El Gobierno Colombiano: Aporofobia y Misoginia

Otra masacre en Antioquia, Colombia, en medio de protestas que piden  acciones al Gobierno Duque
Fuente: France24

Consuelo Ahumada*

El gobierno de Iván Duque sigue generando todo tipo de controversias, que se suman a las resultantes de su política errática y sumisa en el ámbito internacional, su desconocimiento del Acuerdo Final con las antiguas FARC y el asesinato sistemático de líderes/as sociales y excombatientes.
En los inicios del mes de marzo, en poco menos de dos semanas, se produjeron dos graves episodios de violación de derechos humanos y desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y del derecho internacional y nacional.

El bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero

Danna Lizeth Montilla fue la primera identificada de las víctimas del bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero en la vereda Buenos Aires, Calamar, Guaviare, el 3 de marzo. Según datos documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos y por medios independientes, un número indeterminado de menores habría muerto en este operativo.
Los niños y niñas que allí perecieron eran “máquinas de guerra”, señaló el Ministro de Defensa, después de que se produjo la denuncia. Con ello pretendió justificar la orden de bombardear que se dio desde el Gobierno Nacional, a sabiendas de que había allí menores reclutados.

La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes


Es una explicación acorde con la que dio un Ministro de Defensa anterior cuando se conoció otro bombardeo en zona rural del departamento del Caquetá, en agosto 2019, que dejó 8 niños y niñas muertos. En una denuncia en el Congreso que se produjo en esa ocasión, se supo también que el Ejército remató a algunos niños y niñas que quedaron vivos después del bombardeo, mientras huían del mismo.
El Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, es una región de ganaderos dedicados a expandir su actividad a punta de deforestar la selva y de otros negocios ilícitos que desarrollan en connivencia con el Estado. Los dirigentes políticos de la región están comprometidos a fondo con el proyecto de extrema derecha del actual mandatario. Junto con el departamento del Meta, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Es también el territorio donde opera Gentil Duarte, el más importante disidente de las antiguas FARC.
Danna Lizeth era una adolescente de 16 años, estudiante de décimo grado de secundaria y oriunda de una vereda cercana a donde fue el bombardeo. Al parecer fue reclutada cuando se desplazaba entre las viviendas apartadas de sus familiares, buscando una mejor conexión de internet para proseguir sus estudios.
En efecto, los últimos chats encontrados en su teléfono celular evidencian su deseo de hacerlo. En una conversación con un profesor, le pide su ayuda para matricularse en un colegio de San José del Guaviare, capital departamental, mientras atendía clases vía whatsapp, tal como venía haciéndolo durante toda la pandemia. Poco tiempo después, el profesor la reportó ante las autoridades como posible víctima de reclutamiento.
En una región tan desprotegida y peligrosa, la presencia social del Estado, su oferta de educación y de servicios básicos, es mínima. La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados y de organizaciones criminales. En 2020 alertó sobre la situación en 14 municipios de Guaviare y Meta. Pero el gobierno no hizo nada al respecto. Según datos regionales, entre 1985 y 2020, los NNA víctimas del conflicto armado en el Guaviare fueron 25.531 y en el Meta 70.470.
En las veredas el riesgo de reclutamiento asecha a diario, tal como lo relató el papá de Danna Lizeth para un medio local: “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”. Le perdió la pista en diciembre pasado y tuvo que reclamar su cadáver desmembrado en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Yeimi Sofía Vega tenía 15 años y desde hacía dos había salido de la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Según se supo, “La mamá estaba durmiendo y la niña se le escapó. Después la llamó y le dijo que se iba a buscar nuevas oportunidades para ser alguien en la vida”. Cursó hasta tercero de primaria, el último grado de estudio allí disponible. Luz Amparo, su mamá, también encontró su cadáver en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Ni Danna Lizeth ni Yeimi Sofía pudieron llegar a ser “alguien en la vida”. Tuvieron mínimas oportunidades, al igual que la mayor parte de las niñas en esta y otras regiones olvidadas: trabajar en una finca, ser reclutadas por grupos armados o conseguir marido.
Por ello, la respuesta del ministro es desalmada y cínica. Según múltiples tratados internacionales, los NNA son sujetos de especial protección frente a su reclutamiento y utilización ilegal en la guerra por cuenta de los actores armados, desde un enfoque de protección integral.
El Estado debe brindar las garantías para prevenir el reclutamiento. Pero en cambio los bombardea. Como señaló Jim McGovern, influyente representante demócrata de EEUU y defensor de la paz en Colombia: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado […] no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”.

Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

El caso Yineth Bedoya versus el Estado

Cuando todavía persistía la indignación frente al bombardeo y la respuesta del gobierno, se presentó otra infamia que vino a ahondar la herida. El lunes 15 de marzo fue convocada la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para el caso de Jineth Bedoya. En un hecho insólito, el representante del gobierno colombiano, Camilo Gómez, al frente de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, recusó a seis de los siete jueces por supuesta falta de imparcialidad y prejuzgamiento. Se retiró de la audiencia y pidió su cancelación.
Los hechos que provocaron la audiencia son bien conocidos, no solo en Colombia sino en el mundo entero. En mayo del 2000, como periodista del periódico El Espectador, Jineth investigaba las actividades delincuenciales de distintas organizaciones, incluidos los paramilitares, en alianza con miembros de la Policía, en la cárcel Modelo de Bogotá. Por ello la periodista recibía constantes amenazas contra su vida y la de su mamá.
En medio de esta situación, fue convocada a la sede de la cárcel para una entrevista, pero se trató de una trampa. Cuando llegó, fue secuestrada a la entrada, en frente de los guardias y de una patrulla de la Policía. Después fue llevada a un paraje rural y fue objeto de violación masiva y de delitos atroces por paramilitares. “Me mataron pero seguiré levantando mi voz”, señaló durante la audiencia la valiente periodista.
A pesar de ser hechos plenamente probados, en más de veinte años la investigación del gobierno no llegó a los autores intelectuales del atropello, entre ellos un reconocido general de la Policía. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recurrió entonces a la CIDH.
Una vez más, como ha sucedido en diversas ocasiones ante las Naciones Unidas y otros organismos, en lo que tiene que ver con atropellos y violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Iván Duque hizo el ridículo internacional. La Corte rechazó las recusaciones y ordenó la continuación inmediata de la audiencia. El representante del gobierno tuvo que regresar a la misma, aunque apenas reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado.
El mensaje del gobierno en los dos episodios referidos es contundente y ratifica dos verdades. La primera, su carácter marcadamente fascista, que desconoce, incluso, los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. La segunda, su práctica sistemática de misoginia y aporofobia. Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

* Colombia, GT Geopolítica, integración y crisis del capitalismo y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE.

Las luchas de las mujeres por la paz en Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Miles de mujeres marcharon en Bogotá en favor de la paz | Proceso de paz |  EL UNIVERSAL - Cartagena | EL UNIVERSAL - Cartagena
Fuente: El Universal

Este 8 de marzo se conmemora más de un siglo de luchas feministas en contra del capitalismo patriarcal y en procura de la construcción de una organización social que garantice la producción y reproducción de la vida en condiciones dignas y realmente democráticas.
Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. Algunas de ellas asociadas al ejercicio de derechos individuales que han permitido quebrar ciertas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Otras han desvelado la violencia descarnada que la estatalidad capitalista ejerce sobre la sociedad y han conducido al reconocimiento de una multiplicidad de crímenes de Estado. De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.

Diversas victorias se han experimentado en este transcurrir histórico. […] De ahí la importancia de las luchas de las mujeres en contra de las guerras, las dictaduras y todas las formas de autoritarismo de Estado.


Pese a la importancia de estos triunfos, aún permanece un sistema de prácticas y relaciones sociales que reproducen cotidianamente violencias y desigualdades basadas en género. Es por ello que entrado el siglo XXI una de las expresiones más fuertes y potentes de la movilización social y popular sea precisamente la del movimiento feminista.
En Colombia uno de los campos más potentes de las luchas de las mujeres ha estado asociado al de la búsqueda de la paz. Esto se explica, entre otras razones, por el carácter estructurador de la guerra sobre la vida social en su conjunto y por los impactos diferenciales que ésta ha tenido sobre la vida de hombres y mujeres. El horizonte de la disputa no se circunscribe solamente al fin de la confrontación armada sino al de superar las condiciones sociales, políticas y económicas que le dieron origen y la alimentaron durante toda la mitad del siglo XX y lo corrido del XXI.

