¡Nuestras demandas no son virtuales!

Este Primero de Mayo del 2020 nos remonta a las peores épocas y a las mejores hazañas de la clase obrera.

Nueva Central de Trabajadores (NCT),
México, 1ero de mayo de 2020.

A las y los trabajadores mexicanos.
A la opinión pública.
Al Pueblo de México

Compañeras y compañeros:
Las condiciones actuales no podían ser más adversas. El desplome de la economía capitalista, que ya se venía venir, ahora se acompaña de una pandemia mortal que amenaza a la humanidad entera. El mundo sufre el contagio simultaneo de una y otra calamidades. Europa occidental está devastada, los Estados Unidos de rodillas y América Latina comienza a sentir los agresivos efectos de la expansión de ambas desgracias.
Este Primero de Mayo del 2020 nos remonta a las peores épocas y a las mejores hazañas de la clase obrera. Porqué ahora es cuando las y los trabajadores de todo el mundo deben unificar sus esfuerzos para salvaguardar su vida y salud, hacerse del pan de cada día y luchar por un trabajo digno. Debemos asumir que los mecanismos de dominación burguesa, que nos atan a los acuerdos de cúpula, pactos y marrullerías políticas por igual, merecen ser desahuciados por los trabajadores. Necesitamos mirar el horizonte y actuar de otra manera, reconocer que nos hace falta contar con una auténtica organización clasista que defienda nuestros intereses.
Impedidos para poder movilizarnos presencialmente, víctimas del paro forzoso impuesto por la contingencia sanitaria, privados de nuestras habituales formas de sobrevivencia, precarizados por tres décadas de neoliberalismo y despojados de nuestros bienes comunes, ahora nos encontramos de frente a uno de los períodos históricos más críticos que haya vivido la clase trabajadora a nivel mundial, solo comparable con los funestos estragos de las dos guerras mundiales del siglo XX y la profunda depresión capitalista de 1929.

nos encontramos de frente a uno de los períodos históricos más críticos que haya vivido la clase trabajadora a nivel mundial, solo comparable con los funestos estragos de las dos guerras mundiales del siglo XX y la profunda depresión capitalista de 1929


La incertidumbre crece día con día. De la acelerada expansión mundial de la pandemia de Covid-19 saltamos a la parálisis temporal de la economía global que ha puesto en la calle a cerca de 200 millones de trabajadores de todo el mundo en solo tres meses. Son las clases populares y lo países más pobres quienes hoy por hoy recienten con más fuerza las consecuencias económicas y sociales de la doble crisis. Para los grandes centros financieros, las corporaciones multinacionales y las oligarquías locales su preocupación central está en cómo, sin sufrir quebranto alguno en sus negocios, se reactiva la economía capitalista lo antes posible y sin costo alguno que merme sus ganancias, mientras millones de trabajadores en el desempleo masivo carecen hasta de lo más mínimo para sobrevivir. Su futuro pende de un hilo, cuando no son ellos los que toman las decisiones certeras que pongan a salvo sus intereses.
Estamos obligados a luchar juntos, a cerrar filas y evitar a toda costa que todo el peso de la crisis sea puesto sobre nuestras espaldas, comenzando por reivindicar las justas demandas de las y los trabajadores de la salud quienes de manera estoica ocupan la primera línea de combate en la desigual batalla en contra del mortal Covid-19. Decimos desigual, porque los sucesivos gobiernos neoliberales en México lograron el desmantelamiento letal del sistema de salud pública del país. Ya estamos pagando las consecuencias de los recortes presupuestales a las instituciones públicas de la salud, la privatización de este derecho social y la falta de incentivos económicos y profesionales para los trabajadores del sector. Hoy de manera emergente, el gobierno de AMLO intenta, contra reloj, remontar el desabasto de personal, materiales, equipos, medicamentos y protocolos para enfrentar la perniciosa fase tres de la pandemia. Es necesario ir a fondo, reorientar el presupuesto para fortalecer el sistema de salud pública aun después de la emergencia. La Nueva Central de Trabajadores y la CNSUESIC reconocen y respaldan la labor de las y los trabajadores de la salud que día con día arriesgan su vida en el cumplimiento de su labor profesional.

Nos pronunciamos por la articulación internacional de las luchas de los trabajadores del mundo que hoy por hoy tienen vigencia en la defensa de sus intereses y el legítimo derecho a su emancipación.

Por otro lado, hay sectores de la burguesía que vienen actuando al margen de la solidaridad y las disposiciones oficiales que intentan mitigar los efectos del paro forzoso. Hay un gran número de pequeñas, medianas y grandes empresas que no están respetando los lineamientos del Consejo General de Salud, poniendo en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores. En el norte del país, las compañías maquiladoras, se rehúsan a cerrar sus plantas poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Según cifras oficiales, tan sólo en Baja California, 620 empresas (el 68 por ciento) se niegan a dejar de producir, lo que pone en riesgo a más de 239 mil familias. La NCT, ha registrado la operación ilegal de 112 maquilas (la mayoría en Tijuana), que ponen en riesgo la salud de más de 136 mil trabajadoras y trabajadores, aumentando las cifras de contagios y defunciones, por el Covid-19, que se han disparado de forma alarmante en Baja California. Todo esto, con la complicidad del gobierno estatal de Jaime Bonilla, quien defiende a capa y espada los intereses de las y los empresarios, por sobre los del pueblo trabajador bajacaliforniano. Sin embargo, ha sido la organización obrera la que, una vez más, ha puesto un freno al abuso empresarial. Mediante paros de la producción se lograron cerrar varias fábricas y, aunque el número es muy menor comparado con las que se mantienen abiertas, estas acciones demuestran que la fuerza organizada de las y los trabajadores es capaz de revertir cualquier situación.


