sino también en Río Negro.


En efecto, la explotación hidrocarburífera -ubicada tradicionalmente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos de la ciudad de Neuquén y de las ciudades valletanas de Río Negro- pasó a desarrollarse en los centros urbanos de alrededor de la capital. En Neuquén: Centenario, Colonia Valentina, Plottier y en Río Negro, Allen Fernández Oro y General Roca. Es decir, se produjo un corrimiento de la frontera de explotación de hidrocarburos en ambas provincias, que conviven con la agricultura tradicional, actividad desarrollada desde la provincialización, alrededor de los años 1960 (Favaro e Iuorno, 2020 “La ‘Comarca Valletana’ en la Norpatagonia argentina y la doble explotación del suelo”, ponencia presentada en el Seminario Internacional: Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia. Una mirada desde Nuestra América. Organizado por el GT Crisis y Economía Mundial/CLACSO, México, 14-15 octubre).
En el caso neuquino, las empresas YPF, SA y Pluspetrol son las principales operadoras, además de Capex (empresa argentina integrada, dedicada a la generación de energía eléctrica, térmica y renovable y a la exploración y explotación de hidrocarburos) y Petrobras, ello conlleva la precariedad de servicios públicos, intereses inmobiliarios por incrementar barrios privados y conflictos con los dueños de la tierra por la explotación de la misma, a lo que es necesario agregar que no sólo usufrutuan el suelo sino el agua de los ríos Neuquén y Limay, luego el Río Negro.
En este nuevo escenario las resistencias al extractivismo no se aquietaron, antes bien, se manifestaron en la movilización de los pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas, asambleas socio-ambientales –varias de ellas tuvieron su origen en la oposición a los agros negocios, la mega minería o la instalación de fábricas de producción de pasta de celulosa. Generalmente se produce la confluencia de sectores, porque el problema no son los hidrocarburos, sino la propia avidez del sistema capitalista.
En síntesis, en la economía de enclave que viene desarrollando en Neuquén, hay varios mundos contrapuestos, cono urbanización producto de los procesos de transformación urbano regional de las últimas décadas, convirtiendo a la ciudad capital en el nodo metropolitano, con una clara manifestación de la desigualdad económica y asimetrías territoriales. Asimismo, vuelve a colocarse en la mesa del gobierno neuquino el presupuesto, su destino y la conservación de su base electoral, básicamente de empleo público. Junto a Tierra del Fuego, Catamarca y Santa Cruz, Neuquén es la cuarta provincia que registra más empleados públicos por habitante, con 96 por cada mil habitantes y no abarca empresas públicas, sino salud, educación y policía (Diariamente Neuquén, 08/12/2020).

* Argentina. GT Crisis y Economía Mundial, Historiadora, docente de Posgrado; directora del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (Cehepyc)/CLACSO e investigadora IPEHCS-CONICET.

Acuerdo De Argentina Con Fondos Privados y Los Desafíos En Materia De Deuda

Foto: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Lucas Castiglioni*

El gobierno argentino alcanzó un acuerdo con acreedores privados de bonos en moneda bajo legislación extranjera. Con una adhesión del 99%, Argentina acordó una quita de intereses y un aplazamiento de los pagos, dejando los vencimientos más grandes a partir de 2025. Sin embargo, el problema de la deuda argentina está lejos de solucionarse. El acreedor principal del país es el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo Stand By firmado durante la presidencia de Mauricio Macri se encuentra suspendido. El cronograma de pagos contemplado en el SBA resulta insostenible (4.908 millones de dólares en 2021, 18.318 mdd en 2022 y 18.558 mdd en 2023) y el gobierno emprende la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI. Decisión encarada durante la pandemia del Coronavirus y sin haber realizado una auditoría ciudadana de la deuda externa.

*Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, FISyP.

