La Educación En Tiempos De Pandemia: Nuevos Y Viejos Rostros Del Asedio A La Democracia

El Telégrafo - La educación durante la pandemia: Evitar la deserción escolar
Fuente: El Teléfrago

Andrés Felipe Mora*

“La muerte no es democrática” advierte el filósofo norcoreano Byung-Chul Han al analizar la crisis social desatada por la pandemia del COVID-19. Han insiste en que la clase social y el estatus de las personas condiciona la probabilidad de que la pandemia tenga efectos catastróficos sobre sus vidas. La llegada del COVID-19 ha puesto al desnudo las desigualdades que provocan efectos desproporcionados sobre poblaciones bien identificadas: mujeres, personas pobres, postradas en la informalidad o pertenecientes a alguna etnia. En esta misma línea, Judith Butler asegura que, en la sociedad de la pandemia, la muerte se manifiesta como una forma extrema de desigualdad.
La virtud de estas posturas consiste en llamar la atención sobre el hecho de que la crisis que actualmente golpea al mundo no es estrictamente sanitaria, y que los desgarradores impactos que experimentan nuestras sociedades se despliegan sobre condiciones sociales y económicas preestablecidas. Condiciones que se han querido ocultar detrás de los discursos lenitivos de “la lucha contra la pobreza”, “la igualdad de oportunidades” y “la movilidad social”.

Han insiste en que la clase social y el estatus de las personas condiciona la probabilidad de que la pandemia tenga efectos catastróficos sobre sus vidas.


Hoy la fragilidad de la política social neoliberal es patente: después de la llegada de la pandemia, América Latina podría retornar a los niveles de pobreza y pobreza extrema de hace 12 y 20 años, respectivamente. De acuerdo con el Panorama Social de América Latina presentado por la CEPAL, el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Las supuestas conquistas sociales de la denominada región de las “clases medias” se han esfumado: alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendente.
El campo educativo no es ajeno a este proceso. La emergencia sanitaria ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según la UNESCO, estos cierres han afectado a 160 millones de estudiantes latinoamericanos. En este contexto, resulta problemático que, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el 20% de la población latinoamericana no tiene acceso a la internet móvil. De allí se desprenden problemáticas relativas a la interrupción de los procesos de aprendizaje, el aumento de la desnutrición por el cierre de las escuelas que ofrecen alimentación gratuita, el incremento del abandono escolar y el crecimiento de los casos de embarazo prematuro y violencia doméstica. Situaciones que se agudizan si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la UNICEF, los estudiantes de América Latina han estado por fuera del aula más tiempo que cualquier otro niño o niña en el mundo (en 2020 las escuelas en América Latina y el Caribe permanecieron cerradas durante 158 días, lo que supera ampliamente la media global de 95 días de cierre).
Esta situación nunca ha sido y tampoco será “democrática”. Los rostros de la desigualdad en la educación en América Latina están bien identificados: antes de la pandemia los estudiantes vulnerables tenían en promedio un rezago en aprendizajes de dos años de escolaridad con respecto a sus pares menos vulnerables. Además, mientras que solo 2 de cada 100 niños y niñas de los estratos superiores de ingreso (quinto quintil) no culminaba la primaria, 13 de cada 100 no lo hacían entre los que provenían de los estratos más pobres. Asimismo, las tasas de conclusión de la enseñanza primaria eran del 96% en las zonas urbanas y de solo del 85% en las rurales.

La educación otorga títulos, estatus, saberes, capacidades y valores que, al repartirse de manera desigual, producen y reproducen relaciones de dominación de unos grupos sociales sobre otros.