Acuerdo de paz y el enfoque de género

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado en 2016 entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el Estado es el acontecimiento social y político más importante en la historia reciente del país. A través de éste se buscó poner fin a una guerra de más de siete décadas y sentar las bases para la transformación social de Colombia. Este Acuerdo ha sido reconocido por diferentes actores y fuerzas de la comunidad nacional e internacional como uno de los Pactos de Paz mejor logrados del mundo.
Una de las características más valoradas de este Acuerdo es justamente la existencia de enfoques transversales, destacándose entre ellos el enfoque de género. En efecto, la mesa de Conversaciones de la Habana reconoció, por una parte, que la guerra había tenido impactos diferenciales sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y los hombres; y, por la otra, que entre las condiciones de reproducción de la guerra se encontraba un orden social que permitía la desigualdad social estructural entre hombres y mujeres. Este reconocimiento se deriva de la fuerza que cobró el movimiento de mujeres por la paz, así como las elaboraciones iniciales del feminismo insurgente desarrollado por las guerrilleras de las FARC-EP.
Por tanto, cada uno de los puntos del Acuerdo incluye acciones y políticas orientadas a superar las violencias, desigualdades y exclusiones de las que son víctimas las mujeres. Entre otras se destacan:
Punto 1 y 4. Reforma rural integral y cultivos de uso ilícito: Las mujeres campesinas e indígenas son víctimas de las siguientes brechas “Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica” (OXFAM, 2017. Radiografía de la desigualdad, https://ww.oxfan.org). De ahí que se acordó: Acceso a tierras y titulación a mujeres rurales; línea de crédito especial; modelo de desarrollo territorial con enfoque de género; programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con acceso a mujeres; estímulos para la creación de organizaciones de economías solidarias de mujeres.
Punto 2. Participación política: Las mujeres son víctimas de una alarmante sub- representación política. Según datos de ONU-MUJERES “las mujeres son el 52% de la población, sin embargo, son tan solo el 12 % de quienes ocupan cargos elección popular (el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso)” (ONU Mujeres, 2016. Liderazgo y participación política, https://colombia.unwomen.org). Por lo tanto, se acordó: Reforma política que procure en la equidad de género en términos de representación política; programas de formación y promoción de liderazgos políticos de mujeres; mayor financiación a partidos políticos que promuevan la equidad de género, entre otros asuntos.
Punto 3 y 5. Fin del conflicto y sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición: El conflicto armado ha tenido un impacto dramático sobre las mujeres “Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018) las mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875 […].  El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM […]. La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018 […] llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que: Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)” (CINEP, 2018. Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado. (https://www.nocheyniebla.org). De ahí que se acordó: Programas de integrales de seguridad y protección para mujeres, sistema de prevención de alertas tempranas con enfoques de género, programas de acompañamiento psicosocial a mujeres victimas, investigaciones en la jurisdicción especial de paz con enfoque de género que conduzcan al reconocimiento de afectaciones diferenciadas de la violencia sobre las mujeres.
Como se puede apreciar el AFP impulsó una serie de medidas que buscaban, por un lado, cerrar brechas y generar condiciones sociales, económicas e institucionales para garantizar una vida digna para las mujeres; y, por el otro, impulsar un reconocimiento y comprensión social sobre los factores que sostienen y reproducen la guerra, entre los cuales se destaca, el sistema patriarcal.
Ahora bien, pese a la potencia descrita es lamentable el incumplimiento del que es objeto lo acordado. El Estado colombiano, especialmente en su expresión ejecutiva, se ha empeñado en cerrar las posibilidades para caminar en este escenario de transformación social y ha apelado sistemáticamente al ejercicio de la violencia para contener los avances logrados.

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal.

Mujeres y luchas sociales en Colombia

El Paro Nacional que se desarrolló en Colombia el pasado 21 de noviembre de 2019 abrió un nuevo momento de la protesta y la movilización social y popular. Expresó la crisis del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal. Una de las fuerzas sociales que sostuvo las manifestaciones durante varios meses fue precisamente la de las mujeres y, entre ellas, las más jóvenes.
Su activa participación en las movilizaciones denota que las luchas feministas caminan simultáneamente en un horizonte disruptivo de las desigualdades y violencias basadas en genero, como en el impulso hacia la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales que garantice una vida digna para todas y todos, de ahí la potencia anticapitalista de las mareas moradas y verdes que recorren Nuestra América.

* Colombia, GT Crisis y Economía mundial, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).

Mujeres, violencia y COVID-19*

Alicia Girón**

Fuente: PCM

La pandemia ha cobrado vidas, exacerbado la violencia hacia las mujeres y las brechas de género se han ampliado. Las desigualdades hasta antes de la llegada de la COVID-19 venían aumentando justo por la falta de empleo, el aumento de la pobreza y el mal manejo del gasto público que impactó en el desdibujamiento de los presupuestos con enfoque de género. En el último año la caída del PIB ha sido del 9.0% para México lo cual pone al 65.2% de las mujeres en una posición de riego alto al representar el 65.2% frente al 44.9% de los hombres. Estos datos muestran como las mujeres se han visto envueltas en una situación dramática por la falta de empleo, desconocimiento de habilidades frente a la economía digital para realizar teletrabajo; por el otro lado, el confinamiento ha orillado a las mujeres a incrementar las horas en el hogar dedicadas al cuidado y, a ello se suma, un exagerado aumento de la violencia intrafamiliar.
En este ensayo nos interesa hacer un breve panorama de la COVID-19 donde resaltan los últimos datos de la Cepal referentes a México para demostrar la relación que tiene esta situación económica de alto riesgo con la violencia hacia las mujeres. Para mayo de 2020, la tasa de participación laboral de las mujeres fue de 35.3% frente al 61.1% de los hombres; el trabajo doméstico, donde son las mujeres las que tienen una mayor participación tuvo una caída del 33.2%.

La pandemia ha cobrado vidas, exacerbado la violencia hacia las mujeres y las brechas de género se han ampliado.


Por ello, se plantea que la economía y la violencia tienen una relación de causalidad persistente y creciente a tal grado que México se ha colocado en el lugar 137 de 163 países según el Centro de Investigación para la Paz a nivel mundial. La violencia se está transformando en un problema con proporciones de epidemia según el Banco Mundial.
Para visualizar la violencia contra las mujeres y el desenvolvimiento de la misma ante la COVID-19 se realizará un breve ejercicio de datos que muestran en números la magnitud de la violencia contra las mujeres; en segundo lugar, las brechas globales de género relacionadas con las políticas públicas y por último, una reflexión.

La violencia se está transformando en un problema con proporciones de epidemia según el Banco Mundial.

Asesinatos, acoso e inseguridad

Las noticias de mujeres violentadas en las redes sociales es el diario acontecer en la sociedad mexicana. Los asesinatos por feminicidio son lo cotidiano en la prensa a nivel nacional.
En México nos estámos acostumbrando a una normalidad. Una normalidad donde los derechos de las mujeres a la salud, la educación y a un empleo digno acompañado de una pensión para su vejez están en el imaginario de muchas ‘madrecitas’ que llegan a la vida adulta sin ingresos y enfermas son abandonadas por el sistema de salud pública y por sus familiares.
‘Ni una menos’ es el lema de marchas, protestas y quemas que intentan llamar la atención sin que por ello se tomen cartas en el asunto sobre la violencia a las mujeres.
Es importante ejemplificar la violencia a las que estamos sometidas las mujeres.
De acuerdo al Informe sobre violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante 2020 se registraron 940 presuntas víctimas de feminicidio equivalentes a 1.44 por cada 100.000 mujeres teniendo en junio 94 registros; solo 4 menos que en diciembre de 2018, el mes más alto desde 2015. Para 2020 había 940 registros de mujeres víctimas de feminicidio.
En el estado de México se registraron 150, Veracruz 84 y la Ciudad de México 67 víctimas. El número de presuntas víctimas de feminicidio contempladas entre 2015-2020 sumaron un total de 4,533 mujeres.
Con respecto a las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso (HD) y homicidio culposo (HC), dicho informe reportó un total de 2,783 y 3,136 respectivamente. En 2020, cada delito contabilizó en promedio 200 víctimas mensuales, exceptuando mayo para los homicidios culposos, donde el número de víctimas fue 182; y noviembre para los homicidios dolosos con 173. Este último delito, registró el mes de abril 265 homicidios dolosos desde 2015. En ambos tipos de crímenes, Guanajuato se colocó como el estado con mayor número de víctimas, asentando 413 (HD) y 680 (HC). En total por estos tres tipos de crímenes 6,859 mujeres perecieron durante 2020. Por último, las llamadas por emergencia por violencia familiar representaron 689,388; violencia de pareja 236,562; incidentes de violación 3,554; incidentes de abuso sexual 5,003 e incidentes de acoso sexual 7,795.