La Deuda Pública de la Argentina es Nuevamente Noticia

Julio C. Gambina

Fuente: Alainet

A fines del 2001 se produjo en la Argentina el mayor default de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares, que expresaban dos tercios de la deuda total. El otro tercio correspondía en buena parte a deuda con Organismos Internacionales, con quienes nunca se estuvo en cesación de pagos. Incluso en 2006, el FMI percibió por anticipado los vencimientos de deuda por unos 9.500 millones de dólares, con lo que se pretendió alejar al Fondo de la supervisión del funcionamiento de la economía local. El default del 2001 afectó principalmente a tenedores privados de la deuda pública, una parte importante de ellos radicados en el país, incluso y muy especialmente fueron afectados los fondos de la seguridad social, invertidos en títulos de la deuda pública.
El tratamiento de esa situación de cesación de pagos fue complejo y condicionó la política económica por casi 20 años, con fuerte y regresivo impacto socioeconómico en términos de desigualdad y empobrecimiento de la población. La consideración del problema supuso reestructuraciones de la deuda en cesación de pagos en 2005, 2010 y 2016, y aún en la actualidad se registra un remanente de más de 2.400 millones de dólares pendiente de reestructuración.

A fines del 2001 se produjo en la Argentina el mayor default de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares, que expresaban dos tercios de la deuda total.


En rigor, desde diciembre de 1983, fecha de recuperación de los gobiernos constitucionales, luego de la dictadura genocida de 1976, todos los turnos presidenciales realizaron sus “definitivas” reestructuraciones de deudas, lo que nos permite afirmar que el endeudamiento público resulta un importante condicionante estructural de la economía local.
Desde esas restructuraciones del default del 2001 hubo variadas cancelaciones de intereses y capital de la deuda pública, y nuevas rondas de préstamos, especialmente en el ciclo del gobierno de Mauricio Macri. El resultado es una deuda acumulada a fines del 2019 por 323.000 millones de dólares, un 90% del PBI según las fuentes oficiales. En el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, de mayo del 2020, del Banco Central de la República Argentina se lee que:
“Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó USD 100.000 millones en el período. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo record de USD 44.500 millones.”
Continúa señalando el informe que:
“A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes, (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones.”

el endeudamiento elevado del último periodo favoreció el proceso de salida o “fuga” de capitales, vía cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior, o constitución de activos en el exterior


Resulta evidente que el endeudamiento elevado del último periodo favoreció el proceso de salida o “fuga” de capitales, vía cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior, o constitución de activos en el exterior. Por ende, en nada favorecieron procesos de mejora de la vida de la población ni constituyeron condición de posibilidad para un desarrollo de la actividad productiva, ni mejora del empleo o la actividad económica local, por lo que puede considerarse “deuda odiosa”, más allá de señalamientos de ilegalidad o ilegitimidad de la deuda.
Un dato sobresaliente deviene del apoyo del FMI a la gestión Macri, más por razones políticas de acompañamiento de la política exterior estadounidense para la región, especialmente en el alineamiento contra Venezuela y Cuba, que motivado en razones económicas. El debate al interior del FMI para otorgar el préstamo por 57.000 millones de dólares (solo se desembolsaron 45.100 millones) se resolvió desde la capacidad de hegemonía del gobierno de EEUU en el Directorio del Organismo, más que por la lógica económica y financiera del funcionamiento de la economía argentina en el marco de una situación de desaceleración de la economía mundial.
Los desembolsos del FMI evitaron transitoriamente un nuevo default de la Argentina. Sin embargo, en el último tramo de la gestión Macri, el país inició el “re-perfilamiento” de su deuda, un eufemismo que expresó la postergación de vencimientos impagos de la deuda pública.

Argentina en default

Para agosto del 2019, las autoridades explicaban la situación como “estrés de liquidez”, anticipando la incapacidad de cumplir con los vencimientos del endeudamiento público, situación que se mantuvo en el tiempo con el cambio del gobierno a fines del 2019. Pese a ello, los compromisos con el FMI y otros organismos internacionales fueron atendidos en tiempo y forma. Es por ello, que no sorprende el apoyo del FMI a la negociación argentina en curso con acreedores privados de la deuda. El Fondo pretende descargar el costo de la reestructuración de la deuda argentina sobre los tenedores privados, sin resignar sus posiciones, aun cuando otorgue nuevos plazos a los vencimientos en el futuro.
Bajo el nuevo gobierno, en diciembre 2019, se autorizaron por ley de “solidaridad” destinar 4.571 millones de dólares de las reservas internacionales que solo podrán “…aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera”, mientras se negocia con los Fondos Financieros una deuda estimada en 66.500 millones de dólares de capital y unos intereses que llegan al año 2117 a unos 61.000 millones dólares. La previsión gubernamental era cerrar esa negociación a fines de marzo, con un ahorro estimado de 41.500 millones de dólares, especialmente por reducción sustancial de intereses, una merma del saldo de capital y, sobre todo, un plazo de gracia que involucraba a todo el periodo de gobierno. La expectativa actual de un acuerdo para agosto del 2020, reduce la estimación sustancialmente, ya que la propuesta original suponía un valor de descuento presente al 39% promedio de los títulos, que ronda actualmente en torno al 55% de valor presente, tras tres adecuaciones favorable a los acreedores externos de la oferta de renegociación.