Este problema se agudizaba entre niños pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes de los cuales solo un 80% culmina este ciclo. Finalmente, es importante señalar que uno de cada cinco jóvenes de la región (15-24 años) no estudiaba ni trabajaba. Son estas clases sociales desaventajadas, los grupos con pertenencia étnica, las mujeres, las y los jóvenes y las personas ubicadas en las zonas rurales quienes sufrirán de manera desproporcionada los efectos de la pandemia (Daniela Trucco, 2014. Educación y desigualdad en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL).
Es claro que el acceso, la permanencia y el logro educativo igualitario requieren de un enorme compromiso presupuestal por parte del Estado. No de otra forma se podría garantizar el acceso universal a la educación, disminuyendo, además, las desigualdades en materia de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, las brechas de financiamiento de la educación son notables entre y al interior de los países de la región. En una muestra que analiza los compromisos fiscales para enfrentar los efectos socioeconómicos de la pandemia, Colombia ocupa el puesto 11 entre 16 países. Países como El Salvador, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Panamá, Honduras, Guatemala y Bolivia superan dicho país en su esfuerzo por canalizar gasto público orientado a minimizar los efectos sociales y económicos generados por el Coronavirus. Por otra parte, en Argentina y Brasil los gobiernos subnacionales más vulnerables tienen casi la mitad de los presupuestos educativos que los más ricos para enfrentar los efectos de la pandemia. Es claro que las políticas de austeridad impuestas por el neoliberalismo, unidas a las históricas desigualdades territoriales de los países, condicionan las opciones presupuestales de los gobiernos en el presente.
En definitiva, la democracia en los tiempos del COVID-19 no solo se encuentra amenazada por la puesta en marcha de dispositivos autoritarios y de vigilancia extrema sobre las poblaciones. También se encuentra asediada por la incapacidad de nuestras sociedades de distribuir de manera igualitaria el acceso el valor-poder del conocimiento.
La educación otorga títulos, estatus, saberes, capacidades y valores que, al repartirse de manera desigual, producen y reproducen relaciones de dominación de unos grupos sociales sobre otros. Es en la repartición del poder en donde debe valorarse la incidencia distributiva de la educación: de tal repartición dependerá la construcción de verdaderas democracias. Las democracias latinoamericanas se encuentran asediadas no únicamente por el predominio de formas autoritario-sanitarias de gestión de la crisis; también por la reproducción de las desigualdades que vienen del pasado y se proyectan de manera acentuada hacia el futuro. Particularmente, en el campo educativo.

* Colombia, GT Políticas Educativas y Derecho a la Educación, Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.

De pandemias, mujeres y flores

Yeny Paola Suarez*
Monika Meireles**

Las mujeres que luchan se encuentran": una guía sobre feminismo  latinoamericano - LatFem
Fuente:LatFem

La doble o triple jornada laboral de las mujeres no es algo novedoso. Salir al mercado laboral, y, luego de completar su jornada, regresar a casa y asumir el rol no remunerado de cuidado de la familia es el pan diario de la gran mayoría de nosotras. En tiempos de excepción, como en el confinamiento generalizado que la pandemia ha provocado, “estar en casa” se convirtió, para las mujeres, en sinónimo de la sufrida confluencia en un solo espacio de la jornada remunerada y de la jornada de trabajo no remunerado; a la que se agregó el cuidado de los niños en la escuela televisiva o por internet. Se traslaparon las esferas personales con las profesionales y el resultado solo podría ser uno: mujeres agotadas.
Sin embargo, por más doloroso que sea el escenario arriba descrito, este continúa siendo la expresión de la cotidianidad de mujeres que cuentan con cierto “privilegio”, pues son parte de la minoría de la población económicamente activa que ha podido migrar su actividad remunerada a la modalidad remota. Por ejemplo, el “teletrabajo” – “Zoom-chamba” en un castellano mexicano ya más fiel a la realidad digital – es imposible de ser realizado por la gran mayoría de trabajadoras del sector informal. Y no nada más eso, incluso trabajadoras del sector formal, tanto del segmento productivo como de los servicios, tampoco han visto posible llevar a sus casas el trabajo.

entre los efectos de la pandemia podemos esperar un importante retroceso en el proceso de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres y de profundización de las distintas formas de desigualdad de género que acometen a la región


