LAS REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

Camila Andrea Galindo*  

Los primeros meses del 2022 han avizorado cuáles serán las reivindicaciones que para las mujeres en este año tendrán más fuerza en nuestro país. El 2022 en Colombia es un año electoral a dos niveles: legislativo y presidencial, contexto que se debe tener en cuenta en el análisis. Además del contexto electoral (habrá elecciones de presidente y del poder legislativo), en el país se afronta una crisis económica y social enmarcada en el recrudecimiento de la violencia y el incumplimiento reiterado del Acuerdo de Paz. Es en este contexto en el que las mujeres colombianas persistimos en nuestras reivindicaciones de respecto y garantía de derechos fundamentales como la vida, la decisión sobre nuestros cuerpos, participación política y protesta social.

Los feminicidios en Colombia

En primer lugar, quisiera destacar la permanente reivindicación por el derecho a la vida de las mujeres en un país donde se presentan múltiples amenazas. En Colombia durante el año 2021 se cometieron 622 feminicidios y 350 tentativas de feminicidio según el Observatorio Feminicidios Colombia, siendo el mes de junio el que registra mayor número: 62 casos. Es aberrante pensar que 62 mujeres fueron asesinadas en razón de su género en un mes en nuestro país.

En este contexto las reivindicaciones son múltiples: a) se exige en primer lugar la correcta tipificación de este crimen por parte de las autoridades, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de feminicidio 1761 de 2015 en donde se tipificó el feminicidio como delito autónomo y lleva el nombre de Rosa Elvira Cely, mujer víctima de feminicidio cuyo caso expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta.” (Agatón, 2018, https://www.elespectador.com/article-745519); b) avanzar en la correcta investigación, judicialización y sanción en contra de los responsables de estos hechos; y, c) tomar eficazmente las medidas de prevención.

Ahora bien, en este punto se hace necesario evidenciar el riesgo, que se ha visto aumentado en los últimos años, de las lideresas sociales y las mujeres defensoras de Derechos Humanos. El Programa Somos Defensores registró entre enero y junio de 2021 484 liderazgos afectados por diferentes tipos de agresiones, de ellos 143 correspondían a mujeres, evidenciando un aumento del 14% en las agresiones contra las mujeres.

Despenalización del aborto

El 21 de febrero de 2022, la marea verde tomó a Colombia. Luego de un intenso litigio estratégico promovido por organizaciones de mujeres, la Corte Constitucional en un fallo histórico avanzó en la despenalización del aborto, permitiéndolo de forma libre hasta la semana 24 y posterior a este tiempo su realización queda sujeta a las tres causales antes permitidas. Las tres causantes reconocidas en Colombia previamente para la realización del aborto sin que fuera un delito son: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre.

Si bien este es un gran e importante avance, la reivindicación no se agota allí, sino que, por el contrario, se abren por lo menos dos escenarios de disputa. El primero de ellos, es la materialización y cumplimiento del fallo en la medida de que permanece la objeción de conciencia, entre otras barreras, para acceder a la prestación de este servicio por parte de las entidades públicas de salud; el segundo de ellos se presenta en la opinión pública debido a que la desinformación y la carga política e ideológica han acaparado los titulares de prensa, la sociedad colombiana aun no comprende las implicaciones del fallo y, en un contexto electoral, se ha aprovechado para enaltecer propuestas como referendos contra el aborto, entre otras.

Participación política de las mujeres en Colombia

La violencia hacia las mujeres que ejercen liderazgo social es preocupante y ha venido en aumento en los últimos años. El 2022, reiteramos, es un año electoral en Colombia y se requiere prestar atención sobre las garantías que las mujeres tienen para su participación política, tanto como candidatas a los diferentes estamentos como electoras en los mismos.

En cuanto a las barreras para el acceso a la participación política, la violencia sigue ocupando uno de los primeros lugares: según la Misión de Observación Electoral entre 2017 y 2020 se evidenció “un crecimiento constante del número de afectaciones en contra de los roles de liderazgo ejercidos por mujeres”, llamando la atención sobre el incremento de hechos contra lideresas en tanto se confirma “la tendencia creciente de violentar a las mujeres que ejercen roles de liderazgo y representación”.

A pesar de este contexto, las listas para las elecciones legislativas como las del Pacto Histórico o las del movimiento “Estamos Listas” evidencian el interés de las mujeres por seguir disputándose estos espacios políticos para la construcción y materialización de propuestas a favor de los derechos de las mujeres. Ahora bien, preocupa que sectores de la derecha y reconocidos como antiderechos, implementan estrategias de utilitarismo de mujeres como candidatas en sus listas para cumplir con los requisitos de paridad.

En este contexto electoral también se requiere destacar las elecciones de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, mecanismo producto del Acuerdo de Paz, que fueron pensadas como una forma de garantizar la representación política de 16 territorios reconocidos por ser fuertemente golpeados por la violencia, y en esa medida garantizar una representación política de las víctimas en el congreso. Se espera que este también sea un escenario en el que las mujeres víctimas puedan participar; sin embargo, en lo corrido del año se han hecho evidentes múltiples riesgos en estas elecciones tanto para quienes se han postulado como en general para el desarrollo de este ejercicio electoral en estos 16 territorios.

Garantías para la protesta social

El 2022 inició con un aumento del salario mínimo de 10%; sin embargo, los productos de la canasta básica presentan un aumento de casi un 20% en estos primeros meses del año. Esta crisis económica repercute en la crisis social en Colombia en donde ya se había anunciado que para el 2021, eran “2,4 millones los hogares que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias en el país comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario” (https://www.portafolio.co/economia, 25 de marzo de 2021).

Es así como en un año en donde desde su inicio se ha evidenciado el recrudecimiento de los conflictos económicos y sociales, junto con el aumento de la violencia en los territorios, el diagnóstico apunta a que la movilización social jugará un papel trascendental como expresión del inconformismo de la población colombiana.

Recordando la aun impune y desproporcionada respuesta por parte de la fuerza pública hacia el Paro Nacional del 2021, la reivindicación se torna hacia las garantías para la protesta social y, en especial en el caso de las mujeres, por la no violencia sexual y de género en el marco de la protesta social y el rechazo a las judicializaciones y estigmatizaciones en contra de nuestras compañeras. En el Paro Nacional del 2021 se documentaron “69 casos de violencias basadas en género ejercidas contra las mujeres, entre los cuales 17 fueron violencias sexuales, 27 fueron violencia física acompañada de hostigamientos, 24 violencias simbólicas que incluyeron acoso sexual” según la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas.  