La Nueva Central de Trabajadores (NCT) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de la Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), demandan la sanción inmediata a las empresas que violen las disposiciones del Consejo General de Salud y exige la solución inmediata de todos los conflictos laborales en curso. Así mismo, llama al gobierno a fortalecer y extender todas las medidas sanitarias y económicas que preserven la vida y salud de la clase trabajadora y garanticen el ingreso de los trabajadores formales e informales durante la contingencia. Llaman a introducir cambios sustantivos en el modelo económico que abran paso al desarrollo de la economía social y solidaria, dignifiquen el trabajo y nos permitan rescatar la soberanía energética y alimentaría del país. Convocan a reconstruir el sistema de salud y educación pública con una amplia participación de los trabajadores del sector que frene y revierta sus procesos de mercantilización. Rechazamos cualquier Pacto o Acuerdo Nacional que subordine los intereses de los trabajadores al capital y le signifiquen mayores sufrimientos al pueblo de México. Planteamos la necesidad de convocar a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores que unifique al sindicalismo democrático e independiente y lo dote de un programa de acción que defienda los intereses de la clase trabajadora. Nos pronunciamos por la articulación internacional de las luchas de los trabajadores del mundo que hoy por hoy tienen vigencia en la defensa de sus intereses y el legítimo derecho a su emancipación. La crisis ha desnudado al sistema capitalista como un flagelo de la humanidad. Es tiempo de reemplazarlo, de construir otro mundo antes de que sea demasiado tarde. Justo por ello, la Nueva Central de Trabajadores y la CNSUESIC reivindicamos la vigencia de los ideales libertarios de nuestros predecesores, de aquellos que forjaron con sangre, sudor y lágrimas el carácter combativo y clasista del Primero de Mayo.

Este Primero de Mayo demandamos:
• La solución urgente a las huelgas del STUACH y del SUTNOTIMEX, por la solución a los diversos conflictos laborales existentes en todo el territorio nacional.
• Suspensión inmediata de actividades no esenciales en aquellas empresas que siguen laborando. Rechazo a las presiones norteamericanas de reabrir las empresas poniendo en riesgo a los trabajadores y trabajadoras.
• Solidaridad con las y los trabajadores de la salud: Por insumos e infraestructura suficientes para atender la emergencia, alto a las agresiones contra el personal del sector, por la reorientación urgente del presupuesto federal para fortalecer el sistema de salud.
• Protección de los derechos laborales y el empleo en tiempos de cuarentena.
• Disminución de la jornada de trabajo con salario completo: Ni un despido más.
• Seguro de Desempleo Universal: para los desempleados por la pandemia y los previos, del sector formal e informal.
• Abrogación de la reforma laboral del 2012, tanto para recuperar la estabilidad en el empleo, así como todas las modalidades del outsourcing que lesionan los derechos laborales y sindicales, y las disposiciones que limitan el pago de salario integral en situaciones de contingencia sanitaria.
• Ingreso Básico Universal para las y los trabajadores precarizados y del sector informal, del sector social, de las cooperativas y para las familias de bajos recursos. Suspensión temporal de pago de hipotecas y rentas domiciliarias: Deben garantizarse los recursos y servicios necesarios para una cuarentena digna.
• Campañas y acciones para atender y erradicar los casos de violencia de género, así como para promover la redistribución de las labores de cuidado: ¡Ni un feminicidio más durante y después de la cuarentena!
• Protección especial para las y los adultos mayores: Abrogación de las AFORES y restablecimiento de un sistema solidario de jubilaciones y pensiones con carácter social.
• Control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y servicios públicos.
• Nacionalización y rescate cooperativista por sus trabajadores, de las empresas que cierren total o parcialmente.
• Suspensión del pago de la deuda externa.
• Suspensión de los Megaproyectos que atentan contra la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
• Democratización urgente del mundo del trabajo para que las y los trabajadores protejan sus derechos por medio de representaciones auténticas.
• Libertad sindical y respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones.
• ¡No a los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo que terminan sacrificando a la clase trabajadora!
Las y los trabajadores no debemos ser doblemente víctimas, de la pandemia y de la vulneración de nuestros derechos. Este Primero de Mayo haremos oír nuestra voz a pesar del confinamiento social. ¡Organízate para defender tus derechos!

“LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS”

México, Nueva Central de Trabajadores y Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC).