Brechas globales de género

México ha alcanzado el lugar 25 de 153 países según el indicador de brechas de género del Foro Económico de Davos en 2020, una reducción de 50 lugares comparado con 2006 según datos del informe del 2020. El disminuir en una década y media la brecha global refleja el ascenso democrático que ha llevado a las mujeres mexicanas por alcanzar el poder político y la visibilidad en un corto tiempo. Las transformaciones democráticas en el país han dado la oportunidad a las mujeres mexicanas a una mayor visibilidad en la arena política. Las cuotas en los partidos políticos han elevado el número de diputadas y senadoras en el parlamento hasta alcanzar la paridad en la actual gestión de gobierno. Las mujeres al tener mejores oportunidades en el sector privado también se están destacando en el sector privado. En este momento las mujeres están rompiendo los tabús del machismo hondamente arraigados en la cultura de México.

No es una metáfora cuando el grupo de las ‘Tesistas’ menciona que el Estado es un violador. La violencia contra las mujeres está relacionada con la falta o insuficiencia de las políticas públicas


El indicador de brechas de género mide cuatro ejes. El primero es la participación económica y las oportunidades. Justo allí, México pasó del lugar 98 y cae hasta el lugar 124; es decir, cayó 26 lugares. En educación pasó del lugar 45 al 54; salud y supervivencia se encuentra actualmente 46 puntos. Con respecto al empoderamiento político muchas realidades establecidas han cambio drásticamente la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la vida pública. México, en este último eje, estaba en el lugar 45 y ha llegado a alcanzar el lugar 14 para el año 2020. El periodo 2006-2020, se distingue por las políticas en el ejercicio del voto, la paridad y equidad en la Cámara de Diputados de México.
Reflexión

No es una metáfora cuando el grupo de las ‘Tesistas’ menciona que el Estado es un violador. La violencia contra las mujeres está relacionada con la falta o insuficiencia de las políticas públicas a través de la canalización de los presupuestos públicos aprobados por las cámaras de diputados y senadores en un sistema democrático. No contemplar a las mujeres y a las niñas en forma diferenciada a los varones a través de los presupuestos con enfoque de género profundiza las relaciones patriarcales al tener menores habilidades y conocimientos para el mercado de trabajo frente a patrones culturales donde los hombres desde niños tuvieron mejores oportunidades. Justo en esta interseccionalidad entre las carencias de políticas públicas con enfoque de género se cruza la economía y la cultura. Un Estado que borra los presupuestos con enfoque de género está borrando las luchas de años por tener mejor acceso a la educación y a la salud para las niñas y a un trabajo digno en el futuro.
Inminentemente, el Estado tiene la obligación de cara a sus ciudadanos de replantearse las políticas públicas implementadas carentes del enfoque de género que han hecho posible la violencia hacia las mujeres como parte de la ‘normalidad’ en su sociedad. Por lo pronto debemos de preguntarnos, ¿de qué carece un Estado qué permite que maten a sus mujeres solo por ser mujeres?, ¿por qué tanta violencia y cómo este proceso de odio hacia las mujeres camina acompañado de un deterioro del tejido social?

* Este trabajo es parte del proyecto de investigación “Mujeres, Reproducción Social, Presupuestos Públicos y Perspectivas de la Integración Socioeconómica México-Centroamérica” (PAPIIT IN304420) de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la UNAM.

** México, GT Feminismos, Resistencias y Emancipaciones y GT China y el Mapa del Poder Mundial., Coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se agradece la colaboración de los becarios Daniel Mirón, Adheli Galindo, Yasmín Águila del CONACYT y Paola Díaz alumna de la FES-ARAGÓN de la UNAM.

Mujeres, pandemia y ollas comunes en Chile: hasta que la dignidad se haga costumbre

Paula Vidal Molina*

Fuente: Memoriachilena

El neoliberalismo chileno durante el 2019 y 2020 mostró sus contradicciones de modo dramático. La crisis político-social y económica que vive el país —desencadenada a partir de octubre de 2019— se profundizó y las consecuencias en lo económico y social, se expresaron claramente en los altos niveles de desempleo, de pobreza y hambre que impactó —hasta hoy— a la sociedad en su conjunto. Las cifras son elocuentes, incluso para el banco central, quien señaló que la tasa de desempleo superó los dos dígitos desde mayo a diciembre de 2020, alcanzando el punto más alto —de 13.1%- en el mes de julio (Banco Central, 2021, Base de datos estadísticos, https://si3.bcentral.cl/bdemovil/BDE/Series/MOV_SC_ML3). Por su lado, la pobreza también superó los dos dígitos (Cepal, 2020. El desafío social en tiempos del covid-19. Eclac, Mayo, https://www.cepal.or.es), lo que se suma a más del 1.600.000 de trabajadores informales y por cuenta propia que perdieron o redujeron sus niveles de ingresos (Reyes, Sebastián, 2020, “Estudio revela que hay 600 mil trabajadores del comercio despedidos o suspendidos debido a la pandemia”, https://www.eldesconcierto,2020/09/09).

frente a las erráticas e incapaces medidas del gobierno de Piñera, el pueblo buscó las formas de enfrentar el hambre y la pobreza, a través de la autorganización y solidaridad como parte de la memoria popular chilena, de la mano de las mujeres como protagonistas


En este contexto, frente a las erráticas e incapaces medidas del gobierno de Piñera, el pueblo buscó las formas de enfrentar el hambre y la pobreza, a través de la autorganización y solidaridad como parte de la memoria popular chilena, de la mano de las mujeres como protagonistas. Es así que en mayo de 2020, en una comuna periférica del gran Santiago, resurgieron las experiencias de las “Ollas comunes”, las cuales fueron importantes espacios de subsistencia y resistencia en períodos difíciles vividos por el pueblo, la dictadura cívico militar, pero las Ollas también son herederas de una larga tradición de iniciativas organizadas por la clase trabajadora y pobladores, para enfrentar las consecuencia de las huelgas o las tomas de terrenos realizadas durante el siglo XX.
A continuación, brevemente, queremos dar cuenta no solo de algunas características de las Ollas Comunes, sino también de cómo se constituyen en experiencias donde la memoria, el protagonismo de las mujeres, la solidaridad y autogestión, confluyen para dignificar las condiciones de existencia y acciones del pueblo.

Las Ollas Comunes en la dictadura cívico militar

En 1981, plena dictadura y crisis económica, las ollas comunes comenzaron su auge, fueron caracterizadas como una organización popular que surge en un territorio, cuyo objetivo de subsistencia, descansa en trabajo humano y recursos aportados colectivamente (Hardy, Clarisa, 1985. Hambre + Dignidad=Ollas Comunes. PET. Santiago. Chile). Es una organización poblacional en la que se agrupan familias con lazos de vecindad, o problemas comunes en busca de la subsistencia desde el lugar donde se habita. En otro sentido, la olla común también permite la organización del trabajo, donde cada integrante cumple una función operativa y especializada para lograr los objetivos de la organización, donde claramente las mujeres tuvieron un protagonismo y altísimo nivel de participación.
Durante la dictadura, las ollas fueron apoyadas materialmente por la iglesia católica, pero también los y las integrantes de ellas, fueron capaces de generar sus propios recursos a través de aportes económicos de las familias y actividades económicas grupales. Las asambleas, se constituyeron en el mecanismo de aprendizaje democrático, en tanto “escuela de convivencia y valores grupales, de participación y toma de decisiones, de control, evaluación y crítica” (Hardy, op. cit., p. 138), de solidaridad y reciprocidad.
Las asambleas eran la instancia de reunión e intercambio de las y los integrantes del barrio, donde se conversaba y reflexionaba, lo cual aportaba en la configuración de una identidad colectiva de la olla, a partir de la toma de conciencia de las condiciones materiales y emocionales comunes que vivían los integrantes de las familias y los problemas que atravesaba el país. La vida cotidiana y sus restricciones –como el hambre– en la esfera de lo “privado” se respondía desde lo colectivo y lo público, proyectando también la reflexión y necesidad del cambio social, desde el ámbito local al nacional.