La crisis económica mundial que se arrastra desde hace tiempo, por lo menos desde el 2007/09, incluso la gran crisis en EEUU del 2001, se agudiza en tiempos de COVID19 y habilita un debate civilizatorio


El mundo observa con atención la negociación de la Argentina, por lo peligroso en que se constituyó el elevado endeudamiento público en la mayoría de los países del sistema mundial, afectados por una recesión agravada en tiempos de coronavirus. Pero también es tiempo de discusión del orden mundial y la función de los organismos financieros mundiales. El FMI pretende validar su papel en este tiempo de crisis, sin asumir su responsabilidad como parte de la causa de los problemas actuales, aun antes del COVID19. Sus viejas y nuevas recetas contribuyeron y contribuyen a sustentar una realidad insoportable para millones de personas empobrecidas. La deuda argentina compromete recursos fiscales y reservas internacionales por deudas asumidas, entre otros, con el FMI, que, en contra de sus propósitos y estatutos, favoreció el ingreso de créditos para la fuga de capitales.
El informe del BCRA mencionado es la base para una investigación a fondo sobre responsabilidades del sector privado y funcionarios públicos en la estafa de la deuda pública. El país negocia el 20% de su deuda con Fondos Financieros especulativos que presionan por dejar de perder cuantiosas ganancias, las que fueron favorecidas por inescrupulosos funcionarios públicos. Estos aseguraron inversiones especulativas altamente rentables en tiempos de bajas tasas en el mercado financiero y de capitales de todo el mundo. El delito está en el FMI, los prestamistas o inversores especulativos y los funcionarios venales de la Argentina. Por eso se sostiene la necesaria investigación de la deuda, mientras se suspenden los pagos.
Desde el movimiento social se apunta a un debate que pueda superar el chantaje de los acreedores financieros, los Fondos Financieros y el FMI. Esa es la razón para impulsar una campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda, y llevar a fondo la investigación, con la base de lo realizado por el BCRA y los primeros debates gestados por la Comisión bicameral en el Parlamento, para el seguimiento de la deuda.
Resulta de interés considerar que se instaló un debate por establecer un impuesto a la riqueza, que recaería sobre unos 12.000 contribuyentes, el 0,03% del total de la población argentina. La probable recaudación no alcanzaría a los 4.000 millones de dólares, mientras que una cifra similar es lo que la Argentina destinó a cancelar deuda mientras negocia con los acreedores, todo en periodo de emergencia por la pandemia del coronavirus y una recesión que agrava la tendencia de arrastre. Lo grave es la voluntad mayoritaria de pago, que más allá de las negociaciones en curso, suponen un compromiso financiero que impone el ajuste perpetuo. En efecto, durante el primer trimestre del 2020 según informes oficiales de la Balanza de Pagos (INDEC), se cancelaron 3.279 millones de dólares en concepto de intereses. En el mismo informe se detallan pagos por remesas de utilidades al exterior por 370 millones de dólares. Algunas consideraciones hay que hacer al respecto. La primera tiene que ver con la resignación de 3.640 millones de dólares que podrían haber tenido uso alternativo, claro que para que eso fuera posible, previamente debió suspenderse el pago de la deuda y claro, auditarla con participación popular como demanda la campaña en ese sentido. Al mismo tiempo se debía establecer la imposibilidad de transferir utilidades al exterior en el marco de la emergencia sanitaria y social derivada de la prolongada recesión de la economía local.

¿Puede transitarse otro rumbo?