En conclusión, el 2022 inició con un logró bastante importante para la reivindicación de los derechos de las mujeres en Colombia con la despenalización del aborto; sin embargo, en un país que afronta una grave crisis económica y social, los retos aún son bastantes, en especial para garantizar la vida y las garantías fundamentales para el desarrollo social, político y económico de las mujeres.


* Colombia, GT Crisis y economía mundial. Abogada e investigadora defensora de Derechos Humanos, con maestría en Derecho Administrativo.

COLOMBIA: CRISIS Y REBELIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Carolina Jiménez Martín* 

Izquierda Revolucionaria - Colombia: levantamiento de la juventud contra la  violencia policial y la crisis capitalista
Fuente: Izquierda Revolucionaria

En lo corrido del año 2021 tres acontecimientos han signado de modo significativo las dinámicas y trayectorias sociales y políticas en Colombia: 1. La crisis social profundizada por la emergencia sanitaria del COVID-19; 2. La movilización social abierta simbólicamente el 28 de abril; y 3. Los debates en torno a la implementación del Acuerdo de Paz.

Emergencia sanitaria COVID-19: Gestión gubernamental y crisis social

Los efectos sociales y económicos de la pandemia en Colombia han sido brutales. Según datos oficiales del DANE la pobreza monetaria creció un 7% alcanzado al 42,5% de la población y la pobreza monetaria extrema se incremento en un 6% agobiando al 15,1% del total nacional. Esto nos arroja que el 57.6% de los y las colombianas viven en condiciones de pobreza. Estas cifras, aunadas a las de las personas en condición de vulnerabilidad, nos indican que el 73% de la población del país vive en condiciones precarias.

Lo anterior guarda estrecha relación con la explotación y precarización de la fuerza de trabajo. Según datos del DANE se registra un tasa de desempleo del 14,2% (3,4 millones de personas); ocupación 51,7% (20,8 millones) y 16 millones en inactividad. De la población empleada el 49% lo hace en condiciones de informalidad.

Estas cifras tienen un correlato con el índice de GINI por ingresos. Colombia, registra un índice  de 0,53 en 2019, cifra que nos ubica como el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Brasil. En lo corrido del siglo XXI países como Bolivia, Paraguay, Argentina y Salvador presentan tasas de variación porcentual entre -29% y -20% respectivamente, para el caso colombiano solo se registra una variación del 3%.  

Pese al impacto dramático que ha tenido la emergencia sanitaria en la vida del grueso de la población, el Gobierno de Iván Duque ha tenido una gestión regresiva y represiva. Aunque se activaron algunas medidas sociales dirigidas a las clases populares, éstas ciertamente han sido insuficientes y precarias. En contraste se impulsaron políticas que favorecieron a los grandes conglomerados económicos, especialmente los financieros (alivios y aumento de liquidez), lo cual explica el crecimiento de sus ganancias.

Ante la incapacidad de impulsar una política social que garantice condiciones de vida digna para todas y todos, y en respuesta a las demandas de los grandes conglomerados económicos; el gobierno optó por flexibilizar el confinamiento y permitió una reapertura sin condiciones de bioseguridad para las clases trabajadoras. El saldo en términos de muertes y contagios es dramático; desde la declaración de la pandemia se reportan casi 5 millones de infectados y 124.000 muertes. Ubicándonos en el ranking de los 10 países más afectados en el mundo.

En medio de estas difíciles circunstancias el presidente radicó en el mes de abril una propuesta de reforma tributaria la cual aumentaba los impuestos a las clases populares vía ampliación del IVA y la reducción del monto de ingresos anuales para la declaración de renta. En el mismo sentido, presentó una reforma a la salud que privatizaba a un más un servicio altamente mercantilizado. Estos proyectos de ley impulsaron el estallido social abierto el 28A.

En el mes de Julio el Gobierno radicó dos proyectos de ley que no generan márgenes efectivos para reducir la desigualdad, resolver la pobreza e impulsar la reactivación económica. El nuevo proyecto de reforma tributaria, aunque menos regresivo que el anterior, no transforma las condiciones tributarias del país, mantiene una orientación asistencialista y altamente focalizada e incluso reduce el porcentaje de hogares que serían beneficiarios del pírrico ingreso solidario.

Por su parte, el proyecto de presupuesto general de la nación advierte, entre otros, sobre dos asuntos. En primer lugar, representa una caída frente a su participación del PIB (22,7%). Esta cifra contrasta con años anteriores (2004 proporción del PIB fue de 26,5%, y en 2018 del 24,3%); el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones porcentaje que invierte la tendencia a la baja que se venía presentando (Gobiernos de Pastrana 9,5% del PIB, de Uribe 7,3% y en Santos 5,9%). En segundo lugar, implica un incremento porcentual del 10% destinado al servicio de la deuda, pasando del 6,4 a 6,5 del PIB; el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones.

Paro y rebelión social en Colombia

El 28A miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, expresaron su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. La movilización tuvo un intenso despliegue durante los meses de mayo y junio.

Sin duda los triunfos más significativos y abarcantes son aquellos referidos a la ampliación y fortalecimiento de la organización social y comunitaria, la comprensión de amplios sectores sociales populares de las causas y razones de la crisis, las redes de articulación, los debates nacionales y las asambleas populares sobre las transformaciones requeridas, la crisis de legitimidad de la fuerza pública y el desvelamiento de la doctrina antidemocrática y contrainsurgente con que el Estado repele el derecho legítimo a la protesta.

Entre las ganancias parciales se destacan: el retiro de los proyectos de ley de reforma tributaria y de salud, la renuncia del ministro de Hacienda, la decisión de la Corte Constitucional de revivir las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, algunos alivios tributarios para micro y pequeñas empresas, ciertos programas de política social acordados con mandatarios locales, anuncios de apoyo financiero para las matriculas de estudiantes de universidades públicas, entre otros asuntos. 

Ahora bien, la movilización estuvo empañada por la violación sistemática de los DDHH. Según el registro de la ONG Temblores entre el 18 de abril y el 26 de junio (https://www.temblores.org/comunicados) se identifican 44 homicidios cuyo presunto agresor es la fuerza pública, 4687 casos de violencia policial, 2005 detenciones arbitarias, 82 victimas de agresión en los ojos, 28 victimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 228 casos de disparos con armas de fuergo por parte de la policía y hasta el 22 de junio permanecían activos 77 mecanismos de Búsqueda Urgente.

