LAS REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

Camila Andrea Galindo*  

Los primeros meses del 2022 han avizorado cuáles serán las reivindicaciones que para las mujeres en este año tendrán más fuerza en nuestro país. El 2022 en Colombia es un año electoral a dos niveles: legislativo y presidencial, contexto que se debe tener en cuenta en el análisis. Además del contexto electoral (habrá elecciones de presidente y del poder legislativo), en el país se afronta una crisis económica y social enmarcada en el recrudecimiento de la violencia y el incumplimiento reiterado del Acuerdo de Paz. Es en este contexto en el que las mujeres colombianas persistimos en nuestras reivindicaciones de respecto y garantía de derechos fundamentales como la vida, la decisión sobre nuestros cuerpos, participación política y protesta social.

Los feminicidios en Colombia

En primer lugar, quisiera destacar la permanente reivindicación por el derecho a la vida de las mujeres en un país donde se presentan múltiples amenazas. En Colombia durante el año 2021 se cometieron 622 feminicidios y 350 tentativas de feminicidio según el Observatorio Feminicidios Colombia, siendo el mes de junio el que registra mayor número: 62 casos. Es aberrante pensar que 62 mujeres fueron asesinadas en razón de su género en un mes en nuestro país.

En este contexto las reivindicaciones son múltiples: a) se exige en primer lugar la correcta tipificación de este crimen por parte de las autoridades, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de feminicidio 1761 de 2015 en donde se tipificó el feminicidio como delito autónomo y lleva el nombre de Rosa Elvira Cely, mujer víctima de feminicidio cuyo caso expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta.” (Agatón, 2018, https://www.elespectador.com/article-745519); b) avanzar en la correcta investigación, judicialización y sanción en contra de los responsables de estos hechos; y, c) tomar eficazmente las medidas de prevención.

Ahora bien, en este punto se hace necesario evidenciar el riesgo, que se ha visto aumentado en los últimos años, de las lideresas sociales y las mujeres defensoras de Derechos Humanos. El Programa Somos Defensores registró entre enero y junio de 2021 484 liderazgos afectados por diferentes tipos de agresiones, de ellos 143 correspondían a mujeres, evidenciando un aumento del 14% en las agresiones contra las mujeres.

Despenalización del aborto

El 21 de febrero de 2022, la marea verde tomó a Colombia. Luego de un intenso litigio estratégico promovido por organizaciones de mujeres, la Corte Constitucional en un fallo histórico avanzó en la despenalización del aborto, permitiéndolo de forma libre hasta la semana 24 y posterior a este tiempo su realización queda sujeta a las tres causales antes permitidas. Las tres causantes reconocidas en Colombia previamente para la realización del aborto sin que fuera un delito son: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre.

Si bien este es un gran e importante avance, la reivindicación no se agota allí, sino que, por el contrario, se abren por lo menos dos escenarios de disputa. El primero de ellos, es la materialización y cumplimiento del fallo en la medida de que permanece la objeción de conciencia, entre otras barreras, para acceder a la prestación de este servicio por parte de las entidades públicas de salud; el segundo de ellos se presenta en la opinión pública debido a que la desinformación y la carga política e ideológica han acaparado los titulares de prensa, la sociedad colombiana aun no comprende las implicaciones del fallo y, en un contexto electoral, se ha aprovechado para enaltecer propuestas como referendos contra el aborto, entre otras.

Participación política de las mujeres en Colombia

La violencia hacia las mujeres que ejercen liderazgo social es preocupante y ha venido en aumento en los últimos años. El 2022, reiteramos, es un año electoral en Colombia y se requiere prestar atención sobre las garantías que las mujeres tienen para su participación política, tanto como candidatas a los diferentes estamentos como electoras en los mismos.

En cuanto a las barreras para el acceso a la participación política, la violencia sigue ocupando uno de los primeros lugares: según la Misión de Observación Electoral entre 2017 y 2020 se evidenció “un crecimiento constante del número de afectaciones en contra de los roles de liderazgo ejercidos por mujeres”, llamando la atención sobre el incremento de hechos contra lideresas en tanto se confirma “la tendencia creciente de violentar a las mujeres que ejercen roles de liderazgo y representación”.

A pesar de este contexto, las listas para las elecciones legislativas como las del Pacto Histórico o las del movimiento “Estamos Listas” evidencian el interés de las mujeres por seguir disputándose estos espacios políticos para la construcción y materialización de propuestas a favor de los derechos de las mujeres. Ahora bien, preocupa que sectores de la derecha y reconocidos como antiderechos, implementan estrategias de utilitarismo de mujeres como candidatas en sus listas para cumplir con los requisitos de paridad.

En este contexto electoral también se requiere destacar las elecciones de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, mecanismo producto del Acuerdo de Paz, que fueron pensadas como una forma de garantizar la representación política de 16 territorios reconocidos por ser fuertemente golpeados por la violencia, y en esa medida garantizar una representación política de las víctimas en el congreso. Se espera que este también sea un escenario en el que las mujeres víctimas puedan participar; sin embargo, en lo corrido del año se han hecho evidentes múltiples riesgos en estas elecciones tanto para quienes se han postulado como en general para el desarrollo de este ejercicio electoral en estos 16 territorios.

Garantías para la protesta social

El 2022 inició con un aumento del salario mínimo de 10%; sin embargo, los productos de la canasta básica presentan un aumento de casi un 20% en estos primeros meses del año. Esta crisis económica repercute en la crisis social en Colombia en donde ya se había anunciado que para el 2021, eran “2,4 millones los hogares que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias en el país comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario” (https://www.portafolio.co/economia, 25 de marzo de 2021).

Es así como en un año en donde desde su inicio se ha evidenciado el recrudecimiento de los conflictos económicos y sociales, junto con el aumento de la violencia en los territorios, el diagnóstico apunta a que la movilización social jugará un papel trascendental como expresión del inconformismo de la población colombiana.

Recordando la aun impune y desproporcionada respuesta por parte de la fuerza pública hacia el Paro Nacional del 2021, la reivindicación se torna hacia las garantías para la protesta social y, en especial en el caso de las mujeres, por la no violencia sexual y de género en el marco de la protesta social y el rechazo a las judicializaciones y estigmatizaciones en contra de nuestras compañeras. En el Paro Nacional del 2021 se documentaron “69 casos de violencias basadas en género ejercidas contra las mujeres, entre los cuales 17 fueron violencias sexuales, 27 fueron violencia física acompañada de hostigamientos, 24 violencias simbólicas que incluyeron acoso sexual” según la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas.  

En conclusión, el 2022 inició con un logró bastante importante para la reivindicación de los derechos de las mujeres en Colombia con la despenalización del aborto; sin embargo, en un país que afronta una grave crisis económica y social, los retos aún son bastantes, en especial para garantizar la vida y las garantías fundamentales para el desarrollo social, político y económico de las mujeres.


* Colombia, GT Crisis y economía mundial. Abogada e investigadora defensora de Derechos Humanos, con maestría en Derecho Administrativo.

MÉXICO: MUJERES ENTRE LA VIOLENCIA,

LA CRISIS Y LA PANDEMIA

Josefina Morales*

En nuestro país, como en casi todos, las mujeres somos la mayoría de la población, 55 millones, y la mayor parte de adultos mayores donde se registran 123.2 mujeres por cada 100 hombres en el grupo de 75 años y más, en un proceso general de envejecimiento de la población. Las mujeres se concentran en las entidades más pobladas: el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.

La formación pluricultural y pluriétnica se muestra también en el ámbito femenino: el 6.2% de las mujeres son hablantes de lenguas indígenas y 1.3 millones de mujeres, 2% del total, se auto adscriben como afromexicanas, con mayor número en Veracruz y Guerrero.

En el último trimestre del 2021, las mujeres ocupadas, 23.3 millones, disminuyeron significativamente su participación en el mercado de trabajo y representaron 40% de las 56.6 millones de personas ocupadas. De los 38.4 millones de trabajadores subordinados y remunerados las mujeres eran 15 millones; de los 2.4 millones no remunerados, más de la mitad (1.4) eran mujeres. En los micronegocios había 9.5 millones de mujeres, de un total de 23.2 millones de personas.

La percepción por ingreso exhibe la desigualdad de género. El 6.5% de las mujeres trabajadoras no recibe ingresos mientras el 5.2% de los trabajadores se encuentran en esta situación; el 30.8% de las mujeres trabajadoras obtiene hasta un salario mínimo, cuando el 19.8% de los hombres recibe este ingreso; y el 6.4% de las trabajadoras recibe más de tres salarios mínimos cuando el 10% de los trabajadores cobra este ingreso.

Las mujeres son fundamentales, indispensables, en el vivir cotidiano, en la cocina, el cuidado y el trabajo. La participación femenina en la cocina mexicana, una de las más importantes del mundo, constituye una tradición cultural. La contribución de las mujeres en la creación de nuestras artesanías de textiles, del barro y la cerámica es notable. Del padrón de artesanos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FORNART) el 60% son adultos mayores, 70% de los cuales son mujeres. También la participación de las mujeres en la salud pública como parteras, chamanas o curanderas es ancestral.

Las mujeres, como se sabe y como se vive, llevamos en la pandemia la mayor carga de trabajo, precarización extrema en las condiciones de trabajo, menores salarios, mayor desempleo e informalidad, junto a la sobrecarga en los diversos trabajos de cuidado en el hogar que multiplicaron las diversas jornadas ya registradas.

La lucha de las mujeres contra la exclusión, la explotación, la dominación y la violencia y por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, por el derecho al aborto, es más que centenaria y en el último medio siglo se ha convertido en uno de los movimientos sociales más importantes en cada país y en el mundo. Baste recordar las manifestaciones tumultuarias de mujeres en el año 2020.