La confirmación del default es aún una posibilidad, si es que opera el rechazo de los Fondos de Inversión a la oferta argentina. Ello pondría en cuestión la dilapidación de cuantiosos recursos destinados a cancelar deuda en este tiempo, tanto como a legitimar el inaceptable acuerdo de la Argentina con el FMI. El interrogante difundido remite a considerar el impacto socio económico de un default unilateral del gobierno argentino. Por un lado, existe una moción difundida a favor de la condonación de la deuda de los países en dificultades, comentada en los propios organismos internacionales, pero, por otro lado, se necesita discutir la unilateral decisión por la suspensión de pagos, la que debe ir acompañada sobre la discusión del orden económico. Es más, recientemente, Alberto Fernández (AF) señaló al periódico especializado Financial Times, a propósito del debate actual sobre el endeudamiento y la renegociación de la deuda, que hay necesidad de “repensar el capitalismo”.
En el imaginario del presidente de la Argentina es posible reformar al capitalismo, del modo que aconteció luego de la crisis del 30 del siglo pasado, por lo que alude al fordismo y al keynesianismo, promotores de un tiempo de “Estado benefactor”. Una situación que solo fue posible por la existencia de la amenaza comunista luego de la revolución rusa y más aún con la conformación de la URSS y especialmente luego de 1945 con el sistema bipolar instalado en el mundo. No está solo el presidente argentino en ese razonamiento, al que acompañan discursos de personalidades que tienen en el Papa Francisco una referencia, o en los premios Nobel de Economía, caso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Estos discursos pregonan un retorno al capitalismo preexistente a la reestructuración conservadora que suponen las políticas neoliberales, esas que se ensayaron en Sudamérica bajo el terrorismo de Estado en los setenta y que generalizaron Thatcher y Reagan desde Inglaterra y EEUU en los 80 del siglo pasado, más aún con la caída del Este europeo y la desarticulación de la URSS.
La crisis económica mundial que se arrastra desde hace tiempo, por lo menos desde el 2007/09, incluso la gran crisis en EEUU del 2001, se agudiza en tiempos de COVID19 y habilita un debate civilizatorio, con dos rumbos privilegiados. Uno, de carácter hegemónico, pregona la liberalización con una enorme intervención estatal en la emisión de moneda y de deuda pública para sostener el nivel de actividad del gran capital concentrado. Es notorio en ese sentido el papel de la banca central de los principales países del capitalismo mundial, más allá de cualquier modalidad de guerra contemporánea, comercial, monetaria o variantes que exacerba el incremento del gasto militar en el marco de la hegemonía del capitalismo global. Otro, en el mencionado sentido de la “ilusión progresista”, que se manifiesta en apelaciones a “condonaciones” de la deuda, o a contribuciones voluntarias de los sectores más enriquecidos; a la apelación a políticas fiscales progresivas y de distribución del ingreso, incluso a nuevos pactos, caso del “New Green Deal” sustentado en un cambio de paradigma energético, pero siempre bajo dominación de las transnacionales de la energía.
Un tercer camino, a contramano del debate antes mencionado, supone pensar y actuar alternativamente en la construcción de propuestas en contra y más allá del orden capitalista. Es un rumbo que privilegia reivindicaciones democráticas y de cambio estructural. Entre ellas se destaca la demanda por un ingreso universal equivalente a la satisfacción de necesidades de toda la población, habilitando un debate sobre el financiamiento correspondiente. Pero más allá de esa y otras reivindicaciones, el rumbo impone reformas estructurales en las relaciones sociales de producción, en especial reduciendo la jornada laboral sin afectar ingresos de la población trabajadora. Es una propuesta que afecta los ingresos de la minoría propietaria y por ende empuja confrontaciones sociales que trascienden el debate teórico y se proyectan al plano de la política. Es un rumbo que implica cambios en las relaciones de propiedad y en la gestión de la producción y las políticas públicas para sustentar otro modelo productivo y de desarrollo, basado en la autogestión y la más amplia participación social.
No se trata solo de discutir solo la deuda pública, sino de pensar más allá y en contra de la lógica del régimen del capital, en tiempos de profunda y extendida recesión, agravada por la pandemia del coronavirus.

*Nota recogida en el Observatorio Social Pensar la Pandemia de CLACSO.
** Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Universidad Nacional de Rosario, Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA y Presidente de la FISyP.

¡Urgente y Grave!

