El pesado Q’epe sobre las espaldas de la mujer Boliviana

Shirley Nadia Ampuero Ampuero*

Fuente: Cubadebate

La pandemia ha agudizado las desventajas sociales de las mujeres, obligándolas a llevar sobre sus hombros y cuesta arriba el peso social y económico de la pandemia. Yendo desde el aspecto más escabroso hasta el más cotidiano para vivir. En este texto vamos a analizar la incidencia de la pandemia diferentes aspectos que sufrimos: el feminicidio, la violencia, servicio de salud, el desempleo y la doble jornada laboral.
En los últimos quince años en Bolivia se han alcanzado importantes avances en cuanto a la protección de los derechos de mujeres, aunque no son suficientes. Los principales avances han sido la Ley Nro. 348 del año 2013 junto con su reglamento y la Ley Nro. 1173 Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Entre los aspectos más importantes, estas leyes contienen: la pena de 30 años por Feminicidio; agravación de las penas por lesiones contra las mujeres; procesos de denuncia, creación de establecimientos de acogida, especialización de la policía, de juzgados y tribunales. Pasos fundamentales para avanzar por la igualdad, pero el camino por recorrer sigue siendo largo.

En los últimos quince años en Bolivia se han alcanzado importantes avances en cuanto a la protección de los derechos de mujeres, aunque no son suficientes.


Otros avances importantes en los últimos años fueron el Plan de Acción Contra los Feminicidios y la Violencia Machista en el gobierno de Evo Morales del año 2019, desplegado justo cuando Bolivia era catalogada como el país con mayor índice de feminicidios en América del Sur. Y actualmente, el gobierno del Presidente Luís Arce, ha anunciado el fortalecimiento de las políticas de despatriarcalización.
Pero estos avances están siendo rebasados por la realidad, peor aún con la pandemia, porque los casos de violencia contra la mujer continúan, los feminicidios también; y peor aún, persisten las denuncias de revictimización de las mujeres y la impunidad de los maltratadores en los procesos judiciales.
Como las leyes no están hechas en piedra son susceptibles a ajustes por falencias, por actualización o incluso mala interpretación. En Bolivia, actualmente se discute la modificación de la Ley No. 348, proceso que se ve empañado por las denuncias de colectivos feministas que están siendo excluidos de las discusiones.

Pandemia – Nos están matando

En enero de este año se registraron 10 feminicidios y se siguen sumando víctimas.
Los casos de feminicidios desde el 2018 al 2020 se han reducido, pero no significativamente, así lo demuestra el cuadro 1. Además, podemos afirmar, que durante la cuarentena rígida se agudizaron los feminicidios con 53 casos, en tan solo 71 días, que representan casi el 50% del total de casos de ese año, que llegaron a ser 113.
De los 113 feminicidios del año 2020, 12 tienen sentencia, 10 están extintos por la muerte del agresor, 65 están en la etapa preparatoria, 20 en etapa preliminar, 6 fueron rechazados. En el año 2019 se registraron 117 feminicidios de los cuales 22 tienen sentencia, 10 están extintos por muerte del agresor, 52 tienen la imputación formal, 18 están en etapa preliminar, 4 fueron rechazados y 1 sobreseído. En el año 2018 fueron 130 los feminicidios.
Actualmente, las instituciones encargadas de impartir justicia funcionan a media máquina desde la pandemia, haciendo más tardío el acceso a la justicia.
Pandemia – Violencia contra nosotras

Hasta noviembre del año 2020 se registraron 26.435 casos de violencia contra la mujer y durante la cuarentena los casos denunciados fueron 2.378. Sin embargo, se debe considerar que la cifra negra en las denuncias se incrementó, debido a la limitación de movilidad.
Las cifras de denuncias también nos revelan la concientización las mujeres que dejaron de guardar silencio ante los abusos.

persisten las denuncias de revictimización de las mujeres y la impunidad de los maltratadores en los procesos judiciales.