En tiempos de pandemia las mujeres en el hogar enfrentamos, además de las “tareas propias de su sexo del hacer comida, recoger y lavar trastes, del lavar y planchar la ropa”, el teletrabajo para miles de nosotras, empezando por las que trabajan en el sector educativo, a lo que se suma la tarea de ayudar a los hijos en el estudio a distancia, por internet si hay en casa o por televisión, o por las dos; y el cuidado de los enfermos, en particular de adultos mayores -madres, padres y familiares. Como ya señalamos el año pasado al recoger un trabajo del Grupo de Trabajo Feminismo, resistencia y emancipación, las mujeres han sufrido los impactos más negativos de la pandemia al tiempo que su participación para enfrentarla ha sido extraordinaria e indispensable; se hizo evidente que el trabajo de cuidado es un trabajo por la vida. El trabajo de cuidado realizado por mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos y de otros países latinoamericanos en Europa, particularmente España, ha mostrado ser indispensable, vital, en tiempos de pandemia.

Y en tiempos de pandemia no desapareció el acoso, la agresión, la violencia contra las mujeres, que, en muchos casos se redobló en casa. Todo ello exhibe el patriarcado y la explotación sin fin de las mujeres con múltiples aristas cotidianas.

En nuestro país, la investigación sobre el feminismo y la lucha feminista tienen un largo camino desde los años setenta entre las que destacan los trabajos de Marcela Lagarde y Martha Lamas.

México: ni una más

En México, a las diversas formas de dominación y explotación de las mujeres descrita en los párrafos anteriores, se sobrepone la más violenta forma de dominación, el asesinato, el feminicidio. Fenómeno que empezó a hacerse visible desde 1993 cuando en Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, la búsqueda de jóvenes desaparecidas se encontró con los cadáveres del campo algodonero y fue creciente el asesinato de mujeres, de jóvenes trabajadoras en la maquila; y sobre el que se han escrito libros de obligatoria lectura. La búsqueda de miles de madres de sus hijas desaparecidas, “las buscadoras”, ha mostrado trágicamente el cementerio en que se ha convertido el territorio nacional.

De la información oficial publicada en 2020 en Violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), de ONUMUJERES y de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia (CONAVIM), recogemos algunos datos que pueden ilustrar el horror al que se enfrentan las mujeres en este país.

Entre 1990 y 2019 se registraron 56 517 feminicidios, 10.5 mujeres asesinadas cada día. Estadística en donde estúpidamente se clasifica si es feminicidio o un asesinato. En 2020, en plena pandemia, se registraron 3 723 feminicidios y 3 462 el año pasado.

Los feminicidios se realizan con una gran brutalidad y crueldad (mujeres estranguladas, ahorcadas, quemadas) y poco más de la mitad son ejecutados sobre mujeres entre 15 y 34 años, entre los cuáles también se registran infanticidios, asesinatos de niñas. Más de la mitad de los feminicidios se presentan en la vía pública, en la calle.

A esta violencia sin nombre se agrega la impunidad: entre 2015 y 2018 se registraron 5 389 mujeres víctimas de homicidio; 1 961 personas fueron procesadas por el delito de feminicidio y apenas 448 fueron sentenciadas por este delito, ¡menos del 10 por ciento!

El feminicidio no es el único delito que enfrentamos las mujeres, la violación es otro no menos grave, y el múltiple acoso. Entre 2012 y 2018 se denunció ante las autoridades, un promedio anual de alrededor de 15 000 delitos de violación; al menos 32 mujeres y niñas, en promedio, acudieron diariamente a denunciar este delito ante el Ministerio Público. Y el acoso se pone sobre la mesa en los niveles medios y superior del sector educativo.

El movimiento feminista en México adquirió dimensión internacional con la multitudinaria manifestación del 8 de marzo de 2020. Y hay múltiples expresiones artísticas en las plazas públicas, en el teatro, en la poesía, en la canción. Vivir Quintana con Canción sin miedo expresa la fuerza, el dolor, la rabia de esta lucha sin fin: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, / que tiemblen los jueces y los judiciales / hoy a las mujeres nos quitan la calma / nos sembraron miedo / nos crecieron alas / A cada minuto de cada semana / nos roban amigas nos matan hermanas / destrozan sus cuerpos / nos desaparecen / ¡No olvide sus nombres / por favor, señor presidente!  


* México, GT Crisis y Economía Mundial, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, presidenta de SEPLA.

LAS MUJERES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Pasqualina Curcio Curcio*

Es trágico lo que la humanidad ha estado viviendo durante los dos últimos años, y no nos referimos solo a la llegada del Covid-19 a cada rincón del Planeta afectando la salud y la vida de 433.907.681 y 5.959.360, respectivamente (https://www.Worldmeter.info). Nos referimos sobre todo a las evidencias que este agente invisible ha puesto de manifiesto sobre el sistema económico que prevalece. En medio de la pandemia se han potenciado y acelerado las grandes desigualdades que caracterizan y son inherentes al sistema capitalista derivando en mayor pobreza, miseria y exclusión.

De acuerdo con el reciente informe de OXFAM titulado “Las desigualdades matan”, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la población restante se han visto deteriorados. Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas y actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas como lo eran a finales del siglo XIX, hoy hay 163 millones de personas más en situación de pobreza, viviendo con menos de US$ 5,50 al día, que antes del 2020 (OXFAM, 2022).

Las mujeres hemos sido las más afectadas durante estos tiempos de pandemia. El año 2020, hemos perdido US$ 800.000 millones de ingresos y mientras el empleo de los hombres se recupera rápidamente, en 2021 había 13 millones menos de mujeres empleadas que en 2019.

En pandemia, las mujeres y las niñas hemos asumido los cuidados no remunerados que, según las estimaciones, ya ascendían antes de 2020 a 12.500 horas diarias. Adicionalmente, las trabajadoras del sector informal son las más afectadas por la pandemia ya que se enfrentan a lo que OXFAM denomina una “triple crisis”: la COVID-19, el incremento del trabajo de cuidados no remunerado, y la inseguridad y precariedad del trabajo remunerado (OXFAM, 2022, Da un paso decisivo contra la desigualdad).

Inseguridad y precariedad en el trabajo

En pandemia se destruyó el 4,2% del empleo de las mujeres, lo que representa una caída de 54 millones de trabajos frente al 3% de los hombres debido, principalmente, a las medidas de confinamiento, política sanitaria por excelencia para disminuir el contagio del Covid-19 que afectaron sobre todo a los sectores manufactureros y de servicios en los que trabajan en mayor proporción las mujeres, casi siempre de manera informal.

A nivel mundial, las mujeres trabajadoras perciben un salario 20% menor que los hombres. La calidad del empleo de las mujeres se ha visto aún más deteriorado en la pandemia en cuanto a menores salarios, mayor número de horas de trabajo diario, la exposición a riesgos de salud y seguridad en el trabajo, además de mayor riesgo de sufrir de violencia y acoso. Se estima que, a nivel mundial, alrededor de 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, por lo que, en pandemia, sus ingresos se redujeron 60%, lo que equivale a más de US$ 396.000 millones (OXFAM, 2022).

Nuestra América fue la región que experimentó la mayor disminución del empleo de las mujeres. Entre 2019 y 2020 cayó 9,4% versus el de los hombres que registró una caída de 7% (OIT, Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19, 2021).

Violencia de género

Al menos 1 de cada 3 mujeres experimenta algún tipo de violencia a lo largo de su vida según los informes de OXFAM.

En pandemia, las políticas de confinamiento, así como otros factores relacionados con el estrés por la misma pandemia, como por ejemplo la situación económica en los hogares, el desempleo, el cierre de los servicios, el mayor trabajo de cuidados no remunerados, han contribuido al aumento de la violencia de género contra las mujeres.

Los asesinatos de mujeres han alcanzado cifras sin precedentes. Por ejemplo, según el informe de OXFAM, en Reino Unido los asesinatos de mujeres en un mes prácticamente triplican el promedio de dicho mes de la última década. En Israel, la tasa de feminicidios aumentó un tercio.

El trabajo invisible de las mujeres: el cuidado no remunerado

Las mujeres, a nivel mundial, dedicamos 12.500 millones de horas diarias al trabajo doméstico no remunerado, lo que equivale a decir que 1.500 millones de personas (el 20% de la población mundial) trabajan una jornada de 8 horas sin que se les remunere (OXFAM, 2022). El trabajo doméstico no remunerado se estima en 10.800 millones de dólares anuales, aproximadamente el 13% del PIB mundial.

La pandemia, aunque ha visibilizado el esfuerzo y tiempo que implica el trabajo doméstico, también lo ha potenciado recayendo principal y desproporcionadamente sobre las mujeres. El cierre de las escuelas y de servicios de atención y cuidado, así como el hecho de tener que permanecer confinados ha incrementado el trabajo en los hogares y el cuido de niños y personas enfermas o con discapacidad.

En el estudio mencionado de OXFAM, más de la mitad de las mujeres encuestadas afirma que están dedicando más tiempo al trabajo doméstico no remunerado durante la pandemia; el 43% de las mujeres manifestó sentirse con “mayores niveles de ansiedad, depresión, sobrecarga de trabajo, aislamiento o enfermedades físicas por el mayor volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que recae sobre ellas desde que comenzó la pandemia”.

La salud de las mujeres en pandemia

Un fenómeno que se está observando, y de gran preocupación, son los efectos colaterales de la pandemia en lo que a la salud/enfermedad se refiere y donde las mujeres están siendo las más afectadas. Los recursos y la atención se han centrado estos 2 últimos años en la prevención, vacunación, atención y tratamiento contra el covid-19, por lo que ha disminuido la atención de otras enfermedades.

Un ejemplo es el aumento de la tasa de incidencia del cáncer a nivel mundial, en particular el de mama. En 2020 el cáncer de mama pasó a ser la primera causa de muertes de mujeres sobrepasando al de pulmón. Durante ese primer año de pandemia, los casos de cáncer de seno aumentaron 11.7%: se registraron 2.260.000 y fallecieron 685.000 mujeres en ese año a causa de esta enfermedad. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia agudizó la tardanza y falta de acceso a diagnósticos tempranos e interrumpió los tratamientos para el cáncer en más del 40% de los países, siendo los de menores ingresos los más afectados (https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492).