LA DISPUTA POR EL MODELO DE SALUD EN MÉXICO: ENTRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y LA NUEVA EPIDEMIA DEL COVID-19

Zaida Vázquez Peralta

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue acompañada de la ejecución inmediata de algunas medidas dirigidas a cumplir una de las promesas “eje” de su campaña, el combate a la corrupción. Durante su conferencia matutina del 15 de enero de 2019, hizo un llamado a combatir el huachicoleo en la compra de medicinas y reiteró su negación a hacer negocios al amparo del poder público. Una primera acción que se llevó a cabo fue la de consolidar (concentrar) las compras desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que implicó un cambio en el modelo de adquisiciones como mecanismo para combatir la corrupción y el tráfico de influencias en las grandes compras de medicamentos e insumos.

En este marco se desarrolla el problema del desabasto de medicamentos, que ha mostrado las resistencias políticas que enfrenta el Estado para realizar transformaciones en un sector social que fue profundamente mercantilizado, añadiéndose a ello la emergencia global del COVID-19 que presiona sobre un sector salud precarizado, sobre las finanzas estatales y un tejido público debilitados durante la etapa neoliberal.

Desarrollo del desabasto de medicamentos

A partir de mayo de 2019 se presentaron denuncias y protestas ante la falta de medicamentos. Según el Primer Informe sobre el Desabasto de Medicamentos, realizado por la plataforma No al Huachicol de Medicinas, había un total de 916 denuncias detalladas y corroboradas por desabasto concentradas en CDMX, Estado de México y Veracruz. Al ISSSTE le correspondían 48.68% y al IMSS el 25.11% de los casos. Los cuatro padecimientos más afectados fueron la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el VIH. Se señala que algunas causas del desabasto fueron los cambios en los modelos de compra y negociación para evitar abusos de poder, corrupción, conflictos de interés de farmacéuticas, y que incidieran en disminuir los precios, mejorar la calidad y la eficacia terapéutica.

En septiembre, la revista Proceso en su edición 2239, documentó que el desabasto de medicamentos en el Hospital 20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México para los niños con cáncer había sido detonado por las clausuras en plantas de Laboratorios Pisa y de su filial SAFE que elaboran el fármaco metotrexato, mismas que suministran casi la mitad de la demanda del sector público. Corporación que elevó sus ventas, sólo en el mercado privado, en más del 100% en los últimos 5 años. Las autoridades hallaron el incumplimiento de normas sanitarias, irregularidades operativas, prácticas monopólicas, manipulación y chantaje, licitaciones desiertas, sobreprecios y confabulación. El gobierno respondió con la compra internacional de emergencia de metrotexato a la firma francesa Mylan y acordó suministros con Teva desde Brasil y Argentina. El precio de compra subió sólo en 3% con respecto al precio nacional. El cierre de plantas coincidió con un problema de suministro de medicamentos a escala mundial que continúa hasta la fecha.

En los medios de comunicación se mostraron las acciones contra Pisa como un golpeteo contra las empresas del sector, sin embargo, este proceso se desencadenó por un curso orgánico de sucesos. Primero, en abril de 2019 se descubrió en Jalisco un brote de infección en la nutrición parenteral. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) responde, después de una investigación, clausurando siete de sus 17 plantas por contaminación. Después, la muerte de un niño en Puebla que recibía metrotexato, reveló las malas prácticas de manufactura y el vencimiento del certificado para operar que tuvo como consecuencia el cierre de otra planta, acelerando la crisis del metrotexato. La respuesta de Pisa que fue, más bien, un contragolpe, no se hizo esperar, e incumplió un contrato con el Hospital Infantil, reteniendo 36 000 frascos de metotrexato que ya se tenían disponibles (argumentando que se habían confiscado) [https://cutt.ly/nr49MrD].

El desenlace coloca en el debate un tema fundamental: la conveniencia de que empresas privadas con carácter monopólico concentren el abastecimiento de medicamentos que son de vital importancia para el tratamiento del cáncer, y que deben formar parte de una estrategia de seguridad social y nacional.

Para noviembre, la SHCP declaró que sí había metotrexato, que nunca hubo desabasto y aseguró que la causa fue la falta de “una comunicación apropiada entre administradores y médicos”. Responsabilizó directamente a los institutos de violar el derecho a la salud y comenzó una evaluación a los directores de administración de institutos y hospitales. En ese período se suscitaron 3 renuncias, entre ellas la del administrador del Hospital Infantil (coludido presuntamente con Pisa), y la destitución del director del Instituto de Neurología meses después. Revelándose probables escenarios de escasez inducida por los proveedores. Desde el inicio, el desabasto fue atribuido por los opositores al resultado de un supuesto recorte del gasto en salud –lo que fue, más claramente, un estancamiento debido a reestructuraciones del gasto total y a compromisos presupuestarios, 2,5% del PIB en 2018 y 2019 [https://n9.cl/pfda] –, errores en la concepción de la nueva estrategia para combatir la corrupción y, en general, atribuido al mal diseño de la política pública.

Los conflictos, pese al abastecimiento internacional de medicamentos, no han cesado. Los problemas han derivado en juicios de amparo por desabasto contra el Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) otorgados a familias de niños con cáncer, algunos apoyados por el equipo jurídico del PRD en la CDMX. Se han desprestigiado las compras de medicamentos en el exterior al difundirse en medios como El Universal que son medicamentos “precalificados” o “piratas”. Además, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC), alertó de un posible incremento del 25% en los precios de los medicamentos para este año, debido al aumento de los inventarios de las empresas nacionales. La apuesta del gobierno ha sido la compra de medicamentos a fabricantes, sin intermediarios ni condicionamientos comerciales, fracturando una cadena de circulación y valorización innecesarias. Así, el desabasto reciente ha sido a causa de los contratos con intermediarios que actúan entre el sector público y el sector privado [https://n9.cl/mh6q].