Pese a lo anterior, es posible afirmar que este Paro Nacional refleja que asistimos a un proceso acumulativo de fuerzas y de comprensiones y aprehensiones sociales frente a la construcción de un proyecto político de país diferente en el que queremos y merecemos vivir. El camino recorrido es importante, pero demanda la profundización del trabajo organizativo y de la deliberación colectiva y territorial. Solo estos procesos podrán fortalecer y profundizar las dinámicas y procesos constituyentes en curso.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

Surtidos 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz asistimos a un caleidoscopio de asuntos que arroja una multiplicidad lecturas sobre las transformaciones vividas. Aunque el balance de la implementación, apegado a lo efectivamente acordado, es desolador. También, se han desplegado una serie de procesos, entre ellos las grandes movilizaciones sociales de 2019 y 2021, que parecen indicar la configuración de un nuevo momento de comprensión y organización social. 

La crisis de la implementación es evidente. Los informes alertan sobre retrasos, dilaciones e incumplimientos frente a lo acordado; situación que ha valido justas caracterizaciones como La Paz pospuesta y La Paz negada.

Pese a lo anterior, existen múltiples voces, especialmente de jóvenes, campesinos, mujeres y víctimas del conflicto, que incluso en medio de la crisis social y humanitaria que padecen, apuestan por seguir caminando en la construcción del horizonte de transformación social que se abrió con la firma de la Paz. De ahí que una de las consignas de la movilización sea el cumplimiento de lo Acordado.

Ahora bien, esto se enfrenta a las rigideces y acciones reaccionarias de la fracción más guerrerista y conservadora del bloque en el poder encarnada en la figura del expresidente Álvaro Uribe. Éste sigue negando la existencia del conflicto armado, rechazando el Acuerdo de la Habana y desconociendo cualquier responsabilidad frente a los hechos de violencia. Así lo hizo explicito en el grotesco encuentro que sostuvo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el pasado 16 de agosto.

El escenario es complejo y dilucida un debate electoral para el 2022 que podría sumar a los esfuerzos transformadores impulsados en este momento de rebelión social.


* [i] Colombia, GT Crisis y Economía mundial, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. 

Macondo desde adentro, Colombia desde afuera

José Francisco Puello*

Carta del Provincial de Colombia sobre la crisis política del país
Fuente: https://jesuitas.lat/

Radiografía preliminar de las protestas en 2021

Desde los primeros días de mayo, se desarrolla un Paro nacional indefinido y se registra una masiva movilización social en Colombia.  

Por sus características, las actuales protestas serían una continuidad -interrumpida sólo por la coyuntura viral hoy vigente- que reeditan anteriores jornadas realizadas, primero en el año 2020, en plena pandemia, a raíz del asesinato por parte de la Policía en Bogotá de un joven, en medio de un arresto ilegal que desató un estallido social en Bogotá; yen 2019, en tiempos de pre-pandemia, desencadenadas por el movimiento estudiantil a raíz del incumplimiento de los acuerdos firmados con los y las universitarias un año antes por el Gobierno de Iván Duque sobre mejoras en la calidad y financiamiento de la educación superior, pero que, sin embargo y en adelante, sirvieron como una plataforma para ampliar en intensidad y en apoyos los episodios contenciosos sumando diferentes sectores sociales, complementando un arco mucho más comprensivo en las reivindicaciones. 

Como resulta ser la regularidad histórica en Colombia, la respuesta estatal ante los reclamos ha sido exclusivamente la represión brutal contra los y las manifestantes que han salido pacíficamente a las calles y, para denominarlo sin eufemismos: terrorismo de Estado. Vale la pena subrayar que en este contexto, además de los aparatos policiales y militares se han registrado situaciones de terrorismo parainstitucionales, especialmente, de orden parapolicial (civiles armados). Si bien estas demostraciones no extrañan porque son parte de las dinámicas paramilitares históricas del régimen anocrático en Colombia, especialmente en lo rural, la novedad es la exposición pública relativamente abierta que estas facetas despliegan en las ciudades; una situación que también vale señalar, ha sido posible evidenciar a través de la difusión masiva de imágenes (fotos, videos, etc.) desde las redes sociales, porque generalmente han sido omitidas y, en el mejor de los casos, deformadas por el oligoplios de medios de (des)información colombianos. 

Desde el 28 de abril y hasta el 27 de mayo, según la Plataforma GRITA: Grabando la violencia policial, Registrándola, Investigándola, Triangulando información de las denuncias y Asistiendo a las víctimas, desde la ONG www.temblores.org, el resumen infausto de la brutalidad estatal muestra:

1133 víctimas de violencia física;

43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza pública;   

1445 detenciones arbitrarias en contra manifestantes;  

648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas;

47 víctimas de agresiones oculares;

175 disparos con armas de; 

22 víctimas de violencia sexual; 

6 víctimas de violencia basada en género.

Adicionalmente, a partir de distingas fuentes y sus variaciones validadas, la cifra de Personas Desaparecidas durante las jornadas se calcula en aproximadamente trescientas.

La escala de las manifestaciones, en todo caso, debe ser subrayada por lo inédita. Primero, gracias a su particular intensidad, pero también -en segundo lugar- en vista de su singular resistencia ante los niveles inauditos de la represión policial y del Ejército quien por orden presidencial bajo la figura de la “Asistencia militar” también se encuentra en las calles (incluso, como sucedió en varias ciudades, reprimiendo desde helicópteros artillados). A esto se le sumarían, además, la participación irregular de agentes presuntamente parapoliciales y paramilitares (como se ha podido registrar en el caso de ataques desde grupos de “civiles” contra la Minga indígena en el Valle del Cauca durante el fin de semana anterior, modus operandi que viene siendo replicado en otras ciudades). 

Si bien la “causa” original de las movilizaciones fue vinculada con la pretensión gubernamental de imponer una Contrarreforma tributaria y fiscal que, en medio de la precariedad social generalizada y creciente fruto de la pandemia (registros oficiales hablan cómo sectores pobres y empobrecidos de la población han reducido, incluso, el número de comidas diarias de 3 a 2; algunos a 1 por día) y el desmanejo del Gobierno (se evidencia que Colombia es de los peores países en la gestión frente al choque viral a nivel mundial), las razones no deben reducirse simplemente a las demandas inminentes de naturaleza socioeconómica.