Los hechos aquí mostrados son solo manifestaciones, potenciadas gracias a la pandemia, de la desigualdad que transversaliza el sistema capitalista que predomina en el mundo. Las propuestas de políticas orientadas a la igualdad para disminuir la exclusión de las mujeres, mejorar sus condiciones laborales, evitar la violencia de género y reconocer el trabajo doméstico no remunerado son de suma importancia, así como lo son las luchas de las mujeres por la igualdad de género. Sin embargo, hay una lucha que es central y que las mujeres debemos retomar con mucha fuerza. Es central porque es donde principalmente se originan esas grandes desigualdades, y es la lucha contra el propio sistema económico caracterizado por la apropiación del valor de la fuerza de trabajo, especialmente la de las mujeres. En la medida en que cambie el sistema económico y se haga cada vez menos desigual en cuanto a la distribución de la producción entre trabajo y capital, en esa medida las manifestaciones de la desigualdad hacia las mujeres serán también menor. De allí la importancia de reforzar también nuestra lucha contra el propio capitalismo reconociéndonos como


* Venezuela, GT Crisis y Economía Mundial, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, con varios libros publicados.

Trabajo Protegido, Estable y Decente Para Las Mujeres

María José Azócar y Andrea Sato*

La pandemia del COVID-19 cambió todos los ámbitos de la vida. El riesgo de contagio obligó al cierre de los mercados, suspensión de cadenas de valor y ensayar nuevas formas de producción. Los cuerpos contagiados, las salas llenas de los hospitales en las periferias y el empobrecimiento sistemático de los hogares no fue razón suficiente para detener el avance de un modelo de expolio capitalista que se basa en la opresión y explotación de las fuerzas vitales.

Chile, un país “ejemplo” en la región por su responsable política fiscal, estabilidad democrática y apertura a los mercados, enfrentó los primeros meses de pandemia después de meses de manifestaciones contra el empobrecimiento, la desigualdad social y el abuso. “Contra la precarización de la vida” fue la consigna que secundaron organizaciones feministas y sociales.

La crisis social y sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha sumido a Chile y al mundo en una importante recesión de la cual aún no tenemos certezas de sus alcances. Las crisis económicas y recesiones mundiales tienen víctimas claras: sectores más empobrecidos, especialmente las mujeres empobrecidas. En este artículo explicamos los mecanismos patriarcales y racistas que están detrás de la actual crisis estructural del capitalismo para luego describir el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la situación laboral de las mujeres en Chile.

Capitalismo Patriarcal Racialmente estructurado

Desde los años 70s y con más fuerza en la primera década del 2000 el Capitalismo ha entrado en una etapa financiarizada. Lo peculiar de este sistema financiarizado es que no necesita que las ganancias vía mercados de capitales estén conectadas con las ganancias que genera la producción. Por ejemplo, una persona en Singapur puede obtener muchas ganancias financieras a partir de la compra y venta de promesas de compra de primeras viviendas en Estados Unidos. Pero estas ganancias financieras no dependen de que el negocio inmobiliario en Estados Unidos funcione bien. Perfectamente se pueden vender viviendas a personas que no serán capaces de pagar los préstamos en el corto y mediano plazo.

Los Estados han jugado un rol central para que el Capitalismo Financiarizado sea posible. Por ejemplo, a través de la progresiva privatización de servicios sociales se han trasladado los costos de estos servicios a los hogares. Al mismo tiempo, como ha habido una disminución sostenida de los salarios reales de la clase trabajadora, a las familias no les ha quedado otra alternativa que endeudarse para pagar cuestiones tan básicas como el agua.

Pero en este proceso de financiarización de la economía, el patriarcado -como sistema social y económico- ha jugado un rol central también. Dado que vivimos en una sociedad sexista, las mujeres están más empobrecidas y tienen empleos más precarios y perciben menos salarios que los hombres [Barriga, F., Durán, G., Sáez, B., & Sato, A. (2020). No es amor, es trabajo no pagado. Un análisis del trabajo no pagado de las mujeres en el Chile actual. Santiago: Fundación SOL].

Además, mujeres y hombres hacen gastos diferenciados en sus familias, por lo tanto, son las mujeres generalmente las que terminan pagando más por el bienestar familiar, reforzando la desigualdad dentro de los hogares. Si a esto se suma que el trabajo feminizado de cuidados no es ni siquiera valorado como un trabajo en nuestra sociedad, entonces, las ganancias financieras de quienes prestan dinero (en su mayoría hombres blancos hetero-cisgénero) se obtiene de la deuda en la que incurre la clase trabajadora, en particular las mujeres pobres y racializadas -quienes son las que reciben menos salarios y se insertan en peores empleos, y por tanto necesitan endeudarse más.

Son estas lógicas patriarcales (y racistas) las que explican cómo se construyen las clases sociales. Estas lógicas establecen una relación de poder entre grupos sociales y con base en esas relaciones de poder algunos grupos pueden acceder a más recursos que otros, acumulando más ingreso y riqueza.

Pandemia en Chile

El impacto de la pandemia del COVID-19 en Chile sirve de buen ejemplo para entender las lógicas opresivas, y no sólo explotadoras, del capitalismo.

Una lógica patriarcal supone que las mujeres son trabajadoras desechables, de estatus subordinado y con habilidades “naturales” que las hacen más competentes para empleos de rango menor. Esta lógica patriarcal explica por qué las mujeres en Chile fueron las que recibieron el golpe más duro de la pandemia.

En un contexto donde las mujeres tienen tasas de ocupación más bajas que los hombres, la pandemia implicó que más de un millón de mujeres perdieran sus empleos en Chile. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), para el último trimestre del año la Tasa de Desempleo Abierta el año 2020 para las mujeres fue 10,9% (mientras que para los hombres fue de 9,8%). Según la estimación de la Fundación Sol, la Tasa de Desempleo Integral fue aún mayor: 15,5% para las mujeres (y 13,6% para los hombres). Estas son tasas sin precedentes desde que comenzó a aplicarse la Encuesta de Empleo en Chile. Sumado a esto, la Tasa de Inactividad para las mujeres en el trimestre móvil de abril, mayo, junio del año 2020 alcanzó a 4 millones 700 mil mujeres (versus 2 millones 800 mil para los hombres). Esta cifra es también histórica y no bajó de los 4 millones durante el año 2021.

El impacto de la pandemia se hizo ver con especial fuerza en empleos feminizados. Un ejemplo de ello es el trabajo doméstico. Entre los años 2019 y 2020, según los datos del último trimestre del año, la ocupación en esta categoría bajó un punto porcentual y al año 2021 no volvía a recuperarse a los niveles pre-pandemia. En esta categoría también es común que las personas trabajen sin contrato y en la informalidad, lo que implica que las personas no tienen un piso mínimo de protección social ante una crisis.

El impacto de la pandemia sobre mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico es de particular preocupación. Sobre estas mujeres operan lógicas sexistas y racistas que las subordinan a una situación especialmente precarizada.

Rico y Leiva- Gómez, por ejemplo, en sus entrevistas a mujeres migrantes de Bolivia trabajando como cuidadoras en Chile durante la pandemia, documentaron cómo estas mujeres se vieron expuestas a la modificación unilateral de sus contratos, reducción de salarios, despidos sin pagos, y maltratos racistas. Las mujeres que decidieron viajar a la frontera para volver a sus hogares en Bolivia fueron abandonadas y discriminadas. [Leiva-Gómez, S., & Rico, M. (2021). Trabajo doméstico migrante en Chile y el COVID-19. Cuidadoras bolivianas en el descampado. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 53, 227-255]. Mientras tanto, la riqueza de unos pocos en Chile (incluida la del presidente Sebastián Piñera) aumentaba en un 11% en esos mismos meses. Sólo un capitalismo patriarcal y racista hace posible sostener estas jerarquías de poder entre grupos sociales.

Durante el año 2021, sólo se han recuperado 700 mil empleos para las mujeres en Chile. Peor aún, casi el 42% del empleo creado en el periodo responde a trabajo externalizado o endeble. Además, el 56,2% del empleo creado para mujeres es de carácter informal (Figuras 1 y 2). Esta situación precarizada de recuperación de empleo para las mujeres no es algo nuevo. Esta inserción precaria es un patrón del capitalismo patriarcal. La mala calidad del empleo para las mujeres, los altos niveles de subempleo y desaliento, la externalización e informalidad han sido parte constituyente del empleo en Chile. La pandemia no hizo más que profundizar la crisis del trabajo asalariado y de los cuidados.

Un Futuro con Empleos Dignos

Cualquier propuesta de recuperación económica para las mujeres en Chile debe ir unida con una política de empleo robusta, que tenga como eje no sólo recuperar los empleos perdidos, sino que poner énfasis en la calidad del empleo. Políticas que aspiran a mantener la misma cantidad de empleos previa a la pandemia con una calidad deficiente, no protegen a las trabajadoras. Sólo aumentan la deuda que beneficia a unos pocos multimillonarios. Avanzar en mejorar la calidad/dignidad de empleos, comprendiendo la división sexual del trabajo y las labores de cuidado que las mujeres han realizado históricamente es central para comenzar a salir de la actual crisis estructural del capitalismo. Para conquistar una vida digna en el futuro es necesario trabajo protegido, estable y decente para las mujeres, poniendo en el centro los cuidados, fortaleciendo la organización sindical, garantizando los derechos colectivos del trabajo y estableciendo comunitariamente los parámetros para el trabajo socialmente necesario.


* Chile, investigadoras de la Fundación Sol.

BRASIL: CRISE CAPITALISTA E A UNIDADE ENTRE RACA, GENERO E CLASE NA LUTA DE CLASES

Marina Machado Gouvêa*   

O Dia Internacional das Mulheres (conquistado na luta e datado pela greve liderada por mulheres que deu início à Revolução Soviética) chega neste ano em meio ao acirramento da crise capitalista, com os efeitos da pandemia, o aumento da miséria e a conflagração direta na Ucrânia.