Emergencia del COVID-19

En estas circunstancias, llega la pandemia de coronavirus a México, cuyo riesgo de muerte por contagio se eleva con la edad y en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Lo que tiene efectos, tanto en los países de altos ingresos, por su perfil epidemiológico y etario, como en los países de ingresos medios, donde la preeminencia del perfil crónico, como México, ha sido arrastrada por la extensión de la obesidad (72.5%) y la diabetes (13.1%), según cifras del Health at a Glance 2019 de la OECD, elevando la predicción de afectados graves a un 7%. Para el 24 de marzo las cifras ascienden a 405 contagios y 5 decesos, inicia la fase 2 de mitigación con 5 casos de transmisión comunitaria, aunque ya se habían anticipado medidas propias de esta fase. Se intensifican las acciones de “sana distancia” y “quédate en casa”. A nivel mundial, la cifra asciende a 414,000 contagios y a 18,500 muertes en 185 países. Italia es el país con mayor número de decesos.

Las medidas tomadas por el gobierno mexicano no han escapado al clima de confrontación política. Una de las críticas lanzadas ha sido la tibieza o la poca seriedad en la fase de contención, con ausencia de medidas drásticas de confinamiento para prevenir la epidemia y la desconfianza de que el sector salud pueda garantizar los recursos humanos, materiales y organizativos, idea que se reactivó con la protesta de enfermeras y denuncia de médicos residentes de algunos hospitales el 24 de marzo, por no disponer de los insumos más elementales y de capacitación para enfrentar la contingencia. Posicionando nuevamente el problema del abastecimiento, el cual se desenvuelve entre el indudable desmantelamiento del sector salud y la intensiva explotación del personal, la corrupción y la operación política.

Las estrategias seguidas por el gobierno -aprendidas de las experiencias previas y del apoyo recibido por China-, han sido reconocidas por la OMS, al haber actuado antes que otros países con relación al peso relativo de contagiados y decesos y por su sistema de vigilancia epidemiológica [https://cutt.ly/Stnoqg4]. Se han enfocado en minimizar los impactos y mantener un equilibrio entre la contención, con una alerta temprana, y conservando actividades generales aunque en retiro paulatino, conscientes de la fragilidad social causada por la precarización del trabajo, la pobreza y la inevitable dependencia de actividades productivas, comerciales y servicios esenciales para garantizar la reproducción de la vida y que de no garantizarse pudieran derivar en una crisis mayor que la causada por la epidemia.

“El crecimiento controlado” del contagio para hacerlo asimilable a las capacidades del sector salud ha sido reprochado como parte del “eficientismo” neoliberal. Por un lado, como si fuese técnicamente posible evitar en absoluto los contagios y sus consecuencias, por otro, como si lo fuese evadir las condiciones reales en las que recibió la economía, las finanzas públicas, el sector salud y el mercado laboral el gobierno en turno.

La contingencia aparece como la coartada para exigir al gobierno la radicalización de ciertas medidas y el desmonte urgente de una precarización antípoda del cuidado público de la salud, exacerbando la coyuntura las demandas ultra humanistas en la izquierda?, a la par de la mezquindad de la derecha al acecho de la primera señal que anuncie la crisis sanitaria. Otra exigencia ha sido el test masivo, usado en Corea del Sur en menos del 1% de su población, que muestra su inutilidad si no se garantiza el aislamiento total, sólo posible por el control estatal de la movilidad y el disciplinamiento social, y de una economía que lo propicie. Aprovechado, además, para el despliegue del autoritarismo en algunos países.

Los riesgos se incrementan con el eventual? traslado del epicentro de la pandemia a Estados Unidos y las restricciones que puedan derivar de las relaciones comerciales con éste y en las fronteras compartidas; asimismo por la incertidumbre provocada por la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso. Aunque se hayan tomado medidas cautelosas, los resultados no están asegurados; además de las contradicciones entre lo dispuesto oficialmente y su ejercicio real. El sector salud y el farmacéutico serán espacios de confrontación y legitimación durante el sexenio. Esta tendencia se confirma con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI a finales del año pasado. Los cambios que amenazan los intereses creados en el sector salud serán respondidos con resistencias organizadas y sabotajes desde los propios espacios de poder corporativo e institucionales que ocupan estas empresas y los grupos políticos vinculados a ellas, pudiendo detonar mayor confusión mediática y presión social.

El tamaño de las resistencias es, desde luego, equiparable, al tamaño de las expectativas y ganancias que se ponen en riesgo. Ir en sentido inverso o frenar un modelo de salud que iba en caída libre hacia la privatización y el lucro, será interpretado como una disputa de poder; y en efecto, lo es. Sin embargo, algunos cambios en el sector seguramente se verán postergados por la urgencia de paliar la pandemia y garantizar la estabilidad. Los esfuerzos se concentrarán aquí y en sus consecuencias. El proceso de cambio no será sencillo, quedará sujeto a las condiciones internacionales y al desarrollo de las contradicciones entre la nueva política de salud y las estrategias de quienes buscan bloquear un proyecto y se resisten a dejar de utilizar al sector salud como un espacio de acumulación de capital.