Mujeres, Pandemia y Ollas Comunes

La situación de las mujeres en Latinoamérica ha empeorado con los efectos de la crisis y la pandemia. La Cepal señala que ha habido un retroceso de 10 años en la inserción laboral de las mujeres, ya que durante el 2020, la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% y la de los hombres en 69%, y la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 22,2%. (Cepal 2021. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, https://www.cepal.org.).
La salida de mujeres de la fuerza laboral se debió no solo al impacto de la crisis en los sectores económicos donde más se concentran las mujeres, sino también a que muchas de ellas debieron atender las demandas de cuidados en sus hogares. La tendencia en Chile no es distinta, las mujeres además, han sostenido los cuidados en los hogares, y buscado y organizado las alternativas colectivas para enfrentar el hambre de sus familias y vecinos, desde la solidaridad y la autogestión, durante el 2020. Este año se han registrado el funcionamiento solo en la Región Metropolitana, de 1.336 ollas comunes, las cuales se han focalizado principalmente en las comunas periféricas y populares, pero también en las de ingresos medios, sin embargo, estas se han extendido a varias ciudades y regiones en todo el país, donde se suman a la cifra anterior, más de 80 de estas iniciativas colectivas (Vértice Urbano, 2020. Mapa Interactivo de Ollas Comunes e Iniciativas de Cooperación. https://www.verticechile.org/proyectos).

las ollas comunes en pandemia expresan varias ideas y experiencias a contrapelo del Chile neoliberal


Las actuales formas de financiamiento de las ollas, han sido a partir de donaciones de privados (desapareciendo la fuerza que tuvo la Iglesia católica durante la dictadura), además de aportes económicos de las propias familias que participan, de los vecinos y trabajos de los voluntarios. Una diferencia importante respecto del período de la dictadura, producto de la pandemia, es que la asamblea y las reuniones como mecanismos de conversación y reflexión político-colectiva, se han debido restringir, por lo que la dimensión política, de concientización y la crítica social, la conformación de la identidad colectiva y la reconfiguración del tejido social se puede ver afectado en el mediano plazo.
No obstante, podemos decir que las ollas comunes en pandemia expresan varias ideas y experiencias a contrapelo del Chile neoliberal. En primer lugar, esta respuesta colectiva da cuenta de la existencia, la revitalización y la visibilización de las organizaciones de base y de las redes vecinales, de la existencia de los huertos urbanos y las redes de autogestión y cooperativismo.
Asimismo, se expresa la puesta en común del conocimiento local de habitantes antiguos y la (re)construcción de la memoria popular. Por otro lado, el trabajo de las mujeres en las ollas es leído en clave de protagonismo, participación, incidencia política y autodeterminación de ellas en la esfera pública. Además, se expresa la importancia de la subsistencia entendida no desde el gesto de la caridad y bajo una lógica paternalista, sino como un derecho de todas y todes les ciudadanes donde las mujeres, el pueblo y les trabajadores organizades, promueven y fortalecen las iniciativas que dignifican al propio pueblo.
En definitiva, las mujeres organizadas colectiva y comunitariamente, una vez más en la historia de Chile, han sido capaces de enfrentar las crisis y mostrar la urgencia de luchar por avanzar hacia una sociedad anticapitalista, antipatriarcal, antirracista y profundamente igualitaria y democrática.

* Chile, GT Crisis y Economía Mundial, Profesora Asociada, Depto. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

El pesado Q’epe sobre las espaldas de la mujer Boliviana

Shirley Nadia Ampuero Ampuero*

Fuente: Cubadebate

La pandemia ha agudizado las desventajas sociales de las mujeres, obligándolas a llevar sobre sus hombros y cuesta arriba el peso social y económico de la pandemia. Yendo desde el aspecto más escabroso hasta el más cotidiano para vivir. En este texto vamos a analizar la incidencia de la pandemia diferentes aspectos que sufrimos: el feminicidio, la violencia, servicio de salud, el desempleo y la doble jornada laboral.
En los últimos quince años en Bolivia se han alcanzado importantes avances en cuanto a la protección de los derechos de mujeres, aunque no son suficientes. Los principales avances han sido la Ley Nro. 348 del año 2013 junto con su reglamento y la Ley Nro. 1173 Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Entre los aspectos más importantes, estas leyes contienen: la pena de 30 años por Feminicidio; agravación de las penas por lesiones contra las mujeres; procesos de denuncia, creación de establecimientos de acogida, especialización de la policía, de juzgados y tribunales. Pasos fundamentales para avanzar por la igualdad, pero el camino por recorrer sigue siendo largo.

En los últimos quince años en Bolivia se han alcanzado importantes avances en cuanto a la protección de los derechos de mujeres, aunque no son suficientes.


Otros avances importantes en los últimos años fueron el Plan de Acción Contra los Feminicidios y la Violencia Machista en el gobierno de Evo Morales del año 2019, desplegado justo cuando Bolivia era catalogada como el país con mayor índice de feminicidios en América del Sur. Y actualmente, el gobierno del Presidente Luís Arce, ha anunciado el fortalecimiento de las políticas de despatriarcalización.
Pero estos avances están siendo rebasados por la realidad, peor aún con la pandemia, porque los casos de violencia contra la mujer continúan, los feminicidios también; y peor aún, persisten las denuncias de revictimización de las mujeres y la impunidad de los maltratadores en los procesos judiciales.
Como las leyes no están hechas en piedra son susceptibles a ajustes por falencias, por actualización o incluso mala interpretación. En Bolivia, actualmente se discute la modificación de la Ley No. 348, proceso que se ve empañado por las denuncias de colectivos feministas que están siendo excluidos de las discusiones.

Pandemia – Nos están matando

En enero de este año se registraron 10 feminicidios y se siguen sumando víctimas.
Los casos de feminicidios desde el 2018 al 2020 se han reducido, pero no significativamente, así lo demuestra el cuadro 1. Además, podemos afirmar, que durante la cuarentena rígida se agudizaron los feminicidios con 53 casos, en tan solo 71 días, que representan casi el 50% del total de casos de ese año, que llegaron a ser 113.
De los 113 feminicidios del año 2020, 12 tienen sentencia, 10 están extintos por la muerte del agresor, 65 están en la etapa preparatoria, 20 en etapa preliminar, 6 fueron rechazados. En el año 2019 se registraron 117 feminicidios de los cuales 22 tienen sentencia, 10 están extintos por muerte del agresor, 52 tienen la imputación formal, 18 están en etapa preliminar, 4 fueron rechazados y 1 sobreseído. En el año 2018 fueron 130 los feminicidios.
Actualmente, las instituciones encargadas de impartir justicia funcionan a media máquina desde la pandemia, haciendo más tardío el acceso a la justicia.
Pandemia – Violencia contra nosotras

Hasta noviembre del año 2020 se registraron 26.435 casos de violencia contra la mujer y durante la cuarentena los casos denunciados fueron 2.378. Sin embargo, se debe considerar que la cifra negra en las denuncias se incrementó, debido a la limitación de movilidad.
Las cifras de denuncias también nos revelan la concientización las mujeres que dejaron de guardar silencio ante los abusos.

persisten las denuncias de revictimización de las mujeres y la impunidad de los maltratadores en los procesos judiciales.

Mendigando Salud en la Pandemia

Con la pandemia se ha revelado la fragilidad del sistema de salud en Bolivia, al igual que en otros países de Latinoamérica. Si bien, una de las últimas acciones del gobierno de Evo Morales fue instaurar el Seguro Universal de Salud, después de dos años aún no se ha implementado de forma efectiva por la conflictividad política y la oposición de una parte del personal sanitario. Todos los bolivianos hemos sido víctimas del frágil sistema de salud, pero las mujeres por el factor embarazo aún más. Muchas mujeres a punto de dar a luz tuvieron que recorrer varios hospitales, en busca de uno donde las atiendan, esto provocó situaciones dramáticas.
La mayor fragilidad del sistema de salud fue la saturación de servicios, situación agravada por los hospitales privados que se declararon espacios libres de covid19, negando la atención a mujeres infectadas a punto de dar a luz; y también por el costo excesivo de la atención y medicación. El gobierno trata de regular precios de los servicios y los medicamentos, pero aún con los precios regulados siguen siendo prohibitivos para muchas mujeres.

Mujeres ayudando a mujeres

En Bolivia, la atención del embarazo y del parto es gratuita, está cubierta por el Sistema Integral de Salud. Además, las mujeres pueden acceder al Bono de Maternidad (Juana Azurduy de Padilla). Desde la pandemia muchas mujeres gestantes han acudido a las Matronas (mujeres parteras con conocimientos ancestrales). Estás mujeres son un alivio social frente a la saturación del sistema de salud. No se cuentan con muchas Matronas, ellas colaboran sobre todo en espacios rurales, pero por la pandemia algunas se trasladaron al área urbana.

Retroceso en la independencia económica femenina

Las cuestionables decisiones económicas y de gestión que tomó el gobierno boliviano en el año 2020, sumadas a la pandemia, ocasionaron, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de la tasa de desempleo de un promedio de 4,5% al 8,7%. Pero una vez más, el dato referente al desempleo femenino se agudizó más a causa de la pandemia, llegando la tasa de desempleo femenino del 11 por ciento.
La pandemia también impulsó el atropello a los derechos laborales, las (re)contrataciones por medio tiempo, otorgación de vacaciones durante la cuarentena y reducción de salarios son el pan de cada día para las trabajadoras.
Además, hay que tener en cuenta que, en Bolivia, el 70% de las mujeres trabaja en la informalidad según el INE. Trabajo caracterizado por ser precario ya que no cuentan con seguro médico, beneficios sociales, estabilidad económica, pero que, además, este trabajo informal, depende de la movilidad de las personas y ahora está siendo limitado por la pandemia. Para las jefas de familia, un día no trabajado implica un día que no tiene que dar de comer a su familia.