Trata-se de uma crise profunda e multidimensional. É crise econômica, vinculada à base produtiva e não apenas à mal-chamada “esfera financeira”; é crise política, de legitimidade do estado de direito burguês, com o acirramento de golpes de Estado e a corrosão das poucas ‘liberdades democráticas’, que jamais foram acessíveis às grandes maiorias; é crise hegemônica, na disputa cada vez mais acirrada entre China e EUA, pela qual se movimenta a Rússia, e que se desdobra por todas estas dimensões –inclusive a militar e a das guerras híbridas; é crise ambiental, cuja profundidade põe em risco a sobrevivência da humanidade e de outras espécies, contrapondo o capitalismo a nada menos que a existência humana; é, ainda, crise de alguns dos valores mais profundos da modernidade capitalista, como a noção de que existe um ‘ser humano universal’, abstrato, incorporado na figura do ‘indivíduo cidadão’. Este ‘homem universal’ na realidade corresponde plenamente apenas a homens, e não a todos eles, sequer à maioria: somente aos homens brancos e proprietários. Esta última dimensão tem sido explicitada pelos movimentos feminista e antirracista, que cresceram imensamente nos últimos cinco anos ao redor do mundo.

Reconfiguração capitalista, raça, gênero e classe

As crises capitalistas constituem pontos de inflexão na forma da acumulação e da reprodução social, quando se generalizam e se não se dá a superação do próprio capitalismo em escala global. É inevitável a disputa nesta reconfiguração: entre potências, entre capitais e entre classes sociais. A dialética do desenvolvimento capitalista é também dialética da luta de classes.

A covid-19 aprofundou a crise que se estendia desde 2007-2008 e vinha dando sinais de novos desdobramentos ainda em 2019, inclusive militares, com os avanços em tecnologia bélica por parte da China e da Rússia e com uma nova ofensiva estadunidense, que desembocou no assassinato de Qasem Soleimani em janeiro de 2020. Durante a pandemia, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas no mundo, enquanto a miséria contribuiu para a morte de uma pessoa a cada 4 segundos (OXFAM, 2020, Tempo de cuidar. Oxford: Oxfam House). A pobreza é maior entre as mulheres: ganham menos pelas mesmas atividades, são maioria no trabalho informal, criam filhes sozinhas, têm maiores taxas de desemprego e têm menores aposentadorias (quando as têm). No mundo, os homens detêm 50% a mais de riqueza que as mulheres (OXFAM, Idem.). Além disso, as mulheres trabalham mais: realizam pelo menos 12,5 bilhões de horas de trabalho reprodutivo não remunerado (idem). Sofrem com piores condições de vida, mesmo dentro da classe trabalhadora. A raça, por sua vez, tem relação direta com a classe social, em todas as partes do mundo. No Brasil, 75% des pobres são negres e, dentre a minoria rica, 70% é branca (IBGE, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Brasília: 2019). A pandemia piorou esta realidade: no país, pessoas negras tiveram 1,5 vezes mais chance de morrer de covid que pessoas brancas (OCDE, 2021, Health at a glance).

No início de 2021, a OIT estimou que meio bilhão de pessoas ficaram desempregadas ou subempregadas em razão direta da pandemia, sujeitas à miséria e à fome (OIT, 2021). A maior parte delas são mulheres e pessoas não brancas. Houve ainda o aumento dos feminicídios e da violência de gênero contra mulheres em seus lares, além da sobrecarga de trabalho reprodutivo não remunerado. Além disso, 75% des trabalhadores da saúde no mundo são mulheres (OXFAM, 2020, op. cit.), sendo que as não brancas ocupam postos mais rebaixados. Note-se que a própria mercantilização das vacinas impossibilita o fim da pandemia: países africanos como a República Democrática do Congo vacinaram menos de 1% de sua população. Na América Latina, o Haiti vacinou apenas 0,88%. Enquanto isso, na Europa já é oferecida a quarta dose. Também aqui está a determinação pela raça. Lembremos ainda que, apenas em 2020, a fortuna des bilionáries no mundo cresceu USD540 bilhões, suficientes para cobrir a vacinação contra a Covid-19 de toda a população mundial (OXFAM, 2021, O vírus da desigualdade, Oxford: Oxfam House).

A profundidade da crise exige e possibilita uma reconfiguração na acumulação. Até agora, está reconfiguração tem tido seu eixo no aprofundamento do neoliberalismo (entendido como tecitura da própria reprodução capitalista desde as décadas de 1970-80), em especial com a transformação das relações de trabalho, bem como a ofensiva aberta da classe dominante contra os povos do mundo. O aprofundamento das contradições traz consigo novos horizontes de luta. Mas, para aproveitá-los, há que se entender que a classe trabalhadora não existe ‘em abstrato’. Nada existe em abstrato.

Não sou eu uma mulher?

Não raro, a história de lutas das mulheres é retratada como uma série de lutas por liberdades civis e direitos sociais. O direito ao voto, à equiparação salarial. Fica, assim, restrita a uma esfera de “lutas democráticas” reivindicadas nas próprias revoluções liberais (e conquistada apenas para os homens brancos), que é frequentemente entendida na esquerda como sendo menos importante que a luta de classes. Estas classes, contudo, não existem em abstrato.

Entender o racismo e a misoginia apenas como ‘somatória de opressões’ e seu enfrentamento somente como ‘lutas democráticas’ oculta a divisão social do trabalho.

É enorme a contribuição das mulheres negras, em especial do feminismo negro marxista, para o entendimento da concretude como totalidade. Ao se perguntar ‘não sou eu uma mulher?’, contrapondo sua realidade à luta de mulheres da elite por maiores direitos civis, a ex-escravizada negra Sojouner Truth escancarava a divisão racial do trabalho como parte da determinação de classe, bem como sua indissociabilidade com a divisão sexual do trabalho.

Não se trata apenas de opressões que se somam, ou que particularizam a exploração de classe, mas poderiam ser secundarizadas em uma perspectiva classista. Estas opressões existem e têm por base a divisão racial do trabalho, a divisão binariogenerificada do trabalho e a divisão territorial do trabalho, como dimensões da própria divisão social do trabalho. Tais dimensões impactam a determinação ética do valor da força de trabalho dos distintos contingentes particulares da classe trabalhadora. Impactam também a determinação do valor da força de trabalho da classe em seu conjunto, inclusive dos homens brancos trabalhadores em países centrais, na medida em que contribuem para a invisibilização do trabalho reprodutivo não mercantilizado. Ao não ser reconhecido como trabalho em nossa sociedade, o trabalho reprodutivo não ligado à produção ou circulação direta de outra mercadoria que não a própria força de trabalho (realizado majoritariamente por mulheres não-brancas) não entra na formação do valor de troca da força de trabalho. Se entrasse, o conjunto dos salários de trabalhadorxs teria de ser maior, diminuindo a apropriação de mais-valia.

Sobre a importância e os desafios do marxismo em nosso momento histórico

Estas dimensões da divisão do trabalho indicam a razão pela qual uma mulher da classe dominante não tem em última instância interesse no fim da divisão sexual do trabalho, nesta sociedade; e mostram que o conjunto da classe trabalhadora precisa reconhecer seu interesse na centralidade do combate ao racismo e à misoginia.

O marxismo é imprescindível no reconhecimento destas determinações e sobredeterminações. O bom marxismo, porém: não idealista e essencialista. O racismo e a misoginia só poderão ser superados com o fim do capitalismo. E a superação definitiva do capitalismo exige superar o racismo e a misoginia. O trabalho reprodutivo e o cuidado são necessários à reprodução da vida e devemos todos sermos capazes de cuidar.


*Brasil, GT Crise e Economia Mundial, Doutora em Economia Política Internacional e professora da UFRJ.. Membra da junta diretiva da SEPLA (Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico)

PANDEMIA, VACANCIA Y DERRAME EN PERÚ

Aníbal García Fernández*

Desde el 28 de julio de 2021 a enero de 2022 el gobierno de Pedro Castillo ha visto pasar más de diez ministros cesados, dos cuestiones de confianza sobre un primer ministro, una moción de vacancia en su contra. A este breve balance entre el Congreso y el Ejecutivo se suma un referéndum en contra de una Constituyente aspecto fundamental para la administración de Castillo.

Por si fuera poco, a la atención a la pandemia, la caída de varios indicadores económicos y el crecimiento de la deuda se suma el ataque a gasoductos y un derrame petrolero por parte de Repsol en las costas peruanas.

“Fallas estructurales” y pandemia

Hacia diciembre de 2021 Perú sumaba más de 200 mil muertes, más de 2 millones de contagios y más de 54 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas en un país de 32.9 millones de habitantes. Tras dos años de pandemia, sigue siendo el país que tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo. La CEPAL mostró en un estudio que Ecuador y Perú tuvieron más exceso de mortalidad en sus municipios que otros países de Nuestra América.

El estudio de CONCYTEC, Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en Perú, concluyó que son las condiciones estructurales del país las que influyeron en la alta mortalidad. Destacan el bajo presupuesto a salud, que es 3.16% del PIB, 29 camas UCI por millón de habitantes. Se suma el hacinamiento, falta de planeación urbana y un transporte público precario, pero el elemento más relevante es quizá la informalidad. En 2019, Perú registró 12.4 millones de trabajadores en el sector informal, hacia 2020 según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aumentó a 15.2 millones.

En algunos sectores etarios de Perú ya comienza a aplicarse la tercera dosis y aunque los fallecimientos y contagios continúan, provocados en su mayoría por la variante omicrón, no tiene los mismos efectos. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar la falta de acceso equitativo a vacunas y las fallas del sistema COVAX.

Vacancia contra Castillo

En la Constitución peruana de 1993 la moción de vacancia está estipulada en el artículo 113. Esta ley permite al Congreso iniciar juicio político para destituir al presidente de la República con al menos el 20% de los congresistas, 26 de 130. De ser admitido, se requiere que 52 congresistas (40%) admita el juicio político por incapacidad moral.

En diciembre de 2021, el Congreso metió la moción de vacancia contra Pedro Castillo aprovechando la Constitución fujimorista aduciendo, sin pruebas, “lavado de activos, tráfico de influencias” y por “generar inestabilidad económica”. La vacancia pretendía aprovechar un momento político en el congreso en el que no le era favorable al Presidente. Sin embargo, la vacancia no pasó. En votación parlamentaria Castillo permaneció en su mandato por 76 votos en contra de la vacancia (provenientes del partido de Castillo, Perú Libre, junto al Partido Morado, Acción Popular, Juntos por Perú y la Alianza para el Progreso, salvo dos votos en contra), 46 a favor y 4 abstenciones. Los partidos de Fuerza Popular, en dónde está Keiko Fujimori, Avanza País, donde milita Hernando de Soto y Renovación Popular no lograron el 20% requerido.