Mendigando Salud en la Pandemia

Con la pandemia se ha revelado la fragilidad del sistema de salud en Bolivia, al igual que en otros países de Latinoamérica. Si bien, una de las últimas acciones del gobierno de Evo Morales fue instaurar el Seguro Universal de Salud, después de dos años aún no se ha implementado de forma efectiva por la conflictividad política y la oposición de una parte del personal sanitario. Todos los bolivianos hemos sido víctimas del frágil sistema de salud, pero las mujeres por el factor embarazo aún más. Muchas mujeres a punto de dar a luz tuvieron que recorrer varios hospitales, en busca de uno donde las atiendan, esto provocó situaciones dramáticas.
La mayor fragilidad del sistema de salud fue la saturación de servicios, situación agravada por los hospitales privados que se declararon espacios libres de covid19, negando la atención a mujeres infectadas a punto de dar a luz; y también por el costo excesivo de la atención y medicación. El gobierno trata de regular precios de los servicios y los medicamentos, pero aún con los precios regulados siguen siendo prohibitivos para muchas mujeres.

Mujeres ayudando a mujeres

En Bolivia, la atención del embarazo y del parto es gratuita, está cubierta por el Sistema Integral de Salud. Además, las mujeres pueden acceder al Bono de Maternidad (Juana Azurduy de Padilla). Desde la pandemia muchas mujeres gestantes han acudido a las Matronas (mujeres parteras con conocimientos ancestrales). Estás mujeres son un alivio social frente a la saturación del sistema de salud. No se cuentan con muchas Matronas, ellas colaboran sobre todo en espacios rurales, pero por la pandemia algunas se trasladaron al área urbana.

Retroceso en la independencia económica femenina

Las cuestionables decisiones económicas y de gestión que tomó el gobierno boliviano en el año 2020, sumadas a la pandemia, ocasionaron, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de la tasa de desempleo de un promedio de 4,5% al 8,7%. Pero una vez más, el dato referente al desempleo femenino se agudizó más a causa de la pandemia, llegando la tasa de desempleo femenino del 11 por ciento.
La pandemia también impulsó el atropello a los derechos laborales, las (re)contrataciones por medio tiempo, otorgación de vacaciones durante la cuarentena y reducción de salarios son el pan de cada día para las trabajadoras.
Además, hay que tener en cuenta que, en Bolivia, el 70% de las mujeres trabaja en la informalidad según el INE. Trabajo caracterizado por ser precario ya que no cuentan con seguro médico, beneficios sociales, estabilidad económica, pero que, además, este trabajo informal, depende de la movilidad de las personas y ahora está siendo limitado por la pandemia. Para las jefas de familia, un día no trabajado implica un día que no tiene que dar de comer a su familia.

Las cifras de denuncias también nos revelan la concientización las mujeres que dejaron de guardar silencio ante los abusos.

De doble jornada a triple jornada


Si bien es conocido el concepto de la doble jornada, ahora con la pandemia se acrecienta la triple jornada. Se ha incrementado el rol de cuidadoras a tiempo completo de los hijos, además la gestión de la educación online de los hijos, porque si bien las maestras y maestros imparten su conocimiento, la responsabilidad de gestionar que la niña o niño permanezcan e ingresen al aula, el sacarle el mayor rédito a las pocas megas que podemos contratar y toda la parafernalia que implica la educación a distancia, recae sobre muchas mujeres. Y les afecta porque limitan su tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo doméstico no remunerado

Conclusión

De todo lo expuesto, podemos concluir que la pandemia es una carga más en el pesado Q’epe (bulto de carga) sobre las espaldas de las mujeres, que agudiza la terrible desigualdad que padecemos, que propicia nuestra revictimización y la impunidad de nuestros maltratadores; afecta nuestra salud, sobre todo en el embarazo; y merma nuestros derechos laborales y económicos; además, nos triplica la jornada de trabajo.
En Bolivia, existe un blindaje normativo para la mujer aprobado en los últimos años que nos protege contra la violencia, que castiga el feminicidio, que protege nuestra salud, que protege nuestra economía y empleos pero que, sin embargo, no se aplica eficientemente y con la pandemia la situación empeoró. Antes de crear o modificar más leyes, el Estado debería empeñarse en hacer cumplir las leyes existentes, mediante inspectorías, auditorias y otros sistemas de control, si no todo esfuerzo quedará en lo mismo, en solo papeles.