Las cifras de denuncias también nos revelan la concientización las mujeres que dejaron de guardar silencio ante los abusos.

De doble jornada a triple jornada


Si bien es conocido el concepto de la doble jornada, ahora con la pandemia se acrecienta la triple jornada. Se ha incrementado el rol de cuidadoras a tiempo completo de los hijos, además la gestión de la educación online de los hijos, porque si bien las maestras y maestros imparten su conocimiento, la responsabilidad de gestionar que la niña o niño permanezcan e ingresen al aula, el sacarle el mayor rédito a las pocas megas que podemos contratar y toda la parafernalia que implica la educación a distancia, recae sobre muchas mujeres. Y les afecta porque limitan su tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo doméstico no remunerado

Conclusión

De todo lo expuesto, podemos concluir que la pandemia es una carga más en el pesado Q’epe (bulto de carga) sobre las espaldas de las mujeres, que agudiza la terrible desigualdad que padecemos, que propicia nuestra revictimización y la impunidad de nuestros maltratadores; afecta nuestra salud, sobre todo en el embarazo; y merma nuestros derechos laborales y económicos; además, nos triplica la jornada de trabajo.
En Bolivia, existe un blindaje normativo para la mujer aprobado en los últimos años que nos protege contra la violencia, que castiga el feminicidio, que protege nuestra salud, que protege nuestra economía y empleos pero que, sin embargo, no se aplica eficientemente y con la pandemia la situación empeoró. Antes de crear o modificar más leyes, el Estado debería empeñarse en hacer cumplir las leyes existentes, mediante inspectorías, auditorias y otros sistemas de control, si no todo esfuerzo quedará en lo mismo, en solo papeles.

* Bolivia, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

La mujer Venezolana objetivo de ataque en la guerra económica

Pasqualina Curzio Curzio*

Fuente: “Los dos pañuelos”, Mariana Baizán

La mujer ha sido el principal objetivo de ataque de la guerra no convencional, multiforme y de amplio espectro que adelanta el imperialismo contra el pueblo venezolano. Esta guerra inició en 1999 cuando los venezolanos, en el marco de la revolución bolivariana, decidimos avanzar hacia un sistema económico, social y político alternativo al capitalista, lo cual constituyó una amenaza inusual y extraordinaria para los grandes capitales corporativos y financieros que reaccionan cada vez que se asoma la posibilidad de consolidación del socialismo. En 2013, luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el imperialismo arremetió.
En este tipo de guerras los esfuerzos se centran en “explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de EEUU” (Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EEUU. Circular TC 1801. Noviembre 2010). El principal objetivo es la desestabilización económica, social y política acompañado de un discurso en el que se responsabiliza al gobierno y sus políticas.

De acuerdo con el último Censo, el 40% de los hogares venezolano tiene jefas de hogar […] el 97% de las personas que se dedican a quehaceres del hogar son mujeres


El económico es uno de los principales ámbitos de estas guerras y tiene una particularidad: está diseñado para, con distintas armas, atravesar las puertas de todos y cada uno de los hogares, llegar a las mesas de los venezolanos, a sus costumbres y a sus rutinas para, de esa manera, alterar su día a día. Este ámbito está estrechamente relacionado con el psicológico que busca generar angustia, malestar, incertidumbre, molestias.
De acuerdo con el último Censo, el 40% de los hogares venezolano tiene jefas de hogar (Instituto Nacional de Estadísticas INE, Censo 2011). Por otra parte, el 97% de las personas que se dedican a quehaceres del hogar son mujeres (INE, estadísticas laborales, varios años). Adicionalmente, somos las mujeres, aunque tengamos una jornada laboral formal, sobre quienes mayoritariamente recaen las tareas de cuido de niños, familiares, personas con discapacidad o enfermas, además de la preparación de alimentos y limpieza del hogar.
La arremetida económica inició en 2013 y escaló hasta el 2017 con un desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales: alimentos de mayor consumo, especialmente los de la agroindustria en manos de monopolios y oligopolios; productos de higiene personal (papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, desodorante y jabón) y del hogar; medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas (hipertensión y diabetes), para niños y no por casualidad los anticonceptivos (Curcio, Pasqualina. La Mano Visible del Mercado Guerra Económica en Venezuela. 2016).
Adquirir estos bienes implicaba hacer largas colas, no de horas, sino de días. Fuimos las mujeres las que paciente, pero sobre todo conscientemente nos enfilamos para poder llevar los alimentos y bienes de primera necesidad al hogar con la angustia que implicaba no poder hallarlos. El desabastecimiento programado y selectivo es una de las armas de la guerra económica, ya probada en Chile en 1970 y en Nicaragua en 1980.

El desabastecimiento programado y selectivo es una de las armas de la guerra económica, ya probada en Chile en 1970 y en Nicaragua en 1980


El mecanismo empleado fue la distorsión de los canales de distribución de manera que los productos no llegasen de manera suficiente y oportuna a los anaqueles, generar una sensación de escasez, largas colas, racionamiento y proliferación de mercados informales. De hecho, estos productos que escaseaban en los establecimientos formales podían hallarse en los mercados paralelos, por lo tanto, no era un problema de producción. Esos años, especialmente hasta 2016, Venezuela registraba los niveles de PIB históricamente más altos. El objetivo era político, de guerra, generar angustia y desestabilización.
Era parte del plan del gobierno de EE.UU. En el documento suscrito por el Almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur se lee: “Fomentar la insatisfacción popular incrementando la escasez y el encarecimiento de los alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para la población. Hacer más horrorosa y dolorosa la escasez de las principales mercancías básicas.” (Tidd, Kurt. Golpe Maestro para derrocar la ´dictadura´ de Maduro. 2016).
El tener que dedicar horas a hacer largas filas tenía un segundo objetivo que era, además de la desmoralización, la desmovilización de las mujeres, quienes desde 1999, comenzamos a empoderarnos y organizarnos en cada uno de nuestros territorios para la formación, información y movilización popular en defensa de la revolución.
Ante la alteración de los canales de distribución, el gobierno bolivariano creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) mediante los cuales le otorgó al poder popular organizado la entrega de los alimentos. Esto requirió una mayor organización en las bases, censar calle por calle e identificar necesidades de cada hogar. Hemos sido principalmente las mujeres quienes asumimos esas tareas.
Dos armas más han formado parte de este arsenal de guerra: 1) un bloqueo económico que ha dificultado la importación de alimentos, medicamentos, materias primas, repuestos y maquinarias, especialmente a partir del año 2014, afectando no solo la producción nacional, sino directamente a todos los hogares venezolanos, principalmente a las mujeres (Douhan Alena, Informe preliminar contra los efectos negativos de las sanciones en Venezuela 2021) y 2) un ataque a nuestra moneda, el bolívar, que ha derivado en una estanflación, con niveles hiperinflacionarios ocasionando la pulverización del salario real y por lo tanto el deterioro de las condiciones de vida de los hogares.
El producto interno bruto en Venezuela ha disminuido 70% desde el 2013 hasta 2020 (BCV, cuentas consolidadas, varios años), han sido 7 años consecutivos de caída, mientras que la inflación llegó a alcanzar niveles de 130.000% anual (BCV, índice nacional de precios, varios años). Las causas de esta estanflación son principalmente dos: el bloqueo a la principal industria del país, PDVSA, debido a que genera el 90% de los ingresos en divisas por concepto de exportaciones y el ataque al bolívar que ha generado un shock de oferta en la economía (Curcio Pasqualina. El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional, arremetida imperial. 2020).

Las causas de esta estanflación son principalmente dos: el bloqueo a la principal industria del país, PDVSA, debido a que genera el 90% de los ingresos en divisas por concepto de exportaciones y el ataque al bolívar


El Comando Sur se planteó como objetivo: “Incrementar la fuga de capitales del país, la fuga de divisas y el deterioro de su base monetaria, causando la aplicación de nuevas medidas de inflación que aumenten su deterioro y a la vez provoquen que los ciudadanos con menos recursos (los que apoyan a los actuales dirigentes) y aquellos que disfrutan de mejor posición vean su estatus social amenazado o afectado)”. (Tidd, Kurt, Golpe Maestro para derrocar la ´dictadura´ de Maduro. 2016).
El ataque al bolívar no solo tiene como objetivo la desestabilización económica y política por la vía de la pérdida del poder adquisitivo, sino que también ha sido la causa determinante de las emigraciones, especialmente de jóvenes, quienes han atravesado nuestras fronteras en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que ha derivado en profundas heridas en el seno de los hogares, siendo las madres las más afectadas en sus emociones.
Se lee en el documento del Comando Sur: “Estructurar un plan para conseguir la deserción en masa de los profesionales más cualificados del país, para “dejarlo totalmente sin profesionales”, lo cual agravará aún más la situación interna, y junto a todo ello culpar siempre al Gobierno.” (Tidd, Kurt, op. cit. Golpe Maestro para derrocar la ´dictadura´ de Maduro. 2016).
Han sido innumerables los ataques del imperialismo contra la mujer venezolana. Las heridas son profundas. Sin embargo, la resistencia, impregnada de conciencia, ha sido heroica.