Sin embargo, la estrategia política y mediática en contra del gobierno no se limita a la vacancia, sino en bloquear en el congreso la posibilidad de cambios en Perú. En primer lugar, está la enmienda a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano que establece que toda iniciativa de reforma constitucional que sea puesta a consulta popular tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso. Con 72 votos a favor, el 22 de enero de 2022 el congreso bloqueó la posibilidad de convocar a un referéndum para modificar la constitución fujimorista. Castillo podría acudir al Tribunal Constitucional para resolver el conflicto y lograr el referéndum, parte constitutiva de la democracia participativa y del proyecto de nación.

El otro frente político que pretende obstruir el Congreso es la reglamentación de la cuestión de confianza, figura jurídica que permite al Ejecutivo cerrar el Congreso si obstruye sistemáticamente iniciativas gubernamentales. El gobierno de Castillo no tiene solamente el referéndum, tiene por delante un paquete de reformas como la tributaria y financiera, con la cual se pretenden recaudar 3 mil millones de dólares al año. Esta reforma es crucial en un momento en que Perú y América Latina ven subir la deuda externa (eterna), altos niveles de inflación y presión fiscal. Esta reforma incluye un impuesto minero (sector estratégico con bajas tasas de impuestos), mayores contribuciones fiscales para aquellas personas que ganen más e impuestos para servicios de streaming.

El gobierno de Castillo requiere de una bancada y estructura partidaria que le permita respaldo para la aprobación de la reforma. Sin embargo, la bancada de Perú Libre está fracturada entre un sector afín a Castillo y otro a Vladimir Cerrón, presidente del partido que tiene una causa judicial abierta por supuesta organización criminal y cohecho pasivo cuando fue gobernante del departamento de Junín. Más allá de aspectos institucionales, las protestas y movilización popular serán también una carta a favor del gobierno.

Ataques a ductos y el derrame de Repsol

Al finalizar 2021, la empresa estatal Petroperú, informó de un segundo ataque contra gasoductos en la provincia de Loreto. El ataque fue al oleoducto Norperuano – ONP. Dicho ataque derivó en una fuga en la Amazonía peruana afectando a varias comunidades en donde el derrame de petróleo se extendió. Desde 2014 se han registrado 29 actos de sabotaje.

El desastre mayúsculo fue en la costa peruana. La empresa Refinería La Pampilla, filial de Repsol YPF, anunció el derrame de 6 mil barriles de petróleo tras la erupción en la isla de Tonga y por no activar protocolos de seguridad. El derrame afectó a 21 playas del litoral peruano y se extendió por 50 kilómetros. Las investigaciones apuntan a negligencia de Repsol y, por lo tanto, a acciones legales por daño ambiental (alrededor de 35 millones de dólares, menos el 2% de sus ingresos en 2021) que impedirá actividades pesqueras en la zona afectada.

La empresa Refinería La Pampilla produce el 70% del petróleo que se refina en Perú, en 2021 tuvo ingresos superiores a los 2 mil millones de dólares y tiene 32 infracciones por no realizar monitoreo de residuos.            En el directorio de la empresa se evidencia la “puerta giratoria” común en este tipo de empresas. Destaca Elena Conterno Martinelli, exministra de la Producción en el segundo gobierno de Alan García. Actualmente directora de las financieras Scotiabank y Crediscotia.

Gianna Macchiavello Casabonne, fue abogada en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Transportes y fue viceministra de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por último, José Luis Ibarra Bellido, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), recibió en 2015 un reconocimiento de la Marina de Guerra del Perú, justamente es la Marina la que tiene entre sus facultades identificar las causas y autores del derrame.

Hacia finales de enero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su renuncia al presidente, en espera de ser aceptada. El principal problema, según medios locales, es por la inconformidad con Castillo por la jubilación del Comandante General de la Policía Nacional de Perú (PNP), Javier Gallardo.

Este tipo de renuncias se tornan comunes en el mandato de Castillo que se enfrenta a un congreso en contra, a su partido con problemas internos, a una derecha que busca constantemente su dimisión, problemas con las cúpulas policiales y militares. Entre eso, una pandemia que no da tregua y el mayor derrame de petróleo en los últimos años.


* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global. Candidato a doctor del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

ACUERDO INTERNACIONAL DE NO USO DE LA GEOINGENIERÍA SOLAR

International Solar Geoengineering Non-Use Agreement*

El Acuerdo Internacional de No Uso de la Geoingeniería Solar pide:

1) La no financiación pública: El compromiso de prohibir a las agencias nacionales de financiación el apoyo al desarrollo de tecnologías para la geoingeniería solar, tanto a nivel nacional como a través de instituciones internacionales.

2) No a los experimentos al aire libre: El compromiso de prohibir los experimentos de tecnologías de geoingeniería solar.

3) No a las patentes: El compromiso de no conceder derechos de patente para las tecnologías de geoingeniería solar, incluidas las tecnologías de apoyo, como el reequipamiento de los aviones para la inyección de aerosoles.

4) No al despliegue: El compromiso de no desplegar tecnologías para la geoingeniería solar si son desarrolladas por terceros.

5) No al apoyo de las instituciones internacionales: El compromiso de oponerse a la futura institucionalización de la geoingeniería solar planetaria como opción política en las instituciones internacionales pertinentes, incluidas las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Por favor, únase a nosotros en el apoyo a este llamamiento y compártalo con otros grupos que puedan estar interesados en respaldar la Carta Abierta como representante de una organización de la sociedad civil o apoyar la carta como académico o ciudadano individual.

Firma el petitorio acá

[link] https://www.solargeoeng.org/take-action/


* Iniciativa internacional publicada el 22 de enero de 2022.

IMPACTOS DE LAS DEMANDAS DE ARBITRAJE DE INVERSORES CONTRA ESTADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE*

Bettina Mueller**

El año 2021, en cuanto a demandas en el Sistema Internacional de Arbitraje entre Estados e Inversores (ISDS por sus siglas en inglés) contra países de la región, está en el puesto No. 1 (¡), junto con el año 2003. En ambos años la región recibió 25 demandas de arbitraje por parte de inversores extranjeros. Perú sigue siendo el país más demandado de la región en 2021 con 6 demandas, triste título que ya «ganó» en 2020. Le sigue México con 3 demandas. Es también el primer año en el cual se concreta una demanda ISDS en relación a las medidas contra Covid-19. En total, desde la primera demanda contra un país latinoamericano en 1996 hasta el 31 de diciembre 2021 se han registrado 328 demandas ISDS contra países de ALC.  (véanse los reportes sobre el régimen de protección de inversiones en Chile y Perú (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/2021).

A continuación, presentamos una descripción breve de las últimas demandas registradas desde noviembre de2021: 2 contra Perú, 2 contra Guatemala, 1 contra México y 1 contra Ecuador.

Codelco vs. Ecuador.

El 24 de Diciembre, la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) mandó una solicitud de demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI, por sus siglas en inglés) con el fin de iniciar procedimientos arbitrales contra el Estado ecuatoriano en relación a un proyecto minero de explotación de cobre en el Noreste del país -el proyecto Llurimagua. Según Codelco, Ecuador incumplió con los acuerdos para desarrollar y explotar la mina en conjunto con la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI). Se trata de la primera demanda contra Ecuador ante el CIADI luego de su vuelta a este centro de arbitraje a mediados de 2021. Cabe mencionar que el Tratado Bilateral de Inversión invocado, entre Chile y Ecuador, fue denunciado y terminado en 2018. Debido a la cláusula de remanencia aún se pueden llevar adelante demandas 10 años más, usando este tratado. No se conoce el monto reclamado por Codelco.

Enagás Internacional S.L.U. vs. Perú.

Se trata de la segunda demanda de la empresa energética Enagás contra el Estado peruano. La primera demanda, registrada en 2018, fue vinculada a la paralización de la concesión para construir el Gasoducto del Sur Peruano, en cooperación con la empresa brasilera Odebrecht, involucrada en múltiples demandas por corrupción en relación al Lava Jato peruano. En esta oportunidad se trata de una pelea por la ‘repatriación’ de 160 millones de euros de dividendos, correspondientes a Enagás por su participación en la empresa estatal Transportadora del Gas de Perú (TgP) con el 28,9% y en la Compañía Operadora de Gas (COGA), entidad responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP, con el 51%. Poder transferir este dinero fuera del país también les es importante a los dueños y mayores accionistas de Enagás para que reciban sus dividendos, entre ellos fondos de inversión como Millennium Capital, BlackRock o Covalis Capital. No se conoce el monto reclamado por Enagás.

VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS vs. Perú.

La corporación constructora francesa VINCI está demandando al Estado peruano en relación a una concesión para la construcción, operación y el mantenimiento de la autopista Línea Amarilla que obtuvo su subsidiaria local Lima Expresa. La Municipalidad de Lima busca anular dicha concesión, alegando corrupción y chantaje en el proceso de licitación y una vinculación al Lava Jato peruano, mientras que VINCI sostiene que estos acontecimientos tuvieron lugar previo a su obtención de Lima Expresa en 2016. A esto se suma una disputa por el aumento del peaje en la autopista, frenada por la justicia en enero 2020, decisión luego revocada en 2021, lo que llevó a un aumento efectivo del peaje de 3,5%. La misma corporación está actualmente llevando adelante una demanda contra Chile en relación a las restricciones de viaje impuestas por el Estado debido a la pandemia que afectaron las ganancias del Aeropuerto de Santiago de Chile para cuya operación VINCI tiene una concesión. No se conoce el monto reclamado por VINCI (https://icisd.worldbank.org).

Grupo Energía Bogotá S.A.E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. vs. Guatemala

Es la segunda demanda de la empresa eléctrica colombiana Grupo Energía Bogotá contra el Estado guatemalteco. La primera se registró en noviembre 2020. Las dos demandas están relacionadas a un plan de construcción y expansión de líneas de transmisión energética y de subestaciones que experimentaron demoras en su finalización. Según la empresa, el gobierno guatemalteco no quiso pagar por ciertas demoras y gastos extras. A pesar de esto, fuentes periodísticas informan sobre un presunto acuerdo en cuanto a una prórroga del contrato para extender la fecha límite de la finalización del proyecto al 2024. No se conoce el monto reclamado por el inversor (htpps://www.valoranalitik.com/2021/05/06).