De hecho, en un reciente informe especial publicado la Comisión Económica para la América Latina y El Caribe (CEPAL), titulado “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, la institución vaticina que entre los efectos de la pandemia podemos esperar un importante retroceso en el proceso de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres y de profundización de las distintas formas de desigualdad de género que acometen a la región. Entre los elementos que contribuirán a esos resultados esperados, en términos económico-sociales, se encuentran: a) el incremento de la feminización de la pobreza, con la significativa presencia de las mujeres encabezando los hogares en situación de pobreza; b) el desempleo azotando de manera más intensa a los puestos de trabajo femeninos; y c) las mujeres son la presencia mayoritaria en el sector informal.
Por el mismo informe, nos enteramos que el 56,9% de las mujeres en América Latina está trabajando en sectores económicos más vulnerables –restaurantes, hoteles y comercio en tiendas físicas– en los que se anticipa que serán los más afectados negativamente por la pandemia, tanto por el cierre de puestos de trabajo como en términos de reducción de ingresos. Siguiendo la misma fuente, las mujeres son la vasta mayoría de los trabajadores en el servicio doméstico remunerado en la región y el 76% de ellas no cuenta con ningún tipo de cobertura de protección social.
Además, podemos preguntarnos: ¿quiénes están asumiendo la limpieza, ahora exhaustiva, de los lugares de trabajo (oficinas, bancos, hospitales, fábricas, almacenes etc.)?, ¿quiénes asumen el cuidado de las familias cuando se enferman y deben recuperarse en casa?, ¿quiénes asumen ahora roles de maestras y responsabilidades educativas de hijos e hijas en las condiciones de confinamiento?, ¿qué pasa con las mujeres que no pueden trasladar su trabajo a la casa?, ¿de qué manera la pandemia agudiza la situación de las mujeres que viven de la informalidad o que simplemente deben vivir de lo que su trabajo genera a diario?
Desde muchas perspectivas podemos situar las múltiples formas en que se expresan las tareas del cuidado que, como vemos, son esenciales para la reproducción social y que se encuentran bajo nueva carga de tensión con la crisis provocada por la pandemia. Si antes existían grandes desigualdades en la división sexogenérica del trabajo, con la pandemia se ha agudizado la brecha laboral, multiplicado las actividades del cuidado y las varias expresiones de la violencia de género. Incluso podemos dar un ejemplo de asimetría con corte de clase al interior del género: las mujeres de los sectores populares no suelen acceder al mercado de los cuidados, por lo que la posibilidad de “tercerizar” los cuidados es un privilegio exclusivo de quienes tienen capacidad de pago.
Ahora, si pensamos en un caso en específico para entender un poco mejor la situación de las trabajadoras en nuestro subcontinente, quizás nos quede más claro la compleja trama de desigualdades de género que la pandemia vino a profundizar. Así, nos vamos a detener en el análisis del caso en la cosecha de flores en la periferia de Bogotá. Para entender cómo la pandemia significa el claro empeoramiento de sus condiciones de trabajo remunerado y de sobrecarga en las actividades de cuidado, queremos recuperar inicialmente en qué condiciones se daba su doble jornada en el periodo pre-pandemia; a propósito del pasado 14 de febrero, día internacional de las y los trabajadores de las flores, resignificando la fiesta de San Valentín festejada con flores provenientes de la precariedad laboral y el abuso de los bienes ambientales de las zonas donde se cultivan.
La agroindustria de las flores es uno de los sectores más fuertes de la economía colombiana, representa uno de los productos privilegiados en los más de 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia. Esta industria representa una de las principales fuentes de empleo de la Sabana de Bogotá, la cual cuenta con al menos 75 mil hectáreas sembradas. A este sector generador de empleo acceden principalmente mujeres que trabajan en áreas de siembra, corte y empaque de flores para la exportación.
Desde hace varios años, organizaciones sindicales y sociales han denunciado las condiciones de explotación en las que se encuentran las personas que trabajan en este sector de la agroindustria, denuncias principalmente sobre sus condiciones de salud por exposición a agrotóxicos, largas jornadas laborales con movimientos repetitivos, cambios bruscos de temperatura, entre otros, que desmejoran considerablemente sus capacidades laborales; esto sumado a bajos salarios y condiciones de contratación precarizadas con limitada o nula posibilidad de sindicalización. Sin embargo, eso no significa que ellas no estén organizadas. De hecho, la Red Popular de Mujeres de la Sabana son una muestra del poder de organización de las trabajadoras y extrabajadoras de las flores.
Son difíciles las condiciones de las mujeres que trabajan en este sector, sobre todo por las actividades que desempeñan. Por un lado, el trabajo remunerado: las mujeres que trabajan en esta industria parten del cuidado de las flores desde que se cultivan, pasan por todo el proceso hasta su exportación para llegar finalmente a los festejos de quienes la consumen, en un ciclo de actividades que se caracteriza por recibir bajos salarios. Por otro lado, podemos nombrar el trabajo cuidado de estas mujeres al llegar a sus hogares.
Las mujeres que trabajan en esta industria son mujeres de sectores populares, muchas de ellas, responsables absolutas de la economía de sus familias (“madresolterismo”), y, por lo tanto, protagonistas principales del cuidado. Y no se trata solo de eso, la situación general de la pandemia y la movilidad diaria a sus trabajos las pone en riesgo a ellas y sus familias, y en esta situación de crisis sanitaria y económica, se agudizan las condiciones laborales precarias en las que se encuentran en la medida en que deben aceptar negociaciones cada vez más desfavorables por tener algún sustento.