* Bolivia, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Señales De Relevancia Para La Región*

Jaime Osorio**

Más de un centenar de detenidos en una violenta protesta en Chile | Chile  en DW | DW | 07.12.2019
Foto: Infobae

La cercanía temporal entre los triunfos del MAS en las elecciones presidenciales en Bolivia y del Apruebo en el plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile tiene también una proximidad de significativa relevancia política: son las señales quizás más relevantes de un movimiento sustantivo en la correlación de fuerzas sociales en la región y en quiénes disponen de la iniciativa política.
Esta simultaneidad entre los procesos en ambos países viene desde 2019, aunque con signos desiguales. Fue en octubre de ese año en que se iniciaron las movilizaciones semi insurreccionales en Chile, que coagularan posteriormente en los acuerdos por el plebiscito reciente. Y fue a poco menos de un mes de ese mismo año el golpe de fuerza que llevó al término del gobierno de Evo Morales y del MAS en Bolivia.
El periodo que cubren ambos procesos en 2020 es muy breve. Con razón se podría sostener que son enormes los peligros de juicios apresurados. Pero hay elementos para pensar que estamos a las puertas de un nuevo tiempo y de procesos que marcan un quiebre con los zigzagueos previos.
¿Qué pueden indicar los acontecimientos en Bolivia y en Chile en octubre del 2020? ¿Prevalece entre estos dos procesos pura contingencia o hay signos de algo más perdurable?
Aquí se sostendrá que lo sucedido de manera reciente en ambos países es un signo que la fuerza social de los dominados se ha incrementado, por la capacidad de desplegar movilizaciones masivas, por su persistencia, por mantener la iniciativa, por su rápida rearticulación a pesar de agudos golpes, en tanto el empuje de los sectores dominantes se ha debilitado, porque sus bases de sustentación social se encuentran resquebrajadas por la imbricación entre la crisis económica y la pandemia, por la carencia de proyectos, por la pérdida de horizontes.

Esta simultaneidad entre los procesos en ambos países viene desde 2019, aunque con signos desiguales. Fue en octubre de ese año en que se iniciaron las movilizaciones semi insurreccionales en Chile, que coagularan posteriormente en los acuerdos por el plebiscito reciente.