Libre Holding, LLC vs. México

La empresa estadounidense L1bre Holding demanda al Estado mexicano por la cancelación de una concesión de suministro de taxímetros en Ciudad de México luego de la elección de una nueva Jefa de Gobierno. La misma disputa ya había llevado a otra demanda en 2020 por Espíritu Santo (https://icsid.worldbank.org). Fue en 2016 que la empresa Lusad, de la cual Espíritu Santo y L1bre son dueños, recibió una concesión para proveerles taxímetros digitales y una aplicación a 138.000 taxis en la capital mexicana para competir con servicios como Uber. Según la Jefa de Gobierno electa en 2018, Claudia Sheinbaum, el proceso de licitación fue «un negocio privado y corrupto», ya que solo hubo tres días para que se presentaran otras empresas, sumado a que Lusad no cuenta con mucha experiencia en el emprendimiento que prometía realizar. Además, la Agencia Digital de Innovación Pública ya estaba desarrollando una aplicación similar, razón por la cual los servicios de las empresas privadas al parecer eran prescindibles. Según un artículo en la revista Proceso, 10 de junio   de 2019, L1bre y Espiritu Santo invirtieron alrededor de 70 millones de dólares en el proyecto, previo a la rescisión del contrato y exigen cerca de 2.400 millones de dólares en compensación, el equivalente al valor del negocio según Goldman Sachs. No hay documentos oficiales que validen estos datos.

Energía y Renovación Holding, S.A. vs. Guatemala

El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que se desconoce a razón por la demanda de la empresa panameña Energía y Renovación contra Guatemala. Se supone que tiene un vínculo con las protestas de comunidades indígenas locales que han generado las plantas hidroeléctricas San Mateo y San Andrés y la línea de transmisión eléctrica del Norte (https://www.oas.org/anual 2018), y da cuenta del hecho de que la construcción de las plantas y diques afectó los cursos de agua de ríos y afectó sensiblemente el acceso al agua de las comunidades aledañas. Las protestas fueron recibidas por Energía y Renovación al igual que por el gobierno guatemalteco con violencia y represión. Hay varias demandas de las comunidades afectadas en cortes locales. No se sabe, si la demanda presentada está vinculada a dichos procedimientos. Tampoco se conoce el monto demandado por la empresa.


Boletín no. 4 del Trasnacional Institute sobre el tema.

** Alemania, investigadora del Trasnational Institute (TNI) de Holanda.

MÉXICO: Y LA LUZ SE HIZO Y A LA LUZ SALIERON LOS ENCHUFES PRIVATIZADORES

Josefina Morales*

La política económica de la cuarta transformación en México tiene tres ejes estratégicos paralelos a la lucha contra la corrupción y el despilfarro faraónico de las administraciones anteriores: la lucha contra la desigualdad en la distribución y apropiación de la riqueza; la recuperación estratégica de la soberanía energética con el rescate de las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Compañía Federal de Electricidad (CFE); y un desarrollo regional que atiende al sureste, la región socialmente olvidada del país, a pesar de que ha proporcionado parte sustancial del petróleo y de la energía eléctrica.

La lucha popular por el rescate de nuestros recursos energéticos cruza el siglo XX con la expropiación petrolera y la creación de la CFE en 1937, decretadas por el General Lázaro Cárdenas y la nacionalización de la energía eléctrica, en 1960, con el presidente Adolfo López Mateos que estableció en el artículo 27 constitucional que Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Y advirtió que podrían volver a presentarse los intereses traidores a la patria para entregar nuestros recursos al extranjero.

La contrarreforma en el sector eléctrico se inicia con Salinas de Gortari que en 1992, en la negociación del TLCAN, cuando a finales de los noventa declara que el servicio eléctrico no es un servicio público; continúa con Ernesto Zedillo que crea la figura de productores independientes de energía, de autoabastecimiento y cogeneración, contra el monopolio púbico, y abre paso a la participación del capital extranjero en la generación eléctrica; continúa con los intentos de Felipe Calderón en 2008 de reforma eléctrica que son frenados en el senado y llevó a cabo, en 2009, el cierre fulminante de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que deja sin trabajo a 44 000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se oponía a la privatización; y culmina con la reforma entreguista de Peña Nieto en 2013.

La reforma de Peña Nieto, resume Víctor Rodríguez Padilla, “consistió esencialmente en: a) reducir el alcance del servicio público, b) desintegrar vertical y horizontalmente la cadena de suministro, y c) introducir la competencia en la generación y comercialización, así como conservar para el Estado la operación de las líneas de transmisión y distribución, el despacho eléctrico y la operación del mercado mayorista.” (“Industria eléctrica en México: tensión entre el Estado y el Mercado” en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, México, vol. 47, núm. 185, abril-junio, 2016, p. 35).

Y se crearon los órganos autónomos en el ramo para garantizar el interés privado. El costo de esta irracionalidad privatizadora es enorme, pues adicionalmente se dan tantas canonjías por años y años al capital privado, nacional y extranjero, que comprometieron la estabilidad financiera de la CFE: su objetivo destruirla y prácticamente desaparecerla a corto plazo.

La energía es un recurso estratégico de la nación, sin gasolina no tenemos transporte, transporte de personas, de mercancías, de insumos y productos industriales, de alimentos; sin energía eléctrica no hay producción ni comercialización, no podría realizarse ninguna actividad económica; sin la energía eléctrica los hogares no tendríamos luz, luz para trabajar y estudiar en casa, luz para el refrigerador que guarda la comida, luz para el descanso con lectura, música o televisión.

A nivel internacional existen empresas públicas de electricidad ya que también se ha considerado históricamente, hasta antes del neoliberalismo, un servicio público. En 2016, según la OCDE, el 62% de la generación eléctrica en el mundo era público cuando 32 de las 50 más grandes compañías en el mundo eran públicas.

Las cinco empresas estatales de electricidad más importantes del mundo en 2021 eran: Enel, de Italia, con 71 mil millones de dólares de ventas; EDF de Francia; Tepco de Japón; y Vantenfall en Suecia. La japonesa fue creada en 2011, después de la tragedia nuclear de Fukushima.

La sueca Vattenfall, formada a principios del siglo XX, producía en sus inicios energía hidroeléctrica y a finales del siglo XX generaba con energía nuclear de 7 reactores. En las últimas décadas, con el boom petrolero, se fue por la energía fósil y en 1980 se votó por eliminar la energía nuclear.

Incluso Estados Unidos tiene numerosas empresas públicas regionales y una gran empresa de energía renovable, Autoridad del Valle de Tennessee, fundada en 1933, durante la gran depresión, y tiene 29 presas hidroeléctricas. Quebec, Canadá, fundó una empresa pública en 1944.

Inglaterra tenía el monopolio estatal de la generación eléctrica, Central Electricity Generating Board, antes de las privatizaciones impulsadas por Tacher y compañía.

En Francia, el Estado fundó, después de la segunda guerra mundial, Électricité de France, después de un proceso de nacionalización de diversas empresas, hoy primer productor y distribuidor de electricidad en Europa, que inició el proceso de privatización desde 2005; sus trabajadores se opusieron a la privatización en 2019; tiene centrales nucleares; y actualmente proyectos de entrada de capital privado a “energías limpias”. Hoy el Estado posee el 83.7% y tiene una mayor participación en el mercado nacional, mientras Engie, una trasnacional privada de generación eléctrica y servicios, petrolera, de gas y energías renovables, con 63.6 mil millones de dólares de ventas el año pasado, que es la segunda empresa trasnacional más grande de servicios públicos, tiene el 24% del mercado eléctrico francés.

En Italia, el Estado tiene 23.6% de la empresa Enel que hoy participa con el 11% del mercado eléctrico en ese país, fue pública en sus inicios en 1962 y privatizada en 1999 después de la liberación del mercado eléctrico en ese país.

En España, Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, empresa pública, fue fundada en 1994 y en 1988 se inició su proceso de privatización.

En Brasil, Electrobas, empresa pública, participa con el 29% de la generación eléctrica y posee más de la mitad (57%) de las líneas de trasmisión y el 88% de su generación es de hidroeléctricas; en Argentina EDESUR (Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima), es una empresa privada de distribución y comercialización, fundada en 1992, a quién se le otorgó una concesión por 95 años y ha dado pésimo servicio con frecuentes apagones en la ciudad de Buenos Aires.

La irracionalidad y la avaricia de los grandes capitales en el sector energético se exhibe, una vez más, en España, en donde las mismas empresas a las que se entregó parte de nuestros recursos eléctricos, como Iberdrola, la sexta empresa eléctrica más grande del mundo con 37.8 mil millones de dólares de ventas en 2021, no sólo proporcionan un mal servicio, sino que en semanas de diciembre y de enero, en medio de un crudo invierno multiplicó el costo de la energía.

La financiarización está presente en el sector a nivel internacional. BlackRock, por ejemplo, uno de los gigantes, que se define como compañía de gestión de inversiones globales tiene participación en múltiples empresas de diversas actividades, farmacéuticas, entre otras las productoras de vacunas, también está presente en el sector eléctrico internacional; tiene, por ejemplo, el 3% de Repsol luz y gas.

En México, a partir de la iniciativa presidencial de AMLO para la recuperación de la de la rectoría del Estado sobre este sector estratégico con la generación de más de la mitad de la electricidad por la CFE, se redobló la guerra judicial, amparo tras amparo, y una ofensiva mediática redoblada; en las primeras semanas de 2022 la reacción amenaza con realizar demandas en instancias internacionales y hasta fueron a Washington a llorar como plañideras

Hoy, la recuperación de la rectoría del Estado en el sector eléctrico está en el debate público, parte se recoge en los canales públicos y en algunos programas de radio, y está presente desde luego en las redes; se ha recogido muy escasamente en la televisión privada en las últimas semanas y a lo largo de este foro se ha exhibido la contrarreforma de Peña Nieto con sus terribles saldos negativos.