La administración Duque ya había adelantado antes dos contrarreformas tributarias que no sólo habían castigado el bolsillo de los ciudadanos de a pie, sino también a las finanzas estatales (al otorgar exenciones al Gran capital, especialmente, transnacional y paralelamente, provocar un sobre-endeudaamiento externo que permitió un salvataje al capital financiero). Pretendió -en su momento- “balancear” sus decisiones anteriores cargando con más y mayores impuestos a la mayoría de la población, en un país donde en este año, los niveles de pobreza registran oficialmente rangos del orden del 43% y de indigencia del 15%, tasas de desempleo del 20%; lo anterior sin sumar que históricamente es un país con niveles espectaculares de desigualdad social en general y económica en particular, informalidad, derechos sociales ningunos y una larga lista de etcéteras donde las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido la impronta infame.

Lo que vienen mostrando y demostrando las movilizaciones, como contracara de las gravosas situaciones objetivas del régimen autoritario estatal y del sistema excluyente sociopolítico en Colombia, más allá que demandas inmediatas, son reivindicaciones históricas. Los llamados estallidos entonces sugieren ser menos simples resistencias que la expresión de un proyecto político hacia el mediano y largo plazos. Dentro de los desagravios se suman no sólo aquellos referidos al “bolsillo” y la economía (como lo serían una Renta básica ciudadana o la Matrícula Cero para las Universidades públicas, por nombrar sólo algunas), sino también las que exigen la construcción de la democracia en sus distintas dimensiones: política, social, cultural; una convivencia social real y robusta de la mano de la materialización efectiva de derechos más allá de la formalidad escrita en la Constitución; unido a ello, la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz.  

Este último punto es ciertamente importante. El Acuerdo “sintetiza” y condensa los grandes temas nacionales y las principales problemáticas territoriales del país. Ante el incumplimiento sistemático por parte del actual gobierno (recordar que la presidencia de Iván Duque llega bajo la pretensión de “hacer trizas los Acuerdos”), el clamor visto en la gran mayoría de las protestas desde las ciudadanías subalternas y los sectores populares sigue siendo la exigencia del cumplimiento al compromiso de una palabra empeñada que, entre otras cosas, se mantiene como una responsabilidad gubernamental, pero sobre todo como una obligación estatal constitucional. 

Hasta el momento, e interpretando la coyuntura más allá de lo coyuntural y de las formas y contornos en proceso, la dinámica de la movilización ha mostrado extralimitar las expectativas y desbordar los esquemas organizativos partidarios, sindicales, incluso, los mismos Comités del Paro que, en principio actuaban como su vanguardia. Por ello, se podría sugerir que la síntesis que aparece como determinación de este acontecimiento sería la consolidación de un movimiento popular (no sólo “social”) que tiene como principal referente la paz. Se trataría de una articulación que va procesando paulatina, pero progresivamente la unidad a partir de diferentes voces y vocerías, pero –al final- unificada en torno a exigencias concretas, pero políticamente de fondo: paz, pan y democracia. Estos ejes parecen ser las reivindicaciones que quedan después de las luchas que aún faltan.

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, docente en la Escuela Superior de Administración Pública.

El Gobierno Colombiano: Aporofobia y Misoginia

Otra masacre en Antioquia, Colombia, en medio de protestas que piden  acciones al Gobierno Duque
Fuente: France24

Consuelo Ahumada*

El gobierno de Iván Duque sigue generando todo tipo de controversias, que se suman a las resultantes de su política errática y sumisa en el ámbito internacional, su desconocimiento del Acuerdo Final con las antiguas FARC y el asesinato sistemático de líderes/as sociales y excombatientes.
En los inicios del mes de marzo, en poco menos de dos semanas, se produjeron dos graves episodios de violación de derechos humanos y desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y del derecho internacional y nacional.

El bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero

Danna Lizeth Montilla fue la primera identificada de las víctimas del bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero en la vereda Buenos Aires, Calamar, Guaviare, el 3 de marzo. Según datos documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos y por medios independientes, un número indeterminado de menores habría muerto en este operativo.
Los niños y niñas que allí perecieron eran “máquinas de guerra”, señaló el Ministro de Defensa, después de que se produjo la denuncia. Con ello pretendió justificar la orden de bombardear que se dio desde el Gobierno Nacional, a sabiendas de que había allí menores reclutados.

La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes


Es una explicación acorde con la que dio un Ministro de Defensa anterior cuando se conoció otro bombardeo en zona rural del departamento del Caquetá, en agosto 2019, que dejó 8 niños y niñas muertos. En una denuncia en el Congreso que se produjo en esa ocasión, se supo también que el Ejército remató a algunos niños y niñas que quedaron vivos después del bombardeo, mientras huían del mismo.
El Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, es una región de ganaderos dedicados a expandir su actividad a punta de deforestar la selva y de otros negocios ilícitos que desarrollan en connivencia con el Estado. Los dirigentes políticos de la región están comprometidos a fondo con el proyecto de extrema derecha del actual mandatario. Junto con el departamento del Meta, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Es también el territorio donde opera Gentil Duarte, el más importante disidente de las antiguas FARC.
Danna Lizeth era una adolescente de 16 años, estudiante de décimo grado de secundaria y oriunda de una vereda cercana a donde fue el bombardeo. Al parecer fue reclutada cuando se desplazaba entre las viviendas apartadas de sus familiares, buscando una mejor conexión de internet para proseguir sus estudios.
En efecto, los últimos chats encontrados en su teléfono celular evidencian su deseo de hacerlo. En una conversación con un profesor, le pide su ayuda para matricularse en un colegio de San José del Guaviare, capital departamental, mientras atendía clases vía whatsapp, tal como venía haciéndolo durante toda la pandemia. Poco tiempo después, el profesor la reportó ante las autoridades como posible víctima de reclutamiento.
En una región tan desprotegida y peligrosa, la presencia social del Estado, su oferta de educación y de servicios básicos, es mínima. La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados y de organizaciones criminales. En 2020 alertó sobre la situación en 14 municipios de Guaviare y Meta. Pero el gobierno no hizo nada al respecto. Según datos regionales, entre 1985 y 2020, los NNA víctimas del conflicto armado en el Guaviare fueron 25.531 y en el Meta 70.470.
En las veredas el riesgo de reclutamiento asecha a diario, tal como lo relató el papá de Danna Lizeth para un medio local: “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”. Le perdió la pista en diciembre pasado y tuvo que reclamar su cadáver desmembrado en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Yeimi Sofía Vega tenía 15 años y desde hacía dos había salido de la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Según se supo, “La mamá estaba durmiendo y la niña se le escapó. Después la llamó y le dijo que se iba a buscar nuevas oportunidades para ser alguien en la vida”. Cursó hasta tercero de primaria, el último grado de estudio allí disponible. Luz Amparo, su mamá, también encontró su cadáver en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Ni Danna Lizeth ni Yeimi Sofía pudieron llegar a ser “alguien en la vida”. Tuvieron mínimas oportunidades, al igual que la mayor parte de las niñas en esta y otras regiones olvidadas: trabajar en una finca, ser reclutadas por grupos armados o conseguir marido.
Por ello, la respuesta del ministro es desalmada y cínica. Según múltiples tratados internacionales, los NNA son sujetos de especial protección frente a su reclutamiento y utilización ilegal en la guerra por cuenta de los actores armados, desde un enfoque de protección integral.
El Estado debe brindar las garantías para prevenir el reclutamiento. Pero en cambio los bombardea. Como señaló Jim McGovern, influyente representante demócrata de EEUU y defensor de la paz en Colombia: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado […] no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”.

Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

El caso Yineth Bedoya versus el Estado

Cuando todavía persistía la indignación frente al bombardeo y la respuesta del gobierno, se presentó otra infamia que vino a ahondar la herida. El lunes 15 de marzo fue convocada la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para el caso de Jineth Bedoya. En un hecho insólito, el representante del gobierno colombiano, Camilo Gómez, al frente de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, recusó a seis de los siete jueces por supuesta falta de imparcialidad y prejuzgamiento. Se retiró de la audiencia y pidió su cancelación.
Los hechos que provocaron la audiencia son bien conocidos, no solo en Colombia sino en el mundo entero. En mayo del 2000, como periodista del periódico El Espectador, Jineth investigaba las actividades delincuenciales de distintas organizaciones, incluidos los paramilitares, en alianza con miembros de la Policía, en la cárcel Modelo de Bogotá. Por ello la periodista recibía constantes amenazas contra su vida y la de su mamá.
En medio de esta situación, fue convocada a la sede de la cárcel para una entrevista, pero se trató de una trampa. Cuando llegó, fue secuestrada a la entrada, en frente de los guardias y de una patrulla de la Policía. Después fue llevada a un paraje rural y fue objeto de violación masiva y de delitos atroces por paramilitares. “Me mataron pero seguiré levantando mi voz”, señaló durante la audiencia la valiente periodista.
A pesar de ser hechos plenamente probados, en más de veinte años la investigación del gobierno no llegó a los autores intelectuales del atropello, entre ellos un reconocido general de la Policía. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recurrió entonces a la CIDH.
Una vez más, como ha sucedido en diversas ocasiones ante las Naciones Unidas y otros organismos, en lo que tiene que ver con atropellos y violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Iván Duque hizo el ridículo internacional. La Corte rechazó las recusaciones y ordenó la continuación inmediata de la audiencia. El representante del gobierno tuvo que regresar a la misma, aunque apenas reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado.
El mensaje del gobierno en los dos episodios referidos es contundente y ratifica dos verdades. La primera, su carácter marcadamente fascista, que desconoce, incluso, los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. La segunda, su práctica sistemática de misoginia y aporofobia. Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

* Colombia, GT Geopolítica, integración y crisis del capitalismo y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE.

Las luchas de las mujeres por la paz en Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Miles de mujeres marcharon en Bogotá en favor de la paz | Proceso de paz |  EL UNIVERSAL - Cartagena | EL UNIVERSAL - Cartagena
Fuente: El Universal

Este 8 de marzo se conmemora más de un siglo de luchas feministas en contra del capitalismo patriarcal y en procura de la construcción de una organización social que garantice la producción y reproducción de la vida en condiciones dignas y realmente democráticas.
Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. Algunas de ellas asociadas al ejercicio de derechos individuales que han permitido quebrar ciertas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Otras han desvelado la violencia descarnada que la estatalidad capitalista ejerce sobre la sociedad y han conducido al reconocimiento de una multiplicidad de crímenes de Estado. De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.

Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. […] De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.


Pese a la importancia de estos triunfos, aún permanece un sistema de prácticas y relaciones sociales que reproducen cotidianamente violencias y desigualdades basadas en género. Es por ello que entrado el siglo XXI una de las expresiones más fuertes y potentes de la movilización social y popular sea precisamente la del movimiento feminista.
En Colombia uno de los campos más potentes de las luchas de las mujeres ha estado asociado al de la búsqueda de la paz. Esto se explica, entre otras razones, por el carácter estructurador de la guerra sobre la vida social en su conjunto y por los impactos diferenciales que ésta ha tenido sobre la vida de hombres y mujeres. El horizonte de la disputa no se circunscribe solamente al fin de la confrontación armada sino al de superar las condiciones sociales, políticas y económicas que le dieron origen y la alimentaron durante toda la mitad del siglo XX y lo corrido del XXI.

Acuerdo de paz y el enfoque de género

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado en 2016 entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el Estado es el acontecimiento social y político más importante en la historia reciente del país. A través de éste se buscó poner fin a una guerra de más de siete décadas y sentar las bases para la transformación social de Colombia. Este Acuerdo ha sido reconocido por diferentes actores y fuerzas de la comunidad nacional e internacional como uno de los Pactos de Paz mejor logrados del mundo.
Una de las características más valoradas de este Acuerdo es justamente la existencia de enfoques transversales, destacándose entre ellos el enfoque de género. En efecto, la mesa de Conversaciones de la Habana reconoció, por una parte, que la guerra había tenido impactos diferenciales sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y los hombres; y, por la otra, que entre las condiciones de reproducción de la guerra se encontraba un orden social que permitía la desigualdad social estructural entre hombres y mujeres. Este reconocimiento se deriva de la fuerza que cobró el movimiento de mujeres por la paz, así como las elaboraciones iniciales del feminismo insurgente desarrollado por las guerrilleras de las FARC-EP.
Por tanto, cada uno de los puntos del Acuerdo incluye acciones y políticas orientadas a superar las violencias, desigualdades y exclusiones de las que son víctimas las mujeres. Entre otras se destacan:
Punto 1 y 4. Reforma rural integral y cultivos de uso ilícito: Las mujeres campesinas e indígenas son víctimas de las siguientes brechas “Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica” (OXFAM, 2017. Radiografía de la desigualdad, https://ww.oxfan.org). De ahí que se acordó: Acceso a tierras y titulación a mujeres rurales; línea de crédito especial; modelo de desarrollo territorial con enfoque de género; programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con acceso a mujeres; estímulos para la creación de organizaciones de economías solidarias de mujeres.
Punto 2. Participación política: Las mujeres son víctimas de una alarmante sub- representación política. Según datos de ONU-MUJERES “las mujeres son el 52% de la población, sin embargo, son tan solo el 12 % de quienes ocupan cargos elección popular (el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso)” (ONU Mujeres, 2016. Liderazgo y participación política, https://colombia.unwomen.org). Por lo tanto, se acordó: Reforma política que procure en la equidad de género en términos de representación política; programas de formación y promoción de liderazgos políticos de mujeres; mayor financiación a partidos políticos que promuevan la equidad de género, entre otros asuntos.
Punto 3 y 5. Fin del conflicto y sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición: El conflicto armado ha tenido un impacto dramático sobre las mujeres “Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018) las mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875 […].  El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM […]. La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018 […] llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que: Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)” (CINEP, 2018. Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado. (https://www.nocheyniebla.org). De ahí que se acordó: Programas de integrales de seguridad y protección para mujeres, sistema de prevención de alertas tempranas con enfoques de género, programas de acompañamiento psicosocial a mujeres victimas, investigaciones en la jurisdicción especial de paz con enfoque de género que conduzcan al reconocimiento de afectaciones diferenciadas de la violencia sobre las mujeres.
Como se puede apreciar el AFP impulsó una serie de medidas que buscaban, por un lado, cerrar brechas y generar condiciones sociales, económicas e institucionales para garantizar una vida digna para las mujeres; y, por el otro, impulsar un reconocimiento y comprensión social sobre los factores que sostienen y reproducen la guerra, entre los cuales se destaca, el sistema patriarcal.
Ahora bien, pese a la potencia descrita es lamentable el incumplimiento del que es objeto lo acordado. El Estado colombiano, especialmente en su expresión ejecutiva, se ha empeñado en cerrar las posibilidades para caminar en este escenario de transformación social y ha apelado sistemáticamente al ejercicio de la violencia para contener los avances logrados.