Lo sucedido en Bolivia en 2019 y 2020 nos pone frente a una situación paradójica que obliga a formular la pregunta: ¿Cuál fue el sentido del golpe de fuerza de 2019 a la luz de lo sucedido en 2020?
Visto en perspectiva, dicho golpe de fuerza careció de sentido. Lo menos que se podría haber esperado es que la oligarquía boliviana y los aparatos armados hubieran operado un tiempo suficiente para desmantelar y desarticular a las fuerzas populares, y sólo alcanzado estos objetivos, plantear la convocatoria electoral.
¿Qué explica su precipitación? Una hipótesis posible es que sin contar con un plan ni siquiera de mediano plazo, la articulación social y política golpista, donde se debe incluir a la OEA y la reacción internacional, aprovechó un momento de titubeo y/o debilidad del campo popular, donde el tema de la reelección de Evo Morales y las mentiras de fraude, entre otros, tuvieron su papel, lo que permitió a la reacción actuar exitosamente.
Pero la política contrainsurgente de esta articulación golpista no fue para nada exitosa, no sólo por fallas de diseño, sino también por la oposición local que encontró en el movimiento popular, unida a los tropiezos de la reacción regional e internacional, con sus fracasos en las arremetidas contra Venezuela, y la creciente atención que reclamaron los problemas derivados de la pandemia y la crisis económica en la Unión Europa y Estados Unidos.
El holgado triunfo electoral de Luis Arce y el MAS puso de manifiesto la rápida rearticulación de las fuerzas sociales y políticas golpeadas en octubre de 2019 y que, a despecho de la opinión de intelectuales y dirigentes feministas, el apoyo al MAS y al gobierno de Evo Morales no se había diluido, por el contrario, gozaba de muy buena salud.
Dentro de los múltiples problemas que tendrán que enfrentar el nuevo gobierno y el movimiento popular en materias económica y política, se añade hoy la relación con las fuerzas armadas, en el corto y mediano plazo, en tanto los altos mandos militares que actuaron en 2019 siguen allí, pero también para el largo plazo de un proyecto que se plantea transformar la sociedad boliviana apoyada en el respeto a la ley y donde la buena relación del presidente con los altos mandos ya manifestó su insuficiencia.
Con cerca del 80 por ciento de adhesión hacia el Apruebo, y con la más amplia distancia frente a la propuesta contraria en referéndum alguno, la población chilena confirmó que su disposición a poner fin a un sistema económico y político que camina dándoles las espaldas no fue resultado de un malestar coyuntural, sino, por el contrario, que despertó fuerzas de mayor duración, lo que abre justificadas expectativas sobre lo que prosigue.
Porcentajes igualmente elevados recibió la propuesta que sea una Convención Constitucional, esto es, ciudadanos elegidos específicamente para la elaboración y redacción de la nueva Constitución, dejando en el camino la opción que miembros del parlamento tuvieran peso en esta tarea.
No será un problema menor resolver cómo candidaturas independientes de los partidos reúnen numerosas firmas, como lo establecen los acuerdos alcanzados. Por allí los partidos políticos, marginados en el plebiscito, buscarán recuperar presencia.
La fuerza social alcanzada por este proceso obligó al presidente Sebastián Piñera y a otros miembros de los partidos de la derecha chilena a señalar su acuerdo con la convocatoria a redactar una nueva Constitución, en un esfuerzo desesperado por impedir que la consulta se convirtiera en un referéndum sobre su mandato, junto a los de los gobiernos post dictatoriales que le antecedieron, que denotaría el rechazo popular.
Más allá del resultado, importa destacar también el incremento de la participación de la población de Santiago ubicada en las comunas más populares y en otras situadas hacia el centro de la ciudad, allí donde se concentran obreros, y asalariados pobres. También es esperanzador la elevada participación de jóvenes, los que mantuvieron banderas en alto en los tiempos previos a la consulta. A pesar de que se votó en momentos de pandemia no controlada, y que se avizoraba el triunfo, la participación de más del 50 por ciento de los inscritos en el registro electoral habla de una decidida disposición de hacerse escuchar.
Sólo en tres comunas de Santiago, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, en donde se concentran las viviendas de los más poderosos empresarios y políticos, triunfó la no aprobación a una nueva Constitución, con un declive a su vez de la participación de estos sectores.
En diversas otras zonas del país y en comunas agrarias, muchas de ellas antiguas bases electorales de las fuerzas de derecha, los resultados se volcaron a favor del Apruebo.
Los sectores dominantes chilenos no pudieron impedir que se pusiera de manifiesto su debilidad para torcer el curso de acontecimientos políticos que suponen un enorme capital simbólico. Ello alimentará la fuerza de los sectores populares que buscarán que la nueva Carta Magna exprese sus aspiraciones, superando los vericuetos y trampas legales que tratarán de limar las aristas más agudas de las demandas mayoritarias.
En Bolivia y Chile se ha puesto de manifiesto que la correlación de fuerzas se ha desplazado favorablemente hacia el campo popular y que la iniciativa política se encuentra en sus manos. Los sectores dominantes han perdido dicha iniciativa, así como fuerza para impedir que los procesos en marcha contravengan sus intereses y posiciones.

La fuerza social alcanzada por este proceso obligó al presidente Sebastián Piñera y a otros miembros de los partidos de la derecha chilena a señalar su acuerdo con la convocatoria a redactar una nueva Constitución


