En Uruguay Se Recurre A La Democracia Directa Para Frenar La Ofensiva Del Capital

Antonio Elías *

REFUNDACIÓN COMUNISTA DE URUGUAY: La larga depresión y el futuro del  capitalismo

Dos hechos fundamentales marcaron la agenda política, económica y social del Uruguay a partir de marzo de 2020. El primer día del mes asume la presidencia de la República Luis Lacalle Pou, con el respaldo de una coalición de fuerzas políticas encabezadas por el Partido Nacional; trece días después se declara la emergencia sanitaria, llega el Covid-19.
El nuevo gobierno se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.
El programa y las políticas que impulsan tienen antecedentes claros en los gobiernos
postdictadura del Partido Colorado (1985-1990 y 1995-2005) y del Partido Nacional (1990-1995), presidido por Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente.
El proyecto neoliberal actualizado tiene características muy específicas en la búsqueda de desmontar los muy importantes avances en los derechos e ingresos de los trabajadores y pasivos en los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020). Cabe señalar, como corresponde, que continúan y profundizan las políticas favorables a las inversiones directas del capital transnacional y del gran capital nacional que impulso el Frente Amplio (FA).

el gobierno actual, intenta eliminar las conquistas que se lograron a favor de los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia


En resumen, el gobierno actual, intenta eliminar las conquistas que se lograron a favor de los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia en el marco de la política de conciliación de clases de los gobiernos del FA, manteniendo y profundizando los que se hicieron a favor del capital.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) Nro. 19.889, aprobada el nueve de julio de 2020, atenta directamente contra los intereses de los trabajadores y responden a los reclamos de las cámaras empresariales, para favorecer al capital a través de la limitación al derecho de huelga, la prohibición de las ocupaciones y piquetes, la reducción del aparato del Estado y su papel regulatorio, la eliminación de monopolios estatales y la pérdida de derechos en la seguridad social.
El Presupuesto 2020-2024, aprobado a fines del año pasado y el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2020, son la expresión económica y financiera de los lineamientos políticos fijados por el gobierno en la LUC.
La obtención de las firmas necesarias para convocar a un referéndum contra la principal ley del gobierno es la primera gran victoria del movimiento popular. El movimiento sindical y social, que vanguardizó el proceso, al que se sumó el Frente Amplio lograron, en conjunto, cumplir con creces los requisitos que exige la Ley 17.244 para que se convoque un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC1 .

La obtención de las firmas necesarias para convocar a un referéndum contra la principal ley del gobierno es la primera gran victoria del movimiento popular.