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal.

Mujeres y luchas sociales en Colombia

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal. Una de las fuerzas sociales que sostuvo las manifestaciones durante varios meses fue precisamente la de las mujeres y, entre ellas, las más jóvenes.
Su activa participación en las movilizaciones denota que las luchas feministas caminan simultáneamente en un horizonte disruptivo de las desigualdades y violencias basadas en genero, como en el impulso hacia la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales que garantice una vida digna para todas y todos, de ahí la potencia anticapitalista de las mareas moradas y verdes que recorren Nuestra América.

* Colombia, GT Crisis y Economía mundial, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).

Colombia: Nunca Más Guerra Para La Juventud*

Condenamos los asesinatos y masacres en Colombia - Coordinadora de  Organizaciones para el Desarrollo
Foto: Coordinadoraongd

Nuestra América, septiembre de 2020

Colombia vive una época de fuertes transformaciones. Las vías abiertas por los acuerdos de paz representan una luz de esperanza y buen vivir para sus comunidades y territorios heridos por la violencia política. Es innegable que este es un momento histórico para las y los colombianos. Se juega allí la posibilidad de consolidar la democracia y la justicia social, o de la consolidación de los rasgos autoritarios de un régimen político nacido en medio de la inveterada violencia. No es fácil para la sociedad colombiana la situación. La pandemia mundial del COVID-19 agudizó una crisis social asociada a las asimetrías históricas en el acceso a salud, educación, trabajo digno, acceso a servicios públicos y vivienda. La gestión autoritaria de la pandemia sólo intensificó la crisis en Colombia y en el Continente. Vemos con dolor las recientes noticias del país. A una crisis humanitaria que cobra la vida de miles de líderes sociales en los últimos años, se suma el asesinato de más de 200 integrantes del Partido FARC que nació de los acuerdos de paz.
Este espiral de violencia se expande, y hoy registra la participación de organismos del Estado colombiano en atizar la violencia política. Los movimientos sociales han afrontado esta situación mediante masivas manifestaciones políticas. En las últimas semanas han llenado las calles de voluntades, color, música y una infinita creatividad que interpela el poder establecido. Ante esa emergencia de la acción colectiva vemos cientos de imágenes de procedimientos policiales a todas luces desproporcionados e ilegales a la luz del derecho internacional. La respuesta oficial es de abierto respaldo a las fuerzas de la policía colombiana, de justificación de su accionar bajo la lógica del enemigo interno. Es un capítulo más de esa doctrina de seguridad nacional que azotó a Nuestra América en las dolorosas épocas de dictaduras que contaminaron el Continente. Manifestamos nuestra preocupación por estos hechos y por los señalamientos y agresiones hacia el movimiento juvenil colombiano. La Juventud colombiana ha logrado ampliar los repertorios de la acción política, mantener una actitud deliberante y convertirse en reserva ética del país. Es a esa generación a la que se dirigen las acciones más agresivas por parte del Estado colombiano: detenciones arbitrarias, montajes judiciales, masacres de jóvenes, asesinatos, señalamientos y brutalidad policial.
Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones juveniles colombianas. Acompañamos a la Juventud Rebelde Colombia ante los señalamientos públicos de altos funcionarios del Gobierno Nacional sobre su carácter supuestamente clandestino y vinculado a una estrategia de la insurgencia por desarrollar acciones militares en las ciudades colombianas. Hemos compartido con la Juventud Rebelde numerosos espacios de formación, investigación y reflexión política durante sus 5 años de existencia. Damos fe de su compromiso con la transformación de su país y la construcción de paz con justicia social en Colombia y Nuestra América. Les asiste el derecho a protestar, a interpelar y a desobedecer el no futuro; les asiste el derecho a lanzar la arenga del decoro. Millones de jóvenes encuentran en las calles espacio de expresión y construcción política. Interpelan la violencia y le responden con alegría, ritmo y color. En la juventud se anida la esperanza de un futuro para el buen vivir. A la Juventud Rebelde y toda la juventud colombiana nuestro abrazo solidario. ¡Sigan haciendo historia! ¡Sigan abriendo grandes alamedas!
Desde diversos rincones de Nuestra América y Europa, suscribimos …

*Comunicado de solidaridad internacional de académicos y académicas de Latinoamérica y Europa con la juventud rebelde de Colombia.

Recrudecimiento De La Guerra y Disputas Por La Verdad Histórica En Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Foto: IzquierdaWeb

Dos acontecimientos, antagónicos en su significado social y político, han orientado el debate colombiano en las primeras semanas de agosto. Por una parte, se registra un recrudecimiento de la guerra que se expresa dramáticamente en las recientes masacres de las últimas semanas de agosto que cobraron la vida de 21 jóvenes en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Samaniego (Nariño) y Cali (Valle del Cauca). Y por la otra, en la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso abierto por manipulación de testigos.
El primer suceso es resultado de un escalamiento de la violencia a través del cual se pretende contener militarmente la conflictividad social; y, el segundo, expresa ganancias parciales, no por eso menos importantes, en la búsqueda de justicia y la verdad histórica sobre el desarrollo de la guerra en Colombia.