Zaida Vázquez Peralta: México, economista, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Los migrantes mexicanos en estados unidos frente al Covid 19 y el nuevo proyecto de nación en México

El nuevo gobierno de López Obrador en 2018 promete un Nuevo Proyecto de Nación con democracia, soberanía, empleo, bienestar y seguridad para todos, pero enfrenta la deuda nacional más grande de la historia del país de 11 billones de pesos

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna

La doble pandemia mundial, sanitaria y económica, tiene impactado a todo el planeta y cuestiona toda la institucionalidad de los países en el manejo de sus sistemas de salud, de la economía, del empleo y de la capacidad de reproducción económica, social, energética y ambiental con equidad y sustentabilidad en todos ellos. México no es la excepción y la doble pandemia viene a profundizar los daños de la enorme destrucción que provocaron los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018 destruyendo el mercado interno y la capacidad masiva de generación de empleo con la desaparición de las políticas públicas de desarrollo regional y sectorial apostando que con las privatizaciones y la apertura a la inversión extranjera y las exportaciones como motores de crecimiento se llegaría al desarrollo del país. En los hechos, este modelo de la muerte aniquiló el mercado interno, el empleo, la cohesión regional y la paz en todo el país en beneficio de un reducido grupo oligarca beneficiado de esas políticas que le ha permitido controlar más del 80% de la riqueza nacional.

  El nuevo gobierno de López Obrador en 2018 promete un Nuevo Proyecto de Nación con democracia, soberanía, empleo, bienestar y seguridad para todos, pero enfrenta la deuda nacional más grande de la historia del país de 11 billones de pesos (50% del PIB nacional), la quiebra de las finanzas públicas por un estructura fiscal regresiva, una enorme informalidad de 57% de la PEA, 52 millones de pobres, 8 millones de “Ninis” y más de 250 mil asesinatos, 80 mil desaparecidos y 40 mil desplazados por las violencias y megaproyectos. Que impiden hasta ahora que AMLO avance en el Nuevo Proyecto de Nación y se rarifique el mismo proyecto económico neoliberal con orientación asistencialista hacia ancianos y jóvenes con un mayor gasto social y explica la caída del crecimiento económico del país en menos 0.7% en 2019 y la gran vulnerabilidad económica, presupuestal y en salud de todo el gobierno para enfrentar los impactos de las pandemias sanitaria y económica en México.

 Ante los impactos del neoliberalismo y del TLC en México, la migración internacional a Estados Unidos se convirtió en una “válvula de escape” temporal a los problemas económicos, sociales e institucionales del país, a las consecuencias de ese modelo económico desde 1982 y el funcionamiento del TLC por más de 25 años, la expulsión de mexicanos crece de 800 mil a 11 millones de finales de los años 70s al año 2007, reduciendo las tensiones del mercado laboral y las contradicciones sociales con la transferencia de más de 475 mil millones de dólares en los últimos 40 años, que han beneficiado a más de 1.6 millones de hogares y la construcción de más de 30 mil proyectos comunitarios por parte de 2300 Clubes de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos. Todo lo anterior sin que el gobierno mexicano se preocupara por políticas públicas de desarrollo económico, migración y derechos humanos que incidieran en las causas estructurales de los flujos migratorios. Las políticas migratorias fueron parciales, reactivas y tardías, formando parte de las políticas de seguridad del Estado mexicano. Sin considerar las causas estructurales de los mismos, ni los derechos humanos de todos los migrantes que salían, llegaban, transitaban y retornaban a México. El nuevo gobierno mexicano en 2018 y ahora, enfrenta el doble reto de construir y aplicar una nueva estrategia de desarrollo nacional, soberana, con empleo, con equidad y seguridad humana para todos y, al mismo tiempo, incluir una política de Estado sobre desarrollo integral, migración y derechos humanos que responda a las siete dimensiones migratorias del país como espacio de origen, destino, tránsito, retorno, desplazamientos, asilo y refugio.

En los presupuestos 2019 y 2020 el gobierno federal y el Congreso castigaron y excluyeron las partidas más importantes para los migrantes mexicanos como el Fondo de Apoyo Migrante, el Fondo para Fronteras y el Programa 3×1. Con ello se ratificaba que los migrantes no han sido, ni son prioridad de ningún gobierno en 50 años. Ni del Poder Legislativo, ni Judicial, ni de los gobiernos estatales, y tampoco para ninguno de los partidos políticos. Pese a que en los últimos veinte años las organizaciones migrantes junto con organizaciones de la Sociedad Civil de México, Estados Unidos y Centroamérica, académicos, iglesias y otros actores hemos hecho múltiples propuestas de programas y políticas públicas de desarrollo, migración y derechos humanos para los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, sin ningún resultado.