En la actual propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, se parte del reconocimiento de que la reforma constitucional de 2013 fue una reforma regresiva, despojo, asalto en descampado, desaparición de las empresas energéticas del Estado y beneficios ilimitados al sector privado. El desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral con lo que se debilitaba la seguridad energética y la seguridad nacional. Se demuestra que esta reforma es insostenible.

Frente a ese acto de traición a la patria y nido de corrupción, la iniciativa de reforma constitucional presenta por AMLO propone un nuevo sistema eléctrico integrado en el cual el Estado, con el 54% del mercado, recupere la conducción, la rectoría, del sistema eléctrico nacional, su planeación y control, para afianzar la seguridad eléctrica del país y asegurar costos favorables para los intereses nacionales y populares; también reserva para la nación el litio como mineral estratégico. La mejor propuesta sería, desde luego, la completa nacionalización del sector que enfrentaría mayores demandas internacionales.

Hoy, las fuerzas populares en nuestro país tienen que volver a estar presente en defensa de la soberanía nacional, en el rescate de la electricidad nacional y de la CFE. ¡Todos al zócalo en defensa de nuestra soberanía y por el rescate de la electricidad nacional!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


* México, GT Crisis y Economía Mundial, investigadora del IIEc-UNAM, presidenta de SEPLA. Ponencia en el Foro de Análisis de la Propuesta de Reforma Eléctrica, organizado por la UAM-A.

ARGENTINA:EL GOBIERNO ACORDÓ CON EL FMI

 Julio C. Gambina*

Al final se develó la incógnita y entre el 28 de enero del presente año y la siguiente semana se cancelan 1.100 millones de dólares al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses.

Eso ocurre porque se acordó con los negociadores del FMI un “préstamo de facilidades extendidas”, con 10 años de duración, cuyo primer vencimiento será dentro de 4 años y medio, o sea, a mediados del 2026, con cancelación prevista hasta el 2031. Es decir, el stand by de Mauricio Macri del 2018 con vencimiento en el 2024, se transforma en otro préstamo por idéntico monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) con vencimiento en 2031. La hipoteca continúa.

Se alude a DEG, cuya cotización involucra a varias monedas de circulación internacional, en un tiempo en que el dólar viene devaluándose. Eso implica entonces que hacen falta más dólares para pagar los DEG desembolsados por el FMI. Los montos a devolver son mayores que los 44.500 millones de dólares de la cotización al 2018. Todo ello supone una mayor exigencia para devolver el préstamo del FMI.

El acuerdo

Lo acordado deberá ser tratado en el Congreso Nacional y en el Directorio del FMI. Todavía falta para suscribir el acuerdo final y ahora viene el debate local y en el organismo internacional.

El supuesto es de tratamiento y aprobación rápida, antes de los vencimientos de febrero y marzo, imposibles de cancelar sin desembolsos del FMI. La convocatoria del gobierno apunta a lograr el apoyo parlamentario del oficialismo y de la oposición.

Lo previsible será el voto de rechazo de la izquierda, que podrá extenderse a otros sectores políticos con diversas argumentaciones. Es un debate que juega en la disputa electoral hacia el 2023.

Según lo informado por el ministro Martín Guzmán, una vez suscripto los acuerdos, con los memorándums técnicos correspondientes, el FMI desembolsará trimestralmente, previa revisión de que se cumplen con el “esquema de políticas macroeconómicas” y las “medidas de política económica” comprometidas, de mediano plazo, las que apuntan a la estabilización duradera de la economía local.

En buen romance, el FMI auditará cada trimestre la evolución económica local y si da el acuerdo se efectivizan los desembolsos, y si no, se cae el acuerdo. El FMI se convierte en fiscal de la economía local. Claro que el acuerdo se presenta como un logro en defensa de la decisión soberana para mantener la senda del crecimiento de la producción y del empleo.

Lo acordado es un programa por 2 años y medio, es decir, el tiempo que resta para cancelar el stand by del gobierno Macri.

El FMI se compromete a desembolsar el equivalente de los vencimientos, incluido lo ya cancelado con el FMI en este tiempo, algo más de 5.000 millones de dólares, según dijo Guzmán. Según lo informado habría una meta de acrecentar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares, los que pueden integrarse con esos fondos recuperados desde el FMI.

Los compromisos apuntan a bajar el déficit fiscal a -2,5% del PBI en 2022 (el Presupuesto sugería -3,3%); bajar a -1,9% en 2023 y a -0,9% en 2024, sin precisar detalles, solo señalando una “moderada” intervención sobre el crecimiento del gasto y una “mejora” en la administración recaudatoria. Se trata de ver las planillas en concreto sobre el ajuste por gastos e ingresos.

Es un tema de alarma en materia de ajuste fiscal. Se compromete el gobierno a reducir el financiamiento del BCRA al tesoro hasta prácticamente eliminarlo hacia 2024, con reducción de las emisiones monetarias y fortaleciendo el mercado de capitales en moneda local, cambiando el balance de la deuda pública en divisas a pesos.

Se informó que no habrá reformas laborales o previsionales, ni aliento a privatizaciones, aunque se continua con el plan de reducir subsidios por servicios públicos.

La apuesta es a crecer productivamente sobre la base de exportaciones y que se generen suficientes divisas para hacer frente a los compromisos que se asumirán.

En síntesis, se aprueba la continuidad de los compromisos del Estado, aun cuando el Jefe de Gabinete habló de la “irresponsabilidad” del gobierno Macri en la suscripción del préstamo. El ministro Guzmán aludió al “fracaso” de las políticas comprometidas y que el dinero se usó para cancelar deuda y fugar capitales. Aun cuando se alude a las múltiples causas de la inflación, las medias enunciadas siguen el rumbo de la estabilización y el ajuste.

Argentina vuelve a perder otra oportunidad de investigar a fondo el endeudamiento y para actuar en consecuencia en el rechazo de la deuda ilegal, ilegitima, fraudulenta y odiosa. La campaña por el rechazo al acuerdo con el FMI, la suspensión de pagos y auditoría deberá profundizar su campaña para esclarecer los efectos del acuerdo favorable a legitimar una deuda odiosa que hipoteca recursos públicos alejando soluciones demandas por la sociedad empobrecida.


* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, presidente de la FISyP, miembro de la dirección colectiva de SEPLA.

LA NUEVA OLA:PANDEMIA, VACUNAS, EMPRESAS

Gabriela Roffinelli, Josefina Morales y Aníbal García Fernández*

Entre las crisis entreveradas reaparece en el mundo el fantasma que no se había ido: la pandemia del Coronavirus, COVID-19, en su nueva mutación denominada Ómicron, si no más letal, sí más contagiosa.  Según estimaciones basadas en modelos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) alrededor del 17 de enero de 2022 hubo 125 millones de infecciones de Ómicron, por día en el mundo, que es más de diez veces el pico de la onda delta en abril de 2021. El nivel de infección sin precedentes sugiere que más del 50 % del mundo se habrá infectado con Ómicron entre finales de noviembre de 2021 y finales de marzo de 2022.  (https:// www.thelancet.com/ PIIS0140-6736(22)00100-3/fulltext).

El impacto económico de esta nueva ola es todavía no cuantificable, ya que no permitirá recuperar el valor de la producción alcanzada en 2019. En Nuestra América ya se pronostica por la CEPAL un menor crecimiento, lo que agrava las desigualdades estructurales que la caracterizan, con baja inversión y baja productividad, mayor concentración de la riqueza y mayor precarización del empleo con desempleo y creciente economía informal.

Al impacto desigual en nuestros países por la ruptura de las cadenas globales de valor, la contracción del comercio exterior, la caída estrepitosa del turismo y el endeudamiento externo en varios países, se suma el nuevo proceso inflacionario a nivel internacional con mayor gravedad en los precios de los granos básicos y alimentos; la inestabilidad del valor de nuestras monedas ha provocado graves devaluaciones en algunas naciones.

La crisis social se extiende y se encona entre los más pobres desamparados a los que las vacunas no llegan, como en Haití que tiene apenas el 1.1% de su población vacunada. Y la dimensión política de la crisis emerge con fuerza en medio de un ascenso de la lucha de clases en busca de cambios sustantivos para las mayorías.

Las vacunas y la apropiación empresarial del conocimiento

Hay que reiterar que la generación de las vacunas descansa, en gran parte, en la investigación pública, en las universidades y centros de investigación financiados por los Estados, y que, al patentarse por grandes empresas trasnacionales, se registra una apropiación privada de un conocimiento público. Y también hay que tener presente el grado de desmantelamiento de las instituciones de salud pública provocado en las últimas tres décadas por las políticas neoliberales en el mundo que en varios países destruyeron los laboratorios nacionales productores de diversas vacunas.

Frente a una pandemia, por definición de alcance mundial, se requiere una atención también de alcance mundial. Este requerimiento no se ha atendido por instancias internacionales. La donación ‘filantrópica’, ‘humanitaria’, de las potencias es raquítica y África y Centroamérica no han podido realizar la aplicación, ni siquiera, de una primera dosis, mientras en los países dominantes se aplica la tercera y hasta cuarta dosis y su aplicación se extiende a menores de edad. Hasta en Lancet, la revista más prestigiada sobre investigación médica se presentó en junio del año pasado, un artículo de Ann Danaiya Usher que cita a Gavin Yaney que señala que “los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas”.

La petición social internacional para la liberación de las patentes sólo encuentra oídos sordos de gobiernos y empresas trasnacionales. Las instituciones internacionales como la OMC o la OMS, no han sido capaces de impulsar el rescate del conocimiento público, a pesar de la solicitud, desde el 2020, de India y Sudáfrica. Más aun, hacia finales de 2019 la Fundación Bill y Melida Gates se convirtieron en el segundo mayor donante de la OMS, detrás de Estados Unidos. Esta fundación, junto con Alianza para la Vacunación, GAVI (también financiada por Bill y Melinda) hicieron el mecanismo COVAX que ha sido insuficiente y presionaron para impedir la liberalización de la patente de la vacuna de Oxford.

Asa Cristina Laurell señala: “Dada la magnitud de la pandemia, sorprende que no se planteó desde un inicio aplicar las reglas de la OMC sobre excepciones a las patentes ante emergencias de salud pública, que indudablemente es covid-19. El mecanismo previsto para esto son las llamadas licencias obligatorias, las cuales son un permiso que da un gobierno para producir un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente si no se ha logrado una licencia voluntaria. Es de señalar que aún con una licencia obligatoria debe compensar al dueño.” (La Jornada, “Variantes covid, economía y patentes”, 11 de enero 2022).