* Venezuela, GT Crisis y Economía Mundial, profesora de la Universidad Simón Bolívar.

Argentina: la lucha feminista. Los Derechos sociales se conquistan en las calles

Gabriela Roffinelli*

Fuente: Sabes.cl

El próximo 8 de marzo, habrá movilizaciones –con limitaciones impuestas a raíz de la pandemia– de una cantidad innumerable de agrupaciones, gremios y colectivos feministas en el mundo entero contra la precarización de la vida, los feminicidios, el acoso, la violencia patriarcal, por la legalización del aborto, por la igualdad de derechos laborales y en todos los órdenes de la vida.
Particularmente, en Argentina el 8 de marzo se festejará la reciente promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Resultado de la incansable lucha de las mujeres en contra del aborto clandestino, unos 450 mil por año que han cobrado miles de vidas, mayormente, de mujeres y niñas que provienen de familias trabajadoras y pobres. Exponiendo que el acceso a la salud sexual y reproductiva de calidad está marcado por una dramática desigualdad de clases.

El próximo 8 de marzo, habrá movilizaciones –con limitaciones impuestas a raíz de la pandemia– de una cantidad innumerable de agrupaciones, gremios y colectivos feministas en el mundo entero


El tratamiento de la Ley del aborto era una de las promesas de campaña del actual presidente Alberto Fernández, pero ante la profundización de la crisis económica y sanitaria manifestó públicamente su intención de postergarla para el 2021: “no es el momento”. Pretendía evitar abrir un frente de disputa con sectores aliados a su gobierno cercanos al Papa Bergoglio, quién justo antes de que se abriera el debate en la cámara de diputados expresó “el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios”. Sólo la presión popular obligó al presidente a cumplir con su promesa electoral en su primer año de mandato.
Desde 1921 el código penal reconocía el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, pero la implementación de ese derecho sólo se ha realizado de forma excepcional, después de sortear muchos obstáculos. El 8 de marzo de 1984, finalizada la dictadura militar, se realizó la primera marcha en favor de la legalización del aborto y de ahí continuaron ininterrumpidamente los encuentros, campañas y movilizaciones. En los años 90 se realizó la primera presentación de un proyecto de ley. Sin embargo, recién en 2015, el debate ganó fuerza en favor de la aprobación de la mano de las protestas en contra de los feminicidios, que dio lugar al movimiento Ni una menos. Se comenzó a denunciar las múltiples caras de la violencia de género, entre la que se encuentra la de negar el derecho a la interrupción del embarazo a niñas y mujeres abusadas sin recursos económicos en los hospitales públicos, obligándolas a gestar y parir, muchas veces, poniendo en riesgo sus vidas.
La conquista de la legalización del aborto constituye un valioso aprendizaje para las nuevas generaciones acerca de que los derechos sociales se conquistan con la organización popular y otorga fuerza a las miles de mujeres de Nuestra América que luchan en pos de que el aborto deje de ser clandestino y penalizado en sus países.
Al mismo tiempo, proliferan las manifestaciones contra los feminicidios frente a la “¿inoperancia?” de las instituciones del Estado. Sólo en los primeros 23 días del 2021, en Brasil se registraron alrededor de 50 víctimas de feminicidio, una media de cuatro mujeres muertas por día. Entretanto en Colombia, durante las dos primeras semanas del 2021, 18 mujeres fueron asesinadas. En México un promedio de 10 mujeres diarias son víctimas de feminicidio. Y en Argentina, en los primeros 40 días del año ya se registraron 44 casos de feminicidios a razón de una mujer cada 22 horas. El confinamiento impuesto por la pandemia implicó un aumento significativo de la violencia contra las mujeres. Indudablemente, el rechazo a los feminicidios, los abusos y la violencia de género será uno de los motivos convocantes centrales para este 8 de marzo en toda la región.

recién en 2015, el debate ganó fuerza en favor de la aprobación de la mano de las protestas en contra de los feminicidios, que dio lugar al movimiento Ni una menos


En toda Nuestra América se advierte que las luchas feministas avanzan con fuerza contra la discriminación, la desigualdad y la violencia de género y seguramente se lograrán en el mediano plazo importantes mejoras en las condiciones de vida de las mujeres. Es cierto, que el feminismo no implica necesariamente posiciones anticapitalistas y mucho menos socialistas, no obstante, las luchas feministas que apuesten a terminar de raíz con las múltiples opresiones y desigualdades reinantes tendrán que articularse con la vida social, es decir con el corazón de las relaciones sociales — relaciones de explotación y dominación de seres humanos y naturaleza— que conforman nuestras sociedades capitalistas periféricas.
Como señala Ellen Meiksins Wood “el capitalismo podría sobrevivir a la erradicación de todas las opresiones específicas de las mujeres por su condición femenina, mientras que, por definición, no podría sobrevivir a la erradicación de la explotación de clase” (Democracia contra capitalismo, 2000). Esto significa que el orden social capitalista se nutre de múltiples opresiones: de género, étnicas, culturales y otras muchas, sin embargo, no tiene necesidad estructural específica de ellas para su reproducción.
Estamos atravesando tiempos históricos de gran incertidumbre. La pandemia del coronavirus expuso una de las caras más duras de la crisis civilizatoria a la que nos arrastra el capitalismo contemporáneo. Pese a las múltiples advertencias acerca de la proliferación de las enfermedades virales, los países no estuvieron preparados para enfrentar la pandemia porque la salud de millones de personas no depende de criterios humanitarios, sino de las “furias del interés privado”, de los negocios de las corporaciones. Que “como en cualquier esfera de la producción, lo único que importa es producir plusvalor, apropiarse, en el producto del trabajo, de determinada cantidad de trabajo impago” (Marx, El Capital Tomo III, pág. 247).
Asimismo, no estamos ante una crisis económica coyuntural más, una etapa previa a un gran “reinicio” de prosperidad, como promete Klaus Schwab Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. Estamos ante una crisis estructural que el capital viene arrastrando desde la década de los 70s del siglo pasado y que se manifiesta con todo dramatismo en la degradación de las condiciones sociales de vida para la gran mayoría de los pueblos y de la clase trabajadora (Samir Amin, Más allá del Capitalismo Senil, 2003).
Lo excepcional del momento histórico que atravesamos nos recuerda la exhortación de la revolucionaria alemana-polaca Rosa Luxemburgo frente a la Primera Guerra Mundial: “aquí el capitalismo descubre su cabeza de cadáver, aquí confiesa que su derecho a la existencia ha caducado, que la continuación de su dominación ya no es compatible con el progreso de la humanidad” (La crisis de la socialdemocracia “El folleto de Junius”). Rosa comprende dramáticamente que la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad no es “civilización o barbarie”, sino “socialismo o barbarie” porque la civilización moldeada por el capitalismo no ofrece alternativa humanista posible, sólo en una civilización construida sobre las bases del socialismo es posible un futuro para la humanidad. Por tanto, urge que las múltiples luchas por la emancipación del género, como así también, por la igualdad social, por los derechos democráticos, contra la devastación ecológica, por la autodeterminación y muchas otras confluyan con la meta socialista por la emancipación humana.

* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, co-coordinadora. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Miembro de SEPLA.

8 De Marzo: Un Día de Lucha y Ejemplo Para Brasil*

Rosa María Marques**

Fuente: El País

En Brasil, al 26 de febrero de 2021, registró 252.835 muertes provocadas por Covid-19, viviendo la segunda ola de la pandemia. Desde el 22 de enero, la media móvil supera los 1.000 muertos por día. A pesar de que el panorama sanitario está empeorando, con ciudades presentado el colapso de los servicios de salud y del avance del contagio por la cepa de “Manaus”, el 8 de marzo de este año continuará siendo un día de lucha.
Con la consigna: “¡Mujeres en lucha por la vida! ¡Fuera Bolsonaro, Vacuna para todas las personas y Ayuda de Emergencia Ya!”, los diferentes movimientos y representaciones de mujeres organizaron, en forma unitaria, y en todo el país, diversas acciones y manifestaciones. Entre ellas se destacan: la formación de pequeñas brigadas feministas para intervenir en plazas y terminales de ómnibus; la realización de “Amanhecer por la vida de las mujeres”, con la instalación de pasacalles en puentes, de pañuelos en estatuas, de carteles en los postes y de la aplicación de pinturas en las áreas peatonales; así como la realización de desfiles. El 23 de febrero, el número de organizaciones y entidades que se sumaban a ese esfuerzo era ya de 80, y con perspectivas de ampliación.

A pesar de que el panorama sanitario está empeorando, con ciudades presentado el colapso de los servicios de salud y del avance del contagio por la cepa de “Manaus”, el 8 de marzo de este año continuará siendo un día de lucha.


Al elegir esas palabras como protagónicas, las mujeres señalan estar en sintonía con la actual pauta de lucha del sector progresista de la sociedad brasileira, que está constituido por centrales sindicales, asociaciones, partidos y por los movimientos sociales del campo y de la ciudad. Esos segmentos, organizados en el Frente Brasil Popular y en el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo), en un trabajo unitario, definieron que las tres tareas urgentes a ser realizadas son: la destitución del actual presidente, la garantía de vacunación para todos y el retorno del Auxilio de Emergencia.
El clamor por “Fora (Fuera) Bolsonaro” puede ser medido por el número de pedidos de apertura de juicio político que se amontona en la Cámara de Diputados. El 22 de febrero, ese número totaliza los 70, siendo que 56 constituyen pedidos originales, 5 están pospuestos y 9 son duplicados. Hasta esa fecha, 5 pedidos fueron archivados y los otros 65 están a la espera de análisis. Las justificaciones de los pedidos de juicio político son de toda orden –puesto que sobran las actuaciones sospechosas imputadas directamente al actual presidente. Entre ellas, inclusive, y dialogando con el eslogan “Vacuna para todas las personas,” surge aquella que tiene como referencia la postura negacionista con relación a la pandemia de Covid-19, lo que ocasionó que el gobierno federal, a través del Ministerio de Salud, no coordinase nacionalmente las acciones necesarias para prevenir y combatir la enfermedad y no planificase la compra y la producción de vacunas en número adecuado a la necesidad del país. Entre sus actitudes más absurdas, está la declaración de que el Covid-19 es apenas “una gripecita” y de que la misma podría ser tratada de forma preventiva con medicamentos comprobadamente ineficaces contra el nuevo coronavirus. Entre esos medicamentos, con los que el presidente insistía en fotografiarse, se encuentran la Ivermectina, la Azitromicina y la Hidroxicloroquina, los cuales, utilizados sin necesidad y sin control, provocan graves efectos colaterales.
La reivindicación por la vuelta del Auxilio de Emergencia no necesita mucha justificación, dado que es visible el aumento de la pobreza durante el último año. Para las personas que no son de Brasil, es importante decir que esta ayuda es un valor abonado a aquellos de baja renta que normalmente desarrollan actividades informales y que, en función de la pandemia, no tuvieron como realizar esas actividades satisfactoriamente. Con su interrupción, en diciembre de 2020, en un cuadro de elevado desempleo (que alcanza a más de 14 millones de personas) y de aumento de precios (especialmente de alimentos), la pobreza absoluta volvió a ser una realidad de contingentes enormes de la población brasileña y la desigualdad, que siempre fue un trazo estructural del país, se profundizó grandemente.
La diferencia entre las dos fases del Auxilio de Emergencia fue que en la segunda fase, los valores recibidos correspondieron a la mitad de los pagos en la primera. De hecho, el gobierno trabajaba con la hipótesis de que la pandemia estaba en su ocaso y que la economía estaba recuperándose de la descomunal caída que sufrió en el primer semestre de 2020. Estaban equivocados con relación a esos dos pronósticos. Para tener una idea de la importancia de la concesión de este Auxilio, al 29 de septiembre de 2020, 67,7 millones de brasileños lo recibían, en una población estimada total de 211,8 millones en todo el país.

El aumento de la violencia contra las mujeres, además, no afectó igualmente a todas, presentando un inequívoco aspecto racial. En números absolutos, la diferencia es todavía más brutal, ya que entre no negras el crecimiento es de 1,7% y entre mujeres negras es del 60,5%.


Por su parte, las palabras de orden que encabezan la lista del 8 de marzo, ‘Mujeres en la lucha por la vida’, se relacionan, evidentemente, con la cuestión de la vacuna, pero están estrechamente vinculadas a la situación de la mujer brasileña. Tal como en otros países de América Latina, la tasa de homicidios por 100 mil mujeres aumentó en los últimos años: de 2017 a 2018, pasó de 3,9 a 4,7. El crecimiento de la tasa fue observado en 17 estados del país.
El aumento de la violencia contra las mujeres, además, no afectó igualmente a todas, presentando un inequívoco aspecto racial. Mientras la tasa de homicidios de mujeres no negras creció un 4,5% entre 2007 y 2017, la tasa de homicidios de mujeres negras creció un 29,9%.
En números absolutos, la diferencia es todavía más brutal, ya que entre no negras el crecimiento es de 1,7% y entre mujeres negras es del 60,5%. Considerando apenas el último año disponible (2018), la tasa de homicidios de mujeres no negras fue de 3,2 de cada 100 mil mujeres no negras; por su parte, entre las mujeres negras, la tasa fue de 5,6 de cada 100 mil mujeres de este grupo. Esos datos forman parte del Atlas da Violencia 2020, publicación del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
Desafortunadamente, no están disponibles los datos para 2019 y 2020. A pesar de esto, durante el primer año de pandemia, fue constante la presencia en los medios y en las redes sociales de noticias referentes a la violencia contra las mujeres y feminicidios. Por ello, “Mujeres por la vida” adquiere una dimensión doble: por la vida de todos y todas y por el fin de la violencia contra las mujeres. Y, en ese sentido, las palabras de orden “Marielle vive” se mantiene más actual que nunca. Estamos a punto de cumplir tres años del asesinato de Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, (ocurrido el 14 de marzo de 2018) sin que los culpables hayan sido descubiertos y castigados. Marielle Franco, concejal de la ciudad de Rio de Janeiro por el Partido Socialismo Liberdade, fue asesinada cuando salía de una actividad política.
Hacer del 8 de marzo un día unificado de lucha es lo que los movimientos feministas en Brasil están proponiéndose. La unidad ya obtenida y las palabras de orden elegidas muestran el camino que debe ser transitado para superar la situación actual y avanzar en la construcción de una sociedad mejor.

* Traducción de Ramiro Fernández Unsain

** Brasil, GT Integración y Unidad Latinoamericana y GT Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, Economista, profesora de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Los Pueblos De Nuestra América Se Levantan Bolivia, Colombia, Chile, Haití…

Foto: Infobae

Las elecciones del domingo 18 de octubre en Bolivia, ratificaron la voluntad popular de derrotar al golpe de Estado del año pasado y buscar una alternativa popular y nacional al proyecto neoliberal. El triunfo fue arrollador y tuvo que ser reconocido de inmediato por el gobierno de facto y por varios países al mismo tiempo: Luis Arce, el candidato del MAS, ganó con el 52.4% de los votos emitidos.
La Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) festeja con el pueblo boliviano su triunfo, convencida de que se abren nuevos caminos para Nuestra América.
Al mismo tiempo, el pueblo de Chile confirma con sus multitudinarias manifestaciones, iniciadas desde el año pasado, su rechazo al gobierno represivo actual y, más allá, su rechazo a la Constitución heredada del golpe de Estado de Pinochet hace casi cincuenta años. El próximo 25 de octubre se realizará el Plebiscito Nacional 2020 para aprobar el inicio de un proceso constituyente. Condenamos la represión que ha sufrido el pueblo chileno y que ha dejado centenares de heridos con traumática pérdida de la vista.
Y al mismo tiempo, el pueblo colombiano se levanta desde hace meses rechazando la violencia sistemática que ha dejado miles de dirigentes sociales asesinados en los últimos años. La minga indígena colombiana, manifestación multitudinaria que ha recorrido el país, arriba a Bogotá, por mi patria y por mi tierra.
Estas movilizaciones se suman a las del combativo pueblo haitiano que desde hace más de un año exige un alto a la corrupción y un cambio de sistema.
El triunfo del pueblo boliviano y las movilizaciones sociales que cruzan nuestra América exhiben el profundo rechazo popular a los gobiernos y políticas neoliberales.

¡Por la unidad de nuestros pueblos!
¡Solidaridad con las luchas populares de Nuestra América!