Las condiciones cómo se produce este cambio de rumbo en los dos procesos, rompiendo la inercia conservadora asentada en Chile, la que atrapó a fuerzas políticas de una antigua izquierda, sobre la base de prolongadas movilizaciones multitudinarias, y la rápida rearticulación política en Bolivia que revierte muy tempranamente un golpe de fuerzas conservadora y oligárquica, es lo que marca la diferencia frente a otros giros producidos en el plano de la política regional, y que los asemeja con los ascensos al gobierno de Hugo Chávez y del propio Evo Morales en Venezuela y Bolivia, por las masivas y persistentes movilizaciones desplegadas.
En una situación que escapa a la lectura simple, la gestión de López Obrador en México abre un escenario novedoso y no menos relevante en este movimiento en la correlación de fuerzas en la región. Sin un discurso estridente, donde destaca “primero los pobres”, con su política de austeridad republicana y de lucha contra la corrupción, López Obrador prosigue desmantelando numerosas redes de saqueo de los recursos públicos, donde conviven cárteles del crimen organizado, encumbrados políticos y empresarios, estableciendo una nueva ética en la gestión política que -en un país devorado por la corrupción y la desigualdad social- no es poco.
La pandemia también ha aportado su cuota en el debilitamiento del discurso y práctica neoliberal en la región y el mundo. Las zozobras del confinamiento y la sustantiva baja de las actividades económicas han obligado a giros significativos de timón en dogmas cuasi-religiosos, sea en el incremento del gasto público por encima de las restricciones impuestas al déficit fiscal, sea en retiros a fondos de pensiones para sortear la carencia o baja de salarios.
La crisis económica, que ha sido agudizada por la pandemia, ha puesto a los capitales en un dilema nada sencillo de resolver y muy fuera de sus manos. Mientras la pandemia no sea controlada no hay condiciones para impulsar proyectos económicos que tengan como horizonte sortear la actual crisis.
En medio de esta situación, que genera un vacío de proyectos del capital y fisuras en el dominio imperante, han sido las fuerzas populares, a pesar de haber sido afectadas también por la crisis económica y la pandemia, las que demuestran mayor capacidad de acción y rearticulación. Esto propicia que el reiterado discurso de regreso a la nueva normalidad encumbrado por gobiernos y agrupaciones empresariales será un proceso de agudas disputas sociales.

* Nota revisada, publicada por el autor anteriormente en Alinet.
** Chile, Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

Bolivia: la demanda salarial de la COB y la lógica de los empresarios privados

Víctor Vacaflores Pereira

Foto: FPP

Como todos los años, la Central Obrera Boliviana (COB) elaboró y entregó al gobierno de turno, su denominado “Pliego de la COB”, donde, además de demandar reivindicaciones sociales, económicas, legales, de salud, educación y otros, se encuentra la demanda salarial de la que nos ocuparemos en este artículo. Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, la COB fue respondida, -según los empresarios privados-, con parcialidad sesgada en favor de los trabajadores, y en desmedro de los “inversionistas sacrificados”. Recordemos que, en mayo de 2019, el gobierno definió un incremento salarial de 4% al básico y 3% al salario mínimo nacional (SNM); aunque en verdad, no se trataba de incremento, sino más bien de una reposición salarial. 

Como siempre, en democracia -pues en dictadura los trabajadores no tienen derechos-los empresarios privados echan gritos al cielo, arguyendo que la decisión no debe politizarse (como si no fuera político todo el manejo del Estado); que provocará inflación, desocupación, baja inversión, bajas utilidades; que la economía está en desaceleración; que habrá cierre de empresas y otras. Toda una lata ruidosa año tras año. Hoy, con el coronavirus en expansión, de seguro habrán encontrado una buena justificación para no solo rechazar la reposición salarial, sino, hacer recortes e incluso bajar los salarios.

 Pues bien, en uso de la información oficial y la estadística existente, analicemos la consistencia de esos justificativos empresariales, en tanto ahora y siempre, se negaron a una mejor distribución de los ingresos.

1.- Lo político.  La decisión, por ejemplo, de Evo Morales de dignificar la fuerza laboral con reposiciones salariales e incrementos significativos, eran decisiones políticas por supuesto, pues devenía de la autoridad, del poder, del que debe cumplir la CPE que en el art. 46 estipula los derechos de los trabajadores. Es así en tanto emana del responsable de velar por el bienestar de los trabajadores, que al fin de cuentas son los verdaderos creadores de la riqueza. El actual gobierno De Facto, de manera idéntica procederá en las negociaciones y, lo viene realizando en los medios de comunicación, al defender los intereses de los empresarios. Para ellos, ese sector es el verdadero contribuidor al desarrollo y gracias a ellos los trabajadores tienen un sueldo asegurado y bienestar sus familias.

Para los gobiernos de derecha, los empresarios sacrificados son los artífices del desarrollo y de seguro no pararan -en las negociaciones y fuera de ellas-, de defender los intereses del capital que más que nacional, es transnacional. Ellos sí no tendrán poses demagógicas como las del MAS que por momentos quiso agradar a los agroindustriales y a la Confederación de Empresarios Privados. El gobierno De Facto, sin lugar a dudas, políticamente, saldrá en defensa de los intereses ajenos a los trabajadores. ¿Y, eso es político? Por supuesto que es político!.