Recrudecimiento de la guerra

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado entre el Estado colombiano y la otrora insurgencia de las FARC-EP tiene entre sus propósitos fundamentales poner fin de manera definitiva al conflicto interno armado. De ahí, que estableció un conjunto de normas y programas de política pública que ayudarían a resolver las causas que dieron origen y dinamizaron la guerra.
Entre los elementos referidos al fin de conflicto se estableció un acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales (numeral 3.4 del AFP). Este acuerdo generaría las condiciones materiales y judiciales para combatir estructuras paramilitares y mafiosas y de este modo garantizar la vida de los liderazgos sociales y la desmilitarización de sus territorios.

surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP


Sin embargo, surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP en condición de reincorporación. La profundización de la crisis humanitaria en regiones como el Pacífico y el Catatumbo que ha generado el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas. La ejecución de 40 masacres en lo corrido del 2020; así como el aumento de amenazas y actos de violencia contra poblaciones comprometidas con el proceso de construcción de paz.
Los hechos más dramáticos los hemos vivido recientemente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Valle y Nariño en donde se han ejecutado seis dolorosas y repudiables masacres que han cobrado la vida de decenas de niños, jóvenes y liderazgos sociales: 1. El 29 de abril en Mercaderes (Cauca) fue asesinado un líder social junto con su esposa, hijo y nieta. 2. El 19 de julio en Tibú (Norte de Santander) fueron asesinados siete campesinos, entre ellos dos dirigentes de la organización ASCAMCAT. 3. El 11 de agosto en Cali (Valle del Cauca) fueron asesinados cinco jóvenes (14 y 16 años de edad) victimas del conflicto armado. 4. El 15 de agosto en Samaniego (Nariño) fueron asesinados ocho estudiantes universitarios. 5. El 17 de agosto en Ricaurte (Nariño) fueron asesinados tres niños de la comunidad indígena Awa. 6. El 22 de agosto en Tumaco (Nariño) fueron asesinados seis jóvenes.
Estas masacres se han desarrollado en territorios que se encuentran bajo el control de grupos mafiosos y paramilitares. Son territorios con un carácter estratégico debido a su configuración espacial, presencia de economías ilegales y un importante acumulado de luchas populares. De ahí que deban ser “neutralizados” y ordenados bajo los vectores de la guerra.
El significado social y político del recrudecimiento de la guerra es claro: la pretensión de acallar la fuerza social que lucha por la construcción de la paz y el reforzamiento de un disciplinamiento militar de la vida de las comunidades y los territorios estratégicos para los grupos económicos mafiosos.


Disputas por la justicia y la verdad histórica

El pasado tres de agosto la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso que adelanta por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La importancia de esta decisión judicial radica, entre otras cosas, en que involucra los testimonios de un ex paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente Uribe y a su hermano Santiago de conformar grupos paramilitares responsables de múltiples masacres contra comunidades en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Entonces, aunque la detención preventiva no refiera de manera directa a la responsabilidad de Álvaro Uribe en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, si ha permitido posicionar en la discusión nacional la existencia de vínculos entre una fracción del bloque en el poder, representada por el uribismo, con estructuras armadas responsables de los hechos más atroces de la guerra en Colombia. De ahí el significado político de la decisión de la CSJ.
La trascendencia de lo señalado permite entender las posiciones reaccionarias y de ataques a la Corte, así como las propuestas de reforma a la justicia y de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por parte de diversos representantes del partido político Centro Democrático, entre ellos el mismo presidente Iván Duque.
El significado social y político de este hecho es claro: Es la posibilidad de que la sociedad colombiana conozca, vía decisiones judiciales, el vínculo que ha existido históricamente entre la clase política y económica con las estructuras paramilitares. Esto es que se diluciden las dinámicas bajo las cuales opera y se reproduce el carácter contrainsurgente de una fracción importante del bloque en el poder.

Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia.

Interregno entre la paz y la guerra

El carácter antagónico de los acontecimientos descritos se inscribe, en todo caso, en la unidad sistémica y contradictoria de un régimen político autoritario que es combatido por las luchas de los sectores subalternos que propugnan por una ampliación democrática.
Este antagonismo, se inscribe en el escenario actual, en lo que Jairo Estrada denomina el interregno entre la guerra y la paz, esto es:
Producir —exacerbar— la guerra significa reabrir a plenitud la posibilidad de darle un tratamiento militar (o de acuerdo con la lógica militar) a la conflictividad social y de clase que le es inherente al orden social existente; es pretender ponerle una impronta al proceso político general que aún se encuentra indefinido, pues vivimos en ese interregno que hay entre una guerra que no termina de morir y una paz que no termina de nacer. Los sectores más extremistas de las clases dominantes saben que ese es su escenario más propicio; es el que les ha permitido sustentar el proceso de acumulación en el despojo, y el régimen político en el disciplinamiento social que genera el ejercicio estructural de la violencia (Jairo Estrada [2020], “Elementos para el análisis de la coyuntura a dos años del gobierno de Iván Duque”. Revista Izquierda, no 88. Ediciones espacio crítico. https://revistaizquerda.com).
Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia. Este contexto, reclama con fuerza, la vitalidad y capacidad de un movimiento popular que, aunque golpeado, tiene en su haber unos aprendizajes y acumulados de sus luchas históricas por la paz y el derecho a una vida digna.

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, Profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Junta Directiva de la SEPLA.

El perverso papel del gobierno de Colombia en la crisis regional

Consuelo Ahumada

Fuente: Vanguardia

El pasado 27 de mayo la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la llegada al país de una unidad especializada de su Ejército, cuya misión se prolongaría por varios meses. De acuerdo con el Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, será una oportunidad para ratificar el compromiso de los dos países en la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la paz regional y el respeto a la soberanía.

  Sin embargo, ninguno de estos tres objetivos corresponde a la realidad.  La presencia de las tropas extranjeras busca incrementar el asedio a Venezuela y desestabilizar la región. Se atenta de manera grave en contra de la soberanía nacional, por cuanto Washington, sin el menor recato, se inmiscuye de manera abierta en los asuntos internos de los dos países andinos.

   Debe recordarse que a finales de la década del 80 Colombia se convirtió en el eje de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, que se concretó precisamente en el Plan Colombia. A partir del siglo XXI, en la medida en que surgieron y se consolidaron los gobiernos de izquierda en la región, se estrechó todavía más la relación entre los dos países, en especial cuando George Bush ocupó la Casa Blanca (2001-2008) y Álvaro Uribe Vélez gobernó a Colombia (2002-2010).