El ajuste fiscal se aplica con rigor en medio de la pandemia

El gobierno continúa avanzando en su política de reducción del aparato de estado y en la mercantilización de servicios. Estas políticas son un instrumento para que el Estado se ajuste a las lógicas del capital, para lo cual impulsa: un mayor recorte presupuestal; una rebaja salarial del funcionariado público; una precarización del trabajo; la caída en cantidad y calidad del servicio estatal. Todo ello realizado de manera sistemática para poder avanzar en la mercantilización, entre otros, de la salud y la educación y crear las condiciones para la privatización de las empresas públicas. A título de ejemplo, la falta de recursos y la precarización del personal en enseñanza llevaron a que la educación pública pierda a un tercio del estudiantado.
El Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, se caracteriza por reflejar los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del gobierno: rebaja salarial y reducción del número de trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado.
Con respecto a la rebaja salarial cabe señalar que el poder adquisitivo de los trabajadores del Sector Público cayó 10,2% entre enero de 2020 y junio de 2021. En efecto, el IPC de ese período aumento 14,61%, mientras que el ajuste salarial de enero de 2020 fue solamente de 4,41%.
Dicha pérdida de poder adquisitivo seguirá aumentando mes a mes hasta que se produzca el ajuste de enero de 2022, el cual según estipula el Art. 4 de la Ley de Presupuesto 19.924, será de 5,8% por inflación futura. La inflación de 2021 será superior a ese valor. En la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central del Uruguay la mediana es 7,1%, lo que implica que aumentará la pérdida salarial.
Hay un desmantelamiento del ámbito público, en el medio de una pandemia que en los últimos meses tuvo a Uruguay entre los diez países con mayor número de casos por cien mil habitantes. En ese contexto el gobierno considera un éxito haber reducido el déficit fiscal bajando el gasto público en salarios, gasto corriente e inversiones. Esa política de “ahorro fiscal” a cuenta de las necesidades de la población llevó a que la pobreza creciera de 8,8% en 2019 a 11,6% en 2020.
Los espacios de negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente dado que éste incumple totalmente con la Ley 18.508, de Negociación Colectiva de las Relaciones Laborales en el Sector Público, del 26 de junio de 2009, la cual obliga a que el gobierno debe informar y negociar con los sindicatos todos aquellos aspectos que afecten los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los niveles de ingreso. El gobierno desconoce a los sindicatos y no tiene voluntad política de discutir los lineamientos económicos y la planificación de los recursos que se destinan a todos los uruguayos.
La política de ajuste fiscal del gobierno recae fundamentalmente contra los trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado, los que pierden poder adquisitivo, trabajan mucho más –para cubrir la reducción sustancial de personal– y en peores condiciones operativas por la falta de insumos y de inversiones. A su vez, como consecuencia, cae la capacidad de atender en forma oportuna, en cantidad y calidad los requerimientos de servicios de una población que padece la emergencia sanitaria y las graves consecuencias económicas y sociales, agravadas por la falta de medidas económicas paliativas por parte del Gobierno.
La democracia directa nuevamente es el camino para frenar la ofensiva del capital
La unión del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Intersocial Feministas fueron las fuerzas sociales que vanguardizaron el proceso, al que se sumó el Frente Amplio logrando en conjunto presentar casi 797 mil firmas cuando se requerían 672 mil, para obligar a un referéndum que se realizará, probablemente en marzo de 2021.
La movilización de una fuerza militante muy significativa, que consiguió las firmas a pesar de: las limitaciones que generó la pandemia; la imposibilidad de usar la cadena nacional de radio y televisión por una decisión arbitraria del gobierno; el silencio de los grandes medios de comunicación; la negativa sistemática de los referentes políticos de la coalición de gobierno a participar en debates sobre la LUC.
El gobierno y sus partidos coaligados subestimaron la capacidad de resistencia del movimiento popular, no tuvieron en cuenta que el pueblo uruguayo en múltiples oportunidades ha recurrido al uso de los instrumentos de democracia directa para frenar las leyes contrarias a sus intereses que se aprueban por la democracia representativa. A título de ejemplo, en 1989 se cambió la Constitución para asociar las pasividades a la evolución de los salarios y evitar que se siguieran usando como variable de ajuste de las cuentas públicas; en 1992 se evitó la privatización de empresas públicas.
Haber obtenido las firmas para el referéndum representa en sí mismo un punto de inflexión relevante, en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva poniendo en cuestión el modelo regresivo de país que impulsa este gobierno.
Ahora el desafío es lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC, lo que implicará poner un freno, quizás no definitivo, pero contundente a la ofensiva del capital contra el trabajo.
Los artículos que van a referéndum abarcan múltiples áreas. A continuación, se describen sucintamente algunos de ellos.
La ciudadanía pierde derechos y garantías en la seguridad pública que pasa a ser estrictamente punitiva, porque se basa en el aumento de penas, creación de nuevos delitos, ampliación del régimen de legítima defensa, incluyendo la defensa de un bien material (propiedad), la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad policial como delito, lo que da mucha mayor discrecionalidad a la policía para reprimir.
La regla fiscal restringe la participación del Estado como motor de la economía nacional y limita las posibilidades de adoptar medidas anticíclicas. Fija una meta indicativa de Resultado Fiscal Estructural para el período de gobierno que tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. Es decir, limita el gasto público a través de dos canales: uno, fijando una meta fiscal, el nivel de déficit; otro, fijando topes al crecimiento del gasto público. Esto implica que el gasto no se determina en función de las necesidades económicas y sociales del país, sino por lo que indique la regla fiscal a implementarse.
Lo anterior, sin duda, será utilizado para profundizar las políticas de reducción del aparato de Estado y de su incidencia económica en áreas claves, tales como Educación, Salud, Vivienda, Seguridad Social, etc. Cabe decir que, en el contexto de la pandemia, esto parece ser absolutamente inconveniente.
El derecho de huelga se ve gravemente afectado por un artículo que define la “Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, lo cual no es nada más ni nada menos que garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Se trata así de impedir cualquier posibilidad de ocupación del lugar de trabajo, prohibiendo de esta manera una clásica y reconocida modalidad del ejercicio del derecho de huelga.
“La huelga, junto a la Negociación Colectiva y al sindicato, conforman la figura triangular del Derecho Colectivo del Trabajo. Estructura en la que, el debilitamiento de uno de sus componentes repercute ineludiblemente en los otros (sin huelga efectiva no hay una auténtica negociación colectiva. Sin sindicato, difícilmente pueda articularse la huelga). La estrategia de los representantes del capital ha sido siempre apuntar contra uno de estos elementos, con la finalidad de quebrar el sistema todo”. (Parrilla, Daniel, Revista Debates y Propuestas, Nro. 3, junio de 2020)
En la misma dirección de restringir y reprimir la resistencia del movimiento popular se declaran ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público. Para lo cual el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. Para lo cual se lo autoriza a requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, lo cual implica que puede recurrir incluso a las fuerzas armadas. A su vez, en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. Esta norma, en combinación con otros artículos de la propia LUC, limita los derechos de huelga, expresión y protesta.