Todo gobierno representa y defiende los intereses de determinados sectores y clases; éste, defiende el de los empresarios, de los sectores oligárquicos y de la derecha más rancia del país.

Entonces, la posición política deviene de la posición ideológica y ésta de los intereses que se defiende. Para los sectores progresistas y los trabajadores, la riqueza viene de la creación de la fuerza de trabajo, no del capital, no de la tecnología o administración. Nadie puede crear valor sin la presencia de los trabajadores. Ellos son los verdaderos creadores de la riqueza y sin embargo, para los empresarios, un simple factor del costo. Para los empresarios, cualquier dificultad en la producción, sólo tienen una solución: echar trabajadores a la calle, bajar salarios, restringir beneficios y atacar a la fuerza de trabajo; no hay más iniciativa.  Si ocurre un desastre, una calamidad humana (coronavirus por ej.), será el momento de chuparle al Estado lo más que puedan.

La relación trabajo-capital, es mediada siempre por el Estado. Cuando éste representa los intereses del capital (empresarios), los trabajadores reciben migajas o Chicago (masacre). Cuando el Estado ha definido reconocer la contribución de los trabajadores o están identificados con ellos, habrá políticas de redistribución de la riqueza. Por tanto, esas decisiones por supuesto son políticas. Política es decisión estatal, no el imaginario liberal que siguen teniendo… de que es el arte de maniobrar.

2. La Inflación. A lo largo de los casi 14 años del gobierno del MAS, la reposición salarial buscando también reponer el poder adquisitivo de los salarios nominales, siempre estuvo por encima de la inflación, misma que ¡no provocó más inflación!!, como se insiste en afirmar. La información estadística oficial, no deja dudas al respecto; pues contrariamente, los años donde la reposición salarial fue en porcentajes significativos como el 22.6% el 2012; 20% el 2013 y 20% el 2014 ( Datos del Instituto Nacional de Estadística- INE. Elaboración propia), la inflación fue más baja que otros años. Es decir, el discurso de los neoliberales se cae. Esto debido a que la inflación no es una función dependiente exclusivamente del incremento salarial, sino del crecimiento de la economía y de la inversión sostenida y los bajos niveles de desempleo. Al presente, producto de la política salarial del gobierno de Evo Morales, el salario mínimo nacional, alcanza a los 305 $us. cuando el año 2005, ante de Evo, solo llegaba a 54$us.

Visualmente, el lector podrá diferenciar a un solo golpe de vista el recorrido de la inflación y de los incrementos salariales. Si nos detenemos unos segundos, la falacia de los empresarios quedará al descubierto:

            Fuente: Datos INE. Elaboración de la Red de Economía Política

Nada más elocuente que la ilustración. Esta información, es de conocimiento de los empresarios.

3. Desocupación. Dicen siempre que la reposición salarial provocará desocupación. Y, al igual que la inflación, no corresponde a la verdad económica. La gráfica siguiente nos muestra que la reposición salarial fue en ascenso desde el 2006, de Bs. 440 a Bs. 2.060 en 2018 (Bs. 2.122 en el 2019), es decir un 372 % de incremento y no hubo ninguna escalada de desempleo, inversamente, el nivel desempleo en Bolivia, fue reduciéndose gradualmente (En 2019, el Salario Mínimo Nacional, SMN, alcanzó 2.122 bolivianos, 304 Sus). Precisamente en el año 2012 en el gobierno del presidente Evo Morales donde el porcentaje de reposición salarial fue el más elevado (22.6%), el desempleo bajó a 3.5%, el más bajo de la gestión. ¿Entonces, la reposición salarial provoca desocupación? No, no es verdad. Obsérvese la serie con atención.

El nivel de desocupación en Bolivia antes del gobierno del MAS bordeaba los 8%, nivel que fue descendiendo paulatinamente, contra toda la lógica librecambista. Con políticas sociales y salariales beneficiosas para los trabajadores, el país logró los más bajos índices de desocupación abierta en el Continente.