Asamblea Argentina Mejor sin TLC

Fuente: Mejorsintlc

Rechazamos el espionaje ilegal contra referentes sociales, académicos, periodistas y activistas que nos movilizamos contra las agendas neoliberales de la OMC,
el G20 y los TLC.

La Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y personas que fue una de las impulsoras de la “Confluencia Fuera OMC” y de la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante los años 2017 y 2018, y actual Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, repudia enérgicamente las acciones de espionaje ilegales cometidas contra nuestros/as/es compañeros/as/es Luciana Ghiotto, Federico Whalberg, Mariano Treacy, Mariela Bacigalupo, José María Di Bello, Javier Echaide, Leandro Morgenfeld, Maria Lorena Di Giano, Francisco J. Cantamutto, Cintia Giménez e Ignacio Rodríguez, entre otros/as/es, así como hacia nuestra Asamblea junto con otros/as/es referentes sociales, académicos, periodistas y activistas llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri.

La Asamblea Argentina Mejor sin TLC realizó durante 2017 y 2018 actividades públicas de debate y participación democrática y abierta a lo largo de esos años para expresar nuestro posicionamiento en contra de las agendas neoliberales promovidas y ejecutadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Cumbre del G20. Nuestras actividades, así como nuestras voces, jamás ocultaron nuestro abierto rechazo a las políticas de liberalización comercial, explotación económica y social que denunciamos públicamente siempre y sin ocultamientos.

Al contrario de esto, bajo orden del ex presidente Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad por ese entonces, Patricia Bullrich, los responsables de la AFI realizaron actividades de espionaje ilegal ocultas del conocimiento público y que ahora salen a la luz. Nosotres nunca tuvimos algo que ocultar, pero ellos sí. Este accionar constituye una violación a los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, al de asociarse, al de peticionar libremente ante las autoridades y manifestarse, a la libertad de prensa, al derecho a desempeñar el trabajo, en suma: libertades civiles y sociales que los sectores de poder se suelen embanderar pero que no tienen tapujos de violentar al momento en que las organizaciones sociales resuelven hacer algo tan simple como decirles algunas cuantas verdades subjetivas a la cara. Esto muestra, además, el carácter anti-democrático de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, realizadas no sólo en el mayor de los secretismos -excluyendo a las organizaciones populares, sino también espiando a quienes denunciamos esa falta de transparencia.

Por ende, Exigimos a las autoridades que se dé acceso  a las víctimas a la información que tiene la AFI a través de los trabajos de esa inteligencia ilegal para que las personas afectadas sepan cómo fueron amenazados y/o violentados sus derechos, y llamamos a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales, sociales, a las instituciones académicas y científicas de las que las personas afectadas pertenecen a que se solidaricen y repudien este accionar de la Agencia Federal de Inteligencia durante la administración de Mauricio Macri.

Asamblea Argentina Mejor sin TLC: Argentina, Grupo de organizaciones argentinas, que luchan contra los tratados de libre comercio conformada desde 2005, en la lucha contra el ALCA.

Argentina En Los Días Del Coronavirus

La pandemia le ha dado la oportunidad al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de presentarse como un jefe de estado responsable

Por Daniel campione

La pandemia le ha dado la oportunidad al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de presentarse como un jefe de estado responsable, que toma sus decisiones con alcance y tiempo adecuados, colocado en la cúspide en una cadena de mandos “piramidal”. Optó por la línea más dura en las restricciones a la ciudadanía, con ampliación de las facultades de inspección y control del aparato estatal y mayores funciones de vigilancia para las fuerzas de seguridad.

El coronavirus ha cambiado las prioridades. La renegociación de la deuda aparecía como primer objetivo del gobierno y después de realizada ésta se trazarían las grandes líneas de política económica. Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

 El gobierno al principio pareció contar con el beneplácito general. Esto fue alterado por los grandes empresarios, que comenzaron a presionar por el regreso a la actividad, incluso con medidas de provocación como despidos masivos. Mientras tanto los precios de los alimentos y de los insumos sanitarios aumentan. Las entidades financieras incluso se permiten ignorar las normas que les imponen dar crédito a bajo interés.