En dos años de pandemia, las principales farmacéuticas han ganado alrededor de 350 mil millones de dólares, monto casi similar al gasto presupuestal aprobado en México para 2022, poco más de 7 billones, considerando un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Esta acumulación se da al tiempo que 97 millones de personas en el mundo cayeron en la pobreza extrema (2 dólares diarios), según datos del Banco Mundial.

Valor bursátil de las principales farmacéuticas 2020-2021 (millones de dólares)
Empresa20202021
Johnson&Johnson384,200452,700
Pfizer217,600330,400
Moderna7,700102,000
AstraZeneca78,00090,000
BioNTech9,30063,300
Novavax33210,924

En este mar de avaricia destaca la producción de vacunas y la solidaridad internacionalista de Cuba, país bloqueado por Estados Unidos desde hace más de seis décadas y, casi sitiado desde los últimos meses del gobierno de Donald Trump, continuado por Biden. Vacunas denominadas Abdala, Soberana 1 y 2, que empiezan a llegar a países pobres de Centroamérica, Asia y África.

¿Endemia o presión del capital?

Mientras la OMS evalúa que la variante Ómicron “causa síntomas menos graves que Delta, pero sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados», los gobiernos de distintos países (Inglaterra, Francia, Argentina, España, etc.) se preparan para el fin de la pandemia, plantean que hay que convivir con el virus y vaticinan que dejará de ser una pandemia para convertirse en una endemia.

Les preocupa que el nivel de contagiosidad de la variante Ómicron ha elevado el ausentismo laboral (ya sea porque los trabajadores estén cursando la enfermedad o porque tienen que aislarse por ser contactos estrechos) en todos los países en los que se ha desplegado. Y las empresas los presionan para cambiar los protocolos de seguridad.  Por esta razón económica, no de salud pública, en muchos países se están reduciendo los tiempos de aislamiento por contactos estrechos de 7 a 5 días e incluso en casos de contactos estrechos con un esquema de vacunas completo y sin síntomas ya no deben hacer las cuarentenas y, por lo tanto, asistir obligatoriamente a los lugares de trabajo. Pero como advierten los epidemiólogos si aumentan los contagios, aumentan las hospitalizaciones y los decesos; y aumenta el riesgo de que surja otra variante más transmisible y mortal que Ómicron.

El fin de la pandemia no viene de la mano de los negocios de las farmacéuticas y ni de las grandes corporaciones, que mientras obligan a trabajar a personas que si bien no presentan síntomas pueden contagiar la enfermedad, rehúsan mayoritariamente a pagar impuestos que ayudarían a desarrollar programas sociales orientados a sostener a los sectores más perjudicados por la crisis económica. Un reciente informe de OXFAM (https://www.oxfamargentina.org/riqueza-diez-hombres-ricos-planeta-mientras-ingresos-humanidad-deteriorado-causa-covid/) muestra que la riqueza de los diez hombres más ricos se ha duplicado desde el 2020, mientras los ingresos del 99 % de la humanidad se han deteriorado.

La COVD19 es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Es hora de que se impongan criterios de salud pública por sobre los criterios de rentabilidad de las farmacéuticas y las megacorporaciones y se liberen las patentes y se distribuyan vacunas en todo el mundo.


* Argentina y México, GT Crisis y economía mundial.

LA ESCUELA AUSTRÍACA Y LA APOLOGÍA DEL CAPITALISMO

Julio C, Gambina*  [1]

La escuela austríaca emerge hacia 1871, año del primer intento de gobierno obrero, con la Comuna de París, levantamiento y experiencia derrotada por la violencia de las armas con 30.000 muertos. Hacía pocos años, en 1867, se había publicado el Tomo I de El Capital, en donde se anticipaba que los expropiados (trabajadores o propietarios de su fuerza de trabajo) tenían derecho a expropiar a los expropiadores (capitalistas o propietarios de los medios de producción). El eje de esta monumental obra se concentra en las leyes del valor y del plusvalor, sustentadas desde la abstracción, núcleo central del método en Karl Marx (1818-1883). El pase a consideraciones concretas del funcionamiento del orden capitalista se conocerá con la publicación por Friedrich Engels (1820-1895) de los borradores de Marx del Tomo II, recién en 1885; y del Tomo III en 1994. El razonamiento completo de Marx sobre la dinámica del capitalismo se completa con la difusión de su obra hacia 1894.

El fundador de la escuela austríaca es Karl Menger (1840-1921), junto con William Stanley Jevons (1835-1882) y León Walras (1834-1910), quienes generan una ruptura epistemológica con la escuela clásica inaugurada por Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Según John Maynard Keynes (1883-1946), es Marx quien denomina “clásica” a la escuela iniciada con la “investigación acerca de la riqueza de las naciones” en 1776, la primera sistematización de los estudios económicos y la formulación originaria de la ley del valor-trabajo. Hacia 1871 no solo está completa la exposición de la ley del valor, sino que por primera vez se sostiene cual es el origen del excedente económico, la plusvalía o plusvalor, fuente de la ganancia y sus formas concretas de manifestación en la renta o el beneficio empresario. Era la fundamentación acabada del socialismo como propuesta alternativa al capitalismo.

Con esos antecedentes tiene lógica la respuesta “austríaca” y el origen de una nueva denominación a la corriente principal de la economía, ya no clásica, sino “neoclásica”. Los austríacos retoman la explicación del capitalismo, por eso “neo” y el argumento a derrotar es el socialismo en cabeza de Marx. El capitalismo ya está en su madurez y los estudios científicos, una vez sometidos a la crítica de Marx, mutan en “apología” del orden, de la propiedad privada y del libre cambio. Eso es la escuela neoclásica y la escuela austríaca, que sostendrá esos fundamentos con el tiempo, mediante los principales discípulos, caso de Eugen von Boehm-Bawerk (1851- 1914), cuya obra en polémica con Marx se publica en 1884, sustentando inconsistencias, cuya respuesta estaban en borrador hasta 1885 y 1894, con la publicación de los Tomos II y III de El Capital. Ludwig von Mises, (1881-1973) polemizó con Marx y en contra del socialismo en 1922, ya habiendo sucedido la revolución rusa y la primera experiencia por construir el socialismo vía planificación estatal. Friedrich Hayek (1899-1992), premio Nobel de economía en 1974 (otorgado por el Banco de Suecia) y cuya máxima obra es “Camino de la servidumbre” (1944) se concentra en la crítica a la planificación y en la defensa de la libertad de mercado, de precios y la propiedad privada.

Señala Perry Anderson[2]:

“Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como neoliberalismo en tanto fenómeno distinto del mero liberalismo clásico, del siglo pasado. El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de Bienestar. Su texto de origen es Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista inglés, en las vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente ganaría. (dónde cierran comillas) El mensaje de Hayek era drástico: “A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia moderada inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna”. (Perry Anderson, Neoliberalismo: un balance provisorio, capítulo I. CLACSO, htpp://biblioteca.clacso.edu.ar).

Tres años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pélerin, en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de Bienestar europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano.

En la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una suerte de franco masonería neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, una vez que el capitalismo avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes su edad de oro, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los ‘50 y ‘60. Por esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias neoliberales de los peligros que representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado.

La polémica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor. Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo “igualitarismo” de este período (ciertamente relativo), promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el consenso oficial de la época ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo en realidad imprescindible en sí mismo, que mucho precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en teoría por más o menos veinte años.” (falta referencia, dónde empiezan comillas)

Una cita larga pero necesaria, ya que en la escuela austríaca está el origen de las políticas “neoliberales”, que varias veces sostuvimos que no eran nuevas ni liberales. No nuevas porque se inspiran en la antigua tradición austríaca, contra el socialismo y la crítica de la economía política y no son “liberales” porque para funcionar necesitaron del terrorismo de Estado de las genocidas dictaduras del cono sur de América desde 1973. Si en 1947 eran sector en minoría dentro de la profesión económica, hegemonizada por el pensamiento de Keynes, para 1976 con el Nobel a Milton Friedman (1912-2006) se consolida su papel hegemónico como corriente principal sustentada hasta el presente, más allá de matices entre distintas vertientes de la tradición neoclásica.

Con la escuela austriaca se abandona la teoría objetiva del valor, con el eje en el estudio de la producción y la circulación, para sustentar la teoría “subjetiva” del valor, con eje en el consumo y la distribución sobre la base del libre comercio, el individualismo y la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Los austríacos concentran la mirada en valor y precio, desde un enfoque a-histórico en los “bienes”, a contramano de la precisión de Marx en las “mercancías” y las formas del valor que desembocan en el “dinero” y por ende en la diferenciación entre valor de uso y de cambio, el doble carácter del trabajo materializado en la mercancía. Se trata de relaciones sociales históricas que no son asumidas desde la escuela neoclásica, claramente apologética del orden capitalista.

Los austríacos remiten a la categoría de “escasez”, por menos bienes que satisfacen necesidades sociales; por ende, son los bienes que tienen valor para esta corriente, sin considerar el papel del trabajo en el proceso de producción. Eso los lleva a pensar que no se pueden resolver todas las necesidades de la población y naturalizan la situación de escasez y la imposibilidad de resolver la cuestión. Piensan en lo que existe, sin considerar la historia ni la posibilidad de producir los bienes necesarios para satisfacer crecientes necesidades históricas de la población.

Desde esa tradición emergen hoy propuestas ultra liberales que disputan el sentido ante la extensión de la crisis. El derrumbe del este europeo y de la URSS, hace tres décadas, extendió la hegemonía ideológica del neoliberalismo y avanzó en un sentido común que niega la posibilidad de construir alternativa a los postulados de la corriente principal y del orden capitalista, cuyos sustentos son como señalamos apologéticos. Está en la sociedad construir nuevos sentidos en contra y más allá del capitalismo.


[1] Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.

[2] Perry Anderson. Neoliberalismo: un balance provisorio. Capítulo I. CLACSO, en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100609031734/4anderson.pdf


* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.