Ahora que la pandemia sanitaria agrava los daños de la pandemia económica mundial del desempleo y que el gobierno anuncia mayor gasto social hacia los sectores más vulnerables del país y crece la confrontación con las cupulas empresariales que exigen condonaciones fiscales y que se endeude el gobierno para que se les rescate como se hizo en 1982 y 1994. Cuando se anuncian 30 días más de “cierre” económico del país y 45 días para la reactivación gradual de las actividades, los sectores micro- empresariales, pequeños y medianos exigen una estrategia de apoyo económico, las cupulas empresariales refuerzan su estrategia de chantaje para que se les rescate con deuda pública y llegan a plantear, incluso, abiertamente luchar por quitar al gobierno federal actual. Nadie se preocupa por 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 12 millones nacidos en México y 6 millones en situación de indocumentados, 25% de toda la población mexicana en situación de pobreza y gravemente afectados ya por 22 millones de desempleados y la falta del acceso al servicio de la salud. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos y Congresos estatales, ni los empresarios beneficiados de los 475 mil millones de dólares de remesas enviados   en los últimos cuarenta años (36.4 mmd en 2019), se preocupan por ellos, por los impactos de la doble crisis en nuestras comunidades en Estados Unidos y México. No hay ninguna política pública de apoyo a los 4 millones de migrantes retornados a México de 2008 a 2018. Siguen siendo invisibles, ausentes de la Agenda Pública Nacional, de los programas y de los presupuestos, aunque se les vuelve a llamar “héroes” en el discurso oficial.

  Por todo lo anterior, nos comunicamos a toda la Nación mexicana de 165 millones de personas, 127 millones en México y 38 millones en la Unión Americana, al gobierno mexicano en sus tres niveles, a los tres Poderes, al sector empresarial y a la Sociedad Civil Transnacional para exigir la inclusión de los migrantes mexicanos como ciudadanos con derechos plenos en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos que viven en México. No es posible seguir soportando un extractivismo creciente de su trabajo y el de sus familias para seguir manteniendo al país y las obligaciones de inversión pública en infraestructura del gobierno mexicano enviando masivamente remesas familiares y colectivas, cuando nuestras comunidades en Estados Unidos sufren los impactos sanitarios de la pandemia y los severos impactos económicos con escaso apoyo del gobierno de ese país y sin ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano para nuestras comunidades de origen y de información, capacitación y apoyo en las comunidades de destino. Ante esta situación planteamos el siguiente Manifiesto a la Nación Mexicana en su conjunto, en particular, a los actores institucionales responsables de la conducción del país y de su población, incluso, más allá de sus fronteras, el Ejecutivo Federal y el Congreso, los Ejecutivos estatales y sus Congresos:

1.- Los migrantes mexicanos deben dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, excluidos de los derechos económicos, sociales y políticos de que gozan los ciudadanos en México, en general. Deben dejar de ser considerados como “cajeros automáticos” que financian las obras públicas en sus comunidades de origen y colaboran en las votaciones, ahora de forma virtual, para fingir que participan en una inexistente democracia transnacional.

2.- La reducción y exclusión presupuestal de los Fondos y Programas Migrantes en los PEF 2019 y 2020 marcan una ruptura histórica del Estado mexicano con la comunidad migrante en Estados Unidos y sus miles de comunidades en México. Se requiere un cambio a fondo en todo el Estado mexicano, que reconozca el aporte económico, financiero, social y cultural en el mantenimiento del país por más de 40 años y que ahora deben formar parte central en el diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores económicos y sociales frente a los impactos de la doble pandemia, tanto en nuestras comunidades de origen como de destino. Más allá de programas emergentes para superar la doble pandemia y para que todo siga igual, nosotros planteamos que la “Economía de Guerra” que requiere actualmente el país debe ir más allá para fortalecer el empleo, la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno, el consumo y bienestar popular en forma estructural. Además, debe incluir a las comunidades migrantes transnacionales con sus necesidades y demandas específicas, deben formar parte del cimiento de la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación con visión transnacional, que los integre con necesidades, con demandas, con propuestas y potencialidades hasta ahora no aprovechadas. Ahora que el fundamentalismo del mercado neoliberal está aplastado mundialmente por la contundencia de la doble pandemia, reconocido por el Fondo Monetario Mundial, por el Banco Mundial, la OCDE, la ONU y hasta por China, Estados Unidos y la Unión Europea que están estableciendo crecientemente políticas keynesianas de reactivación económica con mayor inversión pública, endeudamiento coyuntural, programas masivos de empleo, estímulos fiscales y transferencias  de ingresos, México debe romper la jaula neoliberal, superar la evasión fiscal de las grandes corporaciones, fortalecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, seguir apoyando el ingreso y consumo popular masivo, pensar incluso en establecer el ingreso universal a toda la población, fusionando y reduciendo la dispersión de programas sociales. Todo ello con una profunda Reforma Fiscal que posibilite el apoyo a todos los sectores económicos y sociales vulnerables ante la doble pandemia y el financiamiento de la nueva estrategia de desarrollo nacional con soberanía, democracia, equidad y sustentabilidad para todos, con un sistema impositivo en el cual paguen más quien gana más y revierta la precariedad e injusticia del sistema actual que tolera la evasión de los multimillonarios, su exportación de miles de millones de dólares y reduce el aporte fiscal al mundo del trabajo, los sectores medios, los migrantes y sus remesas.