Se elaboran proyectos legislativos que tienden a gravar con impuestos a las grandes fortunas, a modo de compensación, así sea en mínima medida, de la regresividad del sistema tributario. La respuesta por parte del gran capital es rápida y contundente, hasta circuló alguna convocatoria a la “rebelión fiscal”.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos. Le dio el control de la calle a las fuerzas policiales, lo que comprende un intento de legitimar a esas policías que tienen más de aliadas del delito organizado que de protectoras de la seguridad ciudadana.  El gobierno no ha ampliado la injerencia de las organizaciones sociales en la atención y abastecimiento de los barrios populares, no les otorga participación en los indispensables controles de precios, no ha estimulado lo suficiente que la economía popular atienda necesidades sanitarias y de producción de alimentos. No ha sancionado con dureza las acciones represivas de la policía.

El “negocio de la salud” se apresta a lucrar a pleno al compás del avance de la enfermedad. Apenas el ministro de Salud insinuó colocar bajo control estatal a la sanidad privada, los empresarios de la atención sanitario exigieron y lograron garantías de no habrá políticas con esa orientación.

Frente a ese conjunto de situaciones, una perspectiva de izquierda impondría avanzar en el sentido opuesto:

-Que el sector público asuma la dirección de todo el sistema de salud, con participación de los trabajadores de la salud en su gestión. Esto debe ir acompañado con políticas de reconversión industrial hacia la producción de respiradores, instrumental médico, elementos de protección, etc.

-Control popular de precios en la cadena de producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza, insumos sanitarios y cualquier otro bien necesario para atender las necesidades más urgentes.

–El abastecimiento de alimentos para todo tipo de comedores debe realizarse con la participación de las organizaciones populares, tomando también parte en la producción de alimentos y artículos sanitarios.

-Asunción por las organizaciones populares del cumplimiento del aislamiento, en especial en los barrios carenciados en los que las deficiencias de las viviendas y la falta de servicios requieren medidas diferentes para cumplir la cuarentena.

-Transferir al Estado, con control de los trabajadores, a las empresas que despidan personal, aumenten sus precios en violación del congelamiento, o acaparen bienes provocando desabastecimiento.

-Nacionalización de los bancos con una concepción de servicio público para la actividad financiera.

-Establecimiento de impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas y sanciones especiales a los que han realizado fuga de capitales u otras maniobras de evasión.

-Suspensión por tiempo indeterminado del pago de la deuda externa y formación de comités de investigación para el rechazo de la deuda ilegítima u “odiosa”.

-Retiro de las fuerzas armadas de las calles, cualquiera sea el motivo de su actuación. Sanciones graves a policías o gendarmes que cometan cualquier acto de abuso.

En las próximas semanas tendremos que tomar parte en una fuerte puja en torno a cómo se instrumente la continuidad de las políticas de salud pública y sobre quiénes se descarguen las consecuencias de la crisis. Asimismo será una pugna por darle a las fuerzas represivas el máximo de control sobre las personas, con la menor fiscalización posible de esas facultades. La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero, etcétera.

La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero

Un punto focal para las luchas y los debates en el futuro cercano es qué mundo emergerá cuando se supere la pandemia. Esa vuelta a la “vida normal” nos debe conducir al cuestionamiento radical del estado de cosas aceptado como habitual.  Vivimos en una profunda anormalidad, edificada sobre la base del avance devastador del capital a escala mundial y la paralela expansión del consumismo, el productivismo, la destrucción de los bienes comunes, la superexplotación y precarización de los trabajadores. Esto último se propone como parte de una reorganización ultratecnológica de la producción que sirva como excusa del arrasamiento de los derechos obreros.

Habrá varias líneas de disputa con las clases dominantes y sus aparatos de hegemonía. Para mencionar tres: a) Si la “suspensión” de las rebeliones populares dejará lugar a un nuevo ciclo de vigorosas protestas o continuará el impasse. b) Si las dirigencias políticas logran aparecer como “estadistas” o quedan desprestigiados como gestores de una catástrofe. c) En el consenso genérico en que el mundo post Covid-19 será distinto, si da lugar a un cuestionamiento activo de los daños múltiples y crecientes que el capitalismo le infiere a toda la humanidad o se retomará la acumulación de ganancias sin límites ni reparos.

La decisión sobre esos puntos y muchos otros, se jugará en los tiempos posteriores, inmediatos y no tanto, al final de la pandemia. El escenario de la lucha de clases está abierto para la disputa.