Bolivia: Incremento salarial vs. DesempleoEvolución de la reposición salarial y la tasa de desempleo 2005-2018 (en porcentajes)

Fuente: Datos INE. Elaboración de la Red de Economía Política

4. Los privados generan empleo. Un supuesto dominante en las economías de libre mercado, es que la generación de empleo viene de la iniciativa privada, donde estarían los empresarios privados asociados y los privados en general que no son del aparato estatal. Entonces, bajo el concepto de “privados”, agregan a todos los de la llamada economía plural (sea cooperativista, comunal, popular); a todos, menos a la economía que está en manos del Estado o bajo el modelo de desarrollo, social comunitario productivo (MESCP).

Visto así, por supuesto que son los grandes generadores de empleo. Pero bajo ese discurso de iniciativa privada, de empresarios privados y de sus entes corporativos, subsumen bajo su bandera de manera política, la generación de empleo generada por la economía comunitaria, cooperativa y popular, cuando son sectores muy diferentes, pues no hacen a su forma de participar en la economía del país, a su contribución al PIB, a la forma de apropiación de los excedentes, a su presencia política, a los privilegios gozados en dictadura o democracia, a las subvenciones que recibieron y reciben del Estado. De esa forma, muestran que los empresarios de la CEPB, los sectores oligárquicos, rentistas son los creadores del empleo en el país, a quienes debemos estar agradecidos.

En realidad, el Estado es el gran inversor. Entre 2018-2019 a lo sumo, los empresarios asociados a la CEPB alcanzaron a una inversión de 2.000 a 2.500 millones de $us. El gobierno de Evo, ese mismo período bordeo los 6.000 millones de $us. ¿Entonces, la baja inversión de los privados se debe a que en años anteriores se repuso los salarios a los trabajadores? ¿Cuándo los empresarios invirtieron sin la tutela del Estado y sin subvenciones?

5. De las utilidades. ¿Qué de las utilidades de los empresarios privados? Dicen explicita e implícitamente que no tienen utilidades que les permita la reinversión, generación de nuevas fuentes laborales o mantenimiento de sus empresas. Ningún estudioso de la economía boliviana, con honestidad intelectual podría negar que gran parte de los empresarios durante el gobierno del MAS, ganaron tanto como nadie (legalmente); ni siquiera en el neoliberalismo (insisto, legalmente), cuando se regalaron nuestras empresas al capital nacional y transnacional. Unos más que otros se beneficiaron de la bonanza económica de Bolivia durante el Proceso de Cambio.

La dinámica de sus ganancias, sin contar con todas las subvenciones que reciben, expuesto por los propios dirigentes de los empresarios privados y en su momento, por el exvicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García, llegaría a fines del 2019 a 30 mil millones de bolivianos (4.300 millones de $us.). Las utilidades del sector, siempre fueron en ascenso, en el mismo ritmo que le iba bien a la economía del país con Evo Morales (de 6.776 millones de Bs. el 2005 equivalente a casi un mil millones de $us.)

6. Cierre de empresas. Los empresarios han estado diciendo que reponer el valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores, los llevará a cerrar empresas (chantaje!). La fuente de datos nos dice que desde el 2006 el ritmo de crecimiento de unidades productivas (variadas) han tenido un ritmo sostenido y acelerado, en sintonía por supuesto con la estabilidad económica y ella, con el crecimiento de la economía. De 64.632 unidades económicas registradas el 2005, el registro se amplió a 350.000 a diciembre de 2018. Decir que en el esquema actual de la economía capitalista se cierran empresas es algo corriente, pues están sujetas a las variaciones del mercado y no a la planificación, son empresas que se abren y cierran en razón del mercado y no de las verdaderas necesidades de la población. Pero el ritmo de la apertura de nuevos emprendimientos desmiente categóricamente los pronósticos de los empresarios privados. Si tuvieran una pisca de razón, con la política de Evo Morales de reposición salarial de 372% a abril 2019, no quedarían entonces empresas privadas en Bolivia.

A todos y todas, a los trabajadores, a las regiones, a los sectores, al pueblo en general, nos interesa que se consoliden las empresas existentes, que se aperturen nuevas, que los emprendimientos sean exitosos, que tengamos cada vez mayores y mejores empresas nacionales, que exista más empleo, que dejemos atrás la pobreza y la dependencia. Nadie tiene la idea de sabotear la producción.