Ratificamos varias propuestas de programas y políticas públicas que hemos hecho en los últimos años al gobierno mexicano, al Congreso y al Senado, sin ningún resultado hasta ahora, y agregamos en principio propuestas de acción inmediata ante los impactos de la doble pandemia en la comunidad migrante transnacional mexicana y acciones de política pública a mediano plazo como parte de la construcción del Nuevo Proyecto de Nación.

  1. Propuestas emergentes ante la doble contingencia:
  2. Constitución de un grupo multidisciplinario, intersectorial y transnacional que analice los impactos de la doble pandemia sobre las comunidades migrantes mexicanas y las comunidades migrantes de otros países que transiten y radiquen en nuestro país y busque y construya una estrategia de apoyo integral para ellos durante la etapa COVID19 y después de ella.
  3. Que la estrategia de salud binacional sea una prioridad central aprovechando toda la experiencia tenida de Ventanillas de Salud en los 50 Consulados en Estados Unidos, la experiencia de las clínicas comunitarias, la Iniciativa de Salud para las Américas de la Universidad de Berkeley y nuevas propuestas que existen ahora en California, Illinois y Nueva York, entre otras.
  4. Que la UNAM, el Politécnico, la UAM, la ANUIES y Conacyt establezcan una plataforma virtual de consultas médicas y apoyo psicológico masivas para la comunidad mexicana (y latina en general) en Estados Unidos que informe sobre el COVID19, sobre su prevención, su contención y manejo ahora y en la etapa postCOVID19.
  5.  Que Relaciones Exteriores y los gobiernos estatales con mayor intensidad migratoria promueva una campaña del cuidado de las remesas familiares y el consumo familiar frente al COVID 19 y sus secuelas en 2021 y posteriormente en comunidades de origen y destino de migrantes.
  6. Que se establezca un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar con riesgo compartido para pequeños proyectos familiares. Esto se puede realizar mediante el actual Programa de Microcréditos para el Bienestar de la Secretaría de Economía con créditos de hasta 20 mil pesos ofrecido ante la contingencia del COVID 19.
  7. Que se restablezca el Fondo de Apoyo Migrante (FAM) adecuado a las nuevas condiciones del país, de los impactos de la doble pandemia, pero, que no sea menor que los apoyos que ofrece el gobierno federal y de la Ciudad de México a la población vulnerable actualmente y a microempresarios.
  8. Que las oficinas estatales de atención al migrante, coordinadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaria de Salud mediante los 50 Consulados en Estados Unidos promuevan el retorno planeado (cuando sea posible) con las orientaciones y guías sanitarias necesarias, desde las salidas en comunidades de destino, en frontera y comunidades de origen, para evitar un aumento y descontrol del COVID en estas comunidades que rebase la capacidad de actuación de los sistemas de salud estatales. Se debe incluir un paquete de información familiar de integrantes, edades, situación de salud, educativa, calificaciones y experiencia laboral, etc.
  9. Que los sistemas de salud estatales con mayor migración internacional establezcan el “Sistema Centinela Estatal” de monitoreo del COVID 19 en las fronteras y las regiones de mayor intensidad de migración de retorno preparando los equipos técnicos adecuados para su acción durante la tercera etapa del COVID 2019 y sus secuelas.