La agroindustria de las flores es uno de los sectores más fuertes de la economía colombiana, representa uno de los productos privilegiados en los más de 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia


Como vemos, el mundo de los cuidados se mueve, es un abanico enorme de perspectivas desde donde podemos analizar esta relación social y económica de los patrones patriarcales que sostienen un modelo capitalista en crisis, que en el contexto actual de COVID-19 ha demostrado la centralidad de este tema, develando que el rol tradicional de las cuidadoras sigue estando presente en gran parte de los núcleos familiares y sociales.
Finalmente, vemos como, particularmente, en este 8 de marzo tendremos una conmemoración de la lucha de las mujeres cargada de cifras lamentables. Desde que comenzó la pandemia se han disparado las llamadas de emergencia de atención por violencia y los casos de feminicidio aumentaron, lo que nos muestra que el maltrato en los hogares permanece arraigado, es decir, esta sobre carga de labores del cuidado en los hogares sin reconocimiento económico y social viene, para muchas mujeres, acompañada del temor de ser maltratadas en sus propias casas. Lo que nos demuestra que nuestra labor como académicas y activistas es multiplicar nuestra participación en los movimientos feministas, presionar e insistir en políticas públicas que mejoren la situación de las mujeres, deteniendo el retroceso en derechos que la pandemia está agudizando y promoviendo una agenda de acción realmente comprometida con la disminución de las desigualdades de género.

* México, Maestrante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PPELA-UNAM).
** México, GT Crisis y Economía Mundial, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM).

Migración, crisis y alternativas

Ana María Aragonés*

fuente: Desinformemonos

La pandemia del coronavirus surgió en momentos de una Posguerra Fría convulsa y desordenada en el marco de una profunda desigualdad económica y social, resultado de un modelo económico que se mantuvo por más de tres décadas. A pesar de que las crisis de 2001 y 2008 obligaban a cambios radicales ante un régimen insostenible, la mayoría de los gobiernos optaron por mantener las mismas condiciones y estirar más allá de lo recomendable los factores que hacían más ricos a los ricos y más pobres a la mayoría de la población mundial. Las políticas económicas lesivas del neoliberalismo giraron en torno a la privatización de sectores tales como educativo y salud, renunciado el Estado a su responsabilidad de favorecer la redistribución del ingreso y avanzar hacia el desarrollo. Las privatizaciones fueron acompañadas por la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales que contribuyó a la desprotección laboral, a la precarización de los empleos y al incremento del trabajo informal.
Este fue el caldo de cultivo de los masivos flujos migratorios que caracterizaron esta etapa del capitalismo y que resultaron funcionales para los países destino y sus empresarios al aprovecharse de la enorme vulnerabilidad de una migración que les permitió altas ganancias al incrementarse la explotación de esos trabajadores. La mayoría de las inconformidades y reivindicaciones que se encuentran en la base de los movimientos migratorios, tienen que ver con conflictos que los gobiernos no resuelven y las personas se ven forzadas a migrar para sobrevivir y buscar horizontes de vida dignos. Es muy lamentable comprobar que algunos países en el norte global criminalizan a los migrantes y los llaman “invasores indeseados”, manifestaciones claramente xenófobas y racistas. Tampoco la región latinoamericana ha escapado a manifestaciones similares cuando sus fronteras han sido transitadas por flujos migratorios. A pesar de compromisos internacionales adquiridos por la mayoría de los países que los obliga a la solidaridad y la cooperación.

Desde hace tiempo se estudian los migrantes conceptualizados “climáticos”, que son la más clara expresión de la devastación ambiental relacionada con las formas de depredación del sistema capitalista por su producción altamente contaminante.