A modo de conclusión

El nuevo gobierno asumió e inmediatamente declaró la emergencia sanitaria. La epidemia fue relativamente controlada durante el primer año de gobierno, pero a partir de abril creció en forma exponencial e incontroladamente -con transmisiones comunitarias a máximo nivel y limitación en la capacidad de respuesta asistencial-, lo que llegó a ubicar a Uruguay entre los tres primeros lugares del mundo en casos por millón de habitantes y que en mayo y junio de este año estuvo en el primer lugar mundial. El número de fallecidos en junio, fue mayor a la cantidad de muertes que se produjeron en el primer año de la emergencia sanitaria. A partir de julio la vacunación masiva, que se inició tardíamente, redujo radicalmente el número de casos y defunciones.
A pesar del agravamiento de la epidemia el gobierno mantuvo su política de priorizar la “libertad responsable” y no tomó medidas de confinamiento parcial o total, simultáneamente tampoco tomo medidas económicas paliativas ante el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país, fundamentando que las medidas de restricción fiscal eran imprescindibles para mantener el grado inversor.
La obtención de las firmas para el referéndum provoca una discusión al interior de la coalición de gobierno en la que uno de los polos sostiene que hay que evitar tomar medidas que generen rechazo en la población para evitar que los descontentos sumen votos para derogar la LUC, en tanto, el otro polo propone seguir, incluso acelerar, la agenda del gobierno.
En el primer punto de la agenda de cambios institucionales que impulsa el gobierno está la reforma del sistema de seguridad social que, si bien no está definida en detalle, se conoce que aumentará la edad de retiro, reducirá las prestaciones que recibirán los pasivos y aumentará la transferencia de recursos hacia el sistema de Administradoras de fondos de ahorro previsional.
Si bien aún no hay elementos para saber si el gobierno “apretará el acelerador o pisará el freno”, está claro que eso incidirá en sectores de la ciudadanía que no tienen posición tomada respecto al referéndum de la LUC, ya que en buena medida al votar a favor o en contra de la derogación estarán votando a favor o en contra de un modelo de país.
Si el gobierno gana el referéndum, se consolidarán las políticas favorables al capital, tales como la reducción del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, la privatización de empresas, la flexibilización y precarización del trabajo, la reforma regresiva de la seguridad social. Todo lo cual tendrá como consecuencia el aumento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. En otras palabras, la coalición llevará adelante su agenda y profundizará su programa de gobierno.
Si en el referéndum se derogan los artículos de la LUC, el gobierno tendrá limitaciones importantes para llevar adelante su agenda, a pesar de tener mayorías parlamentarias. Se crean las condiciones para que la izquierda social y política luchen por la hegemonía ideológica en una disputa, que debería estar claramente definida, entre los intereses del trabajo y los intereses del capital.

1. Las firmas del veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar y dentro plazo del año de la promulgación de la Ley.

* Uruguay, GT Crisis y Economía Mundial, docente de la Universidad de la República (1985-2017), Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, integrante de la REDIU y Secretario de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).

El Fin Del Ciclo Electoral 2019-2020 Y De Quince Años De Gobiernos Progresistas

Antonio Elías*

Foto: Lavoz

En la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de octubre, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación del 28,6% y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado que la legislación electoral exige para ser electo en la primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos en blanco y nulos), se convocó al balotaje.
Esa misma noche Lacalle recibió el apoyo a su candidatura por parte de los partidos Colorado (12,3%), Cabildo Abierto (11%), Independiente y de la Gente, ambos 1 por ciento.
En conjunto, la coalición de derecha obtuvo el 53% de los votos emitidos, alcanzando 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 99 diputados) y 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y el vicepresidente de la República).
El 24 de noviembre Lacalle Pou ganó la presidencia con 48,71%. Daniel Martínez, alcanzo el 47,51%, lo que implicó un cambio sustancial respecto a las elecciones de octubre. Hay muchas hipótesis explicativas del crecimiento electoral del FA entre octubre y noviembre, a nuestro entender la principal razón fue que un número significativo de frenteamplistas que no habían militado ni votado al FA en las elecciones de octubre decidió militar activamente para evitar el triunfo de una coalición de derecha que incluía sectores militares de ultraderecha.
Esa reacción se produjo cuando Guido Manini Ríos (Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del 2 de febrero hasta el 12 de marzo de 2015, cuando fue destituido por el Presidente de la República después de insubordinarse y ocultar información que incriminaba a uno de los principales asesinos de los torturadores de la dictadura cívico-militar, 1973-1984), senador electo y líder de Cabildo Abierto, el partido de la corporación militar dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio como un enemigo de las fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran (https://www,youtube.com). A lo que se sumó un comunicado del Centro Militar, típico de la guerra fría, en un estilo Bolsonaro que llama a extirpar el marxismo y “avisando” que las fuerzas armadas estaban prontos para actuar (Periodismo y Comunicación, 22 de Noviembre de 2019, Centro Militar difunde editorial de revista Nación, https://www.martes.com.uy).

Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis.


Lacalle Pou asume el gobierno el primero de marzo y el trece del mismo mes se declara la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, agrava una recesión económica que la precede, y genera un crecimiento de la pobreza y la indigencia que, no ha tenido una respuesta adecuada al tamaño de las necesidades de los sectores más carenciados, los trabajadores y los pequeños empresarios.
La coalición integrada por cinco partidos, de muy diverso peso político, pero donde predomina claramente el Partido Nacional, está implementando desde el primero de marzo una política de ajuste fiscal y reforma regresiva del Estado.
Cabe destacar, desde un inicio, que las medidas de contención de la epidemia y los muy buenos resultados obtenidos han generado que más de un 60% de la población respalde lo actuado por el gobierno, a pesar de ser notoria la insuficiencia de sus políticas de contención y de la implementación del ajuste.
En lo esencial, el gobierno, ha preferido preservar los ingresos y beneficios impositivos del gran capital nacional y extranjero, bajo el supuesto de que van a invertir en el país y ser el motor de la economía y ha desatendido las necesidades sociales crecientes con el objetivo de preservar el grado inversor. Según datos difundidos por la CEPAL en julio, Uruguay invirtió un 0,7 % de su producto interno bruto (PIB) para enfrentar la crisis económica, cifra que asciende aproximadamente a 400 millones de dólares.
Los lineamientos salariales (https://www.gub.uy/ministerio-trabahi-seguridad-social) son parte del programa de ajuste del gobierno, que busca generar mayores niveles de ganancia para el capital a costa del ingreso de los trabajadores privados y públicos.
En ese marco se realizan las elecciones departamentales, cuyo resultado consolida el avance de la derecha que ganó 16 departamentos del interior del país, recuperando tres que había ganado el Frente Amplio en las elecciones anteriores. En efecto, mantuvo el gobierno de: Montevideo, que gobierna desde 1990; Canelones, donde se mantiene desde 2005; Salto, que gobernó desde 2005, salvo el período 2010-2015.
En el caso del Frente Amplio la novedad es que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, es electa en el marco de una alianza entre los partidos Comunista, Socialista y Por la Victoria del Pueblo, organizaciones claramente de izquierda y con importante base en el movimiento sindical. Siendo ella, actualmente, una militante independiente.
En el gobierno de Canelones, es reelegido Yamandú Orsi, dirigente del Movimiento de Participación Popular, organización liderada por José Mujica, que es la fuerza mayoritaria del Frente Amplio con una amplia representación parlamentaria.

La responsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio

Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido en este ciclo electoral que comenzó con las elecciones internas de los partidos en junio de 2019 y continuo con las elecciones nacionales de octubre y el balotaje de noviembre, para concluir con las elecciones departamentales que debieron ser en mayo, pero que se realizaron en setiembre.
Errores en la estrategia electoral, malos candidatos, características de la campaña, etc.; los medios de comunicación masivos se impusieron en la población con una campaña favorable para la derecha; se perdió el peso de los grupos del FA que competían por el centro político con los partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y los desheredados del sistema que – en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan la protección de los “poderosos” sin importar el partido- fueron los más afectados por el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos.
Todas las razones señaladas tienen una parte de la explicación, a nuestro entender el factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al centro dejando de lado su programa. Recordemos qué en el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio alcanza el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias.
En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.
El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar.  Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».
Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se profundiza el capitalismo dependiente.
En el tercer gobierno trató de administrar la caída de precios internacionales, el estancamiento productivo, el aumento del déficit fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el salario directo e indirecto de los trabajadores sin afectar al capital.
En efecto, la modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio de las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país. Las políticas de conciliación de clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender los intereses del capital y del trabajo. Hasta el 2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.
La inseguridad, el crecimiento de los delitos sobre las personas y la propiedad, se transformó en un problema muy importante, que más allá de que la población uruguaya esté en mejores condiciones de seguridad que otros países del continente, lo que compara la gente es su situación actual respecto a su situación anterior y, objetivamente, empeoró.
No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el contrario, se lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones, Zonas Francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco se hicieron políticas de preservación del ambiente, las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes que aumentan las ganancias del agro negocio.

Comienza una nueva etapa, luego de la frustración de la triple derrota electoral y el fin de tres períodos consecutivos de gobierno, el FA vuelve a su carácter de fuerza política metropolitana


Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente. Esa falencia es una responsabilidad compartida, por un lado, el FA cortó las poleas de trasmisión que lo ligaron con sus bases y pasó a ser un ámbito cupular donde lo principal se debatió entre sus líderes; por otro lado, debe añadirse que sectores, no menores, del movimiento sindical, popular y de la propia universidad pública “moderaron” sus posiciones para no desgastar al gobierno progresista.
Termina una etapa que comenzó en 1996, con la renuncia del General Líber Seregni, en la cual el Frente Amplio fue orientado desde 1996 por tres líderes: Tabaré Vázquez, primer intendente de Montevideo en 1990 y dos veces presidente 2005-2010 y 2015-2020; José Mujica, presidente de 2010 a 2015; Danilo Astori, vicepresidente 2010-2015 a cargo del área económica de la cual fue ministro en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez.
Comienza una nueva etapa, luego de la frustración de la triple derrota electoral y el fin de tres períodos consecutivos de gobierno, el FA vuelve a su carácter de fuerza política metropolitana, sin liderazgos definidos, es un partido tradicional más, integrado al sistema, con una base social y popular muy importante, cuyo futuro está por escribirse.
De la capacidad del Frente Amplio para elaborar una estrategia que le permita enfrentar la ofensiva continental del capital contra el trabajo, que tenga el respaldo de las grandes mayorías populares, dependerá el futuro de esta organización que se fundó en 1971 para revolucionar el país, al servicio de los oprimidos y contra la oligarquía y el imperialismo.

*Uruguay, GT Crisis y Economía Mundial, Director del Instituto de Estudios Sindicales (INESUR), integrante de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU) y Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).