Crisis capitalista y pandemia: Algunas notas sobre Chile

exactamente 7 meses después del estallido social) surgieron protestas en comunas populares en Santiago, que mostraban las contradicciones profundas que cruzan nuestra sociedad

Paula Vidal Molina

Al momento de escribir estas líneas, finales de mayo, las muertes asociadas al Covid-19 en Chile alcanzaban más de 760 personas de un total de casi 74.000 contagiados y seguramente, cuando el lector esté leyendo este comentario, habrán subido significativamente estas cifras, tanto en Chile como en otros países, con casos dramáticos en países como Brasil, EE.UU. y otros de Latinoamérica. En este contexto, el 18 de mayo (exactamente 7 meses después del estallido social) surgieron protestas en comunas populares en Santiago, que mostraban las contradicciones profundas que cruzan nuestra sociedad, y que no se resolverán con canastas de alimentos, más médicos, bonos ni endeudamiento.
¿Qué está detrás de estas muertes y las protestas en el Chile del siglo XXI? La idea que me interesa plantear aquí es que estamos inmersos en la crisis estructural del capital o lo que otros han llamado una crisis civilizatoria; y que en el caso Chileno, confluyen también la crisis sanitaria, la económico-social y la político-institucional. Pero ¿Cómo entender las crisis?.
Enrique Dussel habla de la crisis del proyecto de la Modernidad, como fundamento de la crisis mundial de hoy, porque la racionalidad moderna se apoya no solo en la idea de la «centralidad» europea, esto es económica, social y cultural, sino también en su racionalidad o irracionalidad, violencia y dominación en su relación con el mundo colonial y la naturaleza, ambas serían características fundamentales de la modernidad concebida desde una perspectiva no eurocéntrica.

la crisis estructural del sistema capitalista posee como contradicción básica el que no puede separar el Avance de la Destrucción, el progreso del Desperdicio, la muerte por sobre la Vida, la destrucción por sobre la creación, como tendencia del sistema de metabolismo del Capital


István Mészáros, dirá que a diferencia de la crisis coyuntural del sistema capitalista (que se desenvuelve y soluciona relativamente con éxito dentro de la estructura establecida, incluso siendo de una severidad importante como la crisis del 29), la crisis estructural, que estalló desde los años 70 después de la expansión en la postguerra, se define por afectar la propia estructura en su totalidad.
Esto significa poner atención en la crisis del sistema del capital en su integralidad y sus rasgos son: 1.- posee un carácter universal en vez de restringirse a una esfera particular (como por ejemplo financiera o comercial, o un rubro particular de la producción), 2.- alcanza un objetivo global, en vez de orientarse en uno o algunos países, 3.- su escala de tiempo es continua y el modo de desenvolvimiento es reptante, en contraste con las erupciones y colapsos espectaculares y dramáticos del pasado como la crisis del 29. Nos dirá Mészáros, que la crisis estructural afecta a la totalidad del complejo social y en las relaciones entre sus partes constituyentes. Al estar todo el sistema en juego, aun bajo una aparente normalidad, sin embargo, es capaz de sustentarse solo de un modo destructivo o autodestructivo. Por ello, la crisis estructural del sistema capitalista posee como contradicción básica el que no puede separar el Avance de la Destrucción, el progreso del Desperdicio, la muerte por sobre la Vida, la destrucción por sobre la creación, como tendencia del sistema de metabolismo del Capital, que en ningún caso es emancipatorio.

En el caso chileno, la crisis sanitaria confluye también con una crisis económico-social y político institucional


Esto se expresa -por ejemplo- en las políticas militares y represivas, de austeridad y de pobreza, también en las políticas que promueven la devastación ecológica donde la gravedad del cambio climático, la extinción de especies, la deforestación, la destrucción de la capa de ozono, o la contaminación socio ambiental a escala planetaria, solo se comprende por la economía capitalista que está detrás de ella. Otro ámbito en que se expresa es en el desempleo estructural.
Este y otros aspectos de la crisis estructural están vigentes debido a que -hasta antes de Enero del 2020- algunos indicadores a nivel global, daban cuenta de que la tendencia de la concentración de la riqueza se mantenía pues, según OXFAM, el 82% de la riqueza mundial generada el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial. La OIT planteaba que la tasa de desempleo casi no descendió entre el 2017 y 2018, ubicándose en un 5,5, estando más de 192 millones de personas en esta situación, y de aquellos que poseían trabajo, 1.400 millones, es decir un 42%, se encontraba en un empleo vulnerable y precariedad. La pobreza laboral también es generalizada, lo que implica que el consumo per cápita de los hogares de más de 300 millones de trabajadores de países emergentes y en desarrollo es inferior a 1,9 dólares al día. En todo caso, el fenómeno empeora cuando se analiza el impacto en el grupo de mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Las consecuencias de la crisis de la pandemia están estrechamente relacionadas con las relaciones sociales capitalistas y la implantación de las políticas neoliberales. En ese sentido, la pandemia, en particular, pone de relieve las desigualdades, opresiones, explotaciones, marginaciones de cada sociedad, pero sobretodo, el fracaso del neoliberalismo porque la agudización y prolongación de la emergencia sanitaria está relacionada con las políticas de austeridad neoliberal que han destruido los sistemas públicos de salud que se derivan del desmantelamiento del Estado respecto a garantizar condiciones de vida para toda la población, pero sí un Estado robusto para traspasar sumas enormes a la elite empresarial para evitar la parálisis en los circuitos económicos.
En el caso chileno, la crisis sanitaria confluye también con una crisis económico-social y político institucional, esta última se pone al descubierto a partir del estallido social del 18 de octubre del 2019 que toma rasgos de una rebelión popular producto del malestar de la población acumulado durante décadas. La incapacidad del sistema político para procesar y conducir el descontento a través de la institucionalidad, tuvo como consecuencias la violación de los derechos humanos, por parte del Estado, que dejó a miles de heridos, decenas de muertos, mutilados y presos políticos, al recurrir a la estrategia de la guerra interna y la criminalización de la protesta social.
En un intento desesperado por darle salida institucional a la crisis, la clase política, no solo creó una agenda social, sino que llamó a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución del que ya sabemos su deriva al día de hoy. La crisis político institucional se conjugó con la crisis económico social, que ya mostraba signos claros de desaceleración desde el 2013 en adelante no volviendo a alcanzar niveles de crecimiento del 5% anterior, y que desde la rebelión de octubre empeoró mostrando un escaso crecimiento del 1,2%, también mayor inflación, aumento del desempleo y empleo informal, del endeudamiento de las familias populares y aumento de la pobreza, gestándose un panorama económico social sumamente complejo.
Se mantuvo el descontento popular, la organización popular y la presión diaria en la calle desde octubre pasado hasta la llegada de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la cual dio una oportunidad única para que el gobierno rápidamente aplicara medidas de shock, con las fuerzas armadas, a través del miedo, la represión en las calles y confinamiento de la población, lo que permitió desmovilizar la presión social del 18 octubre y también aprobar decretos y medidas para enfrentar la crisis económica, con acciones que favorecen los intereses del capital y las empresas, en vez de a la clase trabajadora.
Ejemplo son las políticas con un enfoque individual, focalizado, de mínimo vital y que transmite el costo a las y los trabajadores, como es el Bono Covid (destinado al 60% de la población más pobre) de 70 dólares aproximadamente; la ley de protección del empleo que permite a las empresas suspender las relaciones laborales sin haber despidos de los trabajadores con contrato, mientras continúan pagando una parte de las imposiciones y los trabajadores acceden al fondo de cesantía, por lo tanto, las empresas externalizan el costo de la crisis hacia los trabajadores y el ahorro que estos tienen para tiempos de cesantía.
Asimismo, las medidas orientadas a nivel de las empresas, también van en desmedro de los y las trabajadores y un ejemplo de ello es la ley de teletrabajo que puede intensificar el trabajo, pues se ha demostrado que se suele extender las horas totales y en el caso chileno, se puede ampliar tácitamente la jornada legal, sin reconocer las horas extraordinarias. Con todo, las consecuencias que se derivan de esta crisis es que se instalan las tendencias que ya estaban en curso como son el aumento del desempleo, del empleo informal y de las formas de trabajo remoto y plataformización del trabajo, con un reforzamiento de las modalidades de explotación del trabajo precario en los sectores profesionales y no profesionales –como son los trabajadores delivery– y que impactará en el aumento de trabajadores precarizados y la desigualdad.
En este escenario de crisis económica, sanitaria y político institucional vemos el fracaso del neoliberalismo y la crisis estructural del capital. Por ello, Chile se enfrenta a una coyuntura histórica que desde el 18 de octubre de 2019 permitió abrir un camino que lleve hacia otro proyecto societario, en el sentido que siente las bases y afirme la Vida por sobre el capital, el colonialismo y el patriarcado, es decir, con un sentido postneoliberal y postcapitalista. Creo que este fue el sueño –hace 50 años– de Salvador Allende cuando llegó al gobierno en 1970 de la mano del pueblo y un Programa de justicia e igualdad social.

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.