Los migrantes son seres humanos cuyo futuro se pierde en campos de refugiados, en albergues convertidos en verdaderas prisiones y rechazados por los nacionales de los países a los que llegan. Se les conceptualiza de diferentes formas, migrantes económicos, refugiados en busca de asilo. La realidad es que huyen de conflictos de los que no son culpables, pobreza, hambre, guerras, violencia, sequías, inundaciones, etc. Los gobiernos responsables utilizan el expediente del “derecho a migrar” sin haber hecho efectivo “el derecho a no migrar”, fórmula garante para evitar que las personas se vean forzadas a salir de sus países.
Desde hace tiempo se estudian los migrantes conceptualizados “climáticos”, que son la más clara expresión de la devastación ambiental relacionada con las formas de depredación del sistema capitalista por su producción altamente contaminante. Procesos en los que el agua se está convirtiendo en un bien escaso, no sólo por la enorme explotación de los mantos freáticos sino también por estar pasando a manos privadas. Dramáticamente la gestión del agua se está convirtiendo en detonante de conflictividad social que acerca al mundo a una guerra por el agua.
Los datos de los migrantes internacionales son abrumadores. De acuerdo con Naciones Unidas el número de personas que vive en un país distinto del que nacieron es mayor que nunca: 272 millones en 2019, 51 millones más que en 2010. Comprenden hoy un 3,5% de la población mundial, monto que continúa ascendiendo con respecto al 2,8% de 2000 y al 2,3% de 1980. Por otro lado, al menos 79.5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, y entre ellas hay casi 26 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años.

Migración y género

Por su parte la Organización Internacional para las Migraciones señalaba que de las personas que migran, mujeres y hombres representan porcentajes prácticamente equivalentes. Aunque esto cambia en función de las situaciones de crisis y de las regiones, prácticamente la mitad de los refugiados, desplazados internos o apátridas, son mujeres y niñas cuyos riesgos, vulnerabilidades y necesidades varían en función del género y la pertenencia a distintos grupos humanos. Ha sido documentado que en las migraciones forzadas las mujeres son las más vulnerables al sufrir los mayores acosos y agresiones de todo tipo, por supuesto también sexual. Es urgente poner en práctica lo que diferentes organismos internacionales proponen en relación con proyectos que tomen en cuenta las necesidades concretas de género, que promuevan la igualdad de derechos en relación con el empleo y la movilidad y evitar prácticas discriminatorias en relación con el acceso a los servicios sociales.
Y si bien como señala Alicia Bárcena las mujeres han alcanzado enormes logros a partir de sus luchas por los derechos, la realidad muestra que la desigualdad de género continúa siendo un rasgo estructural también de la región latinoamericana. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo de forma desproporcionada la pobreza, la discriminación y suelen desempeñar empleo inseguro y mal pagado. En pocas ocasiones alcanzan puestos directivos a pesar de tener las calificaciones necesarias para acceder a ellos, y la brecha salarial sigue acentuándose.

en las migraciones forzadas las mujeres son las más vulnerables al sufrir los mayores acosos y agresiones de todo tipo

Eliminar la migración forzada: alternativas

La superación de la grave crisis que el mundo enfrenta no pasa por el cierre de fronteras, ni por el proteccionismo que, como pasó en los primeros años de la crisis 1929 fueron estrategias que profundizaron la depresión. Pasa por la colaboración y la solidaridad entre los países y por la construcción de un modelo que ponga la equidad en el centro de una nueva agenda de desarrollo cuyas políticas públicas estén dirigidas al bienestar de la población. De forma tal que los trabajadores estén en posibilidad de enfrentar y superar las restricciones del propio sistema capitalista y abatir así la migración por necesidad.
La historia ha mostrado las enormes dificultades para que las naciones logren acuerdos que les permita convivir en forma civilizada y en paz. ¿Cómo acceder a una gobernanza que logre minimizar los conflictos y maximizar la cooperación entre los Estados? Una propuesta para la región latinoamericana puede ser la integración regional en la que se promueva un nuevo modelo de desarrollo con igualdad, con perspectiva de género, que enfatice la cooperación, el desarrollo de las capacidades productivas, el intercambio educativo, de investigación, cultural y un comercio justo; sobre todo que pueda convertirse en un espacio de libertad de movimiento para los habitantes de esos territorios comunes, como sucede en la Unión Europea y el Mercosur.
México, importante expulsor de fuerza de trabajo, de tránsito y destino debe participar activamente en la consolidación de esa posible zona de cooperación para el desarrollo regional que haga efectivo el fenómeno migratorio como opción y no por necesidad.

*México, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.