   Tiempo después, la negociación y firma del Acuerdo Final con las FARC (2013-2016) y la reconciliación con los países vecinos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos provocaron alivio en la región, por cuanto por fin se superaría la “narcotización” de la política internacional de Colombia, para centrarse en cambio en la superación del prolongado conflicto armado. De ahí el amplio respaldo internacional que recibió el acuerdo, incluso del presidente Barack Obama.

  No obstante, desde el año 2018, cuando se produjo el retorno del uribismo al poder con el triunfo electoral de Iván Duque, Colombia retomó la senda anterior. Este cambio coincidió con dos procesos relacionados y contrapuestos. El primero, la llegada de Donald Trump a la presidencia (2017) y el consecuente ascenso y fortalecimiento de la causa de la extrema derecha mundial. El segundo, el declive de los gobiernos alternativos de la región, en especial en Brasil (2015-2016) y Argentina (2015). En este nuevo contexto, el mandatario colombiano ha puesto todo su esmero en convertirse en principal aliado de Washington en el continente.  

   Tan pronto llegó Duque al poder, Trump le ordenó la reanudación de la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Debe recordarse que el país empezó a fumigar con glifosato desde 1984, pero estos cultivos se incrementaron año tras año, como lo corroboran diversos estudios nacionales e internacionales. La medida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Santos la suspendió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que así lo ordenó. En medio de muchas tensiones y presiones, la Corte estableció que no se reanudarían las aspersiones hasta que se garantizara la protección al derecho a la salud y el ambiente, en el marco de dicha actividad. Pero de manera explícita, el gobierno expresó que no puede cumplir con estos requisitos y ha reanudado la fumigación. Esta medida atenta contra el punto 4 del Acuerdo de paz, que privilegia la erradicación manual.

 Pero mientras se persigue a los campesinos cultivadores de coca, la elite gobernante colombiana se debate en múltiples escándalos de corrupción, particularmente por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Tal es el doble estándar que mantiene la Casa Blanca en desarrollo de su estrategia contra el narcotráfico en Colombia.

 ¿Qué busca entonces Estados Unidos con su presencia militar en Colombia? Claramente, se trata de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela y de propiciar un conflicto en el vecindario. Por su parte, el gobierno de Duque quiere también asestarle un golpe definitivo al Acuerdo de paz, ya de por sí bastante debilitado durante su mandato, y frenar cualquier posibilidad de negociación con el ELN.

   El referente inmediato de la llegada de las tropas estadounidenses a Colombia hay que buscarlo en el tratado suscrito el 30 de octubre de 2009 por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que provocó un malestar generalizado en la región. Los gobiernos progresistas predominantes en ese entonces en el sur del continente avanzaban en un proyecto de seguridad propio, la Unión de Defensa Suramericana. Se buscaba precisamente romper con el tutelaje de la OEA y de Washington en esa materia.

  La preocupación de la región no era infundada. El acuerdo autorizaba el uso de 7 bases militares y del territorio colombiano por tropas, naves y aviones militares del Pentágono. Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado de Colombia se había pronunciado, señalando que este no tenía ningún fundamento en tratados anteriores ni en la Constitución. Señaló que incluía todo tipo de concesiones unilaterales: a los militares y mercenarios y a sus familiares y acompañantes se les otorgaba inmunidad ante delitos o crímenes atroces en territorio colombiano. Un año después, el Acuerdo fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional.  No obstante, hay una presencia real de tropas gringas y asesores militares en Colombia.

    En lo que respecta a la estrategia contra Venezuela, reforzada en los últimos dieciocho meses, Colombia ha desempeñado un papel prioritario. Los episodios de agresión, maquinados con el Departamento de Estado, han sido múltiples, pero todos han fracasado. El más grave de ellos fue la incursión militar del pasado 3 de mayo, cuando se produjo un intento de desembarco militar en la costa de la Guaira. 

    En noviembre del año pasado se conoció una conversación privada entre el actual Embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, y la recién designada Canciller de Colombia, Claudia Blum. Como podía esperarse, esta grabación causó conmoción durante unos días, pero finalmente no trascendió, y los dos funcionarios conservaron su cargo público. Los medios se centraron en algunos asuntos de importancia menor, como el carácter ilegal de las grabaciones y las críticas al desorden del Departamento de Estado. 

  Sin embargo, asuntos esenciales quedaron por fuera del escándalo. Francisco Santos le expresa a la Canciller que es necesario desarrollar una agenda estratégica para sacar a Maduro de Venezuela, que él ya armó: «Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso». Y agrega: “Me toca inventarme cosas para que ellos tengan en la cabeza otra vez a Venezuela”. Señala la necesidad de mantener las acciones encubiertas en este país “para generar miedo y apoyar a la oposición que está muy sola y desgastada”.

  La reciente publicación del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump, viene a ratificar el papel de Colombia en el cerco a Venezuela. Washington quiere asegurarse el control del petróleo venezolano y, para hacerlo, ha contemplado todas las opciones, incluida la militar. Sería “cool” invadir a Venezuela, señala Trump, de acuerdo con el testimonio de Bolton. 

  Pero no podemos dejar de lado tampoco el ataque a Cuba. En su estilo imperial, el pasado 13 de mayo el Departamento de Estado la incluyó en su lista de países que apoyan el terrorismo. El motivo que adujo para hacerlo fue no haber atendido la solicitud del gobierno colombiano para que extraditara a los dirigentes del ELN integrantes de la delegación de paz, con motivo del repudiable atentado de este grupo en la Escuela de Cadetes de Bogotá.

 Con esta medida, incitada por la administración de Duque, Trump desconoció los protocolos suscritos por el Estado colombiano, la guerrilla y los países garantes, Cuba y Noruega, para el caso de que se diera una ruptura de la negociación. En otro acto vergonzoso, el Comisionado de Paz de Colombia celebró el “espaldarazo” recibido de la Casa Blanca, cerrándose así cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto armado con el ELN.

 El Presidente Duque viene trabajando en esa línea frente a Cuba y Venezuela, en consonancia con Washington y contando con la OEA de Almagro, como lo muestran los eventos de las últimas semanas. Entretanto, las tropas gringas están ahí. El conflicto regional que se pretende azuzar representa un peligro real.

Consuelo Ahumada: Colombia, GT Geopolítica, integración regional y sistema mundial y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas ACCE y Vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI).