MÉXICO: MUJERES ENTRE LA VIOLENCIA,

LA CRISIS Y LA PANDEMIA

Josefina Morales*

En nuestro país, como en casi todos, las mujeres somos la mayoría de la población, 55 millones, y la mayor parte de adultos mayores donde se registran 123.2 mujeres por cada 100 hombres en el grupo de 75 años y más, en un proceso general de envejecimiento de la población. Las mujeres se concentran en las entidades más pobladas: el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.

La formación pluricultural y pluriétnica se muestra también en el ámbito femenino: el 6.2% de las mujeres son hablantes de lenguas indígenas y 1.3 millones de mujeres, 2% del total, se auto adscriben como afromexicanas, con mayor número en Veracruz y Guerrero.

En el último trimestre del 2021, las mujeres ocupadas, 23.3 millones, disminuyeron significativamente su participación en el mercado de trabajo y representaron 40% de las 56.6 millones de personas ocupadas. De los 38.4 millones de trabajadores subordinados y remunerados las mujeres eran 15 millones; de los 2.4 millones no remunerados, más de la mitad (1.4) eran mujeres. En los micronegocios había 9.5 millones de mujeres, de un total de 23.2 millones de personas.

La percepción por ingreso exhibe la desigualdad de género. El 6.5% de las mujeres trabajadoras no recibe ingresos mientras el 5.2% de los trabajadores se encuentran en esta situación; el 30.8% de las mujeres trabajadoras obtiene hasta un salario mínimo, cuando el 19.8% de los hombres recibe este ingreso; y el 6.4% de las trabajadoras recibe más de tres salarios mínimos cuando el 10% de los trabajadores cobra este ingreso.

Las mujeres son fundamentales, indispensables, en el vivir cotidiano, en la cocina, el cuidado y el trabajo. La participación femenina en la cocina mexicana, una de las más importantes del mundo, constituye una tradición cultural. La contribución de las mujeres en la creación de nuestras artesanías de textiles, del barro y la cerámica es notable. Del padrón de artesanos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FORNART) el 60% son adultos mayores, 70% de los cuales son mujeres. También la participación de las mujeres en la salud pública como parteras, chamanas o curanderas es ancestral.

Las mujeres, como se sabe y como se vive, llevamos en la pandemia la mayor carga de trabajo, precarización extrema en las condiciones de trabajo, menores salarios, mayor desempleo e informalidad, junto a la sobrecarga en los diversos trabajos de cuidado en el hogar que multiplicaron las diversas jornadas ya registradas.

La lucha de las mujeres contra la exclusión, la explotación, la dominación y la violencia y por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, por el derecho al aborto, es más que centenaria y en el último medio siglo se ha convertido en uno de los movimientos sociales más importantes en cada país y en el mundo. Baste recordar las manifestaciones tumultuarias de mujeres en el año 2020.

En tiempos de pandemia las mujeres en el hogar enfrentamos, además de las “tareas propias de su sexo del hacer comida, recoger y lavar trastes, del lavar y planchar la ropa”, el teletrabajo para miles de nosotras, empezando por las que trabajan en el sector educativo, a lo que se suma la tarea de ayudar a los hijos en el estudio a distancia, por internet si hay en casa o por televisión, o por las dos; y el cuidado de los enfermos, en particular de adultos mayores -madres, padres y familiares. Como ya señalamos el año pasado al recoger un trabajo del Grupo de Trabajo Feminismo, resistencia y emancipación, las mujeres han sufrido los impactos más negativos de la pandemia al tiempo que su participación para enfrentarla ha sido extraordinaria e indispensable; se hizo evidente que el trabajo de cuidado es un trabajo por la vida. El trabajo de cuidado realizado por mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos y de otros países latinoamericanos en Europa, particularmente España, ha mostrado ser indispensable, vital, en tiempos de pandemia.

Y en tiempos de pandemia no desapareció el acoso, la agresión, la violencia contra las mujeres, que, en muchos casos se redobló en casa. Todo ello exhibe el patriarcado y la explotación sin fin de las mujeres con múltiples aristas cotidianas.

En nuestro país, la investigación sobre el feminismo y la lucha feminista tienen un largo camino desde los años setenta entre las que destacan los trabajos de Marcela Lagarde y Martha Lamas.

México: ni una más

En México, a las diversas formas de dominación y explotación de las mujeres descrita en los párrafos anteriores, se sobrepone la más violenta forma de dominación, el asesinato, el feminicidio. Fenómeno que empezó a hacerse visible desde 1993 cuando en Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, la búsqueda de jóvenes desaparecidas se encontró con los cadáveres del campo algodonero y fue creciente el asesinato de mujeres, de jóvenes trabajadoras en la maquila; y sobre el que se han escrito libros de obligatoria lectura. La búsqueda de miles de madres de sus hijas desaparecidas, “las buscadoras”, ha mostrado trágicamente el cementerio en que se ha convertido el territorio nacional.

De la información oficial publicada en 2020 en Violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), de ONUMUJERES y de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia (CONAVIM), recogemos algunos datos que pueden ilustrar el horror al que se enfrentan las mujeres en este país.

Entre 1990 y 2019 se registraron 56 517 feminicidios, 10.5 mujeres asesinadas cada día. Estadística en donde estúpidamente se clasifica si es feminicidio o un asesinato. En 2020, en plena pandemia, se registraron 3 723 feminicidios y 3 462 el año pasado.

Los feminicidios se realizan con una gran brutalidad y crueldad (mujeres estranguladas, ahorcadas, quemadas) y poco más de la mitad son ejecutados sobre mujeres entre 15 y 34 años, entre los cuáles también se registran infanticidios, asesinatos de niñas. Más de la mitad de los feminicidios se presentan en la vía pública, en la calle.

A esta violencia sin nombre se agrega la impunidad: entre 2015 y 2018 se registraron 5 389 mujeres víctimas de homicidio; 1 961 personas fueron procesadas por el delito de feminicidio y apenas 448 fueron sentenciadas por este delito, ¡menos del 10 por ciento!

El feminicidio no es el único delito que enfrentamos las mujeres, la violación es otro no menos grave, y el múltiple acoso. Entre 2012 y 2018 se denunció ante las autoridades, un promedio anual de alrededor de 15 000 delitos de violación; al menos 32 mujeres y niñas, en promedio, acudieron diariamente a denunciar este delito ante el Ministerio Público. Y el acoso se pone sobre la mesa en los niveles medios y superior del sector educativo.

El movimiento feminista en México adquirió dimensión internacional con la multitudinaria manifestación del 8 de marzo de 2020. Y hay múltiples expresiones artísticas en las plazas públicas, en el teatro, en la poesía, en la canción. Vivir Quintana con Canción sin miedo expresa la fuerza, el dolor, la rabia de esta lucha sin fin: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, / que tiemblen los jueces y los judiciales / hoy a las mujeres nos quitan la calma / nos sembraron miedo / nos crecieron alas / A cada minuto de cada semana / nos roban amigas nos matan hermanas / destrozan sus cuerpos / nos desaparecen / ¡No olvide sus nombres / por favor, señor presidente!  


* México, GT Crisis y Economía Mundial, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, presidenta de SEPLA.

MÉXICO: Y LA LUZ SE HIZO Y A LA LUZ SALIERON LOS ENCHUFES PRIVATIZADORES

Josefina Morales*

La política económica de la cuarta transformación en México tiene tres ejes estratégicos paralelos a la lucha contra la corrupción y el despilfarro faraónico de las administraciones anteriores: la lucha contra la desigualdad en la distribución y apropiación de la riqueza; la recuperación estratégica de la soberanía energética con el rescate de las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Compañía Federal de Electricidad (CFE); y un desarrollo regional que atiende al sureste, la región socialmente olvidada del país, a pesar de que ha proporcionado parte sustancial del petróleo y de la energía eléctrica.

La lucha popular por el rescate de nuestros recursos energéticos cruza el siglo XX con la expropiación petrolera y la creación de la CFE en 1937, decretadas por el General Lázaro Cárdenas y la nacionalización de la energía eléctrica, en 1960, con el presidente Adolfo López Mateos que estableció en el artículo 27 constitucional que Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Y advirtió que podrían volver a presentarse los intereses traidores a la patria para entregar nuestros recursos al extranjero.

La contrarreforma en el sector eléctrico se inicia con Salinas de Gortari que en 1992, en la negociación del TLCAN, cuando a finales de los noventa declara que el servicio eléctrico no es un servicio público; continúa con Ernesto Zedillo que crea la figura de productores independientes de energía, de autoabastecimiento y cogeneración, contra el monopolio púbico, y abre paso a la participación del capital extranjero en la generación eléctrica; continúa con los intentos de Felipe Calderón en 2008 de reforma eléctrica que son frenados en el senado y llevó a cabo, en 2009, el cierre fulminante de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que deja sin trabajo a 44 000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se oponía a la privatización; y culmina con la reforma entreguista de Peña Nieto en 2013.

La reforma de Peña Nieto, resume Víctor Rodríguez Padilla, “consistió esencialmente en: a) reducir el alcance del servicio público, b) desintegrar vertical y horizontalmente la cadena de suministro, y c) introducir la competencia en la generación y comercialización, así como conservar para el Estado la operación de las líneas de transmisión y distribución, el despacho eléctrico y la operación del mercado mayorista.” (“Industria eléctrica en México: tensión entre el Estado y el Mercado” en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, México, vol. 47, núm. 185, abril-junio, 2016, p. 35).

Y se crearon los órganos autónomos en el ramo para garantizar el interés privado. El costo de esta irracionalidad privatizadora es enorme, pues adicionalmente se dan tantas canonjías por años y años al capital privado, nacional y extranjero, que comprometieron la estabilidad financiera de la CFE: su objetivo destruirla y prácticamente desaparecerla a corto plazo.

La energía es un recurso estratégico de la nación, sin gasolina no tenemos transporte, transporte de personas, de mercancías, de insumos y productos industriales, de alimentos; sin energía eléctrica no hay producción ni comercialización, no podría realizarse ninguna actividad económica; sin la energía eléctrica los hogares no tendríamos luz, luz para trabajar y estudiar en casa, luz para el refrigerador que guarda la comida, luz para el descanso con lectura, música o televisión.

A nivel internacional existen empresas públicas de electricidad ya que también se ha considerado históricamente, hasta antes del neoliberalismo, un servicio público. En 2016, según la OCDE, el 62% de la generación eléctrica en el mundo era público cuando 32 de las 50 más grandes compañías en el mundo eran públicas.

Las cinco empresas estatales de electricidad más importantes del mundo en 2021 eran: Enel, de Italia, con 71 mil millones de dólares de ventas; EDF de Francia; Tepco de Japón; y Vantenfall en Suecia. La japonesa fue creada en 2011, después de la tragedia nuclear de Fukushima.

La sueca Vattenfall, formada a principios del siglo XX, producía en sus inicios energía hidroeléctrica y a finales del siglo XX generaba con energía nuclear de 7 reactores. En las últimas décadas, con el boom petrolero, se fue por la energía fósil y en 1980 se votó por eliminar la energía nuclear.

Incluso Estados Unidos tiene numerosas empresas públicas regionales y una gran empresa de energía renovable, Autoridad del Valle de Tennessee, fundada en 1933, durante la gran depresión, y tiene 29 presas hidroeléctricas. Quebec, Canadá, fundó una empresa pública en 1944.

Inglaterra tenía el monopolio estatal de la generación eléctrica, Central Electricity Generating Board, antes de las privatizaciones impulsadas por Tacher y compañía.

En Francia, el Estado fundó, después de la segunda guerra mundial, Électricité de France, después de un proceso de nacionalización de diversas empresas, hoy primer productor y distribuidor de electricidad en Europa, que inició el proceso de privatización desde 2005; sus trabajadores se opusieron a la privatización en 2019; tiene centrales nucleares; y actualmente proyectos de entrada de capital privado a “energías limpias”. Hoy el Estado posee el 83.7% y tiene una mayor participación en el mercado nacional, mientras Engie, una trasnacional privada de generación eléctrica y servicios, petrolera, de gas y energías renovables, con 63.6 mil millones de dólares de ventas el año pasado, que es la segunda empresa trasnacional más grande de servicios públicos, tiene el 24% del mercado eléctrico francés.

En Italia, el Estado tiene 23.6% de la empresa Enel que hoy participa con el 11% del mercado eléctrico en ese país, fue pública en sus inicios en 1962 y privatizada en 1999 después de la liberación del mercado eléctrico en ese país.

En España, Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, empresa pública, fue fundada en 1994 y en 1988 se inició su proceso de privatización.

En Brasil, Electrobas, empresa pública, participa con el 29% de la generación eléctrica y posee más de la mitad (57%) de las líneas de trasmisión y el 88% de su generación es de hidroeléctricas; en Argentina EDESUR (Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima), es una empresa privada de distribución y comercialización, fundada en 1992, a quién se le otorgó una concesión por 95 años y ha dado pésimo servicio con frecuentes apagones en la ciudad de Buenos Aires.

La irracionalidad y la avaricia de los grandes capitales en el sector energético se exhibe, una vez más, en España, en donde las mismas empresas a las que se entregó parte de nuestros recursos eléctricos, como Iberdrola, la sexta empresa eléctrica más grande del mundo con 37.8 mil millones de dólares de ventas en 2021, no sólo proporcionan un mal servicio, sino que en semanas de diciembre y de enero, en medio de un crudo invierno multiplicó el costo de la energía.

La financiarización está presente en el sector a nivel internacional. BlackRock, por ejemplo, uno de los gigantes, que se define como compañía de gestión de inversiones globales tiene participación en múltiples empresas de diversas actividades, farmacéuticas, entre otras las productoras de vacunas, también está presente en el sector eléctrico internacional; tiene, por ejemplo, el 3% de Repsol luz y gas.

En México, a partir de la iniciativa presidencial de AMLO para la recuperación de la de la rectoría del Estado sobre este sector estratégico con la generación de más de la mitad de la electricidad por la CFE, se redobló la guerra judicial, amparo tras amparo, y una ofensiva mediática redoblada; en las primeras semanas de 2022 la reacción amenaza con realizar demandas en instancias internacionales y hasta fueron a Washington a llorar como plañideras

Hoy, la recuperación de la rectoría del Estado en el sector eléctrico está en el debate público, parte se recoge en los canales públicos y en algunos programas de radio, y está presente desde luego en las redes; se ha recogido muy escasamente en la televisión privada en las últimas semanas y a lo largo de este foro se ha exhibido la contrarreforma de Peña Nieto con sus terribles saldos negativos.

En la actual propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, se parte del reconocimiento de que la reforma constitucional de 2013 fue una reforma regresiva, despojo, asalto en descampado, desaparición de las empresas energéticas del Estado y beneficios ilimitados al sector privado. El desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral con lo que se debilitaba la seguridad energética y la seguridad nacional. Se demuestra que esta reforma es insostenible.

Frente a ese acto de traición a la patria y nido de corrupción, la iniciativa de reforma constitucional presenta por AMLO propone un nuevo sistema eléctrico integrado en el cual el Estado, con el 54% del mercado, recupere la conducción, la rectoría, del sistema eléctrico nacional, su planeación y control, para afianzar la seguridad eléctrica del país y asegurar costos favorables para los intereses nacionales y populares; también reserva para la nación el litio como mineral estratégico. La mejor propuesta sería, desde luego, la completa nacionalización del sector que enfrentaría mayores demandas internacionales.

Hoy, las fuerzas populares en nuestro país tienen que volver a estar presente en defensa de la soberanía nacional, en el rescate de la electricidad nacional y de la CFE. ¡Todos al zócalo en defensa de nuestra soberanía y por el rescate de la electricidad nacional!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


* México, GT Crisis y Economía Mundial, investigadora del IIEc-UNAM, presidenta de SEPLA. Ponencia en el Foro de Análisis de la Propuesta de Reforma Eléctrica, organizado por la UAM-A.

MÉXICO: LA EXPANSIÓN DE LAS CONCESIONES

MINERAS EN EL SIGLO XXI

Pasta de Conchos: 12 años de impunidad para Grupo México - Pie de Página
Fuente: pie de página

Josefina Morales* e Isidro Téllez**

Según las cuentas nacionales, la minería, incluyendo petróleo, contribuyó en el primer trimestre de este año con 867 mil millones de pesos, a precios de 2013, que representan 4.9% de la economía nacional, solo la minería contribuye con 1.5% y la siderurgia y metalurgia alrededor del 1.6%, por lo que, en total, estos dos sectores representan alrededor del 3% de la economía, equivalentes a la contribución de la agricultura y a más del 10% de la producción industrial.

La minería, históricamente, ha sido una actividad fundamental en la economía nacional. Durante la colonia, la explotación del oro y la plata fue la actividad extractivista exportadora más importante; en el porfiriato la explotación minera, fundamentalmente de metales industriales exportados hacia Estados Unidos, fue también determinante; hasta los años treinta contribuía con el 9% de la economía nacional. Actividad que también ha sido caracterizada como enclave, es decir actividad expoliadora que no tiene encadenamientos productivos con otros sectores nacionales.

La industrialización del país, después de la segunda guerra mundial contó con la participación estratégica del Estado, que impulsó la constitución de la siderúrgica Altos Hornos de México y en los años cincuenta con el complejo industrial de Ciudad Sahagún. La mexicanización de la minería, hacia finales de los años cincuenta, y, porteriormente, la privatización del sector a mediados de los años ochenta, permitieron la consolidación de cinco de las compañías más importantes del país, todas con participación mayoritaria del capital nacional (más del 50%): Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, Industrias Peñoles (Grupo Bal) de Alberto Baillères González, Altos Hornos de México (Grupo Acerero del Norte) de Alonso Ancira y Xavier Autrey, Minera Frisco (Grupo Carso) de Carlos Slim Helú; y Minera Autlán de José Antonio Rivero Larrea.

Si bien desde 1992, cuando se modificó la Ley Minera, la superficie concesionada comenzó a crecer, en especial durante la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando las hectáreas en concesión ascendieron a 992 783, es hasta la primera década del siglo XXI que se registró el aumento inédito de la superficie concesionada. Dicha tendencia fue mucho más pronunciada entre 2007 y 2012, durante el gobierno del panista Felipe Calderón, cuando en promedio se entregaron concesiones mineras por 3 587 hectáreas por año, lo que coincidió con el periodo de altos precios internacionales de los metales preciosos y con el aumento de su valor potencial.

Al amparo de la legislación de corte salinista, durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) el número de concesiones se quintuplicó al registrarse un total de 12 742, mientras que la superficie se multiplicó por ocho al cubrir cerca de ocho millones de hectáreas (4.07% del territorio nacional). Este excepcional incremento de la superficie concesionada se intensificó en las entidades históricamente productoras de minerales (Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guanajuato), al mismo tiempo que se expandió hacia aquellas que carecían de tradición como Chiapas o Morelos.

Cuadro 1. Superficie concesionada vigente a la minería por entidad federativa, 2018

EntidadSuperficie concesionada (Ha)Porcentaje respecto a la  superficie estatalPorcentaje respecto a la superficie nacional concesionada
Sonora5 7303215.8
Coahuila3 8732610.7
Durango3 362279.3
Chihuahua3 156138.7
Zacatecas2 956398.1
Baja California2 666367.3
Jalisco2 664347.3
Sinaloa1 736304.8
Guerrero1 431233.9
Michoacán1 357233.7
Chiapas1 122153.1
San Luis Potosí1 074183.0
Nayarit736262.0
Colima255440.7

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía.

El proceso de privatización del subsuelo mexicano adquirió un nuevo e inédito impulso durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012). La superficie concesionada se disparó a más de 21 millones de hectáreas (11% de la superficie continental de México), principalmente durante el año 2008 en que estalló la crisis económica mundial. Sonora, Chihuahua de la frontera norte del país; Durango y Zacatecas del centro norte y Jalisco en el centro occidente, figuraron de nuevo entre los estados que concentraron el mayor número de hectáreas concesionadas. Sin embargo, la expansión territorial de la minería se acentuó también hacia entidades que carecían de tradición minera, lo que incluyó zonas urbanas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas e incluso porciones del lecho marino en las costas de Chiapas y Baja California Sur.

Durante la administración del presidente Enrique Peña (2013-2018) se otorgaron 4.1 millones de hectáreas en nuevas concesiones, esta superficie fue casi tres veces mayor que la entregada por sus tres antecesores priistas, que en conjunto concesionaron 1 481 694 hectáreas en 18 años. De manera que actualmente hay entidades como Zacatecas e incluso Colima que figuran con casi la mitad de su territorio concesionado para la minería (Cuadro 1).

Y, como en la colonia, esta expansión territorial de la actividad minera estuvo motivada por la fiebre de los metales preciosos. La extracción de oro fue el caso más emblemático, al representar 27.7% del valor de la producción minero-metalúrgica en 2019, cuando en la década de 1980 apenas registraba 3.8% del total nacional.

Dicha “aurificación” de la minería mexicana también se expresó en un cambio notable en términos del volumen producido. De registrar en enero de 1980 un total de 530 kilogramos (kg), la producción de oro al primer mes de 2001 fue de 1 881 kg, mientras que en el tercer mes de 2021 alcanzó los 7 118 kg. De manera que entre 2006 y 2018, se estima que se extrajeron 1 059 toneladas de oro, equivalente a casi seis veces lo extraído en 300 años del periodo colonial. Esta tendencia fue replicada por la producción de plata al registrar un volumen total de 48 626 toneladas en el mismo periodo.

Hasta marzo de 2018, según la Secretaría de Economía, se estima que la superficie concesionada en México para la actividad minera fue de 21 millones hectáreas (35.8 millones de hectáreas si se agregan los títulos cancelados), lo que equivale a 11.2% del territorio nacional. La mitad de esta enorme superficie corresponde a tierras de propiedad ejidal y comunal.

Detrás de esta inédita expansión territorial de la minería se encuentran 14 compañías, que en conjunto controlan 28% de la superficie otorgada en concesión en el país mediante 5 155 títulos mineros (15.5% del total nacional), pagando un gravamen baladí de entre 0.2 y 6 dólares por hectárea. En un hecho que recuerda a los latifundios agrarios del Porfiriato, Altos Hornos de México e Industrias Peñoles resaltan como las mayores compañías concesionarias. En conjunto concentraron prácticamente dos de cada diez hectáreas otorgadas en concesión (Cuadro 2).

Las 3.5 millones de hectáreas concesionadas que posee Altos Hornos de México, se distribuyen principalmente en la región carbonífera entre los estados de Coahuila y Nuevo León y, en menor medida, en Durango, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Hidalgo y Michoacán. Industrias Peñoles, por su parte, controla 3.3 millones de hectáreas concesionadas (incluidas las otorgadas a su filial Fresnillo Plc), distribuidas en 22 entidades federativas, concentrándose en Zacatecas, Sonora, Durango y Chihuahua, lo que coincide geográficamente con las provincias metalogenéticas Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y Mesa Central.

Las nueve compañías extranjeras controlan en conjunto 1.3 millones de hectáreas, área similar al territorio del estado de Querétaro, lo cual representa 3.6% de la superficie concesionada nacional. Newmont Goldcorp y Argonaut Gold son las compañías que poseen la mayor superficie con 317 590 y 313 037 hectáreas, respectivamente.

Cuadro 2. Principales compañías con concesiones mineras en México, 2018

Grupo mineroSuperficie (miles de ha)Participación respecto de la superficie concesionada nacional (%)Número de títulosParticipación respecto del total nacional (%)
Altos Hornos de México3 57610.03941.2
Grupo Peñoles3 3069.22,2806.8
Minera Frisco1 0603.08332.5
Grupo México6931.98342.5
Autlán190.1600.2
Newmont Goldcorp3170.92960.9
Agnico Eagle1910.5440.1
Pan American Silver1610.41220.4
First Majestic570.2300.1
Argonaut Gold3130.91220.4
Coeur Mining640.2300.1
Alamos Gold1080.3610.2
Great Panther460.1270.1
Fortuna Silver Mines520.1220.1
Subtotal9 96227.85,15515.5
Total35 891100.033 303100.0

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en Secretaría de Economía.

La lucha de los trabajadores mineros a lo largo de este siglo ha sido, como se sabe en el país, una de las más combativas; ha realizado el mayor número de huelgas y ha obtenido los mayores incrementos salariales. El reparto de utilidades ha sido uno de los rubros más conflictivos, pues el sector empresarial ha rechazado una y otra vez este derecho; sin embargo, la lucha minera ha logrado mantener sus derechos.


* México, GT Crisis y Economía Mundial, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM y presidenta de SEPLA.

** México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Economista y Doctor en Geografía, UNAM.

FINANCIAMIENTO DE EE.UU. A MÉXICO EN TIEMPO DE LA 4T

Aníbal García Fernández*

El imperialismo estadounidense y su mito sobre la defensa de los derechos  humanos | Borroka Garaia da!
Fuente: Borroka Garaia

De acuerdo con la caracterización de Loreta Tellería sobre seguridad publicada en NA XXI, núm. 55, las amenazas son identificadas no sólo contra Estados, sino contra el ser humano. Tellería menciona que, además de guerras de carácter convencional, nos encontramos ante el surgimiento de guerras híbridas que avanzan hacia la militarización de la seguridad.

En el caso de México, la militarización de la agenda de seguridad fue mucho más evidente desde la aplicación de la Iniciativa Mérida (IM) en 2007, que en sus cuatro grandes pilares, promovió el “Estado de derecho” y la “Frontera del siglo XXI” para ampliar la presencia estadounidense hasta Guatemala y militarizar al país. Esta agenda se complementa con las reformas sociales, económicas y políticas. En ese sentido, la IM cumple con los objetivos de los manuales de contrainsurgencia (FM 3-24 MCWP 3-33.5, 2204, “Insurgencies and countering insurgencies”) en los que se destaca que el elemento de la seguridad es esencial para la construcción del Estado de derecho, pues “para tener éxito en contrarrestar una insurgencia, el gobierno de la nación anfitriona debe desarrollar sus sistemas legales y de resolución de conflictos, incluidas las fuerzas policiales, los sistemas judiciales y las instalaciones penales” (Department of Army, idem.).

Tras la militarización de la IM, es evidente que el Estado de derecho impulsado por las reformas estructurales y la conformación de un Estado de contrainsurgencia forman parte de la agenda de seguridad. Estos aspectos, no serían posibles sin la asistencia militar y para el desarrollo brindada por EE.UU., por ello, como mencionó Fernando Carmona, retomando a J. Silva Herzog, “en toda la historia de México como nación, se observa un fantasma, el fantasma de EE.UU.”.

Asistencia militar

Según el portal de USAID Explorer (consultado en mayo, 2021), México es el tercer país que recibe asistencia militar y económica en Nuestra América, sólo por detrás de Colombia y Haití. La asistencia militar a México está conformada por el Departamento de Defensa, de la Armada, de Justicia (bajo programas antinarcóticos y de asistencia judicial), Departamento de Estado, el Departamento del Suelo Patrio, de la Fuerza Aérea, el Ejército y la USAID. Estas instituciones han otorgado financiamiento por 241 millones de dólares entre 2018-2020. El 98% del financiamiento lo tiene el Departamento de Defensa y se encuentra concentrado en la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (238 millones) y en la Oficina Antinarcóticos (7.8 millones).

Dentro de la Agencia de Cooperación, hay 17 subprogramas entre los que destacan dos. El primero tiene por objetivo apoyar programas de entrenamiento y equipo para las fuerzas armadas del país receptor. “Los equipos del país trabajan a través de los Comandos de combate geográficos del Departamento de Defensa (COCOM)”. Este curso comenzó en 2018 y tuvo financiamiento por 55.3 millones de dólares. El otro subprograma es un crédito otorgado “para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa y servicios de diseño y construcción”. El crédito fue por 169 millones. Un aspecto por destacar es que la oficina Antinarcóticos, ha bajado su financiamiento desde 2010 cuando otorgó 104 millones de dólares tan sólo ese año y entre 2018 y 2019 México recibió 7.8 millones para “capacitación y equipo, para combatir el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional”.

Hay tres cursos que tuvieron las fuerzas de seguridad mexicanas, que son relevantes: Sección 333 Fomento de la capacidad de los asociados, 744 entrenados; Educación y entrenamiento militar internacional, 127; Fiscalización Internacional de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, 113 y Programa de becas de lucha contra el terrorismo, 26 personas entrenadas, según la base del Securitiy Assitance Monitor. Este tipo de cursos, no son exclusivos de México, se amplían en Nuestra América, muchos, realizados en la ex escuela de las Américas ahora Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), en el cual, los cursos también los decide el Comando Sur para que tengan concordancia con las estrategias de seguridad regional.

Asistencia económica

La asistencia económica o para el desarrollo implica a más agencias y Departamentos del gobierno estadounidense, como el Departamento de Energía, de Estado, Trabajo, Justicia, Agricultura, Comercio, la USAID, entre otros. Sin embargo, es la USAID, la que se lleva más del 88% del financiamiento, unos 147.5 millones de dólares entre 2018-2020.

Dentro de la USAID hay varios subprogramas, pero en el caso de México, como en otros de la región, destaca el Buró de América Latina y el Caribe como uno de los que concentra el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones y ONG diversas. Este Buró concentró casi la totalidad del financiamiento (99%) con 146.1 millones de dólares. A continuación, se destacan algunas asociaciones, no por el monto de financiamiento sino por la importancia que tienen para los objetivos de la IM y las redes de poder que establecen entre agencias, organismos, instituciones y actores políticos.

Management Systems International recibió 38.6 millones para el apoyo directo o indirecto a nivel estatal y federal del programa PROJUST. Este programa, que ha tenido varias versiones y continuidad desde 2005, tiene el objetivo de ayudar para pasar el «punto de no retorno» en reformas del sistema de justicia, y, por lo tanto, “contribuir a los esfuerzos más amplios del gobierno de los EE.UU. y del de México para mitigar los conflictos, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”. Esta empresa también fue contratada para el programa “PRODERECHO” y “Rule of Law III”. Este es quizá uno de los rubros más importantes pues permitió actualizar los sistemas judiciales, la creación de la fiscalía y tiene también intercambios y preparación de jueces y fiscales, como el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien fue a un curso del FBI (shorturl.at/emCFM).

“Enterprise-Non United State Other” tiene catorce programas entre los que destaca el financiamiento al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para apoyar el sistema nacional anticorrupción, el cual fue financiado con 485,888 dólares. A su vez, el IMCO es donante de México Evalúa, asociación que recibió de la USAID 85,679 dólares entre 2018-2020.

El IMCO concatena en su consejo directivo al grupo de empresarios mexicanos que se beneficiaron de la política neoliberal en los últimos 35 años y a los principales opositores al gobierno actual. Destacan Antonio del Valle (Grupo Kaluz) y Valentín Diez Morodo (Grupo Modelo), vinculados a través de Orbia antes MEXICHEM; Antonio Purón socio de McKinsey, en donde también está Adrián Lajous Vargas, ex director de PEMEX (1994-1999). Están presentes Eugenio Clariond de ENERGEX y miembro de los Grupo Cuprum, Grupo Cleber y Grupo Fultra; Gabriela Hernández de General Electric, Alejandro Ramírez de CINEPOLIS, Emilio Carrillo de Southern Cooper Corporation, que a su vez forma parte de Grupo México. No faltan Roberto Newell de Wal-mart de México, ligado a Banco Finterra y ligado al Wilson Center, think tank en el que también está Luis de la Calle, miembro del IMCO. Destacan también Maria Amparo Casar (Nexos y CIDE) y Claudio X. González (Kimberly Clark), miembros de Mexicanos contra la corrupción (MCC) formada por este último (https://tinyurl.com/vdymdy7k).

Mexicanos contra la corrupción tiene vínculos con “Nexos”, “México ¿Cómo vamos?”, “Causa en Común” (que recibió 50 mil dólares de EE.UU. en 2019) y colabora con Borde Político, otra asociación con financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED). [https://bit.ly/3c3DNwR].

El interés imperialista por promover el “Estado de derecho”, autonomizar al sistema judicial y a las fuerzas armadas, forma parte de un proyecto de seguridad en clave militarizada que se conjuga con reformas estructurales. La tendencia hacia la guerra híbrida (Andrew Korybko) obliga a replantear los elementos que conforman la militarización de la seguridad y dar luz a otros fenómenos como la asistencia para el desarrollo que contribuye a la formación de estructuras sociales y políticas.

Estos aspectos, de carácter estratégico y de seguridad, atentan contra el ser humano, toda vez que implican un alto costo social, desempleo, pobreza, desaparecidos, desplazados, y graves atentados como los golpes de Estado en Bolivia, Honduras o Brasil.


* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global, estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Pensiones En México: De La Esperanza A La Desesperación

Lizeth Alanis*

40 AÑOS DE PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES: ¿Qué nos dejaron? Nicolás Oliva.
Fuente: Observatoriodetrabajadores

La seguridad social se concibe como un derecho humano, independiente de la condición laboral. Comprende una serie de transferencias y servicios de carácter público y solidario que buscan proteger a los individuos ante riesgos del ciclo de vida, enfrentar contingencias, brindar acceso a la salud y un entorno seguro de trabajo. Asimismo, la seguridad social integró la pensión como un mecanismo para garantizar a los trabajadores un retiro digno al término de su vida laboral, proporcionándole un ingreso que le permita hacer frente al riesgo de pobreza en la vejez.
No obstante, la seguridad social ha perdido el propósito para el cual fue creada a partir de las reformas estructurales que llevaron a su privatización, al introducir al sector financiero como administrador de los recursos para la jubilación de los trabajadores.

El sistema de pensiones en México se caracteriza por su fragmentación, desigualdad e inequidad, aunado a los importantes retos que enfrenta como la baja cobertura, el proceso de envejecimiento de la población, o la administración de los ahorros por parte del sector financiero


Dicha privatización tuvo lugar en México con la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1997, transitando de un esquema público de beneficio definido basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional, a uno privado de pensiones de capitalización individual para los trabajadores que cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el marco de la reforma pensionaria se crearon entidades financieras especializadas, tales son las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro (SIEFORE), donde las primeras se encargan de la gestión de los ahorros depositados en las cuentas individuales, mientras que las SIEFORE realizan la inversión de los recursos en mercados financieros.
El sistema de pensiones en México se caracteriza por su fragmentación, desigualdad e inequidad, aunado a los importantes retos que enfrenta como la baja cobertura, el proceso de envejecimiento de la población, o la administración de los ahorros por parte del sector financiero, donde las pensiones dependen de las fluctuaciones de los mercados financieros y se ven expuestas a los riesgos de los mismos, bajo esta dinámica se individualizan los riesgos demográficos, financieros, económicos y administrativos, es decir, son absorbidos por el trabajador, pero las ganancias se privatizan.
La reforma de privatización se justificó argumentando insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, con el fin de adaptarse a los nuevos retos demográficos y aumentar los montos de las pensiones para los trabajadores, sin embargo, esta promesa no se cumplió, por el contrario, ha generado mayor incertidumbre y desigualdad de los montos de las pensiones.
Las desigualdades de la seguridad social y en particular, de las pensiones responden a las existentes en el mercado laboral, ya que se encuentra vinculada a la protección de trabajadores asalariados y formales. Sin embargo, el mercado laboral mexicano se caracteriza por la creciente presencia del sector informal, que, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI, para el primer trimestre de 2021 representaba el 56.8% del total de ocupaciones en el país, y que a su vez permanecen excluidas del acceso a la seguridad social derivado de la naturaleza de su trabajo. Por otra parte, la pobreza laboral da cuenta del porcentaje de la población con un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria, según el CONEVAL pasó de 35.6% a 39.4% para el primer trimestre de 2020 y 2021 respectivamente (CONEVAL, 2021. Evolución de la pobreza laboral al primer trimestre de 2021, htpps://www.coneval.org.mx).

Para aquella población excluida de la seguridad social supuso un mayor impacto asumir los costos de la pandemia, ya que tendrían que depender solamente de sus ahorros para acceder a servicios de salud, encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la población asegurada.


Durante la pandemia de covid-19 quedaron expuestas las distintas facetas de la desigualdad, afectando tanto al sector formal como el informal, con la pérdida de empleos formales y mayor precarización de las condiciones laborales para aquellos con ocupaciones informales o que se encuentran en situación de subocupación, profundizando las brechas salariales y de género. Para aquella población excluida de la seguridad social supuso un mayor impacto asumir los costos de la pandemia, ya que tendrían que depender solamente de sus ahorros para acceder a servicios de salud, encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la población asegurada. En el caso de las mujeres trabajadoras, supone una mayor disparidad; sumado a la desigualdad de ingresos y menor acceso al empleo formal y por tanto a la seguridad social, se tiene una doble o triple jornada laboral que desempeñan desde casa.
En este contexto, se observa como el sistema privado de pensiones y la capitalización individual no ha beneficiado a los trabajadores, pero si a las AFORES e inversionistas institucionales, que logran apropiarse de las ganancias obtenidas a través de la administración de las cuentas individuales y las inversiones en los mercados financieros y de capitales, tales beneficios no se ven reflejados en el aumento de las pensiones de los trabajadores, sin embargo, el riesgo si se traslada para el trabajador.
Los cambios en las regulaciones de las pensiones han causado que éstas dependan cada vez más del riesgo vinculado a las variaciones de los mercados financieros, generando una mayor incertidumbre sobre el monto de la jubilación que recibirá el trabajador en el retiro, a este proceso se le denomina financiarización de pensiones. Las AFORES administraban para marzo de 2021 cerca de 4.7 billones de pesos, que representaban 20.7% del PIB. Las cuentas administradas por las AFORES correspondieron a 68.7 millones al cierre de abril de 2021, de las cuales cinco concentran cerca del 80% de las cuentas individuales de ahorro, tales son Azteca, Coppel, Citibanamex, XXI Banorte y SURA (CONSAR, 2021. El SAR en números, marzo, https://www.gob.mx). En suma, el objetivo del sistema de pensiones no se cumple, por el contrario, ha permitido dinamizar los mercados de capitales, privilegiando los intereses del sector financiero por encima de la estabilidad financiera y prestaciones sociales de los pensionados.
La pandemia de covid-19 profundizó los problemas existentes del sistema de pensiones mexicano, evidenciando las desigualdades entre el sector formal e informal de trabajadores, la amplia diferencia del ingreso que a su vez determina la posibilidad de ahorro. La cobertura de la seguridad social en el país está íntimamente ligada a las condiciones del mercado laboral, y solamente a través del trabajo formal se puede reunir los requisitos de cotización para lograr acceder a una pensión en el retiro, quedando excluidas otras modalidades de contratación como subcontratación, trabajo por cuenta propia, proyectos por contrato y tiempo determinado – a reserva de las recientes reformas en materia laboral -. Se observa como los resultados de la privatización de la seguridad social no fueron los mejores para la clase trabajadora y ha sido el sector financiero el ganador, a pesar de la crisis sanitaria actual, las AFORES lograron acumular plusvalías, mismas que no se trasladaron al aumento de las jubilaciones.
Cabe señalar que sin importar que se cuenta con una nueva reforma al sistema de pensiones, es importante continuar en la búsqueda de alternativas que permitan resolver los problemas más apremiantes, ya que, de lo contrario, se mantendrá la dinámica actual, la cual ha demostrado que no cumple con las expectativas de acceder a un retiro digno de los trabajadores.

*México, Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM).

MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO 2021

La Nueva Central de Trabajadores frente a la Nueva Situación Nacional:  Continuidad “Compensada” o Alternativa Real al Neoliberalismo y la  Antidemocracia | Encuentro Sindical Nuestra América
Fuente: encuentrosindical.org

Nueva Central de Trabajadores-México

Compañer@s.

 Un año hace que se declaró el estado de emergencia sanitaria en nuestro país. Por siete largos meses -de marzo a octubre de 2020- las actividades sociales de todo tipo se redujeron al mínimo como medida de contención extrema a la rápida propagación del COVID-19. En México, doce millones de trabajadoras y trabajadores perdieron su empleo e ingresos. Otros fueron forzados a laborar en las maquiladoras de la frontera norte del país bajo condiciones insalubres.  Fue el comienzo de una pesadilla que ha cobrado en el mundo más de tres millones de vidas.

A un año de tan terribles acontecimientos, hoy podemos decir que, si bien es cierto que la emergencia sanitaria aún no ha sido superada, ya es tiempo de reivindicar la calle y recuperar las plazas.

Para las y los trabajadores mexicanos el saldo de la crisis económica y sanitaria es desastroso. De los 12 millones que perdieron su empleo e ingreso en 2020 aún no logran recuperarlo 2.7 millones.  Los trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, personal de intendencia y administrativos libran a diario una desigual batalla contra la muerte. Como dato, en el mes de septiembre del 2020, México ocupó el primer lugar en decesos de trabajadores de la salud en el mundo. El desmantelamiento neoliberal del sector salud cobró relevancia mortal.

Para amortiguar los efectos sociales de la precipitada caída de la economía y el avance de la pandemia, el gobierno de la 4T adoptó una estrategia fallida que, en lo económico, no evitó el empobrecimiento de la población desplazada de sus fuentes de ingreso y en el terreno sanitario, hasta la fecha, es contradictoria y errática. El país entró de lleno al sombrío período de una mayor precarización de la vida de quienes viven de su trabajo.

La crisis económica-sanitaria del 2020 reveló cuán decadente es el capitalismo, aquí y en el mundo entero. Su prolongada crisis estructural, hoy por hoy, pone en riesgo la viabilidad de la sociedad humana. En lo económico, el propio Banco Mundial la calificó como “la peor recesión desde la segunda guerra mundial” que, según la CEPAL, empujará a millones de personas a la pobreza extrema”.  La desigualdad social, la devastación del medio ambiente, el saqueo neocolonial de nuestro territorio, la inhumana precarización del trabajo y la violencia de género ahora se expresan con mayor nitidez ante los ojos del mundo. Las supuestas bondades del libre mercado globalizado se revelaron como viles patrañas. Hoy el mundo esta polarizado por la guerra comercial entre las grandes potencias que amagan con desencadenar una conflagración mundial, regiones enteras del planeta padecen hambre, el cambio climático amenaza nuestro hábitat, mientras que los flujos migratorios del sur al norte derivan en la militarización de las fronteras y un rosario de crisis humanitarias.

En medio de esta catástrofe, hoy es un escándalo que mientras la mayoría de la población mundial cayó en la desgracia, hubo quienes en el curso de la crisis multiplicaron sus grandes fortunas. Sin embargo, su ambición no conoce límite, ahora quieren imponernos una política de salvamento de la economía capitalista que responda exclusivamente a sus intereses.

POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA, PROLETARIA Y POPULAR A LA CRISIS

Nosotros estamos en contra de una reactivación económica sustentada en el saqueo de nuestros recursos naturales, la sobre explotación de la fuerza de trabajo de las y los mexicanos y la profundización de los lazos de dependencia y subordinación económica y política a los Estados Unidos (E.U.). Particularmente, rechazamos la subordinación del gobierno mexicano a la política migratoria de los E.U.

Este Primero de Mayo, las organizaciones firmantes nos pronunciamos por una salida democrática, proletaria y popular a la crisis. La construcción de una auténtica transformación del país es impostergable ante la descomposición del régimen de partidos, el reagrupamiento de la derecha más reaccionaria y la continuidad de las políticas neoliberales que golpean a la clase trabajadora. Las y los trabajadores estamos llamados a rearticular a nuestras organizaciones democráticas y auténticamente representativas, a superar la dispersión, a construir una sólida unidad de clase autónoma que participe en todos los procesos de la vida social presentando alternativas y construyendo Poder Popular. Nuestra máxima aspiración es construir una nueva sociedad basada en la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia.  Ese camino es complejo y difícil pero no imposible.

En lo inmediato, como medida emergente, debe imponerse una mayor carga fiscal a las grandes fortunas acumuladas por los grandes oligarcas mexicanos que sacaron provecho del desmantelamiento y privatización de las empresas públicas, de la sobre explotación de nuestros recursos naturales y la precarización del trabajo. Esos recursos deben ser destinados a la salud, el campo, la educación, la vivienda, la ciencia y la creación de nuevos empleos. Nosotros rechazamos una “nueva normalidad” que le dé continuidad y profundidad al neoliberalismo para beneficio de los grandes centros financieros internacionales, las empresas trasnacionales y la oligarquía mexicana.

Ante el creciente desempleo y la parálisis de la economía, el gobierno de la 4T está obligado constitucionalmente a garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales como el de la salud, la educación, la energía, el agua y el transporte público, adoptando una política de renacionalización de los servicios públicos y favoreciendo una gestión democrática de los mismos. Nosotros decimos ¡No al alza de tarifas de los bienes y servicios que presta el Estado!

EN DEFENSA DE LA VIDA ¡SALUD, PAN Y TRABAJO!

¡CON PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD!

Nos manifestamos categóricamente en contra de que sean las y los trabajadores quienes carguen con el peso de la crisis. Para evitarlo, es necesario ir a fondo en el desmantelamiento del neoliberalismo revirtiendo sus reformas estructurales. En este sentido, nos declaramos a favor de una férrea defensa de la salud, el trabajo, la vida, los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores mexicanos del campo y la ciudad, luchando:

* Por la abrogación de la reforma educativa. En defensa de la Educación pública, laica y gratuita. Por un regreso seguro a clases.

* Por la prohibición y no regulación del Outsourcing. Por el respeto y defensa de la Contratación Colectiva, la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga.  Libre sindicalización y Contratación Colectiva para los jornaleros agrícolas de todo el país.

* Por la defensa de la Autonomía Sindical. ¡No a la intervención del Estado en la vida democrática de los Sindicatos Independientes!

* Por la renacionalización de la Industria Eléctrica, el derecho humano a la energía y una tarifa social justa. Borrón y cuenta nueva para los usuarios en huelga de pagos de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

* Por la instauración en México de un régimen de pensiones y jubilaciones de carácter social y solidario. No al pago de las pensiones en UMAS, exigimos su pago con base en el salario mínimo.

* Por la soberanía alimentaria de México. Por la derogación a las reformas neoliberales del artículo 27 constitucional, el rescate y fomento productivo para el campo, la defensa del territorio y condiciones laborales dignas para las y los trabajadores del campo.

* Por una economía social y solidaria. Nacionalización y rescate cooperativista de las empresas que cierren, con objeto de proteger la fuente de trabajo y los ingresos de sus trabajadores.

* Por la inclusión de los pueblos indígenas en la construcción jurídica de una verdadera “Ley de Consulta para los Pueblos y Comunidades Indígenas” basada en el Convenio 169 de la OIT. ¡Alto a los megaproyectos de muerte, el despojo de la tierra y sus recursos naturales!

* Por el derecho a la ciudad, un desarrollo urbano incluyente y una vivienda digna. Incremento sustancial al presupuesto público destinado a la edificación de vivienda de interés social, al suministro suficiente de agua potable y mejoras para las unidades habitacionales y colonias populares.

* Por la suspensión del pago de la Deuda Pública. Auditoría Ciudadana a la deuda pública contraída por los gobiernos neoliberales.

¡¡ESTE PRIMERO DE MAYO EXIGIMOS!!

¡¡Solución a la Huelga de Notimex, recontratación y basificación de las trabajadoras de intendencia del IEMS, reafiliación al IMSS y reinserción laboral en la CFE a las y los trabajadores en Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)!!

¡¡Por un servicio universal de internet, el fortalecimiento de las telecomunicaciones y el respeto al CCT del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)!!

¡¡Solución a las demandas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” (SUTUAAAN) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)!!

¡¡Respuesta a las demandas de la Asamblea Interuniversitaria, solución a la falta de pagos, los bajos salarios y por la basificación de las y los profesores!!

¡¡Alto a la violencia en contra de las mujeres, no más feminicidios y justicia para las víctimas y sus familiares!!

¡¡No a la entrega de nuestros datos biométricos a las empresas de telefonía y al Estado!!

¡¡Presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa!!

¡¡Respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores migrantes!!

¡¡Alto a la represión en contra del movimiento indígena y popular!! ¡¡No a la militarización del País y a las ejecuciones extrajudiciales!! ¡¡Desaparición de los grupos paramilitares!! ¡¡Por el esclarecimiento del asesinato político de Meztli Sarabia y Samir Flores, así como de los 45 activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados durante el presente sexenio!!

¡¡Por la libertad de las y los presos políticos!!

Compañeras y Compañeros.

Las organizaciones convocantes a este Primero de Mayo llamamos a todas las y los trabajadores a dar una férrea lucha por la democracia y autonomía sindical en México, en contra del charrismo sindical y los acuerdos de cúpula que no toman en cuenta la opinión y voluntad de las y los trabajadores.

Nos solidarizamos con el heroico pueblo Cubano y demandamos el cese inmediato al inmoral bloqueo de la Revolución Cubana. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo Venezolano, Boliviano, Palestino y con todos los pueblos del mundo que luchan por su emancipación.

¡¡PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO UNIDOS!!

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

Un Año de Pandemia: Impactos sobre la actividad económica en el mundo y en México

COVID-19 | Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL

Abelardo Mariña Flores*

Se ha cumplido poco más de un año de la irrupción en el mundo de la pandemia del Covid19. Los estragos humanos globales han sido terribles. Hacia el final de marzo de 2021, se habían registrado casi 130 millones de infectados y alrededor de 2.8 millones de fallecidos (https://www.worldometers.info/coronavirus/). En este primer año las regiones con más elevados volúmenes absolutos y relativos de muertes han sido Europa y América y en menor medida Asia, África y Oceanía. Las medidas de contingencia que se tomaron de manera inmediata para enfrentar la pandemia fueron el distanciamiento social, la suspensión generalizada de actividades y, cuando fue posible, su domiciliación.
Estas medidas se extendieron y profundizaron durante el primer semestre de 2020 para intentar contener la acelerada propagación del Covid19 durante la primera ola de la pandemia. Tras un relativo relajamiento durante el verano, frente a rebrotes locales o nacionales, las medidas de contingencia sanitaria fueron renovadas parcial o totalmente durante el otoño en el marco de la segunda ola global de la pandemia que culminó en enero de 2021. La suspensión total de actividades durante esta segunda ola fue menor que en la primera debido a la instrumentación de protocolos sanitarios más eficientes y al reacondicionamiento de espacios de trabajo en numerosas industrias. Las campañas de vacunación, que comenzaron de manera muy limitada al final de 2020, se fueron ampliando durante el primer trimestre de 2021. Debido a que la cobertura de la vacunación todavía es muy restringida, el reforzamiento de las medidas de distanciamiento y suspensión de actividades han continuado siendo la base de la estrategia para frenar una tercera ola global que se comenzó a desplegar al final del primer trimestre de 2021.
Las medidas de contingencia contra la pandemia han tenido efectos económicos muy negativos. Las tendencias de desaceleración de la economía mundial que se habían manifestado en 2018 y 2019, fueron reforzadas y enormemente amplificadas, lo que determinó el inicio de una profunda y generalizada contracción en términos reales del Producto interno bruto (PIB), especialmente aguda durante el segundo trimestre de 2020. Los incipientes procesos de reactivación iniciados en el tercer trimestre de 2020, al final de la primera ola de la pandemia, en general fueron interrumpidos, con algunas excepciones (destacadamente China), por la segunda ola mundial. Hacia el final del primer trimestre de 2021 destaca la heterogeneidad en las trayectorias regionales, nacionales y subregionales de la pandemia, sin que sean claras las causas de tal heterogeneidad, que seguramente son de distinto tipo (biológicas, médicas, económicas, sociales y políticas, institucionales). Los impactos económicos de la pandemia también han sido muy heterogéneos.

Las medidas de contingencia contra la pandemia han tenido efectos económicos muy negativos. Las tendencias de desaceleración de la economía mundial que se habían manifestado en 2018 y 2019, fueron reforzadas y enormemente amplificadas

La recesión en el mundo y en México

La desaceleración de la dinámica de crecimiento mundial, que se había manifestado en 2018 y 2019, principalmente por el estancamiento de la Unión Europea (UE) y la desaceleración en Estados Unidos (EE.UU.), se convirtió por efectos de la pandemia en una fuerte recesión durante 2020 (-3.5%, véase cuadro 1). Las regiones que experimentaron mayor contracción del PIB real han sido América Latina (-7.4%) y el Área del Euro (-7.2%), que habían experimentado estancamiento desde 2019. Destaca que el PIB real de China haya mostrado una dinámica positiva (2.3%). En el caso de las tres economías más grandes de América Latina, la contracción estimada para 2020 es de -10.4% para Argentina, -8.5% para México y -4.5% para Brasil.
La economía mexicana ya había entrado en una moderada recesión durante 2019 (reducción del -0.3% del PIB). Tal recesión, inducida en lo inmediato por la aguda contracción desde el inicio de 2019 de la industria de la Construcción y por la desaceleración, en el último trimestre, de la industria Manufacturera, tuvo como principal factor detonante la disminución, desde agosto de 2018, de la inversión productiva privada. Tal disminución, que, además de detener la expansión de la planta productiva, ha afectado negativamente a los subsectores manufactureros de Maquinaria y equipo y de Equipo de transporte y al sector de la Construcción, ha tenido motivaciones más políticas que económicas por parte de algunos segmentos empresariales.
Las medidas de contingencia frente al COVID-19, que comenzaron a instrumentarse en la mitad de marzo de 2020, fueron extremas durante abril y mayo; comenzaron a relajarse en la segunda mitad de junio y en julio. Volvieron a extenderse a partir de diciembre y, nuevamente se han relajado a partir de febrero de 2021.
Los impactos de dichas medidas sobre la economía fueron rápidos y profundos. En abril la caída fue extrema: -17% global debido al desplome, por un lado, de sectores de Servicios no “domiciliables” como Hoteles y restaurantes (-60%), Comercio minorista (-31%), Transporte (-26%) y Servicios culturales, deportivos y recreativos (-24%) y, por otro, la caída de las industrias de la Construcción (-33%) y la Manufactura (-31%). Las industrias de Electricidad, gas y agua y, sobre todo las Extractivas han sido menos afectadas (Gráfica 1). En contraste, servicios Profesionales y corporativos, Educativos y Financieros han sido escasamente afectados por la contingencia debido a que sus actividades han sido extensamente “domiciliadas”.
En mayo, en cambio, después del drástico ajuste, la contracción fue mucho menor y en junio comenzó una reactivación, particularmente acelerada durante junio y julio, que tendió a detenerse desde el último trimestre de 2020. En enero de 2021, el nivel de actividad en la manufactura y el comercio (mayorista y minorista) había recuperado la mayor parte de la pérdida durante 2020. En cambio, los sectores de Servicios no-domiciliables sólo han recuperado muy parcialmente su nivel de actividad.

Las regiones que experimentaron mayor contracción del PIB real han sido América Latina (-7.4%) y el Área del Euro (-7.2%), que habían experimentado estancamiento desde 2019.

Perspectivas

La continuación de las campañas de vacunación durante 2021 probablemente comenzará a tener efectos positivos claros sobre la economía mundial en la segunda mitad del año. Sin embargo, sigue habiendo muchos elementos de incertidumbre sobre las perspectivas inmediatas y de más largo plazo. Por el lado sanitario, la propagación de nuevas cepas del virus del Covid19, así como la falta de conocimiento preciso sobre la eficacia de las vacunas contra esas cepas y sobre la duración de la inmunidad generada por las vacunas; por el lado económico, las dificultades de adaptación a una nueva normalidad y, sobre todo, el reparto de los costos de los programas de rescate masivos instrumentados, sobre todo, en los países centrales pero también en algunos de las periferias; de manera más integral, la necesidad de modificar radicalmente una modalidad económica, la del capitalismo neoliberal, que pone en riesgo la reproducción tanto de la naturaleza como de la humanidad.

* México, Área de Investigación Sociedad y acumulación capitalista, Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

Mujeres, violencia y COVID-19*

Alicia Girón**

Fuente: PCM

La pandemia ha cobrado vidas, exacerbado la violencia hacia las mujeres y las brechas de género se han ampliado. Las desigualdades hasta antes de la llegada de la COVID-19 venían aumentando justo por la falta de empleo, el aumento de la pobreza y el mal manejo del gasto público que impactó en el desdibujamiento de los presupuestos con enfoque de género. En el último año la caída del PIB ha sido del 9.0% para México lo cual pone al 65.2% de las mujeres en una posición de riego alto al representar el 65.2% frente al 44.9% de los hombres. Estos datos muestran como las mujeres se han visto envueltas en una situación dramática por la falta de empleo, desconocimiento de habilidades frente a la economía digital para realizar teletrabajo; por el otro lado, el confinamiento ha orillado a las mujeres a incrementar las horas en el hogar dedicadas al cuidado y, a ello se suma, un exagerado aumento de la violencia intrafamiliar.
En este ensayo nos interesa hacer un breve panorama de la COVID-19 donde resaltan los últimos datos de la Cepal referentes a México para demostrar la relación que tiene esta situación económica de alto riesgo con la violencia hacia las mujeres. Para mayo de 2020, la tasa de participación laboral de las mujeres fue de 35.3% frente al 61.1% de los hombres; el trabajo doméstico, donde son las mujeres las que tienen una mayor participación tuvo una caída del 33.2%.

La pandemia ha cobrado vidas, exacerbado la violencia hacia las mujeres y las brechas de género se han ampliado.


Por ello, se plantea que la economía y la violencia tienen una relación de causalidad persistente y creciente a tal grado que México se ha colocado en el lugar 137 de 163 países según el Centro de Investigación para la Paz a nivel mundial. La violencia se está transformando en un problema con proporciones de epidemia según el Banco Mundial.
Para visualizar la violencia contra las mujeres y el desenvolvimiento de la misma ante la COVID-19 se realizará un breve ejercicio de datos que muestran en números la magnitud de la violencia contra las mujeres; en segundo lugar, las brechas globales de género relacionadas con las políticas públicas y por último, una reflexión.

La violencia se está transformando en un problema con proporciones de epidemia según el Banco Mundial.

Asesinatos, acoso e inseguridad

Las noticias de mujeres violentadas en las redes sociales es el diario acontecer en la sociedad mexicana. Los asesinatos por feminicidio son lo cotidiano en la prensa a nivel nacional.
En México nos estámos acostumbrando a una normalidad. Una normalidad donde los derechos de las mujeres a la salud, la educación y a un empleo digno acompañado de una pensión para su vejez están en el imaginario de muchas ‘madrecitas’ que llegan a la vida adulta sin ingresos y enfermas son abandonadas por el sistema de salud pública y por sus familiares.
‘Ni una menos’ es el lema de marchas, protestas y quemas que intentan llamar la atención sin que por ello se tomen cartas en el asunto sobre la violencia a las mujeres.
Es importante ejemplificar la violencia a las que estamos sometidas las mujeres.
De acuerdo al Informe sobre violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante 2020 se registraron 940 presuntas víctimas de feminicidio equivalentes a 1.44 por cada 100.000 mujeres teniendo en junio 94 registros; solo 4 menos que en diciembre de 2018, el mes más alto desde 2015. Para 2020 había 940 registros de mujeres víctimas de feminicidio.
En el estado de México se registraron 150, Veracruz 84 y la Ciudad de México 67 víctimas. El número de presuntas víctimas de feminicidio contempladas entre 2015-2020 sumaron un total de 4,533 mujeres.
Con respecto a las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso (HD) y homicidio culposo (HC), dicho informe reportó un total de 2,783 y 3,136 respectivamente. En 2020, cada delito contabilizó en promedio 200 víctimas mensuales, exceptuando mayo para los homicidios culposos, donde el número de víctimas fue 182; y noviembre para los homicidios dolosos con 173. Este último delito, registró el mes de abril 265 homicidios dolosos desde 2015. En ambos tipos de crímenes, Guanajuato se colocó como el estado con mayor número de víctimas, asentando 413 (HD) y 680 (HC). En total por estos tres tipos de crímenes 6,859 mujeres perecieron durante 2020. Por último, las llamadas por emergencia por violencia familiar representaron 689,388; violencia de pareja 236,562; incidentes de violación 3,554; incidentes de abuso sexual 5,003 e incidentes de acoso sexual 7,795.

Brechas globales de género

México ha alcanzado el lugar 25 de 153 países según el indicador de brechas de género del Foro Económico de Davos en 2020, una reducción de 50 lugares comparado con 2006 según datos del informe del 2020. El disminuir en una década y media la brecha global refleja el ascenso democrático que ha llevado a las mujeres mexicanas por alcanzar el poder político y la visibilidad en un corto tiempo. Las transformaciones democráticas en el país han dado la oportunidad a las mujeres mexicanas a una mayor visibilidad en la arena política. Las cuotas en los partidos políticos han elevado el número de diputadas y senadoras en el parlamento hasta alcanzar la paridad en la actual gestión de gobierno. Las mujeres al tener mejores oportunidades en el sector privado también se están destacando en el sector privado. En este momento las mujeres están rompiendo los tabús del machismo hondamente arraigados en la cultura de México.

No es una metáfora cuando el grupo de las ‘Tesistas’ menciona que el Estado es un violador. La violencia contra las mujeres está relacionada con la falta o insuficiencia de las políticas públicas


El indicador de brechas de género mide cuatro ejes. El primero es la participación económica y las oportunidades. Justo allí, México pasó del lugar 98 y cae hasta el lugar 124; es decir, cayó 26 lugares. En educación pasó del lugar 45 al 54; salud y supervivencia se encuentra actualmente 46 puntos. Con respecto al empoderamiento político muchas realidades establecidas han cambio drásticamente la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la vida pública. México, en este último eje, estaba en el lugar 45 y ha llegado a alcanzar el lugar 14 para el año 2020. El periodo 2006-2020, se distingue por las políticas en el ejercicio del voto, la paridad y equidad en la Cámara de Diputados de México.
Reflexión

No es una metáfora cuando el grupo de las ‘Tesistas’ menciona que el Estado es un violador. La violencia contra las mujeres está relacionada con la falta o insuficiencia de las políticas públicas a través de la canalización de los presupuestos públicos aprobados por las cámaras de diputados y senadores en un sistema democrático. No contemplar a las mujeres y a las niñas en forma diferenciada a los varones a través de los presupuestos con enfoque de género profundiza las relaciones patriarcales al tener menores habilidades y conocimientos para el mercado de trabajo frente a patrones culturales donde los hombres desde niños tuvieron mejores oportunidades. Justo en esta interseccionalidad entre las carencias de políticas públicas con enfoque de género se cruza la economía y la cultura. Un Estado que borra los presupuestos con enfoque de género está borrando las luchas de años por tener mejor acceso a la educación y a la salud para las niñas y a un trabajo digno en el futuro.
Inminentemente, el Estado tiene la obligación de cara a sus ciudadanos de replantearse las políticas públicas implementadas carentes del enfoque de género que han hecho posible la violencia hacia las mujeres como parte de la ‘normalidad’ en su sociedad. Por lo pronto debemos de preguntarnos, ¿de qué carece un Estado qué permite que maten a sus mujeres solo por ser mujeres?, ¿por qué tanta violencia y cómo este proceso de odio hacia las mujeres camina acompañado de un deterioro del tejido social?

* Este trabajo es parte del proyecto de investigación “Mujeres, Reproducción Social, Presupuestos Públicos y Perspectivas de la Integración Socioeconómica México-Centroamérica” (PAPIIT IN304420) de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la UNAM.

** México, GT Feminismos, Resistencias y Emancipaciones y GT China y el Mapa del Poder Mundial., Coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se agradece la colaboración de los becarios Daniel Mirón, Adheli Galindo, Yasmín Águila del CONACYT y Paola Díaz alumna de la FES-ARAGÓN de la UNAM.

Salud Pan Y Trabajo*

Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales 2020**

SME: La defensa de la autonomía y la democracia sindical – OPT Jalisco
Foto: OPT

Introducción

Han pasado ya cinco meses desde la publicación de “Salud, Pan y Trabajo”. Sus contenidos han cobrado relevancia en la medida en que la situación de vida de millones de trabajadores en todo el mundo se agrava. Las tres prioridades que debemos asumir los trabajadores “Salud, Pan y Trabajo” son cada vez más relevantes de frente al gobierno y las clases sociales dominantes que ven la crisis económica-sanitaria de un modo distinto al nuestro. Los primeros, buscando compensar sus efectos mediante una política asistencial y los segundos, esforzándose por reactivar el ciclo económico para restaurar su hegemonía, tal cual como si nada hubiera pasado en estos meses. Mientras tanto, la clase trabajadora se ve acorralada por la doble contingencia.

La doble crisis y sus efectos

El capitalismo global está hundido en una crisis estructural que, a mediano y largo plazo, le pronostica pocas esperanzas de vida. El Banco Mundial, refiriéndose a la perspectiva económica internacional de 2020, la calificó como “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita”, lo que concluye “empujará a millones de persona a la pobreza extrema”. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), coincidiendo con el Banco Mundial, estima la caída de la economía mundial en 2020 en un –5.2% y advierte que “nuestra región atravesará la peor crisis en 100 años y se avizora en más de una década pérdida”.
México no esta exento de este pronóstico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acaba de estimar un crecimiento anual promedio del 0.67% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexenio en curso, en tanto que la deuda pública cerrará a final del año por arriba del 50% del mismo indicador económico.

Las tres prioridades que debemos asumir los trabajadores “Salud, Pan y Trabajo” son cada vez más relevantes de frente al gobierno y las clases sociales dominantes que ven la crisis económica-sanitaria de un modo distinto al nuestro.


Los efectos sociales y económicos del Covid-19 son devastadores. La cantidad de contagios rebaza los 32 millones en el mundo y se aproxima al millón de muertes. México ocupa el séptimo lugar en contagios atrás de Estados Unidos, la India, Brasil, Colombia y Perú con 75 mil 457 casos, y el cuarto lugar en defunciones con más de 75 mil 439, al 24 de septiembre del año en curso.
Según el reporte de Amnistía Internacional, México es el primer país del mundo con el mayor número de decesos de trabajadores de la salud por contagio de Covid-19 con 1,320 decesos confirmados por arriba de los 1007 de E.U., 649 del Reino Unido y los 634 de Brasil. Este doloroso dato revela hasta qué punto las condiciones laborales y sanitarias de los médicos, enfermeras, camilleros y asistentes del sector salud se deterioraron en tres décadas de neoliberalismo. En el curso de la pandemia miles de trabajadores del sector público, en distintos Estados de la de la República, se han manifestado en las calles para exigir insumos de protección básicos para enfrentar la crisis, medicamentos, equipos y apoyo logístico. Estas carencias han cobrado numerosas víctimas.
En lo fundamental, el costo social de la doble crisis recae sobre la clase trabajadora. De frente a la crisis económica que ya se veía venir desde hace más de un año, la pandemia actuó como acelerador y catalizador de todos sus componentes. El paro forzoso, obligado por el confinamiento, precipitó la caída abrupta del empleo y el crecimiento económico. Millones de empleos se han perdido a la fecha -más de 12 en cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM (CAM-UNAM)- y aún no se estima con precisión la caída anual del PIB que podrá rondar -según el Banco de México- entre un menos 8 o 10% al cierre del año.

Según el reporte de Amnistía Internacional, México es el primer país del mundo con el mayor número de decesos de trabajadores de la salud por contagio de Covid-19 con 1,320 decesos confirmados por arriba de los 1007 de E.U., 649 del Reino Unido y los 634 de Brasil.


El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM, informó “que entre los meses de febrero a mayo, el número de personas en pobreza extrema por ingreso habría pasado de 22 a 38 millones de personas, cifra algo más elevada que la presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde se mencionaba que el impacto sería de 10.7 millones de mexicanos en pobreza laboral al cierre de 2020”, de acuedo a la nota publicada por Noticias Telesur el pasado 11 de julio. Según datos de la Consultora EY “la mitad de los mexicanos ha visto una reducción del 66% en sus hábitos de consumo” debido a los bajos ingresos del 58% de la población.
En resumen, miles de trabajadoras y trabajadores pierden su empleo, disminuyen o se quedan sin ingreso, reciben una ayuda asistencial del gobierno que les es insuficiente, se ven forzados a salir a la calle, a incorporarse a la precariedad de la economía informal o como asalariados, integrarse a la construcción, el comercio y la industria, expuestos al contagio en trayecto o dentro de sus propios centros de trabajo, sobre todo en aquellos a donde no se cuenta con suficientes medidas de protección sanitarias. Incluso en industrias estratégicas como la petrolera y eléctrica existe un elevado número de contagios y decesos.
En conclusión, el costo social de la doble crisis se incrementa en la medida que la recuperación económica se retarda y sobre todo cuando se deposita sobre las espaldas de la clase trabajadora. Primero, porque en el aspecto de la salud, la atención de los enfermos por Covid-19 no es la misma entre pobres y ricos. Segundo, porque la recuperación del empleo y el ingreso para millones de mexicanos no parece llegar en un corto plazo.

La recuperación

El debate sobre la estrategia de recuperación, que distanció al gobierno con la cúpula empresarial, entró en un impasse después de que el primero aceptó un mayor endeudamiento del país. Sin embargo, en vísperas de la discusión y promulgación de la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, no hay duda de que las cartas se pondrán sobre la mesa en ausencia de un movimiento social autónomo con capacidad propia para protagonizar la defensa de sus intereses fundamentales.
Desde la perspectiva del gobierno, la recuperación puede dinamizarse a través del desempeño de la economía de los Estados Unidos, pues se encuentra ya operando al 76% al 21 de septiembre, en comparación a los niveles anteriores a la pandemia según el índice Back-to-Normal (regreso a la normalidad) diseñado por empresas calificadoras de Estados Unidos; a partir de esto, se podría generar crecimiento de la demanda de las exportaciones mexicanas que podrían estimular la recuperación de la agroindustria, la maquila y la industria de exportación.
De ahí la relevancia que el gobierno le ha dado a la firma del T-MEC, sin caer en cuenta de que este acuerdo de libre comercio e inversión con EU y Canadá refuerza los lazos de dependencia y subordinación de nuestra economía. Para nosotros, introducir un fuerte impulso a la economía social y solidaria puede estimular la reactivación del mercado interno con una progresiva oferta de productos, bienes y servicios de los productores del campo y la ciudad.
En el mundo entero las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias vieron en la terrible situación actual la mejor oportunidad para desnudar la crisis estructural del sistema capitalista. Su carácter multidimensional encontró subversivas críticas desde distintas perspectivas. Anticapitalistas, socialistas, ambientalistas, humanistas, demócratas y movimientos sociales de izquierda sumaron infinidad de argumentos del porqué rebelarse en contra de la pandemia capitalista global.
El movimiento sindical democrático de carácter internacional se bifurcó entre quienes adoptarán, sin ir a fondo, una estrategia para no salir tan mal librados de la crisis y quienes planteamos la necesidad de pasar a la ofensiva, introduciendo cambios estructurales en la economía preponderante que contengan los efectos negativos de la doble crisis y nos procuren el acceso a un mejor vivir.
En México, la Nueva Central de Trabajadores ha puesto el dedo en la llaga. Su Consejo Político Nacional, reunido a finales de agosto pasado aprobó un conjunto de resoluciones tendientes a fortalecer la correlación de fuerzas del campo popular y su proyecto mismo. Esa resolución, en tiempo de la presente pandemia, se contextualizó a principio del año dando lugar al texto de “Salud, Pan y Trabajo”.

Las medidas a tomar en el marco de una situación política nacional harto compleja

En los últimos meses, se han desatado dolosos escándalos que dan cuenta del carácter ilegítimo de las reformas estructurales neoliberales impuestas a cañonazos, muy arriba de los conocidos 50 mil pesos de principios del siglo pasado; al mismo tiempo, se han revelado las contradicciones al interior de la 4T. La renuncia de Víctor Toledo a la SEMARNAT, el titular del CENACE, la desaparición de la subsecretaría de gobierno de la SEGOB; la tensa disputa por la dirección del partido en el poder, la renuncia forzada a la CNDH de reconocidos activistas sociales, la ofensiva política y represiva en contra del movimiento social independiente y la intromisión del gobierno en los asuntos internos de nuestra organización, nos hablan del desenvolvimiento de una tendencia regresiva en la recomposición política del país.
La simplificación del escenario político a la pugna entre liberales y conservadores empobrece cualquier interpretación política e ideológica útil para desenredar el hilo de los acontecimientos que están dando la pauta para un recrudecimiento de la lucha de clases en nuestro país.
Sectores de la oligarquía neoliberal conservan sus privilegios acomodándose temporalmente al mandato presidencial, al mismo tiempo que, de manera subterránea, alientan la sedición de la derecha más reaccionaria del país. Los trabajadores, pese a la reforma laboral en materia de libertad sindical, siguen maniatados por el sindicalismo corporativo, de protección patronal y al surgimiento de “nuevas” formaciones neocorporativas cercanas al discurso oficial. La toma de nota, como en el pasado, sigue siendo una vía de intromisión del gobierno en los asuntos internos de las organizaciones sindicales democráticas e independientes.

¡Salud, Pan y Trabajo!

El texto establece la relación entre la crisis económica predecible desde hace más de un año y el brote mundial de la pandemia de Covid-19; relaciona los efectos sociales de la doble crisis en la población trabajadora y advierte de las posibles soluciones que el capital querrá imponer para reactivar el ciclo económico capitalista en México.
En ese contexto, la Nueva Central de Trabajadores formuló un programa de lucha inmediato que recupera viejas demandas de los trabajadores e incorpora una serie de planteamientos que buscan ir a los orígenes de la crisis, para demandar cambios estructurales que pongan freno a las principales calamidades características del modelo neoliberal. A saber, la escandalosa concentración de la riqueza social en pocas manos; la pobreza de millones de seres humanos, la precarización del trabajo y del conjunto de la sociedad; el pago de la deuda ilegítima comprometida con el sistema financiero internacional, el despojo de los bienes comunes y la devastación extractivista del medio ambiente.

nada podrá avanzar si en lugar de impulsar la participación activa del movimiento social se opta por la militarización del país, el trato despótico al pueblo organizado y una renovada política de concesiones económicas y políticas a la oligarquía nacional y el capital financiero internacional


No hay otro modo de enterrar al neoliberalismo. Ir a fondo de una posible transformación de México, obligadamente, pasa por la abrogación de las reformas estructurales, que, a lo largo de 30 años, impusieron los gobiernos neoliberales del PAN y el PRI. Una nueva constituyente fundacional de un México justo, libre, democrático e igualitario es más necesaria que nunca.
Sin embargo, nada podrá avanzar si en lugar de impulsar la participación activa del movimiento social se opta por la militarización del país, el trato despótico al pueblo organizado y una renovada política de concesiones económicas y políticas a la oligarquía nacional y el capital financiero internacional, esto, sin dejar de mencionar la subordinación condicionada al libre comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Son tiempos difíciles, las y los trabajadores mexicanos debemos adoptar una política propia que en lo inmediato responda a nuestros intereses. “Salud, Pan y Trabajo”, plantea las tareas inmediatas de quienes crean con su trabajo la riqueza que otros se apropian sin piedad aún en las peores circunstancias. Oponernos a que el costo de la crisis caiga sobre nuestros hombros es una tarea inmediata de la clase obrera mexicana.
El Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales 2020 nos debe permitir avanzar en la articulación de las fuerzas populares para hacerle frente a la crisis, dar un paso adelante en la necesidad de hacer avanzar la unidad del movimiento social para poder construir una plataforma común de lucha, que ponga al centro de nuestra acción la legítima defensa de nuestros derechos. Habrá que ubicar este Encuentro como una de las expresiones en la construcción de un polo social alternativo que haga converger a las distintas plataformas y referentes del campo popular. En lo particular, nosotros planteamos la necesidad de una gran Convención Nacional Democrática de los Trabajadores, este Encuentro constituye un paso en esta dirección. La articulación de las organizaciones presentes y de futuras convergencias populares será fundamental para contrarrestar la reacción de la derecha neoliberal y profundizar el proceso de cambio pendiente en nuestro país.
Identificar las demandas, iniciativas y ejes programáticos para la unidad popular, formular un plan de acción conjunto, establecer formas de coordinación permanentes y mecanismos de interlocución con el gobierno para la solución de nuestras demandas y conflictos son propósitos manifiestos de nuestro Encuentro.
Deseamos pues que este Encuentro materialice sus propósitos de unidad y nos permita avanzar en la dirección necesaria para vivir en un México justo, libre, democrático e igualitario. Reivindiquemos con todo el programa de “Salud, Pan y Trabajo”.

C. José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Coordinador Nacional de la Estructura Ejecutiva de la Nueva Central de Trabajadores. CDMX a 25 de septiembre de 2020.

* Actualización del texto con el mismo título publicado hace varios meses por la Nueva Central de Trabajadores de México.
** En este encuentro participaron 56 organizaciones de 14 estados de México.

2020: 4t de AMLO y Las Pensiones

Gustavo Leal F.*

Foto: Otras Veces en Educación

El Acuerdo del 22 de julio 2020

1.- Además de sepultar un modelo pensionario deseable para el México del Siglo XXI y sus jóvenes, lejano a su principal oferta, el Acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones firmado por AMLO con empresarios y trabajadores (Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 061) no pagará mejores pensiones, pero, a cambio, si conllevará más subsidios fiscales. No resuelve el desafío estructural pensionario: el sistema de capitalización individual. Lo proyecta hacia el futuro y sólo atiende a un segmento de los trabajadores mexicanos: los que laboran en el sector privado (Aparatado A del Artículo 123 constitucional). Se urgencia responde al impacto económico del COVID-19: es un mensaje a los mercados. Por su contenido, incorpora un nuevo régimen financiero para los trabajadores del sector privado que les será lesivo.

el Acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones firmado por AMLO con empresarios y trabajadores (Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 061) no pagará mejores pensiones, pero, a cambio, si conllevará más subsidios fiscales.

El año 2020

2.- En agosto 2019, el presidente López Obrador había asegurado que durante su administración no se elevaría la edad de retiro. Lamentablemente, en el año 2020 la oferta no fue cumplida por los funcionarios federales de la educación (Secretaría de Educación Pública) al afectar severamente el Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en materia pensionaria.

3.- Posteriormente, el presidente se comprometió a que, durante su administración, estaría pendiente de que “no” se perdiera el ahorro de los trabajadores, garantizándoles protección frente a crisis económicas y financieras, porque son “sagrados”. También ofreció “revisar” los rendimientos para que el trabajador “reciba” lo que aportó, lo “justo”, una vez que se jubile: “vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general. Todavía no iniciamos”. E indicó que ella se realizaría “desde” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquello que “han significado las AFORES en todo este período y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la Ley”. Lo tenemos en la agenda, remató (Conferencia Matutina, 3.1.20).
4.- Poco después, apuntando más hacia el fondo del desafío pensionario, observó que durante el neoliberalismo se tomaron decisiones, no sólo en el caso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sino sobre el sistema de pensiones “en general”. De no hacer nada, acotó, los trabajadores “no recibirían su pensión: lo que les corresponde”. Había, en su opinión, una “devaluación en todo el proceso de las pensiones que va a reflejarse”. Por tanto, en el caso de “nuestro gobierno, los primeros casos -que son pocos, pero hablamos de miles- se estarán presentando en 2024. Luego se va a incrementar el número de gente con la mitad o menos de la mitad de la jubilación que les corresponde” (Conferencia Matutina, 24.1.20).

5.- Por tanto, el presidente estableció que finalmente el tema sería “abordado”. ¿Cómo? “Estamos hablando con el sector privado y con los obreros. Tenemos interés en buscar una solución”. Y, aclaró, “aunque a nosotros no nos pegue en el tiempo que vamos a estar” se convertirá en un problema “grande” -para el próximo sexenio y los futuros- si no se lo atiende “desde ahora”. Queremos buscar “opciones” alternativas. Para AMLO: eso era un “compromiso”. Y es que, indicó, los maestros, trabajadores del IMSS y aquellos con jubilaciones y pensiones en el ISSSTE “me lo están planteando”. Y para corporizarlo, comunicó, “contamos con el apoyo del sector privado. Es más: la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores”. Vamos pues, concluyó, a buscar “la forma de resolverlo”. Y garantizó que en conferencia matutina se “dará a conocer el Plan antes de que finalice 2020: ya tengamos una propuesta” (Conferencia Matutina, 24.1.20).

6.- Todo lo anterior despertaba una profunda incógnita: si la propuesta “viene de ellos” ¿qué solución “para todos” podía representar? Sobre todo, si, como ocurrió, en el Acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones, no se remodeló la capitalización individual y se la sigue preservando como la vía única para seguir pagando pensiones. El Acuerdo no representa una “solución”: es, nuevamente, una costosa e innecesaria postergación. Sin verdadero remodelaje del sistema pensionario no hay solución “para todos”.

7.- El Acuerdo del 22 de julio confirmó que, efectivamente, el presidente se ocupó pero no se preocupó del largo plazo del asunto público.

8.- El Acuerdo deja intacta la médula vertebral de la capitalización individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) impuesta por el presidente Zedillo en 1995 y que, al decir de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (El SAR a 23 años de su creación, 30 de junio, 2020):
“ha demostrado ser sólido y robusto. Con 66 millones de cuentas es el sistema de pensiones más importante del país, autofinanciado. Disminuyó en gran medida las presiones fiscales generadas al IMSS y al ISSSTE contribuyendo a finanzas gubernamentales más saludables. Los ahorros de los trabajadores suman hoy 4.2 billones de pesos y representan 17.2% del PIB. Son 15% del total de activos del sistema financiero. Del total de recursos 48.2% (2 billones) representan rendimientos netos de comisiones que se han generado a la largo del tiempo. El resto son las aportaciones tripartitas. El sistema ha otorgado una tasa de rendimiento anual nominal del 11.09% y 5.38 en términos reales. Las comisiones cobradas han disminuido aproximadamente en más de la mitad durante el período 2008-2020 pasando de 1.9 a 0.92%. El ahorro voluntario suma 102 mil MP”.

9.- De tal suerte que, el Acuerdo hace más de lo mismo esperando resultados diferentes. Y hace oídos sordos frente a la reiterada observación de que el desafío pensionario no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual.

¿Había otra opción?

10.- Por supuesto. Remodelar a fondo el sistema pensionario procurando un modelo deseable para el México del Siglo XXI y sus jóvenes. Pero ello demanda, primero, superar las posiciones híbridas que frecuentemente emplean el mismo cuerpo conceptual de los organismos internacionales que han impuesto las reformas pensionarias neoliberales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo; posiciones más teóricas que portadoras de evidencias probadas en casos concretos y que son básicamente discursivas.
11.- Segundo. Ese trabajo de remodelaje requiere la presencia de equipos técnicamente competentes que se sirven de apoyos actuariales capacitados pero nunca relegando a ellos la proyección estructural del remodelaje. Tal como ocurriera, con toda frecuencia, durante el período neoliberal y, en ocasiones, con el propósito explícito de afectar a la baja los derechos pensionarios de los trabajadores.

12.- Y, tercero. Los remodelajes deben ser viables (véase propuesta GEPPSS-2020, por aparecer). Lo cual exige, al menos, las siguientes tres nuevas tareas innovadoras. A) Resolver los términos de la complementaridad de la capitalización individual frente a un régimen de beneficio definido reforzado. B) Alinear los ajustes al Salario Base de Cotización (SBC) pospuestos por la tecnocracia neoliberal desde 1982 e iniciados desde las crisis de 1980. Es decir: reconstruir desde las ruinas de ese SBC. C) Corregir y adecuar las inercias sobre el régimen de beneficio definido heredadas desde Miguel de la Madrid (1982), nunca asumidas como tarea gubernamental.

13.- Y aún así y aún con un compromiso explícito en la 4T de hacerse cargo del pasivo pensionario (costo fiscal) como deuda colectiva social, cumplir ordenadamente lo que señala la Ley, pagará las pensiones sólo sobre el límite estructural que marca ese SBC, fuente del nivel pensionario real.

el Acuerdo hace más de lo mismo esperando resultados diferentes. Y hace oídos sordos frente a la reiterada observación de que el desafío pensionario no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual.

El futuro cercano

14.- Siguiendo la declaración del presidente López Obrador de acuerdo a la cual “eso mismo que se hizo con los trabajadores que tienen que ver con el Seguro Social, con las empresas, lo vamos a hacer para trabajadores al servicio del Estado. O sea: vamos a presentar también una reforma en ese sentido. Para beneficio de trabajadores al servicio del Estado. Es un compromiso” (Versión estenográfica Conferencia de Prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 23 de julio del 2020). Es claro que el remodelaje del Aparatado B es un área de innovacción que queda abierta para activar un modelo deseable para el México del Siglo XXI y sus jóvenes (véase propuesta GEPPSS-2020, por aparecer). Sobre todo frente al mencionado Acuerdo que parece haber cerrado temporalmente la innovación en el Apartado A.

*México, Profesor-investigador de la UAM-X.

LA ECONOMÍA MEXICANA EN LA CRISIS MUNDIAL DEL MODELO NEOLIBERAL

Foto: Foto: Gradoceroprensa

Nayeli Pérez Juárez

Armando Sánchez Vargas

Las crisis económicas reflejan las contradicciones del sistema y el agotamiento del actual patrón de acumulación a escala mundial. Las crisis de rentabilidad son normales en la economía capitalista y el mismo sistema engendra nuevos mecanismos que transforman el patrón de acumulación para evitar que las ganancias se mantengan en una senda decreciente. Lo anterior se puede observar en crisis económicas históricas, como la de 1929 y la de 2008.

Por ejemplo, después del periodo de la gran depresión de 1929, el mundo enfrentó la Segunda Guerra Mundial que permitió la destrucción de capital y la recomposición de las condiciones de valorización del mismo. Lo anterior en el contexto de una transformación en la acumulación de capital apoyada por la protección del Estado que condujo a un periodo de auge en las economías nacionales. Sin embargo, con el proteccionismo aparecieron otras contradicciones y surgieron, nuevamente, lapsos prolongados de desempleo e inflación que establecieron límites a las economías controladas por el Estado. Así, tuvo que aparecer una nueva transformación en la acumulación del capital que permitió reducir costos y maximizar beneficios mediante la expansión del comercio y de las cadenas globales de producción: el neoliberalismo.

Por otro lado, la crisis de 2008 dio lugar a la segunda catástrofe sistémica que ha sufrido el orden mundial. La elevada acumulación de periodos anteriores y la baja rentabilidad en los sectores productivos arrojaron capitales a la esfera bursátil, donde se transformaron en capitales ficticios que no crean valor. Estos capitales fueron en parte la causa de la depresión. La crisis de 2008 es relevante porque sugiere el agotamiento del patrón de acumulación neoliberal actual y enfrenta a las economías a una nueva realidad aún en construcción.

Así, al parecer las crisis económicas han sido el punto de partida de la transformación de la acumulación de capital y marcan el surgimiento de los mecanismos que permiten la superación de las contradicciones intrínsecas del sistema. Hoy día, lo problemático es que los mecanismos que pueden mantener la dinámica de la acumulación se dirigen a generar una mayor valorización mediante nuevas guerras y la sobreexplotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo. Los límites que tiene actualmente el sistema se estarán resolviendo pronto a favor de la acumulación, dado que no se ha generado un movimiento importante que presagie el nacimiento de un nuevo orden mundial.

La economía del planeta, bajo el modelo neoliberal actual, se enfrenta a la posibilidad de una nueva recesión. El Fondo Monetario Internacional anunció en su último informe que el crecimiento global, en 2019, fue de 2.9 %. Por su parte, Estados Unidos tuvo una reducción del crecimiento, durante 2019, al pasar de 3.1 % en el trimestre de enero a marzo, a 2.1 % en el trimestre de julio a septiembre, según datos del Bureau of Economic Analysis (bea). En dos trimestres consecutivos, se ha presentado un decremento en su ritmo de crecimiento y hay temor de una nueva recesión y una ola de proteccionismo a escala mundial. Asimismo, los datos manifiestan un deterioro en las variables asociadas con el ritmo de crecimiento, como las tasas de interés, el consumo y la inversión. Lo anterior implica una afectación del entramado de aspectos que constituyen el tejido económico y social actual. El bajo crecimiento de la economía mundial y la desaceleración de Estados Unidos y China también contribuyen al estancamiento de las actividades económicas de México. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó para 2019 una contracción del -0.1 %, lo cual sugiere un proceso de estancamiento y una ligera recesión. La realidad del sistema de acumulación mexicano es que, en el contexto del deterioro de las cadenas globales de producción y comercialización, la tendencia a la desaceleración en Estados Unidos y China nos afectará de manera directa. La economía mexicana se anclará a ese proceso de manera inevitable. La llamada Cuarta transformación de México y el fin del neoliberalismo estarán en consonancia con las transformaciones globales en los próximos años. Aún más, las políticas económicas de varios países se han convertido en eclécticas ya que, por un lado, se prioriza el mercado externo y el equilibrio macroeconómico y, por el otro, se amplía la política social.

En el contexto latinoamericano, las movilizaciones en contra de las políticas neoliberales en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia no han tenido eco en México, que se mantiene al margen de las protestas porque la política económica mexicana no aborda los problemas sistémicos más complejos. En el presente, la transformación de la acumulación de capital para mantener su expansión tiene dos problemas no solo en México, sino también en el mundo: 1) la valorización del capital y el papel de la tecnología, y 2) el agotamiento de los recursos naturales. Así, cabe formular la siguiente pregunta: ¿cuál es la alternativa de acumulación capitalista para Latinoamérica en los próximos años? La respuesta es que la nueva transformación del patrón de acumulación vigente está todavía en construcción. Lo que se puede visualizar hoy día son las políticas económicas y públicas nacionales que se caracterizan por ser de corte ecléctico, ortodoxas y heterodoxas.

Con una orientación hacia el mercado y, al mismo tiempo, al desarrollo social. De hecho, el actual manejo de la política económica y social genera incertidumbre y la inversión tiende a disminuir, lo que acompañado de subejercicios del gasto público genera un efecto negativo en el crecimiento económico de las economías. En general, la dinámica económica, desde la crisis de 2008, no ha revertido su desempeño y la inestabilidad y estancamiento son la constante. Además, el sistema de acumulación está a debate no solo en la perspectiva económica, sino también en términos sociales; muestra de ello son las protestas sociales latinoamericanas. La herencia neoliberal en Argentina presida – da por el peso de la deuda externa, la problemática brasileña y el golpe de estado en Bolivia son efectos sistémicos que requieren una reflexión aparte. No obstante, todas estas expresiones forman parte del agotamiento del actual paradigma económico y de la agudización de las contradicciones del capitalismo mundial que se reflejan en la violencia, la pobreza y el desempleo. En síntesis, lo señalado sugiere que el actual estancamiento de la economía nacional se podría atribuir al agotamiento del proceso de acumulación neoliberal que vio su choque sistémico en la crisis de 2008 y que ha llevado a decisiones de tipo ecléctico en los ámbitos internacional y nacional. Desde la perspectiva de la crítica de la economía política, no se sale de la crisis hasta remontar el crecimiento previo a la catástrofe y, en ese intermedio, hay recuperaciones y recesiones asociadas con las crisis sistémicas. Dichas crisis históricamente se han resuelto mediante enfrentamientos violentos, como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, que funcionaron para restablecer las condiciones de acumulación.

Nayeli Pérez Juárez: México, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

 Armando Sánchez Vargas: México, Director del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

Las mujeres en el confinamiento por el COVID-19 en Sonora: entre la violencia, crisis económica y el exceso de trabajo

a nivel mundial afloraron las señales de advertencia por el incremento de la violencia y abuso en el hogar hacia las mujeres y las niñas.

María del Rosario Fátima Robles Robles

Foto: El Sol de Hermosillo

Por más que insistan en señalar que las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones ante el COVID-19 y que no es necesario hacer un análisis por género, es precisamente esta crisis, como todas, la que revela y trae a la superficie las desigualdades persistentes.

Ante el confinamiento “en casa” que la sociedad ha tenido como la mejor medida de precaución para evitar el contagio, a nivel mundial afloraron las señales de advertencia por el incremento de la violencia y abuso en el hogar hacia las mujeres y las niñas.

En el Reino Unido las llamadas a la línea directa nacional de abuso se incrementaron en un 65% (BBC NEWS Mundo, 2020, “Coronavirus: En cuarentena con mi abusador” https://www.bbc.com/mundo/noticias-52104880, abril 1), mientras tanto, la ONU advirtió que es probable que las mujeres en los países más pobres y hogares más pequeños, tengan menos formas de denunciar el abuso.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se adopten medidas para hacer frente a «un estremecedor repunte global de la violencia doméstica» contra mujeres y niñas ocurridos durante las últimas semanas, debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del COVID-19 (Noticias ONU, 2020, “Ante el aumento de la violencia doméstica por el coronavirus, Guterres llama a la paz en los hogares” https://news.un.org/es/story/2020/04/147239 , abril 5). Señalando, que se complica dar atención oportuna debido a que las organizaciones encargadas de la respuesta a los abusos, están sometidas a una enorme presión por las exigencias que supone el combate a la pandemia.

En México, la situación se agrava, debido a que las autoridades insisten en no reconocer la violencia en contra de las mujeres y ante el confinamiento, algunas voces de la cultura patriarcal han buscado ganar espacio y no reconocer esta realidad. La Red Nacional de Refugios A.C. señala que se incrementó en un 58% las llamadas de auxilio por parte de las mujeres que padecen violencia intrafamiliar durante el confinamiento (PIE DE PÁGINA, 2020, “Liberan recursos para mujeres” https://piedepagina.mx/liberan-recursos-para-refugios-de-mujeres/, abril 3). Sin embargo, pese a que los gobiernos de los diferentes niveles, no cuentan con los refugios suficientes para atender a las mujeres victimas de violencia, no existe una estrategia transversal que, de certeza de permanencia de operación a los refugios para mujeres, como parte de una la política pública que priorice sus derechos humanos en los hechos y de cumplimiento a acuerdos internacionales. Cada año, el presupuesto para los refugios se somete a concurso y se dilata la entrega de los recursos, lo que coloca en la incertidumbre su operación y en riesgo a las mujeres y niñas que buscan apoyo, ante la violencia de la que son victimas, violando a todas luces sus derechos protegidos en la Ley.

En México, el mes de marzo 2020, cuando en muchas entidades inició el confinamiento, fue el más violento del que se tenga registro en otro marzo desde 2016

En el 2015 había 83 refugios en todo el país, 43 de ellos operados por Asociaciones Civiles, 32 por instituciones públicas y el resto por instituciones de beneficencia privada o sociedad civil (CEDOC.INMUJERES, 2016, Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015”, 2016). Sonora cuenta con cuatro refugios en las ciudades de Hermosillo, Cajeme, San Luis Rio Colorado y Nogales y un albergue temporal en el Centro de Justicia para las Mujeres de Cajeme.

En México, el mes de marzo 2020, cuando en muchas entidades inició el confinamiento, fue el más violento del que se tenga registro en otro marzo desde 2016, en un comparativo del entre febrero y marzo, es posible cuantificar la gravedad de este incremento:

Tabla 1. Violencia en contra de la mujer, comparativo de llamadas al 911

El marcado incremento de un mes a otro en el número de llamadas y pedidos de auxilio de las mujeres, debería ser una llamada de alarma a los gobiernos, con el fin de implementar protocolos y acciones especiales para atender la emergencia de la violencia en contra de la mujer durante el confinamiento.

En Sonora, las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar se incrementaron notablemente en el confinamiento, en el periodo acumulado de enero a marzo, se colocó en el cuarto lugar en el país con más llamadas. En el mes de febrero se recibieron 4 106, en marzo 4 781 y en abril 4 966, lo que representa un incremento del 20% en abril respecto al mes de febrero. En abril se recibieron en promedio 165 llamadas diarias por violencia intrafamiliar, a las que, como señala el Secretario General de la ONU, se complica dar respuesta debido a que las instituciones atienden las exigencias de la pandemia. Destacan en estas cifras municipios que han incrementado notablemente el número de denuncias respecto a abril del año anterior, como Nogales 14%, San Luis Río Colorado 17%, Puerto Peñasco 21%, Etchojoa 43%, Huatabampo 38%, Cananea 61%, Santa Ana 85% e Imuris 83% (Gobierno del Estado de  Sonora, 2020, “Violencia Intrafamiliar, Centro de Control” abril, 2020)

El neutral “quédate en casa” en realidad representa una carga de trabajo adicional para las mujeres y una fuente de tensión. Socialmente la mujer es la responsable del trabajo doméstico, de los trabajos de cuidado en niños y personas de la tercera edad, tareas que son reforzadas desde la figura presidencial que refrenda los roles estereotipados, al señalar que son las madres o las abuelas las encargadas de las tareas de cuidado.

En México, la mujer realiza el 76.7% del trabajo no remunerado del cuidado y los hombres solamente el 23.3%, es decir 3.29 veces más (INEGI, 2019, “Mujeres y Hombres en México 2019” http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf, 2019) Estas cifras desproporcionadas, se agravan durante la pandemia, con los niños y jóvenes en casa, a la mujer se le ha incrementado notablemente el trabajo, debido a que no solamente tiene que ingeniárselas para que sus hijos continúen su educación, trabajar desde casa, realizar el trabajo doméstico y además, cuidar que no hagan ruido o no molesten al papá, cuando también realiza trabajo en casa o por el simple hecho de encontrarse el hombre en casa y no desea ser “molestado”, además del reducido tamaño de las viviendas en México (entre 28 y 42 mts. en promedio la vivienda de interés social) y las condiciones de hacinamiento de las viviendas en México, que de acuerdo al CONEVAL (2010, “Calidad y espacios de la vivienda” https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medición/Calidad-y-espacios-en-la-vivienda.aspx,), el 11.8% tienen carencias por hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto) y el 17% tienen carencias en calidad y espacios de la vivienda.

Aunado a lo anterior, los problemas económicos empiezan aflorar, debido al creciente desempleo, la reducción de jornadas de trabajo o la reducción de pagos que acumulan tensión y fomentan un caldo de cultivo para incrementar aún más una tendencia que no ha logrado reducirse de la violencia doméstica. La otra realidad es el “quédate en casa” para el 56.3% de trabajadores informales que existen en México, en los que sus recursos se han reducido casi a cero, incrementando los problemas económicos y la incertidumbre.

De acuerdo a la OIT (2019, “OIT: redoblar esfuerzos para igualdad de género en el trabajo en América Latina y el Caribe” https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_675572/lang–es/index.htm, marzo 8) casi el 50% de la fuerza de trabajo de las mujeres se encuentra en condiciones informales y precarias, por lo que, al exceso de trabajo invisibilizado en el hogar, se suman sentimientos de impotencia, frustración, temor e incertidumbre, que no están siendo reconocidos socialmente ni en las familias y que las mujeres muchas veces ocultan.

Consideramos que al reanudar la actividad económica y levantar el confinamiento, continuarán las situaciones planteadas y en algunos casos se agravarán, debido al desemplo creciente en nuestro país y los problemas asociados a los cambios en el mercado de trabajo producto del COVID-19, debido a que las empresas más afectadas por los cierres relacionados, temporales o definitivos, se encuentran en los sectores del comercio y los servicios (restaurantes, escuelas privadas, centros de cuidado infantil, salones de belleza, uñas, esparcimiento, albergues para adultos mayores y otros).

Es necesario reconocer que han sido mujeres las que han estado en la primera línea del frente de batalla ante el COVID-19, han sido ellas las que han realizado el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, la labor de educar y cuidar a los hijos, buscar y proveer la comida en casa, el “quédate en casa” tiene atrás a una mujer en casa que lo ha hecho posible, tiene a una mujer enfermera que ha estado día a día en primera línea en hospitales y centros de salud, porque son ellas en una proporción mayor al 90% de la matrícula en esta carrera, tiene a una mujer trabajadora, que ha realizado malabares para cumplir con sus responsabilidades en las diferentes profesiones u oficios, el “quédate en casa” también ha sido para esas mujeres que no tienen nada y sin embargo han estado en casa buscando como proveer a sus familias.

María del Rosario Fátima Robles Robles: Docente Universidad Estatal de Sonora, Egresada de El Colegio de Sonora, rosrobles@yahoo.com.mx