3.2 Propuestas estructurales

  1. Una política de Estado sobre la generación de 1.5 millones de empleos al año (durante cinco años) mediante políticas públicas de desarrollo sectorial y regional con énfasis en el desarrollo rural, por su triple capacidad de fortalecer la soberanía alimentaria nacional, los impactos multiplicadores en el conjunto de la economía del país y la gran capacidad de generar empleos.
  2. Una Reforma Fiscal Integral que permita que México eleve la recaudación fiscal del 17 al 30% del Producto Interno Bruto como lo hacen la mayoría de los países de la OCDE a que pertenece México. Esta Reforma necesaria para enfrentar los impactos de la doble pandemia y financiar la política de empleo de Estado y el nuevo proyecto de desarrollo económico soberano, equitativo y sustentable, sólo puede hacerse con un enfoque progresista de que paguen más quienes ganan más como sucede en los países con mayor bienestar como los países Nórdicos y Alemania, donde la doble pandemia ha tenido menos daños.
  3. Asegurar el control social, fiscalización y transparencia plena en todas las dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, erradicando la corrupción y rapiña de los recursos públicos de esos tres niveles de gobierno y de los tres Poderes, que son en gran medida responsables del desmantelamiento que sufre actualmente el país frente a los impactos de la doble pandemia.
  4. Que se analicen, valoren y actualicen todas las propuestas que se han hecho desde la Sociedad Civil Transnacional en los últimos diez años en México sobre políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos, especialmente el Programa Especial de Migración de 2014 y las propuestas que ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Políticas Migratorias en 2019 y 2020. Que se deseche el engaño de que las remesas generan desarrollo, 40 años en México lo refutan. Se requieren políticas públicas de desarrollo regional y sectorial con enfoque de empleo y los presupuestos necesarios para incidir en las causas estructurales de la migración generando 1.5 millones de empleos al año, permanentes y bien remunerados. Para ello, además, que la Secretaría de Hacienda considere las variables de intensidad migratoria internacional y recepción de remesas como nuevos criterios de asignación presupuestal y otorgamiento de trato fiscal preferente como se ha hecho con las zonas de exportación petroleras y se hace con las entidades con grandes corporaciones mineras actualmente.
  5. Con los impactos de la doble pandemia en Estados Unidos con 22 millones de desempleados a mediados de abril, son previsibles mayores deportaciones y migración de retorno que las que se dieron durante la crisis económica de 2007-2018(4 millones), por ello, replanteamos la necesidad de que el gobierno de México priorice su actuación hacia la migración de retorno bajo cuatro ejes centrales: Atención de salud, empleo, educación de menores e integración familiar y comunitaria.
  6. Proponemos como una propuesta base de apoyo al regreso forzado y “voluntario” de los migrantes mexicanos y sus familias, sujeta a nuevas propuestas, enriquecimiento y adecuación a las condiciones de los diferentes sectores de migrantes retornados, las diferentes condiciones de los estados y las distintas etapas del país bajo COVID etapa 2, etapa 3 y PostCOVID y reconstrucción económica, social e institucional de nuestras comunidades transnacionales, las siguientes acciones:
  7. Construir con los diferentes actores transnacionales, en particular organizaciones migrantes y el gobierno mexicano en sus tres niveles el Retorno Planeado Transnacional con todo el apoyo informativo en guías y controles sanitarios, apoyo en salud mental y respaldo básico de ingreso y bienestar.
  8. Mejorar y fortalecer los controles sanitarios en las fronteras con los registros completos de salud y situación demográfica y socioeconómica, particularmente de deportados, para establecer un sistema de apoyo hacia ellos que articule a los gobiernos fronterizos, el gobierno federal y los gobiernos estatales en origen, canalizando los apoyos necesarios para su reintegración comunitaria.
  9. Establecimiento de plataformas virtuales estales entre Universidades y gobiernos para la consulta y asesoría médica sobre el COVID 19 y posteriormente sobre las enfermedades crónico-degenerativas, el cuidado de la salud y apoyo emocional a las familias migrantes con énfasis en ancianos.
  10. Valorar privilegiar la extensión del Programa 2×1(que funciona actualmente sólo en Zacatecas) a los demás estados o restablecer el Programa 3×1 con énfasis en clínicas comunitarias y centros geriátricos integrales. Aprovechar los aportes del Programa Binacional de Salud, la Iniciativa de Salud de las Américas y el Programa Ibiza de la Dra. Xochitl Castañeda de la Universidad de Berkeley.
  11. Analizar las diferentes propuestas de seguro de salud y vida binacional, con orientación popular no depredadora, para revertir la falta de acceso al sistema de salud de la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ver la propuesta del Dr. Scott Robinson de la UAM-Iztapala de dedicar un 2% del envío de remesas para ese seguro, ver las propuestas de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) con su propuesta de construcción del Banco Migrante y la Fundación Mariana Trinitaria, entre otras.
  12. Apoyo a la reinserción laboral de los migrantes y sus familias con políticas de desarrollo estatal y municipal y regional con enfoque de empleo.
  13. Apoyo a la regularización legal de los infantes nacidos en Estados Unidos hijos de mexicanos y a la reinserción escolar de ellos y jóvenes retornados, simplificando la revalidación de estudios y superando trabas burocráticas actuales.
  14. Apoyo a la reintegración familiar y comunitaria mediante todos los apoyos federales, estatales y municipales de programas de apoyo social y psicoemocional. Integrar a las instituciones de educación superior como aliado estratégico con sus recursos humanos, programas de extensión universitaria y servicio social.
  15. Apoyo a la certificación laboral y académica adquirida en el exterior con la participación de la Secretaría del Trabajo, de Economía, Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Educación, organizaciones empresariales e instituciones educativas.
  16. Acceso a la capacitación laboral y educativa con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, Secretaría del Bienestar, organizaciones empresariales, ONGs, el CONACYT y la ANUIES.
  17. Diseñar programas especiales de apoyo para niñas, niños y jóvenes retornados o de ingreso por vez primera al país de origen mexicano.
  18. Diseñar programas de apoyo especial para mujeres retornadas con énfasis en salud física y emocional, empleo, capacitación e integración familiar.
  19. Específicamente, diseñar un Programa de Atención Integral para Migrantes de Retorno de la Tercera Edad, quienes durante más de 40 años mandaron remesas al país y ahora regresarán en mayor cuantía, viejos, enfermos, sin pensión y con el estigma actual de que pueden ser portadores del COVID 19 y no se les debe dejar entrar al país, los estados y comunidades de origen. La Reforma Fiscal urge en el país para superar la confrontación, la desigualdad y la inequidad. En particular, la doble pandemia debe hacernos compartir que la salud y el bienestar de todos son prioridad central: con salud se puede todo, sin ella nada. Ello significa potenciar al sistema nacional de salud, fortalecerlo como sistema de acceso universal para todos, en particular, para los ancianos que desde el exterior con su trabajo y sacrificio mantuvieron a flote a México y ahora envejecidos, expulsados por la precariedad, contingencia y xenofobia en Estados Unidos, el país tiene la deuda histórica de recibirlos, cuidarlos y apoyarlos como mínima reciprocidad hacia ellos.

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna: México, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.