  • Mal estado de la economía.  A julio-agosto  de 2019, previo a la conspiración y al Golpe de Estado, cuando la matriz dominante en Bolivia era la estabilidad económica, social y política -aún en el marco de un capitalismo a la deriva-, decir que la economía boliviana estaba mal, estancada, en desaceleración o algo parecido no correspondía a la verdad. 

La economía boliviana durante la gestión del MAS, tuvo los mejores índices comparados con otros momentos de nuestra historia.  La economía boliviana admirada por propios y extraños, sea de la academia o de la política internacional, está registrada los 13 años y más, en los informes, estadísticas y sistematizaciones de los organismos internacionales, estudiosos de la economía, universidades y centros de análisis económico. Sólo los politiqueros de la derecha y los opinadores alquilados, hicieron esfuerzos todo el tiempo por minimizar los grandes alcances en materia económica del gobierno de Evo Morales. Algunos cínicos que fueron parte de los gobiernos neoliberales, buscaban deformar una realidad que ni sus aliados (organismos internacionales BM, FMI) ocultaron, cual es, que Bolivia por 5 años consecutivos fue el país que tuvo el mejor crecimiento económico de la región, llegando a un crecimiento promedio de 4.9% en toda la gestión gubernamental.

Es verdad que el panorama económico de Bolivia comenzó a modificarse luego del Golpe de Estado de noviembre 2019 y los resultados del desmantelamiento del modelo económico del proceso de cambio comienzan a verse y sentirse.  Más la negociación salarial demandada por la COB se la hace en razón de la situación y condiciones de la gestión del 2019. Es decir, sobre la base de estabilidad económica lograda en esa gestión.

Otra historia será para la COB y los trabajadores del país, enfrentar sus demandas en el futuro próximo, después del descalabro que está provocando la oligarquía cruceña (financiera y terrateniente) sedienta de lograr los mayores beneficios en impuestos, cupos de exportación, perdonazos tributarios y demás. Dramática situación ya se comenzó a vivir agudizado por la pandemia del COVID 19 que nos arrastrará a una recesión que no podrán administrarla los golpistas.

Ahora bien, los empresarios privados por sectores hicieron conocer -antes de la cuarentena por el coronavirus-, su determinación de congelar el salario mínimo nacional (SMN) y ajustar el básico al tope de la inflación de la gestión 2019 que no llega ni al 2%. Esa ya es una posición. Por su parte la COB, tiene una demanda al viejo estilo negociador criollo, de 15% al mínimo nacional y 10% al haber básico. Dentro los empresarios, hay algunos más atrevidos, que alimentan propuestas como la planteada por su centro de investigación ( Cebec) de la organización empresarial CAINCO, que en un estudio sugiere que el pago de los bonos asociados a la natalidad y la indemnización equivalente a un salario por año de los trabajadores, debería estar bajo la responsabilidad del Estado (¡!), bajo el argumento de que “con esa estrategia, firmas informales podrían transitar hacia la legalidad”(!!). Qué tal!!!!

 No sorprende que haya esas reacciones y mentalidad de parte del capital, de parte de los empresarios. Por supuesto, todo nuestro respaldo en su exigente lucha contra el contrabando, en el fortalecimiento del mercado interno, en defensa de la industria nacional, contra los que patearon la escalera después de haber subido. Hay que acortar la brecha cada vez creciente entre los salarios medios nominales y los salarios medios reales. Los trabajadores solo buscan que los empresarios compartan sus utilidades con los que realmente generan valor; que los trabajadores recuperen de verdad el poder adquisitivo de sus salarios, pues son ellos los que como sujeto de la economía, dinamizarán la producción y el consumo, generando un circuito virtuoso.

Frente a la recesión inminente, gigante problema tiene la COB, pues debe defender su propuesta salarial y lo que es más importante, defender los derechos conquistados en los últimos 13 años. La pandemia del coronavirus que ha agudizado la crisis del capitalismo y el derrumbe del neoliberalismo, será el escudo de los empresarios no solo para rechazar cualquier compensación salarial, sino, mutilar salarios, empleos, derechos, dignidad y organización. ¿¿Al Estado le sacaran TODO!!!

Víctor Vacaflores Pereira: Bolivia, miembro de la Red de Economía Política.